“El Estado español debería aclarar dónde están las fosas comunes de la Guerra Civil y la represión franquista y quiénes son las personas que están en esas fosas”, dijo Jeremy Sarkin, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Víctimas de Desapariciones Forzadas, que este año se celebraba por primera vez bajo el paraguas de la ONU.
Sarkin declaró que las desapariciones “son una violación continúa de los derechos humanos” y subrayó que, de acuerdo con la doctrina internacional, aquellas que “siguen sin resolverse tienen la consideración de delitos que todavía se están cometiendo”.
Sarkin destacó que “las familias de los desaparecidos tienen derecho a conocer la verdad, aunque las desapariciones ocurrieran hace más de 70 años, porque el derecho a la verdad es crucial”. “Es necesario estar al servicio de estas familias, sin olvidar la importancia de la reconciliación”, agregó.
Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, son 113.000 las personas que siguen en fosas comunes sin ser identificadas.
La ARMH denunció “el abandono que sufren por parte del Gobierno español los familiares de los desaparecidos como consecuencia de la represión franquista” y subrayó que la desaparición forzada “es el delito más grave que existe en el Derecho Penal”.
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