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sábado, 27 de diciembre de 2008

Jerarquía católica y Memoria Histórica. ¿Por quién doblan las campanas?.


José Antonio Martín Pallín ( Magistrado emérito del Tribunal Supremo)
Publicado en: (El Periódico, 22-12-2008)

Monseñor Cañizares, príncipe de la Iglesia y alto cargo Vaticano, nunca ha tenido dudas: Las campanas doblaron y seguirán doblando solo por los vencedores

La Iglesia jerárquica siempre tuvo la habilidad de ajustarse a los intereses dominantes. Ha demostrado, a lo largo de los siglos, una cierta alergia a la democracia y ha sabido convivir, sin mala conciencia, con las más siniestras dictaduras.

Desde sus orígenes se puso en pie de guerra contra la Segunda República. Cuando los militares golpistas se rebelaron contra el orden constitucional no dudaron en ponerse fervorosamente a su lado cubriéndolos con el manto de la Cruzada. Su alineamiento coincidió en el tiempo con unos movimientos obreros mayoritariamente agrarios e incipientemente industriales atraídos por doctrinas en boga que predicaban la revolución proletaria y abominaban de la democracia liberal a la que identificaban con las insoportables desigualdades que les tocaba vivir a diario. El levantamiento militar esta vez no era para restaurar una dinastía monárquica, su objetivo era instaurar un régimen totalitario a imagen y semejanza del nazismo y el fascismo.

Los militares golpistas diseñaron una política de exterminio cuyas directrices las plasmaron por escrito sin rubor en numerosos documentos. La caravana de la muerte que tan certera y trágicamente relata Francisco Espinosa en su libro del mismo titulo es el modelo que después se implantaría en toda España, prolongándose mucho mas allá de la victoria militar.


El ejército sublevado era recibido en los pueblos ocupados con redobles jubilosos de campanas volteadas por el cura de la localidad. Los moros mercenarios se sentirían desconcertados ante el entusiasmo de los que tras ocho siglos de reconquista los recluyeron en la zona de Marruecos donde siguieron sufriendo el dominio español. Los atrapados, con el temor marcado en el rostro, fueron entregados para su ejecución sin formación de causa. Se los llevaron a las tapias del cementerio. En la plaza del pueblo se escuchaban las descargas de los fusiles y el silencio de las campanas.


Algunos curas tocaron jubilosos las campanas al sentirse seguros de su suerte, otros también pudieron tañerlas porque su cercanía a los vecinos y la preocupación por sus problemas les había salvaguardado de reacciones airadas. Unos pocos conscientes de su posición privilegiada evitaron que muchos fuesen fusilados. Mientras la muerte y la desolación arrasaban nuestro país las campanas seguían sin doblar por todos los muertos. El día de la victoria todos los campanarios lanzaron sus espadañas al viento. Los vencedores añadieron la muerte cruel, selectiva e inmisericorde a los que habían sobrevivido. Los que no fueron ejecutados, después de parodias judiciales, les esperaba el campo de concentración o el exilio.
Las matanzas no cesaron pero las campanas seguían sin doblar. El general vencedor era recibido por la Iglesia con las campanas al vuelo, los brazos en alto y los palios serviles, pero las campanas seguían sin doblar por los vencidos. El ritual de la misa incluía plegarias por su salud y eterna vida. Los púlpitos resonaban en alabanzas al salvador de la verdadera y única España.


Más tarde de lo deseable llegó la Constitución. Los valores democráticos, por los que muchos de los vencidos habían luchado, comenzaron a implantarse no sin reticencias o cautelas. Las homilías del cardenal Tarancón no sirvieron para que la Iglesia, que se había volcado en favor de los vencedores, iniciase un periodo de reflexión. Perdido parte del poder terrenal decidieron utilizar el fantasma de la excomunión contra los políticos que sacaron adelante el divorcio o la recortada ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Inasequibles al desaliento se han alzado contra la educación para la ciudadanía oponiéndose a que los jóvenes conozcan la historia de la conquista de los derechos humanos y lo que significa su implantación para la convivencia pacífica y democrática.

El Cardenal Cañizares, desde hace tiempo, mantiene que no es necesario ningún milagro para beatificar a los que murieron, según su peculiar visión, por odio a la religión. Ignora el ilustre prelado que nunca la guerra civil fue una guerra de religiones. Ignora también, ignora tantas cosas, que los vencedores fusilaron a sacerdotes vascos. ¿Fue también por odio a la religión, monseñor?. Lo último y lo que queda por llegar lo sabemos o nos lo imaginamos. Monseñor Martínez Camino ha justificado la beatificación tardía no como una obligación incumplida. Curiosa obligación que tanto ha podido demorarse desaprovechando la oportunidad de que el fasto de los vencedores hubiera contribuido a la magnificencia oficial del la ceremonia.

No creo que el problema de la Iglesia oficial del presente sea el anticlericalismo o la "cristofobia". Tiene raíces mas profundas. Han perdido el contacto con la realidad y son incapaces de aceptar la pérdida de sus privilegios y la imposición coactiva de sus dogmas.

Pueden leer el prólogo de la novela de Ernest Hemingway ¿Por quién doblan las campanas?: "La muerte de cualquier hombre me disminuye, porque estoy ligado a la humanidad; y, por consiguiente nunca preguntes por quién doblan las campanas; doblan por ti". Un esperanzador mensaje de quien puso fin a su vida sin importarle los anatemas.

viernes, 26 de diciembre de 2008

El bilaureado general


En la ciudad de San Fernando todavía queda la efigie ecuestre del general José Enrique Varela sin tener noticias sobre el momento en el que se va a proceder a su retirada

Fernando Santiago (El País, Diciembre-2008)

La retirada de la estatua de Franco en Santander y el anuncio de que se va a proceder de igual manera en Melilla va a permitir que las calles españolas queden libres de recuerdos al general golpista. Estos residuos que reconocen al bando vencedor de la Guerra Civil se eliminan de manera progresiva en medio de grandes resistencias pese a lo que prescribe la ley.
En la ciudad de San Fernando todavía queda la efigie ecuestre del general José Enrique Varela sin tener noticias sobre el momento en el que se va a proceder a su retirada. Más aún, el Ayuntamiento, gobernado por una coalición PA-PP, da largas sobre el momento y la manera en la que se cumplirá la ley para retirar el monumento que conmemora la vida de este general golpista, dos veces condecorado por la Laureada de San Fernando por su participación en la guerra de Marruecos. Varela nació en San Fernando y pasó de soldado a general por méritos en el combate así como por su participación en la masacre de marroquíes y en la Guerra Civil española. Además de otras condecoraciones consiguió el Gran Collar de la Orden Imperial del Yugo y las Flechas, distinción que compartió con Hitler y Mussolini.

Participó en la sanjurjada y el 18 de julio se puso a la cabeza del levantamiento golpista en la provincia de Cádiz, donde se cometieron todo tipo de atrocidades contra las autoridades leales al Gobierno y contra ciudadanos por su mera simpatía con la causa de la República, cuya memoria se rescata a duras penas. Algunos de los restos de los dirigentes republicanos de Cádiz todavía no se han encontrado. A pesar de todo hay resistencias a cumplir la ley y retirar la estatua mientras San Fernando no le ha dedicado ni un pequeño recuerdo a otro ilustre hijo suyo, el capitán republicano Fermín Galán.

Varela fue un general carlista que participó en todos los movimientos contra el Gobierno de la República y que fue nombrado por Franco ministro del Ejército. Dimitió por el atentado perpetrado por los falangistas contra una reunión requeté frente a la basílica de Begoña. Fue nombrado Alto Comisario de España en Marruecos con sede en Tetuán. Esta parte de su biografía todavía está por explicar. Las autoridades franquistas de Cádiz, en su espíritu servil, le regalaron un impresionante chalet con amplio jardín en la Avenida pagado con el dinero que se le descontó de manera obligatoria a los funcionarios municipales y a los trabajadores de astilleros. Esta mansión, que apenas disfrutó el titular, pasó a sus herederos, que gozan aún de una imponente residencia en la ciudad fruto de un arbitrario e injusto impuesto. Con la llegada de la democracia el gobierno municipal socialista quiso que el jardín del chalet pasara a ser de uso público para lo que no le quedó otro remedio que llegar a un acuerdo en virtud del cual se recalificó para vivienda libre el patio trasero de la finca.

Fruto del mismo convenio la familia Varela se comprometía a devolver el chalet a la ciudad en 15 años. Se obtuvo así un jardín público y los herederos del general golpista hicieron un importante negocio. Pasado el tiempo señalado, ya con gobierno municipal del PP, la familia Varela renegoció las condiciones del convenio y consiguió quedarse con el uso del chalet a cambio del acceso público al archivo del general, compuesto en su mayor parte por documentos oficiales. Varela gana batallas después de muerto. Por si esto fuera poco, tenemos que sufrir que los herederos del general parezcan unos filántropos que nos dejan acceder al archivo. Los familiares y seguidores de Varela se preocuparon siempre de ofrecer la imagen del general como un abnegado benefactor de la ciudad de Cádiz a la que se entregó tras la explosión de 1947, ocultando cómo obtuvieron su chalet y cómo se lucraron con importantes plusvalías fruto de los diferentes convenios firmados con el Ayuntamiento. Algunas páginas de la Guerra Civil todavía no se han cerrado.

Comunicado de TLN


COMUNICADO ENVIADO POR CECILIO GORDILLO. coordinador de TLN por CGT-A
UN AÑO DE LA LEY DE "MEMORIA HISTORICA".
......Seguiremos.

El 26 de Diciembre del año pasado se aprobó la Ley, conocida popularmente, como de la “Memoria Histórica”, durante 2008 han ocurrido hechos importantes –fundamentalmente de carácter político y jurídico- pero también social, como lo demuestra que las escasas intervenciones institucionales se hayan realizado por la presión del movimiento memorialista, más que por iniciativa propia, como lo demuestra la aportación -al poder judicial- de más de 114.000 nombres de víctimas del franquismo o de la señalización –para su eliminación- de todo lo relacionado con los monumentos y calles que publicitaban el franquismo en nuestras ciudades y pueblos.

http://www.todoslosnombres.org/ ha hecho público, durante 2008, más de 8.300 nombres de represaliados del franquismo colocando nuestro contador, en el día de hoy en 39.130, y seguiremos.

Durante este 2009 esperamos superar las disficultades en las dos provincias de las que menos datos tenemos, Córdoba y Granada. Ello será posible sí seguimos contado con vuestro apoyo, y, además, para:

Anular las sentecias de los Consejos de Guerra. Modificar la Ley de Registros Civiles. Reconocer, juridicamente, a los presos-esclavos del franquismo. Eliminar -exhumando- de nuestro territorio los enterramientos ilegales (Fosas Comunes). La devolución de los patrimonios expoliados. La construcción del Memorial Merinales. y un largo etcetera.

Cecilio Gordillo, Coordinador http://www.todoslosnombres.org/ por CGT.A

viernes, 19 de diciembre de 2008

Una imagen vale mas que mil palabras


Publicado en: http://www.foroporlamemoria.info

Autor: Luís García Bravo

Terminando el año 2008, donde ha quedado patente el estado de impunidad con respecto a las victimas del franquismo, quiero cerrar este ejerció con una frase que todos/a conocemos:

“Una imagen vale mas que mil palabras”

Espero que este foto-montaje sirva como Christmas de Navidad con el que todos los compañeros y compañeras de las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, felicitemos a quienes siguen engañando y manteniendo el estado de impunidad, sin hacer cumplir las leyes internacionales y apoyando una ley de la memoria injusta, blindada para que no se pueda ni siquiera rectificar.

COMUNICADO DE LA COORDINADORA DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO


La Coordinadora de Víctimas del Franquismo, ante el primer aniversario de la publicación de la Ley 52/2007

El próximo 27 de diciembre se cumple un año de la publicación en el BOE de la Ley 52/2007 por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura. Su entrada en vigor debía producirse el día 28 de diciembre. No obstante, el necesario desarrollo reglamentario de la ley no ha tenido lugar hasta los primeros días del mes de noviembre último.

La Ley 52/2007 se aprobó in extremis, con la legislatura del primer Gobierno Zapatero prácticamente agotada y después de un largo proceso, que se había iniciado en el verano de 2004, con la creación de la Comisión Interministerial para el estudio de la situación de las Víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo, presidida al más alto nivel por la Vicepresidenta Primera, María Teresa Fernández de la Vega. Parecía que por fin, treinta años después de la muerte del dictador, la sociedad española iba a afrontar la desmemoria colectiva que los golpistas de 1936 habían gravado en su alma a sangre y fuego.

Sin embargo, dos años después, en el verano de 2006, la Comisión presentó un proyecto de ley que sumió en la perplejidad a los colectivos de víctimas del Franquismo. No solo se daba la espalda al Derecho Internacional, sino que, en un reprobable ejercicio de equidistancia, se equiparaba al Gobierno legítimo de la República con una banda armada, y se equiparaba, así mismo, las sentencias emanadas de los Tribunales constitutivos del Poder Judicial de la República española, con las ejecuciones llevadas a cabo por aplicación del bando de guerra de los insurgentes y con las sentencias emitidas por consejos de guerra sumarísimos, por el Tribunal de Responsabilidades Políticas o por el Tribunal para la Represión de la Masonería y el Comunismo, todos ellos conformadores del orden jurídico establecido por el golpismo triunfante.

Ante el rechazo causado por el texto elaborado por la Comisión Interministerial, se inició un proceso de negociación con otros grupos políticos del Congreso que desembocó en la Ley 52/2007. Ésta, con un lenguaje algo más cuidadoso, presenta un articulado igualmente ajeno a los principios de Justicia, Verdad y Reparación consagrados en el Derecho Internacional de Gentes. El Estado español nos brindó un 28 de diciembre, un ejercicio de compensación a la española, una chapucilla mediante la cual ninguna persona ni institución asumiera responsabilidad alguna, pero que sirviera para dar carpetazo al molesto asunto de una memoria que pretendía ir más allá de lo puramente familiar. La responsabilidad del Estado español en el ámbito de la protección de los Derechos Humanos de sus propios ciudadanos, ha quedado reducida a la expedición de un certificado de víctima. Con el agravante añadido por el Real Decreto 1791/2008, de 3 de noviembre, de que la tramitación del peculiar certificado corresponderá, si procede, a la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, departamento del Ministerio de Justicia que tiene asignada la función de preparación de los asuntos relativos al ejercicio del derecho de gracia así como la de los títulos nobiliarios y grandezas de España. En otras palabras, que, setenta años después de que Franco y sus secuaces derribaran con violencia la legalidad vigente, el Estado democrático, que se ha negado a decretar la nulidad de los actos de represión contrarios a derecho de la dictadura, concede el perdón a sus víctimas.

Por si esto no fuera suficiente, el Estado tampoco ha querido asumir su responsabilidad en el ámbito de los desaparecidos y, por eso, ha delegado en las familias la búsqueda, localización y exhumación de las víctimas de desapariciones forzadas, escondiendo su irresponsabilidad detrás de una subvención.

Atravesando transversalmente este despropósito, distintos colectivos de víctimas del Franquismo habían presentado en diciembre de 2006 y julio de 2007, ante la Audiencia Nacional, una serie de denuncias por crímenes de lesa humanidad. Las denuncias habían recaído por turno de reparto en su Juzgado de Instrucción nº 5. Al cabo de un año sin que éste efectuara ningún acto de procedimiento, los denunciantes presentaron escritos de queja ante el Consejo General del Poder Judicial.

En julio de 2008, seis meses después de la publicación de la Ley 52/2007 y año y medio después de presentadas las denuncias, da comienzo una puesta en escena, a cargo de un selecto cuadro de intérpretes institucionales, que ha dado al traste definitivamente con las esperanzas de obtención de justicia, en España, por parte de las víctimas del Franquismo.

El Magistrado del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, sin pronunciarse sobre la admisión a trámite de las denuncias presentadas, ordena la práctica de una gran cantidad de diligencias que le iban a permitir confeccionar un primer censo de la represión franquista y dictar, en el mes de octubre, un Auto en el que se declaraba competente para llevar a cabo la instrucción.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional, que tiene por misión, en su ámbito competencial, promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público, y que ejerce su función conforme a los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, se opone con vehemencia a la competencia de la Audiencia Nacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Franquismo, aunque sin establecer cual sería el órgano jurisdiccional competente. Y, no contenta con esto, plantea un incidente extraordinario de competencia ante la Sala de lo Penal de la propia Audiencia Nacional.

El Juez Instructor, antes de que se resuelva el incidente por la Sala, dicta un nuevo Auto en el que, a pesar de ofrecer nueva motivación para lo contrario, decide inhibirse de la competencia que había asumido un mes antes con el argumento de que Franco está muerto. Y decide también remitir las actuaciones a los Juzgados territoriales, en cuya jurisdicción existan fosas comunes sobre las que se hayan presentado informes y solicitudes de exhumación, juzgados territoriales que desde hace años vienen haciendo oídos sordos a las denuncias presentadas ante ellos, alegando falta de competencia o carencia de medios.

La Sala de lo Penal resuelve, por 14 votos frente a 3, que la Audiencia Nacional no es competente para enjuiciar los crímenes cometidos por el Franquismo porque Franco está “premuerto”.

Franco está muerto y enterrado, pero para los familiares de los desparecidos la espera y la tortura continúa.

Con la resolución de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y con la publicación de las normas de desarrollo de la Ley 52/2007, cae el telón y finaliza la representación. Los colectivos de víctimas del Franquismo volvemos a situarnos en el punto del que, a pesar de las apariencias, nunca nos hemos movido. El Poder Judicial nos niega el amparo, el Poder Legislativo nos ningunea, y el Poder Ejecutivo, ése sí, nos abre una ventanilla. Los cientos de miles de hombres y mujeres que fueron asesinados, encarcelados, depurados u obligados a vivir lejos de su patria, por una banda terrorista convertida en Estado ilegal, ya pueden solicitar su certificado de víctima ante la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos del Ministerio de Justicia del Gobierno de España.

Diciembre de 2008.
Francisca Maqueda Fernández, D.N.I. nº 28576785K (Sevilla) / movil 657858257

COORDINADORA DE COLECTIVOS DE VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO.
Constituida por: Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, Asociación Memoria Histórica de Cataluña, Asociación Mèmoria de Mallorca, AREMEHISA (Asociación Recuperación Memoria Histórica Aguilar de la Frontera), Asociación Recuperación Memoria Histórica de Aragón, Asociación Recuperación Memoria Histórica Valladolid, Confederación General del Trabajo y Forum per la Mèmoria del País Valenciá.

martes, 16 de diciembre de 2008

Fosas comunes


Publicado en: El Adelanto de Salamanca.
Autor: Severiano Delgado.

España tal vez sea el único país del mundo en el que los denunciantes de un asesinato se ven obligados a gestionar, por sus propios medios, la investigación de lo ocurrido, al margen del sistema judicial, al tiempo que son vilipendiados por una parte de la opinión pública

Lo normal cuando alguien se encuentra unos restos humanos en el campo es avisar a la Guardia Civil para que haga un atestado. Después viene el juez de guardia para el levantamiento del cadáver, a partir de lo cual se abren diligencias judiciales para averiguar lo ocurrido y en caso de que se trate de una muerte violenta, poner al autor a disposición de los tribunales.

Eso es lo normal en España, salvo que se trate del cadáver de alguien fallecido a consecuencia de la represión franquista, en cuyo caso los jueces no querrán saber nada, y además los denunciantes del hallazgo serán acusados de aventar fantasmas del pasado o de reabrir viejas heridas. España tal vez sea el único país del mundo en el que los denunciantes de un asesinato se ven obligados a gestionar, por sus propios medios, la investigación de lo ocurrido al margen del sistema judicial, al tiempo que son vilipendiados por una parte de la opinión pública.

En Salamanca, hay todavía gente enterrada en el campo que sufrió muerte alevosa en 1936 por parte de las fuerzas sublevadas contra el gobierno de entonces, constitucional y legítimo. Personas que fueron detenidas por la fuerza pública o por grupos irregulares al servicio de los militares sublevados, y de las que nunca se volvió a saber nada. Personas sacadas de la cárcel, en la que estaban detenidas a disposición de las autoridades, y cuyo rastro se perdió para siempre.

Aquí mismo, en Salamanca, hay fosas comunes de víctimas del franquismo. Algunas de esas fosas han sido abiertas a lo largo de los últimos treinta años y los restos que contenían fueron inhumados de nuevo, dignamente, pero siempre al margen de la administración de justicia.

La actuación del juez Garzón ha sido el único intento por parte de la Justicia española para dar protección jurisdiccional a las víctimas de la represión franquista. Ha recibido todo tipo de críticas, desde que lo ha hecho para salir en la tele, hasta que la ley de amnistía ha cerrado toda posibilidad de investigar lo ocurrido. Se supone, pues, que a estas alturas nos veremos obligados a desenterrar cadáveres de salmantinos mientras los jueces miran para otro lado, olvidando que una cosa es la responsabilidad penal de los autores de las muertes y otra la obligación jurisdiccional de averiguar lo sucedido.

El asunto, de una forma u otra, acabará en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, donde tendremos ocasión de ver con qué argumentos se defiende el hecho de que los tribunales españoles se nieguen a investigar los miles de asesinatos y desapariciones cometidos en España como consecuencia del alzamiento franquista. Mientras tanto, una sugerencia: cuando mate usted a alguien, entiérrelo en el campo y luego diga que es un cadáver de la guerra. Con eso se garantiza que nadie investigará el asunto.

domingo, 14 de diciembre de 2008

El golpe del 36 en San Fernando


Autor: JUAN LUIS MARTÍNEZ MUÑOZ-CRUZADO (Investigador. Coordinador del equipo de Documentación, Archivo e Investigación de AMERE .
(Este artículo esta sometido a licencia copyleft).

Cádiz y San Fernando fueron las primeras ciudades de la Península en sufrir las consecuencias del intento de golpe de Estado de 1936, el cual desembocaría en la guerra civil que asolaría el país desde 1936 a 1939. Los sediciosos, en el caso de La Isla, comenzaron entonces una sistemática destrucción de todo lo que oliera a República, incluyendo el exterminio, el expolio y la depuración. Los primeros asesinatos tuvieron lugar el 21 de julio de 1936, y los libros llegan a contabilizar hasta veintiséis fusilamientos, estando datados los últimos en 1941. Todo apunta a que los, hoy por hoy, documentados sean solamente la punta del iceberg.
Cádiz y San Fernando fueron las primeras ciudades de la Península en sufrir las consecuencias del intento de golpe de Estado de 1936, el cual desembocaría en la guerra civil que asolaría el país desde 1936 a 1939.

El isleño José Enrique Varela Iglesias, que cumplía arresto militar una vez más a causa de sus reiteradas conspiraciones contra la República, es liberado el 18 de julio de su reclusión en el Castillo de Santa Catalina (Cádiz) por el gobernador militar, general López-Pinto Berizo. Acto seguido, Varela se pone al mando de las tropas alzadas y se hará con el control de la ciudad, tras asediar y rendir el Gobierno Civil. La resistencia popular fue escasa, lo que avala la afirmación de que en la provincia –y más aún como veremos, en San Fernando- no hubo guerra, sino simplemente represión. DIARIO Bahía de Cádiz

En San Fernando, Ricardo Olivera Manzorro, a quien la República le retiró la confianza pocos días antes, fue nombrado comandante militar por los insurgentes, aprestándose inmediatamente a publicar el bando de guerra y a ordenar a fuerzas de Marinería e Infantería de Marina la ocupación de los puntos estratégicos de la ciudad. Al respecto, la historiadora Alicia Domínguez Pérez, en su libro El verano que trajo un largo invierno, reseña cómo en San Fernando, “(…) los únicos que resistieron al alzamiento fueron las dotaciones de los buques Lauria y Cánovas del Castillo. El primero fue cañoneado desde tierra, provocando esto su hundimiento, y el Cánovas, bombardeado desde el aire por dos aviones, izó la bandera blanca. La dotación fue desarmada y detenida”. No tardaría mucho en iniciarse una feroz purga contra la oficialidad y la tropa que se mostró leal a la República.

El 21 de julio los golpistas locales escenifican la constitución de la nueva Corporación Local. Ocupa la presidencia el susodicho Ricardo Olivera Manzorro, a quien acompañan seis oficiales, entre ellos Ricardo de Isasi Ivisón, “al objeto de posesionarlos en los cargos para que han sido designados en este Ayuntamiento”. En su discurso, Olivera Manzorro emplea la excusa que los facciosos usaron para confundir a la ciudadanía: “El glorioso movimiento emprendido por el Ejército y la Marina de Guerra (…) tiene como principal misión instaurar en España una República honrada y digna, restablecer el principio de autoridad y volver por los fueros de la Justicia que anularon totalmente los hombres que formaron el Gobierno de ese Frente Popular (…) Me persono en funciones de Comandante Militar para hacer cargo de su Presidencia (alcaldía) al Sr. Comandante de Intendencia don Ricardo Isasi”. El discurso acaba con sendos vivas a España y a la República, aunque esta última palabra acabaría siendo tachada. El alcalde impuesto, Ricardo de Isasi, también dirige una alocución a los asistentes: “(…) Siempre dentro de la Ley, actuaré en todo momento inspirado en favor de los intereses de San Fernando (…)”, a la vez que declara su respeto “(…) a todas las autoridades”, pese a que pronto sería cómplice en el asesinato del alcalde, Cayetano Roldán Moreno, y de buena parte de los concejales democráticamente elegidos.

GENOCIDIO PERFECTAMENTE PLANIFICADO

Como explica Alicia Domínguez, los sediciosos comenzaron una sistemática destrucción de todo lo que oliera a República, incluyendo el exterminio, el expolio y la depuración. En San Fernando, los primeros en ser aprehendidos y asesinados fueron los líderes de sindicatos (CNT y UGT) y partidos de izquierda (Izquierda Republicana, PSOE y PCE), así como un buen número de militares que se mantuvieron leales a la República y también otras personas acusados de ser masones. También fue pasado por armas el pastor protestante Miguel Blanco Ferrer. Nada se dejó a la improvisación en la actividad represora. Tal como refiere José Casado Montado en Trigo Tronzado. Crónicas Silenciadas, y siguiendo las directrices del ‘cerebro’ del golpe, general Emilio Mola Vidal, en San Fernando también se practicaron homicidios selectivos y alevosos, toda vez que los facciosos, auxiliados para ello por falangistas, tenían perfectamente previsto y planificado a quiénes había que matar. Prueba del afán de exterminio que los movía lo constituye el castigo inflingido a las familias Barbacil y Roldán, a las que asesinaron todos sus miembros varones (padre y dos hijos, en el primer caso, y padre y tres hijos en el segundo).

José Casado expone que los primeros asesinatos en San Fernando tuvieron lugar el 21 de julio de 1936, y en su libro llega a contabilizar hasta veintiséis fusilamientos, estando datados los últimos en 1941. Todo apunta a que los hoy por hoy documentados sean solamente la punta del iceberg. En ‘Trigo Tronzado’ pueden leerse nombres y apellidos de 129 individuos, pero de muchos no quedó rastro alguno.

LUGARES PARA LA MEMORIA

La mayoría de estas personas pasaron antes de ser asesinadas por un encarcelamiento en condiciones infrahumanas, hacinadas y hambrientas en los calabozos del Ayuntamiento, bien en los penales de La Casería o de Cuatro Torres (en el Arsenal de la Carraca), aunque algunos fueron recluidos en la cárcel de El Puerto de Santa María.

Los lugares de ejecución más comunes: la tapia del cementerio, el caño ‘La Jarcia’ (en las inmediaciones del penal de Cuatro Torres), Barrio Jarana (concretamente en el paraje de Pino Gordo) y Las Canteras (Puerto Real). En el caso de las inhumaciones realizadas en San Fernando, los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes; la única localizada hasta el momento se encuentra en el cementerio, siendo probable que el resto se encuentren diseminadas por el término municipal, sobre todo en terrenos militares, y más específicamente dentro del Arsenal de La Carraca. Hoy por hoy se ignora el número de cuerpos que alberga la gran fosa común del cementerio isleño, pero testimonios orales hablan de varios centenares.


PARA SABER MÁS:

- Actas Capitulares. Archivo Histórico Municipal de San Fernando (Cádiz)

- Domínguez Pérez, Alicia: El verano que trajo un largo invierno. La represión político-social durante el primer franquismo (1936-1945). Con lista de represaliados e investigados. 2 Volúmenes. Cádiz, Quorum Editores, 2004

- Casado Montado, José: Trigo tronzado. Crónicas silenciadas.Cádiz, Jiménez Mena Artes Gráficas, 1992 (Disponible en la Biblioteca Pública Municipal de San Fernando y en la Biblioteca Pública Provincial)

SOBRE LA FOTO:
La foto de la sustitución de la enseña republicana por la ‘nacional’ ha sido obtenida en internet. Desconocemos la autoría, pero posiblemente pertenezca al archivo de la familia Quijano.

jueves, 11 de diciembre de 2008

III Concentracion de familiares de victimas del franquismo


Sábado, 13/12/2008: 12 h. Plaza de la Gavidia (Sevilla).


3ª Concentración de familiares de víctimas del franquismo.


POR LA EXHUMACION DE LAS FOSAS COMUNES EN ANDALUCIA


Convoca: Coordinadora Asociaciones Memoria Histórica de Andalucía (CAMHA). (AMHyJA), DIME, AREMEHISA, AMHyJA-Almonte, Familiares de la Puebla de Cazalla, Guillena,...). Apoya: “RMHSA” de CGT.A

viernes, 5 de diciembre de 2008

AMERE pide al Bipartito que no demore más la retirada de la simbología franquista de las calles y plazas.


AMERE recuerda que hace ya casi un mes que el Ayuntamiento de San Fernando decidió aplicar “a su manera” la ley de Memoria Histórica y anunció que ya había dado órdenes a Vías y Obras para la retirada de las placas y símbolos de la dictadura y los frisos de la estatua del golpista Varela. Pero hasta ahora no ha hecho nada al respecto. Sin embargo, señalan desde AMERE “sí que se apresuró a preparar la Iglesia Mayor para recibir a la Vicepresidenta del Gobierno y a preparar la instalación de las luces de Navidad, derroche sin igual para un ayuntamiento con graves problemas financieros”.
Desde AMERE dicen seguir preguntándose por qué razón el bipartito PA-PP mantiene un monumento Varela, colaborador de Franco en el golpe de estado del 36, cuando hasta en la patria chica del dictador, El Ferrol, han decidido retirarle todos los honores esta misma semana y su estatua ya hace bastante tiempo. La asociación memorialista cree que el auténtico motivo es el temor a la pérdida de votos de la derecha más rancia de nuestra ciudad y mucho más ahora que tiene de socio de gobierno al PP, partido que en el ayuntamiento de El Ferrol se abstenía en la retirada de los honores a los golpistas, al igual que hicieron hace poco en El Puerto y que representa a esa derecha que se niega a condenar la dictadura alegando que todo esto sólo sirve para abrir viejas heridas.
Pero en modo alguno –explica AMERE- es abrir viejas heridas darle sepultura a los propios muertos, pues es un derecho que tienen todas las víctimas de la represión enterrar a sus padres y madres, abuelos y abuelas, hermanos y hermanas as que yacen desconocidos en cunetas y fosas comunes por todo nuestro país. En San Fernando, donde la represión fue especialmente virulenta, existe una fosa común en el cementerio en la que ni tan siquiera existe un monolito decente que aluda a quienes y por qué están enterrados allí un elevado número de personas. Según testimonios orales también existen enterramientos indignos en la población militar de San Carlos, aunque de momento sólo se cuente con conjeturas acerca de su ubicación.
“Todas las instituciones están obligadas a aplicar la ley, les guste o no y cuando, como en este caso, una institución como el Ayuntamiento de San Fernando no lo hace, demuestra no solamente su escaso talante democrático sino su poca sensibilidad para con las personas que defendieron la legalidad y los valores constitucionales, valores que por otra parte pretende homenajear en 2010 manteniendo en nuestra principal plaza a quién más luchó contra ellos, lo que demuestra la falta de coherencia de este gobierno municipal”, critican desde la asociación para la recuperación de la memoria histórica en San Fernando.
Por último AMERE espera que desde el gobierno municipal sepan explicar a los representantes iberoamericanos que vendrán a nuestra ciudad los valores constitucionales y democráticos de un señor que colaboró activamente en la implantación de un régimen que exterminó a todo el que pensaba diferente, y por esa colaboración se le levantó el monumento “que ofenderá y prostituirá todos los actos del 2010”.

jueves, 4 de diciembre de 2008

Manifiesto de Pueblos y Ciudadanos del Estado español por una Memoria Histórica Democrática y Antifascista


Manifiesto
(02-12-2006)
Las organizaciones de diferentes puntos del estado español reunidas en Madrid el día 2 de Diciembre de 2006 para acordar una posición clara, firme y unitaria ante la llamada “Ley de Memoria Histórica” presentada por el Ejecutivo español, manifestamos lo siguiente:

1.- El derecho a la Verdad, a la Justicia y la Reparación es innegociable. El Proyecto de Ley presentado por el Gobierno Español no contempla estas exigencias vulnerando así la Legislación Internacional de Derechos Humanos y de Lucha contra la Impunidad, así como las propias leyes penales vigentes en el Estado español, que han permitido el inicio del procesamiento del dictador Pinochet y el juicio y condena por la justicia española del torturador argentino Silingo, constituyéndose en un nuevo ataque a los derechos de las victimas del golpe de estado del 18 de julio de 1936 y del régimen franquista. Por tanto, exigimos la retirada y una nueva redacción del Proyecto de Ley, de acuerdo con verdaderos principios de Justicia y de acuerdo a la legalidad internacional, exigiendo también que ese nuevo proyecto de Ley se realice de forma abierta, participativa y democrática, contando con la opinión y la participación de las victimas del franquismo representadas por sus diferentes asociaciones y poniendo por tanto las formulas adecuadas para ello.

2.- Entendemos que el papel de las organizaciones de defensa de los Derechos Humanos como asesores del movimiento articulado en torno a la denominada “recuperación de la Memoria Histórica” es de gran ayuda. En este sentido reiteramos nuestra aceptación como instrumento de trabajo de los documentos elaborados por el Equipo Nizkor y Amnistía Internacional hasta la fecha respecto a las víctimas del franquismo.

3.- Apoyamos, sin que suponga entregar un cheque en blanco por ello, la enmienda a la totalidad presentada por ERC, con matizaciones y aportaciones que habría que añadir, entendiendo que es al día de hoy el documento que más se acerca a las reivindicaciones de las organizaciones que luchamos por una Memoria Histórica Democrática y Antifascista.

4.- La recuperación de la Memoria Histórica Democrática y Antifascista es un tema de interés social para los ciudadanos y Pueblos del Estado español y un valioso elemento pedagógico para la consolidación de la cultura democrática en nuestra sociedad, y si en estos momentos es parte sustancial de la agenda política y de la atención social, se debe al trabajo, a la acción reivindicativa y a la capacidad de propuesta de las organizaciones de represaliados, familiares, asociaciones de recuperación de lo que genéricamente se denomina como “Memoria Histórica” y de Derechos Humanos. Por todo ello manifestamos nuestra firme voluntad de continuar con nuestro trabajo teniendo en la incidencia en la base de la sociedad y en la acción reivindicativa los instrumentos más claros para conseguir nuestros objetivos, por lo que nos constituimos como “Mesa Estatal de Lucha por la Memoria”, animando a todas las organizaciones y personas que coincidan con este manifiesto que firmamos, a unirse a la misma.

martes, 2 de diciembre de 2008

Los colectivos de la memoria toman el relevo de Garzón

(Cádiz Información-02-12-08)

Las asociaciones gaditanas se plantean acudir ahora a los juzgados de Cádiz

El movimiento gaditano en pos de la recuperación de la memoria histórica recogerá el testigo de Baltasar Garzón en la causa sobre las desapariciones de la Guerra Civil y la represión del franquismo. Los colectivos que trabajan desde hace años en este ámbito han asumido de distinta forma la inhibición del juez de la Audiencia Nacional del caso. Pero, al margen de este intento fallido, tienen claro su propósito de continuar el proceso judicial.

Ni siquiera el hecho de que Cádiz no figure en el listado de juzgados decanos y territoriales a los que el magistrado ha remitido la investigación inquieta a la Asociación por la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA). Su responsable en la provincia, Carlos Perales, considera normal esta ausencia pues, según explica, la relación publicada se corresponde con aquellos lugares donde las asociaciones presentaron sus respectivas denuncias hasta que en 2006 Garzón las incluyó dentro del procedimiento que ahora ha quedado en stanbay.
“Nosotros mandamos información y realizamos un borrador, aunque nunca llegamos a formalizar una demanda concreta”, indica el coordinador de AMHyJA, quien advierte, sin embargo, que “ello no impide que la interpongamos en el futuro”. Es más, Perales reconoce abiertamente que su organización estudia en la actualidad la posibilidad de adoptar esta medida, en coordinación con el resto de entidades implicadas en la reparación de las víctimas del alzamiento militar de 1936 y la dictadura que le sucedió.

ENCUENTRO CLAVE

De este modo, AMHyJA pretende convocar en los próximos días a las asociaciones memorialistas, no sólo de la capital sino de toda la provincia, para abordar este asunto. Según su portavoz, esta reunión servirá para conocer de primera mano quiénes están dispuestos a embarcarse en esta empresa, amén de comenzar a sentar las bases para acometer las acciones legales anunciadas.
Y es que, a diferencia de otros colectivos, el que dirige Carlos Perales en Cádiz no parece excesivamente preocupado por la negativa de la Audiencia Nacional a juzgar los crímenes fascistas, en base a una presunta falta de competencias. Y si bien admite que “nos hubiera gustado centralizar todas las denuncias en una sola instancia”, entiende que el camino iniciado no tiene vuelta atrás. “Esto ya no se puede parar”, apostilla convencido.
De momento, la iniciativa de AMHyJA cuenta con el respaldo de la Asociación por la Memoria Histórica de Cádiz, cuyo presidente, Rafael Fuertes, confirmó ayer a este periódico su intención de apoyar la idea de acudir a los tribunales de Cádiz. Un paso que, en su opinión, debería haberse dado mucho antes, aunque “nunca es tarde si la dicha es buena”.

CEMABASA SEGUIRÁ REALIZANDO EL LISTADO DE LOS FUSILADOS

El Ayuntamiento no paralizará el informe encargado a Cemabasa sobre las fosas comunes del antiguo cementerio de San José.
La Corporación municipal acordó en el Pleno de octubre, por unanimidad y a instancias de IU, la realización de este trabajo para sacar a la luz los nombres de todos los asesinados en Cádiz a partir del 19 de julio de 1936 y enviar posteriormente este listado a la Audiencia Nacional.
La propuesta se aprobó al calor de las diligencias previas abiertas por Baltasar Garzón. Pero su renuncia a continuar investigando el paradero de los desaparecidos no ha llevado al Consistorio a replantearse el proyecto. “Cemabasa terminará lo que ha empezado”, sostuvo ayer el concejal de Cementerio, Santiago Posada, aunque no precisó cuándo estará lista esta tarea.
Así, el edil popular restó importancia al cambio de escenario producido y agregó que el documento se empleará ahora, principalmente, “para facilitar la localización de los restos de aquellas personas reclamadas por sus familiares”.
Igualmente, Posada aseguró que, una vez concluido, el informe se hará público y se pondrá a disposición de “las instituciones que lo soliciten”.

PIDEN MÁS AGILIDAD

Por su parte, el portavoz de IU, Sebastián Terrada, aplaudió ayer la decisión del Gobierno local de seguir adelante con esta iniciativa. Con todo, pidió un poco más de agilidad en la recopilación de los datos e instó al Consistorio a presentarlos directamente ante el juzgado competente.

La Iglesia y la represión franquista


El Arzobispo de Burgos con el criminal de guerra Juan Yagüe

La jerarquía loa a sus mártires y exige que se olvide a los que fueron asesinados con su bendición

Julián Casanova.
Catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza.
(El País, 27-11-2008)

La tragedia de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco se ha convertido en las últimas semanas en el eje de un debate social, político y judicial. Con ese recuerdo, ha revivido de nuevo ante nosotros el pasado más oculto y reprimido. Algunos se enteran ahora con estupor de acontecimientos que los historiadores ya habían documentado. Otros, casi siempre los que menos saben o a los que más incomodidad les produce esos relatos, dicen estar cansados de tanta historia y memoria de guerra y dictadura. Es un pasado que vuelve con diferentes significados, lo actualizan los herederos de las víctimas y de sus verdugos. Y como opinar es libre y la ignorancia no ocupa lugar, muchos han acudido a las deformaciones para hacer frente a la barbarie que se despliega ante sus ojos.

La jerarquía loa a sus mártires y exige que se olvide a los que fueron asesinados con su bendición

En realidad, por mucho que se quiera culpabilizar a la República o repartir crueldades de la Guerra Civil, el conflicto entre las diferentes memorias, representaciones y olvidos no viene de ahí, de los violentos años treinta, un mito explicativo que puede desmontarse, sino de la trivialización que se hace de la dictadura de Franco, uno de los regímenes más criminales y a la vez más bendecidos que ha conocido la historia del siglo XX.

Lo que hizo la Iglesia católica en ese pasado y lo que dice sobre él en el presente refleja perfectamente esa tensión entre la historia y el falseamiento de los hechos. "La sangre de los mártires es el mejor antídoto contra la anemia de la fe", declaró hace apenas un mes Juan Antonio Martínez Camino, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal, en el fragor del debate sobre las diligencias abiertas por el juez Garzón acerca de la represión franquista. "A veces es necesario saber olvidar", afirma ahora Antonio María Rouco. Es decir, a la Iglesia católica le gusta recordar lo mucho que perdió y sufrió durante la República y la Guerra Civil, pero si se trata de informar e investigar sobre los otros muertos, sobre la otra violencia, aquella que el clero no dudó en bendecir y legitimar, entonces se están abriendo "viejas heridas" y ya se sabe quiénes son los responsables.

Franco y la Iglesia ganaron juntos la guerra y juntos gestionaron la paz, una paz a su gusto, con las fuerzas represivas del Estado dando fuerte a los cautivos y desarmados rojos, mientras los obispos y clérigos supervisaban los valores morales y educaban a las masas en los principios del dogma católico. Hubo en esos largos años tragedia y comedia. La tragedia de decenas de miles de españoles fusilados, presos, humillados. Y la comedia del clero paseando a Franco bajo palio y dejando para la posteridad un rosario interminable de loas y adhesiones incondicionales a su dictadura.

Lo que hemos documentado varios historiadores en los últimos años va más allá del análisis del intercambio de favores y beneficios entre la Iglesia y la dictadura de Franco y prueba la implicación de la Iglesia católica -jerarquía, clero y católicos de a pie- en la violencia de los vencedores sobre los vencidos. Ahí estuvieron siempre en primera línea, en los años más duros y sangrientos, hasta que las cosas comenzaron a cambiar en la década de los sesenta, para proporcionar el cuerpo doctrinal y legitimador a la masacre, para ayudar a la gente a llevar mejor las penas, para controlar la educación, para perpetuar la miseria de todos esos pobres rojos y ateos que se habían atrevido a desafiar el orden social y abandonar la religión.
La maquinaria legal represiva franquista, activada con la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 y la Causa General de abril de 1940, convirtió a los curas en investigadores del pasado ideológico y político de los ciudadanos, en colaboradores del aparato judicial. Con sus informes, aprobaron el exterminio legal organizado por los vencedores en la posguerra y se involucraron hasta la médula en la red de sentimientos de venganza, envidias, odios y enemistades que envolvían la vida cotidiana de la sociedad española.

La Iglesia no quiso saber nada de las palizas, tortura y muerte en las cárceles franquistas. Los capellanes de prisiones, un cuerpo que había sido disuelto por la República y reestablecido por Franco, impusieron la moral católica, obediencia y sumisión a los condenados a muerte o a largos años de reclusión. Fueron poderosos dentro y fuera de las cárceles. El poder que les daba la ley, la sotana y la capacidad de decidir, con criterios religiosos, quiénes debían purgar sus pecados y vivir de rodillas.

Todas esas historias, las de los asesinados y desaparecidos, las de las mujeres presas, las de sus niños arrebatados antes de ser fusiladas, robados o ingresados bajo tutela en centros de asistencia y escuelas religiosas, reaparecen ahora con los autos del juez Garzón, después de haber sido descubiertas e investigadas desde hace años por historiadores y periodistas. Quienes las sufrieron merecen una reparación y la sociedad democrática española debe enfrentarse a ese pasado, como han hecho en otros países. La Iglesia podría ponerse al frente de esa exigencia de reparación y de justicia retributiva. Si no, las voces del pasado siempre le recordarán su papel de verdugo. Aunque ella sólo quiera recordar a sus mártires.



lunes, 1 de diciembre de 2008

Justicia comienza a entregar, en un mes, los certificados a las víctimas de Franco.


Publicado en El País-Madrid-27/11/08

Ya se han presentado 168 solicitudes - Desde hoy se pueden tramitar por Internet.

El Gobierno entregará antes de un mes las primeras declaraciones de reparación y reconocimiento personal a las cuales, según establece la Ley de Memoria Histórica, tienen derecho los represaliados del franquismo. El Ministerio de Justicia ha recibido hasta ahora 168 solicitudes. Para facilitar los trámites, Justicia abrió el martes en su página web (www.mjusticia.es) un enlace a través del cual los interesados pueden tramitar sus peticiones.
El artículo 4 de la Ley de Memoria contempla el derecho de quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron "persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa" a obtener la declaración. Ésta consiste en un título, expedido por el Ministerio de Justicia, que no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración pública, "ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
A través del enlace habilitado en la página web del ministerio, los interesados pueden realizar su solicitud de forma telemática. Para ello deberán acreditar su identidad a través de un certificado digital o por medio del DNI electrónico. En la página web están disponibles los documentos de solicitud.
El interesado deberá aportar una copia impresa del justificante obtenido al realizar la petición y la documentación acreditativa de los hechos. Entre esta última pueden figurar, entre otras, resoluciones de consejos de guerra, del Tribunal de Honor, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Responsabilidades Políticas y del Tribunal de Orden Público. Toda la documentación debe ser enviada al Registro General del Ministerio de Justicia.
La declaración puede ser solicitada por los directamente afectados y, en caso de fallecimiento, por sus cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y demás parientes colaterales hasta segundo grado, así como por las instituciones públicas en las que hubieran desarrollado un cargo relevante.
También se encuentra disponible en la página web de Justicia la solicitud de nacionalidad para hijos y nietos de emigrantes exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura, que podrá ser tramitada a partir del 28 de diciembre. La web permite descargar el impreso para que los miembros de las Brigadas Internacionales soliciten la nacionalidad española y establece el acceso a la consulta de los libros de defunciones de los registros civiles.

Requisitos para obtener la declaración
- Beneficiarios. La declaración de reparación y reconocimiento personal se entrega a quienes sufrieron represalias durante la Guerra Civil y la dictadura.
- Solicitantes. Los directamente afectados

domingo, 30 de noviembre de 2008

La Casa Real mantiene, en su web, el reconocimiento y la gratitud del rey a Franco.




TEXTO COMPLETO DEL MENSAJE
en: http://www.casareal .es/noticias/ news/1150- ides-idweb. html

Mensaje de Su Majestad el Rey a las Fuerzas Armadas
Madrid, 22 de noviembre de 1975

En estos momentos en que asumo la Jefatura de las Fuerzas Armadas, me dirijo a todos vosotros con profunda ilusión y fundadas esperanzas.
Sois los depositarios de los más altos ideales de la patria y la salvaguardia y garantía del cumplimiento de cuanto está establecido en nuestras Leyes Fundamentales, fiel reflejo de la voluntad de nuestro pueblo.
Expreso mi reconocimiento y gratitud a nuestro Generalísimo Franco, que con tanta dedicación y entrega os ha mandado hasta ahora, dándonos un ejemplo único de amor a España y sentido de la responsabilidad.
Mi recuerdo emocionado se dirige hoy a las Fuerzas destinadas en Africa, las que por su patriotismo, disciplina y entrega, están haciéndose acreedoras del agradecimiento de todos los españoles.
Debemos mirar el futuro con serena tranquilidad, pues hemos adquirido un alto grado de madurez política y se ha cumplido lo que nuestro pueblo y sólo él desea.
España confía plenamente en sus Fuerzas Armadas.
Sé que tenéis un alto concepto del amor a la Patria, y que no escatimaréis vuestro esfuerzo para lograr una España cada vez mejor.
Quiero renovar hoy el juramento de fidelidad a nuestra bandera, símbolo de las virtudes de nuestra raza, y prometeros una vez más servirlas y defenderlas a cualquier precio de los enemigos de la patria.
Mandar es servir, y quiero estar en el mando muy unido a vosotros.
Sé que cumpliréis con vuestro deber como siempre lo habéis hecho.
Como español, como soldado y como Rey me siento orgulloso de contar con vuestra adhesión y lealtad. Estoy seguro de que trabajando todos unidos alcanzaremos lo que España se merece por imperativo de la historia y su papel en el mundo de hoy.
¡Viva España!

viernes, 28 de noviembre de 2008

Sobre el monumento a Varela



Francisco Espinosa Maestre. Historiador.

Leo la noticia de Amaya Lanceta sobre el debate en torno a qué hacer con el monumento a Varela.
Sé algo de esa columna de la muerte a cuyo frente puso Franco a Varela a partir del 24 de septiembre de 1936 y me gustaría aportar algunos datos. Si se lee con detenimiento el diario de operaciones de Varela, cuya publicación estuvo a cargo de Jesús Núñez, se verá la absoluta desproporción entre las bajas de los golpistas y las bajas gubernamentales. La razón es simple: las columnas dirigidas por los africanistas no sólo iban realizando brutales razias en cada lugar que ocupaban sino que en su avance no dejaban ni heridos ni prisioneros. De ahí esas cantidades del diario de Varela: buena parte de esos cientos de bajas enemigas no son sino prisioneros aniquilados.
Algún militar lo dejó anotado en su diario. Pero fue sobre todo un capellán jesuita, Fernando Huidobro Polanco, el que nos dejó el testimonio clave. A Huidobro le cogió la sublevación en Friburgo, preparando su doctorado en Filosofía bajo la dirección de Heidegger. Rápidamente marchó a España y a finales de agosto se incorporó como capellán a la 4ª Bandera de la Legión, con la que permaneció hasta su muerte en el frente de Aravaca en abril de 1937. La particularidad de este capellán es que en octubre del 36, es decir, en el preciso momento en que Varela estaba al mando de las columnas que marchaban hacia Madrid, denunció las matanzas indiscriminadas de heridos y prisioneros. Alarmado, llegó a escribir que lo que estaba costando entrar en Madrid “es castigo por los crímenes incesantes que se están cometiendo de nuestra parte”. Envió las denuncias al círculo de Franco, al Cuerpo Jurídico Militar e incluso al propio Varela. Antes o después todos, hasta el mismísimo Yagüe, dijeron compartir sus criterios cristianos. Pero la matanza ya estaba hecha.
¿A qué viene pues tanta duda sobre el monumento a Varela? Fue un traidor al juramento de lealtad que dio a la República, se situó fuera de la ley desde que se sublevó y como uno más de la cúpula golpista y jefe de la segunda fase de la marcha hacia Madrid fue responsable de la desaparición de miles de personas inocentes. No parece que un individuo con este curriculum, por muy querido que sea por familiares, admiradores y biógrafos, merezca ocupar uno de esos espacios que las sociedades democráticas suelen dejar para las personas que merecen reconocimiento y constituyen ejemplo a seguir.

jueves, 27 de noviembre de 2008

A la memoria de Arturo Carrasco



Nuestros compañeros/as de AMHJ de Andalucía , nos mandan el siguiente comunicado, a los que os unimos en su pesar y pérdida y creemos que la mejor forma de recordarlo es continuar en la lucha por la memoria

Estimados amigos/as:

Ha fallecido nuestro compañero Arturo Carrasco, socio fundador de la AMHyJA, delegado de la misma en Valverde del Camino, antiguo funcionario de los Juzgados de Valverde, un hombre bueno y valiente a quien debemos que gracias a su decisión, tomada con riesgo de ser represaliado, se salvaran los archivos del Juzgado de Valverde cuando en los años sesenta se ordenó su traslado para su posterior desaparición, como ocurrió con los demás archivos de los juzgados de la Comarca.

Antonio ocultaría los archivos para que no desaparecieran y en los años de la democracia los pondría a disposición del investigador Francisco Espinosa, que gracias a ello pudo conocer el alcance de la represión de parte de la provincia de Huelva.

A las 17 horas se efectuará su entierro en Valverde del Camino al que asistirán varios compañeros/as de la Asociación que depositará una corona de flores con una cinta violeta, roja y amarilla, los colores de su querida República.

Quien desee y pueda asistir puede ponerse en contacto con nuestra Vicepresidenta Paqui al teléfono: 657858257.

¡Que la tierra te sea leve compañero!

lunes, 24 de noviembre de 2008

El genocidio franquista




PEDRO GUERRERO RUIZ

Hace 33 años que murió el militar golpista Francisco Franco, quien, después del levantamiento armado contra la legítima República española, se autoproclamó generalísimo e impuso, desde la fuerza de las armas, una dictadura fascista. Un régimen represor y cruel que duró mientras vivió el dictador. Su muerte y la posterior restauración democrática forman parte de la memoria del pueblo y la historia hace que jamás pueda olvidarse. Esto es cierto, tanto por la certeza de los acontecimientos bélicos como por las secuelas de los crímenes que se cometieron para eliminar a quienes defendían la República. Crímenes y secuestros que todavía perduran: miles de asesinados y niños y niñas arrancados de sus familias, educados contra la ideología de sus padres y entregados a un destino lejano al de su origen familiar. Esta terrible agresión a los derechos humanos y a las leyes se conoce como genocidio, que es tanto como decir "exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivos políticos". No soy jurista, ni falta que me hace, para entender que la pertenencia a cualquier grupo fascista o la alabanza del franquismo, sea cual sea la forma adoptada, debe ser prohibida y castigada por las leyes. En este sentido, una revisión de la Ley de la Memoria Histórica vendría a condenar no solamente los crímenes contra la humanidad del franquista sino también a los grupos o personas que fuesen favorables a esta ideología criminal. Un paso definitivo para la total restauración democrática sería, por tanto, la prohibición de estas organizaciones así como las opiniones fascistas, declarándoseles también actos de terrorismo contra dichos grupos o personas que pudieran defender el genocidio franquista. Digo lo anterior, sabiendo que la guerra española y sus secuelas han dejado tanta tristeza, tanta crueldad y tanta sangre en España que conviene que se conozca la veracidad de los hechos y se devuelva la dignidad a esas personas asesinadas, muchos de ellos sin enterramiento desde que se cometieron los crímenes. En este sentido no se puede entender que el Gobierno y los grupos políticos democráticos no hayan determinado ya el juicio a Franco y su dictadura, para que no sólo el Parlamento español sino la Justicia condenen aquel golpe de Estado fascista, y prohibiendo radicalmente su negra mitología manifestada en los símbolos de aquella dictadura. En este sentido, los que aún quedan en iglesias y calles deben ser retirados por los poderes públicos correspondientes (Estado, Comunidades Autónomas o Ayuntamientos). Y si esto no fuese así, el Poder Judicial deberá obligar al cumplimiento de la ley, sobre todo cuando sabemos que, en muchas ocasiones, la derecha es reacia a cumplir con estos preceptos legales. Todo lo demás, es darle vueltas a una idea cada vez más desafortunada: la de la no abrir viejas heridas, que es tanto como dejar sangrando en estado latente las que nos dejó el largo periodo del franquismo. Sólo con leyes que se cumplan y con actos que devuelvan la dignidad a los derrotados, que nunca vencidos, fuesen represaliados, secuestrados o asesinados, se podrá acabar con este ya largo juicio social de la historia más negra de España, y sobre todo para que la razón ideológica pase a enmarcarse a la legalidad constitucional en relación con estos crímenes contra la humanidad del genocidio franquista.

viernes, 21 de noviembre de 2008

Amnistía Internacional a favor de investigar al franquismo



Publicado en: www.lademocracia.es
Más de 40 expertos juristas se adhieren al Manifiesto de AI en defensa de los derechos de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo. Amnistía Internacional lanza una ciberacción para que todas las personas que quieran apoyar el Manifiesto puedan firmar en www.actuaconamnistia.org

Amnistía Internacional (AI) publica hoy el Manifiesto “Para pasar página, primero hay que leerla”, al que se han adherido en los últimos cinco días más de 40 juristas de prestigio internacional y abogados y académicos españoles, en el que pide al Estado español que garantice una investigación judicial efectiva e imparcial sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Además, la organización ha habilitado en su web un espacio para que cualquier persona se pueda adherir al Manifiesto en www.actuaconamnistia.org, y las firmas que se recojan en los próximos días serán enviadas al Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que la organización ya ha hecho llegar las primeras 40 adhesiones de expertos juristas, como José Antonio Martín Pallín, miembro de la Comisión Internacional de Juristas y Magistrado Emérito del Tribunal Supremo; Hugo Omar Cañón, Fiscal General de Buenos Aires; Susana Villarán, ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Carlos Iván De Gregory, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú; y Roberto Garretón, ex abogado de la Vicaría de Solidaridad durante la dictadura de Pinochet; entre otros muchos.
Ante los acontecimientos de los últimos días, en los que ha quedado patente la falta de voluntad de las autoridades para cumplir con la obligación del Estado de investigar posibles crímenes contra la humanidad, tal y como establece la normativa internacional, Amnistía Internacional insta a las autoridades competentes a proteger los derechos de las víctimas sin más dilación. Asimismo, AI recuerda que la obligación del Ministerio Fiscal de hacer cumplir la legalidad incluye garantizar recursos efectivos para que las víctimas puedan acceder a la justicia, la verdad y la reparación.
España tiene el deber y está en sus manos poner fin a la prolongada injusticia a la que se ha sometido a las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en las que se produjeron estos crímenes atroces. Y para ello, las autoridades competentes deben responsabilizarse de aplicar los estándares internacionales fijados en materia de desapariciones, exhumaciones y recuperación de cuerpos. No existe ningún otro antecedente, excepto España, en que un Estado haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas y responsabilidades de abrir fosas, exhumar restos e identificar los cuerpos.
Además, para la comunidad internacional, cualquier Estado que, con desprecio a los derechos de las víctimas, busque establecer la lógica del olvido respecto a este tipo de crímenes, se coloca al margen de la legalidad internacionalmente establecida.
Información complementaria:
- El 16 de octubre, el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional dispuso admitir a trámite y declararse competente para investigar los crímenes de desaparición forzada cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.
- El 20 de octubre de 2008, el Ministerio Fiscal formulaba un recurso ante la Sala de lo Penal solicitando el archivo del auto de admisión a trámite. Entre otras alegaciones, se invocaba la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos para frenar la investigación, medidas que podrían suponer el establecimiento de mecanismos de impunidad incompatibles con la legalidad internacional respecto de crímenes contra la humanidad.
- El 31 de octubre de 2008, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicaba el proyecto de observaciones finales al quinto informe periódico de España, en el que recomendaba a las autoridades españolas tomar medidas para derogar la Ley de Amnistía de 1977, garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, establecer una comisión independiente para establecer la verdad histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo, y garantizar la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas, y la restitución a los familiares.
- El 7 de noviembre, y a instancias del Ministerio Fiscal, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en pleno extraordinario suspendió cautelarmente la apertura de fosas autorizadas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la AN.
- El 18 de noviembre, el Juez Instructor de la Audiencia Nacional hacía público un auto por el que se inhibía de esta causa a favor de los Juzgados de Instrucción territoriales.
Los crímenes contra la humanidad son reconocidos por el derecho internacional desde hace más de un siglo dada su naturaleza especialmente ultrajante para la conciencia de toda la humanidad. Las desapariciones forzadas, o delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero, son un crimen contra el derecho internacional que, cuando son perpetrados de forma sistemática y generalizada contra la población civil, constituyen un crimen de la mayor gravedad y cuya prohibición absoluta no era desconocida en 1936, ni en 1977, ni en los años posteriores.
La responsabilidad internacional del Estado para con las víctimas es también exigible desde entonces. La transición y los sucesivos gobiernos no se ocuparon de los derechos de quienes padecieron abusos graves y fueron privados de reparación y recursos efectivos. Los autores de tales crímenes no fueron llevados ante la justicia ni hubo una investigación imparcial para esclarecer los crímenes del pasado.
Amnistía Internacional publicaba el pasado 12 de noviembre el documento “Mitos y distorsiones” y el Informe “España: La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo”, en los que se ponía de relieve que las alegaciones del Ministerio Fiscal para frenar la acción de la justicia son totalmente incompatibles con el derecho internacional, así como con el ordenamiento jurídico español.

martes, 18 de noviembre de 2008

COMUNICADO DE WWW.TODOSLOSNOMBRES.ORG

La inhibición de Garzón, un nuevo golpe de ..... timón, en el caso de los desaparecidos y represaliados del franquismo.

Una vez más, los poderes del Estado, especialmente el judicial y el político, se distancia de la sociedad civil en lo que se refiere a todo lo relacionado con el franquismo.

Para un alto porcentaje de movimiento memorialista la aceptación, por parte del juez Garzón, de la denuncia presentada en el 2006, representó una cierta esperanza para miles de familia que por fin podrían investigar, homenajear y recuperar públicamente –en algunos casos- a sus seres queridos asesinados por el franquismo (1936-1977). Esta oportunidad hizo posible que por primera vez en España se realizara –por parte de la sociedad civil- un listado de víctimas que duplicó las cifras calculadas hasta ese momento. ¿Quién controlará esos listados a partir de ahora?. ¿Nos los devolverán a los que los hemos realizado?.

Las aguas vuelven a su cauce
Para los investigadores e historiadores la iniciativa del juez Garzón abrió la posibilidad de que, por fin, además de unificar mucha información dispersa, surgiese la posibilidad de buscar y de acceder a los archivos de la represión (Policía, Guardia Civil, Ejercito...), con los que hasta ahora no hemos podido contar. Lo que sabemos ha sido por haber estado desde hace treinta años entrando por puertas laterales que nos han dado una información interesante pero parcial. Parecía que ahora, con ayuda de la Policía Judicial y el conocimiento ya acumulado, íbamos a saber si hay algo más. La decisión de Garzón anula esta posibilidad, volviendo todo a la situación anterior.
Trasladar las actuaciones a los diferentes juzgados no augura nada bueno y poner el comité de expertos al servicio del Ministerio de Justicia y de paso al de todos los juzgados implicados supone prácticamente liquidar proyecto y comité. La imposibilidad de crear un solo procedimiento y de abrir en Madrid una oficina nacional de desaparecidos rompe el camino abierto con el Auto de septiembre.
No obstante, y pese al final inesperado, nada pasa en vano: ni el Auto ni las demandas de las asociaciones ni el trabajo de historiadores y demás proyectos. La lucha por la memoria seguirá –en España y fuera de ella-, aunque haya fallado el intento de constituir, por fin, una verdad jurídica a la altura de la verdad histórica.

Las fosas comunes seguirán abriéndose con la legislación vigente desde la época de Franco, aquella que hizo posible las exhumaciones de cientos de fosas -por toda España- durante los años que gobernó la UCD, o las más recientes de Grazalema o Calañas, o la que hará posible -más pronto que tarde- la del cementerio de la Salud de Córdoba.

Es más, algunas iniciativas aparcadas volverán a reactivarse, por ejemplo la campaña por la modificación de la Ley de Registros Civiles que hagan, realmente posible, la inscripción de miles de fusilados “ocultados oficialmente” por la dictadura y que obligará a los partidos con representación parlamentaria “hacerse la foto” ante la sociedad civil.

Sevilla 18 Noviembre 2008
Cecilio Gordillo, Coord. www.todoslosnombres.org por CGT.A

lunes, 17 de noviembre de 2008

A la memoria de mi abuelo, José Jimenez Nieto


13 de septiembre de 1936, una injuria, un arresto, torturas, dolor mucho dolor, miedo, terror, y un disparo...
De fondo una iglesia, su fachada manchada de sangre,asi fusilaron a mi abuelo, JOSE JIMÉNEZ NIETO, pero sólo su cuerpo mataron, su esencia, su alma, su recuerdo está vivo, siguió vivo en el recuerdo de su hija, mi madre, que ahora descansa a su lado y yo, su nieto, por el grito ¡VIVA LA LIBERTAD!.

Rafael Zarco Jiménez

Exhumación de los restos de José Jimenez Nieto

viernes, 14 de noviembre de 2008

El país, Amnistía Internacional y los desaparecidos


Publicado en: www.lademocracia.es
Viernes 14 de noviembre de 2008,

Ricardo J. Royo-Villanova y Martín

Hoy, 13 de noviembre de 2008, hay en España varios cientos de miles de personas desaparecidas, personas a las que un día militares, policías, guardias civiles o falangistas sacaron de sus casas, y sus familias nunca jamás volvieron a ver.
Esos militares, esos guardias civiles, esos policías, esos falangistas, y los que idearon la operación y cursaron las órdenes oportunas, cometieron un grave delito en su momento, y si siguen vivos, continúan cometiéndolo actualmente, puesto que ni han aparecido las personas a las que se llevaron, ni han dado cuenta de dónde se encuentran sus cadáveres si es que, como parece que fue, les mataron a poco de llevárselos de sus casas.
Esos delitos no prescriben y las autoridades españolas -ni las de hoy, ni las de la transición, ni las de la dictadura- tienen legitimidad para amnistiarlos. La Ley de Amnistía no les ampara, ni les perdona, ni nos permite olvidar.
Tenemos que enterarnos por el diario Público, que es un gran periódico, de que Amnistía Internacional ha elaborado un interesantísimo informe titulado «La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el franquismo».
En dicho informe, se viene a recordar a España, entre otras cosas, que tiene la obligación de buscar a las personas desaparecidas, llevar a cabo las actuaciones necesarias para recuperar sus restos y devolverlos a las familias para que puedan enterrarlos con dignidad, y finalmente, investigar a los posibles autores.
A ello le obligan los compromisos internacionales que tiene firmados. «España no puede ser una excepción», ha dicho Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Y ha recordado que lo que está ocurriendo en España no sólo es que no se estén cumpliendo estas obligaciones, sino que el Gobierno está obstaculizando el trabajo de quienes pretenden hacerlo.
Y Giulia Tamayo (buscan el papel, porque en la web no lo han colgado) responsable de investigación de AI, nos recuerda algo que para muchos -no para mí, que estoy deseando que pase- puede ser inquietante y humillante: si España no cumple con sus obligaciones, pueden hacérselas cumplir desde fuera, porque los delitos de los que hablamos no prescriben y son de jurisdicción universal.
Un juez chileno, por poner un ejemplo, podría iniciar un procedimiento judicial contra ciudadanos españoles, como un juez español inició en su día un procedimiento contra un conocido general chileno, o como el que tiene hoy mismo en marcha un juez de la Audiencia Nacional contra el ciudadano ucraniano John Demjanjuk, que hoy tiene 88 años, y está acusado de asesinar al menos a 7.000 españoles en varios campos de concentración en Austria.
En fin, lean ustedes la información que sobre esto sale en Público, así como el informe de AI. Pero pregúntense también por qué El País, tan solícito normalmente con las iniciativas y actuaciones de Amnistía Internacional no publica nada sobre este tema. ¿No será noticia? ¿No tendrá interés? ¿Órdenes de Arriba (España)?

De momento no quitan a Varela


(Comunicado del Ayuntamiento)

El Ayuntamiento iniciará la eliminación de los símbolos franquistas

* La Delegación de Vías y Obras ya tiene orden de retirar las lápidas conmemorativas
* La barriada del Parque es una de las más afectadas en cuanto a símbolos de la época

La Delegación de Vías y Obras llevará a cabo en los próximos días la retirada de las lápidas y símbolos conmemorativos de la represión o la Guerra Civil, conforme a lo contemplado en la Ley 52/2007 de la Memoria Histórica.
El Ayuntamiento retirará las lápidas dedicadas a los hermanos Laulhé en la Plaza del Rey, así como la dedicada al almirante Miguel de Mier y del Río, ubicada en la calle Real a pocos metros de la anterior.
La barriada del Parque es otro ejemplo de la época y así todavía muestra el antiguo local de la Falange y los escudos de ésta en varios rótulos que dan nombre a las calles y que también serán retirados.
Asimismo, en uno de los bloques de esta barriada existe una gran placa que da nombre al grupo General Varela, con los símbolos propios del régimen.
El Consistorio también corregirá la lápida existente en la fachada de La Salle, a la que eliminará la alusión al “Año de la Victoria”, al no estar afectada la dedicatoria de la misma.
Ahora sólo falta que los operarios municipales acometan el trabajo y retiren las lápidas, dando paso a una nueva imagen de la ciudad.
Instituciones afectadas
El Ayuntamiento también ha enviado cartas tanto al Ministerio de Defensa, el Arciprestazgo de San Fernando y Correos para que retiren las lápidas o escudos propios del régimen que aún figuran expuestos en las fachadas de diversos inmuebles. Tanto el antiguo Cuartel de Instrucción como el edificio de Correos siguen mostrando el escudo vigente hasta la Constitución de 1978. Por su parte, a la Consejería de Cultura se le pide informe acerca de la retirada de los relieves del monumento al bilaureado General Varela o si esto afecta a la obra del autor. De momento, nada se ha decidido acerca de este monumento.
La aplicación de la Ley 52/2007 ha comenzado a ser realidad con la eliminación de los honores concedidos a distintos personajes de la época en el último Pleno municipal, celebrado en octubre.

miércoles, 12 de noviembre de 2008

COMUNICADO DE AREMHISA



AREMEHISA (Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera ) (Córdoba), quiere hacer llegar a través del presente comunicado a los medios de comunicación y a la opinión pública, su decisión de recurrir el acuerdo adoptado por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, alcanzado el pasado día siete de Noviembre, en relación a la paralización de la exhumación de fosas comunes de la guerra civil autorizadas anteriormente en las diligencias avaladas por el juez Garzón y su sustituto, Santiago Pedraz.

Desde esta Asociación creemos, que esta medida no hace sido añadir mas “dolor y sufrimiento”, a las familias que durante más de 72 año, han esperando paciente y tolerantemente la llegada del momento de poder recuperar los restos de sus seres queridos.
72 años, de espera. Una espera larga, agónica y silenciosa. Una espera sin esperanza. Una espera marcada por la ausencia total de justicia. Una larga espera sometida a sufrimiento y parálisis del entorno familiar y social mediante la aplicación no accidental del terror por la desaparición forzada y la violación de los derechos humanos.
No podemos, sino calificar esta medida adoptada, como una nuevo y flagrante atentado moral y legal al sufrimiento padecido durante toda una vida de trato inhumano padecida por los familiares de los desaparecidos, el cual ha sido determinante para que alo largo de estos días, esas familias, vuelvan a vivir en un estado generalizado de angustia, inseguridad y temor.
Estado, que deriva de la actual situación creada de impotencia, inseguridad y frustración, ante la negativa abstención de las autoridades judiciales de investigar las desapariciones, localizar y exhumar los restos de los desaparecidos. Lo cual lleva a los familiares ante la impunidad imperante a estado de indefensión permanente frente al “todopoderoso” Estado.
Dado que es este el que tiene el deber de hacer investigar las violaciones de los Derechos Humanos y la prevalecía del derecho a la verdad , medidas esenciales en todo país democrático para combatir la impunidad, ligada a la propia realización de la justicia y a la garantía de la no repetición de aquellas violaciones.
“… el intenso sufrimiento causado por la muerte violenta de un ser querido es aún mas agravado por su desaparición forzada, y revela una de las grandes verdades de la condición humana: la de que la suerte de uno encuéntrase ineluctablemente ligada a la suerte de los demás. Y la paz lo debería ser un privilegio de los muertos. La desaparición de una persona, victimiza igualmente a sus familiares ( a veces degradando el propio núcleo familiar), tanto por el intenso sufrimiento y la desesperación causados, cuanto por verse desamparados del manto protector de la justicia”.
Esa misma justicia, que hoy por hoy creemos ausente, y que sin duda alguna esta llamada a ocupar su propio lugar en “la memoria histórica” de las personas desaparecidas y de las circunstancias especiales del padecimiento en el cual vivieron numerosas esposas, madres, hermanos y hermanas, hijos, nietos y demás familiares durante muchos más tiempo del deseado.
Esa misma justicia, que niega incomprensiblemente el justo derecho familiar a la petición de información sobre los desaparecidos, su localización, su exhumación y dignificación de sus nombres y su memoria.
Esa misma justicia, que hoy por hoy nos sigue relegando a “ no poder vivir en paz”, agrega más sufrimiento y angustia a nuestros mayores, merecedores de todo nuestro respeto y consideración, haciendo a los mismos merecedores, todavía, del supuesto especifico de tampoco “morir en paz”, sabedores de la definitiva imposibilidad del anhelado reencuentro.
Han sido ellos, siempre ellos, los receptores históricos del (citando es escrito del fiscal) … “ daño esencial, causado a terceros, con perjuicios irreversibles de difícil reparación“.
Ese daño y sus perjuicios irreversibles, les llegó hace más de 72 años y aún hoy les llega con situaciones como la que actualmente vivimos, multiplicadoras del desentendimiento del sufrimiento de estas victimas, hasta una prolongación tal en el tiempo que el margen final es la certeza del fatídico desenlace biológico, muy próximo para muchos de ellos.
Aguilar de la Frontera, 10 de noviembre del 2008

Rafael Espino Navarro.-
Presidente de AREMEHISA

lunes, 10 de noviembre de 2008

COMUNICADO DE LA PLATAFORMA POR LAS VÍCTIMAS DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS DEL FRANQUISMO ( PVDF)





La Plataforma por las Victimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo (PVDF) manifiestan su profundo malestar por la actuación del Ministerio Fiscal al instar la paralización de las exhumaciones autorizadas hasta el día de hoy por el Juzgado de instrucción nº 5 en relación con el proceso sumario 53/08. y su honda preocupación por la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al suspender cautelarmente la abertura de las fosas comunes, como solicitaron las partes en el proceso.Estas actuaciones contradicen la legalidad internacional y ponen en evidencia una vez más el desamparo de los familiares de los desaparecidos en relación con la guerra civil española, como ha constatado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU al denunciar los obstáculos con que han tropezado hasta ahora las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas. A estos obstáculos habrá que añadir ahora la labor del Ministerio fiscal y la última decisión de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional.Es inaudito que el Ministerio Fiscal, que debe velar por la legalidad, incluida la legalidad internacional, así como los intereses de los ciudadanos, en vez de actuar de oficio se dedique a mantener una situación anómala en cualquier democracia y en un estado de derecho: la de miles de personas detenidas ilegalmente y ejecutadas extrajudicialmente, enterradas en fosas comunes ilegales, cunetas y pozos, sin que se garantice una investigación imparcial y completa sobre las circunstancias de su desaparición y se ofrezca a sus familias una reparación justa.Con el auto de instrucción de 16 de octubre los familiares de desaparecidos conseguimos confiar por primera vez en la justicia española al iniciarse la investigación de crímenes contra la humanidad que habían quedado en la más absoluta impunidad aún en democracia.Paralizando las exhumaciones se trunca esta confianza y se perpetúa la injusticia y la tortura a que se somete a nuestras familias desde hace setenta años.POR TODO ELLO, MANIFESTAMOS NUESTRA FIRME VOLUNTAD DE RECUPERAR A NUESTROS FAMILIARES DESAPARECIDOS Y BUSCAR LA JUSTICIA QUE SE MERECEN ELLOS Y NOSOTROS MISMOS, AUNQUE HAYA QUE ACUDIR A OTROS TRIBUNALES QUE DEFIENDAN EFECTIVAMENTE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA JUSTICIA, A LA VERDAD Y A LA REPARACIÓN.Paqui Maqueda y Manuel PeronaSecretaria de la PVDF Portavoz de la PVDF