"Ni un rezo por el rojo fusilado..."

Publicado en: www.publico.es
Á. MUNÁRRIZ / M. SERRANO

Cómo la Iglesia denigró a un alcalde fusilado en el 39

El último alcalde republicano de Cuevas de Almanzora (Almería), Martín Márquez, fue fusilado el 1 de julio de 1939 y arrojado a una fosa común a la edad de 40 años. Dejó seis hijos y una viuda embarazada de mellizos, a los que el régimen intentó quitarles lo poco que pudieran tener.

El Tribunal de Responsabilidades Políticas pidió para ello información, entre otros, al cura de Cuevas, que entregó un informe regado con gruesos epítetos que retrata al alcalde fusilado, sin aportar pruebas, como un radical cínico y ladrón. La antítesis de la caridad cristiana.
La inminente apertura de la fosa común en la que se cree que se encuentra Márquez, en Almería capital, supondrá más de 70 años después de su asesinato no sólo un consuelo para sus descendientes, sino la restauración plena de su imagen. Una imagen que fue manchada por la Iglesia en un informe que destila odio hacia Martín Márquez -y lo que representaba- tres años después de muerto y arrojado a la fosa.

“Fue una persona en la que se hermanaban excepcionalmente la perversidad, la osadía, el cinismo y el ansia de figurar, de apoderarse de lo ajeno y de obtener notoriedad”, dice el informe clerical de marzo de 1942, al que ha accedido Público. El informe, solicitado por el tribunal “al cura primero” de Cuevas, lleva el sello de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, sin firma de ningún párroco concreto.

“Fue expulsado de Estados Unidos como indeseable -sigue el ministro de la Iglesia- viniendo antes de la proclamación de la República, enrolándose en el Partido Socialista y dedicándose apenas llegado a perturbar en todos los órdenes haciendo una gran campaña propagandística”.

El informe, que da fe del fusilamiento del regidor, recuerda que fue concejal, teniente de alcalde y luego presidente de la corporación, que formó parte del Frente Popular, al igual que dos de sus hermanos, y que como regidor “incautóse de fincas de personas desafectas a aquel régimen”. Olvida mencionar la militancia ugetista de Márquez, tío abuelo del ex consejero de Innovación de la Junta y ex líder del PSOE en la provincia de Almería, Martín Soler.

Sólo en Andalucía hubo alrededor de 70.000 expedientes de este tipo, según Fernando Martínez, coordinador del estudio La represión económica y administrativa. Las actuaciones de los tribunales de responsabilidades políticas en Andalucía. Destinados a dejar en la ruina absoluta a los vencidos, estos tribunales se servían de informes de gobernadores civiles, falangistas y sacerdotes.

Este modo de proceder encarna todo lo contrario de aquello que rogaba Manuel Azaña en su mítico discurso del 18 de julio de 1938 en Barcelona, cuando pedía a los españoles enfrentados, y a aquellos que alcanzaran a ver el fin de la guerra, “que piensen en los muertos y que escuchen su lección”. “Paz, piedad y perdón”, cerraba su discurso Azaña, a la sazón presidente de la República, dejando una frase tan histórica como ignorada.

Represión económica

En el caso de Márquez, el informe elaborado por Gonzalo Pérez, alcalde accidental, es aún más duro que el de la parroquia, llegando a calificarlo como “despreciable sujeto condenado justamente a muerte” y haciéndole una genérica y nada detallada imputación de asesinato.
Los informes eran reclamados por el Juzgado de Instrucción de Responsabilidades Políticas de Almería a las autoridades rogándoles “la máxima objetividad” en la descripción del sujeto investigado y “singularmente de los bienes de toda clase, créditos, sueldos, rentas o productos tanto de él como de su cónyuge y familiares”. Con Márquez tuvieron escasa fortuna en el intento de hacerse con sus bienes. “A mi abuelo le quisieron expropiar lo que nunca tuvo. Sólo consiguieron no dejar jamás tranquila a su familia y tenerla vigilada”, cuenta su nieta Manuela, residente en Barcelona, ciudad a la que huyó su abuela Isabel Peñuelas con sus seis hijos y dos más en camino tras el asesinato de su marido.

Uno de los hijos de Isabel y Martín, Alfonso Márquez, de 87 años, es el tío de Manuela. Cuenta que el régimen hizo todo lo posible para quitar los bienes a la familia, pero que había poco donde rascar porque la casa donde habían vivido en Cuevas era alquilada y en Barcelona todos se instalaron en el domicilio de una tía. El informe del Ayuntamiento admite: “No se le conocen bienes, su familia reside actualmente en Barcelona”.

“Lo intentaron todo, pero este hombre salió de la política tan pobre como entró”, resume Juan Gallo, comisario para la recuperación de la memoria histórica en Andalucía.
La apertura de esta fosa será el primer trabajo de este tipo que se realice en Almería, y se acogerá al protocolo de exhumaciones aprobado por la Junta y que ya se aplicó en la excavación en Alfacar (Granada), donde se creía que descansa Federico García Lorca.

La familia Márquez lleva más de seis años luchando por esta excavación. En noviembre del año pasado llegó incluso a trasladar su caso al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Ahora los Márquez están de enhorabuena. El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), acaba de autorizar la excavación de la fosa común del cementerio de San José, donde se cree que está enterrado el alcalde junto a 370 personas más. El topógrafo ya ha comenzado los trabajos en la zona.

La voluntad de su hijo

Las hermanas Manuela y Ana María Márquez, junto a su padre, Agustín, de 83 años, acudieron esta semana a Almería para asistir al homenaje al alcalde, en él se anunció la búsqueda de sus restos. El deseo de Agustín es que su padre descanse junto a su esposa y uno de sus hijos, fallecido con sólo 14 años.