Carta abierta a los Grupos Parlamentarios y al nuevo Gobierno

Federación Estatal de Foros por la Memoria 26 Noviembre 2011

Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo

Carta abierta a los grupos parlamentarios y al nuevo gobierno salidos de las urnas el día 20 de noviembre de 2011. Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo.


Estimados señores:

La Federación Estatal de Foros por la Memoria es una organización de carácter social, cultural y político, nacida en el seno de la sociedad civil, para atender a los supervivientes y a las familias de los represaliados, investigar y divulgar de forma rigurosa la historia de la lucha contra el franquismo y de sus protagonistas, recuperar y difundir los valores y pensamientos de estas personas y denunciar su situación, con el objetivo de que se haga justicia, recuperando, al mismo tiempo, referentes para luchar por los derechos humanos, la libertad y la justicia social, articulando y organizando a la sociedad civil alrededor de los valores que se intentan recuperar.

Somos una organización soberana e independiente de cualquier organización política o institución pero no por ello dejamos de ser una organización con profundas convicciones democráticas y antifascistas. Al igual que recuperamos la memoria de los hombres y mujeres que defendieron la democracia republicana frente al fascismo, intentamos forjar la unidad de los demócratas en la lucha por recuperar su memoria y sus ideas. Representamos la continuación de la lucha contra el franquismo sustituyendo el fusil y la bayoneta por los picos y las palas, la cámara de video, las charlas divulgativas, la denuncia, la atención a las familias, los libros, las exposiciones, las propuestas legislativas y un largo etcétera de instrumentos pacíficos de lucha, con el ánimo de lograr la superación del franquismo sociológico que aún pervive para hacer avanzar la democracia hacía mayores cotas de libertad y justicia social.

Al objeto de que los parlamentarios electos el 20 de noviembre de 2011 y el nuevo gobierno, tengan en cuenta la importancia que, para la defensa de la democracia, tiene la memoria democrática y, sobre todo, la aplicación del derecho penal internacional para los graves crímenes contra la humanidad perpetrados por los autores del golpe de estado de 18 de julio de 1936 contra los defensores del régimen democrático de la II República Española, y que, posteriormente, ejercieron una cruel dictadura contra el Pueblo Español, como ciudadanos que desean convivir en una democracia plena, les pedimos que aprueben decretos y presenten iniciativas legislativas conforme exigen las leyes penales internacionales, a las que el Estado Español está obligado y, para ello, le recordamos los siguientes extremos:

1. Pasados más de 30 años desde la muerte del dictador Francisco Franco, nos encontramos con que en nuestro país aún no se ha hecho justicia. La transición supuso la llegada de un régimen parlamentario asentado sobre la injusticia, con una Ley de Amnistía, en 1977, que suponía la impunidad de los crímenes del franquismo y un profundo olvido de lo que representaron el régimen democrático de la II República y la larga lucha contra la dictadura, así como de los hombres y mujeres que protagonizaron e impulsaron estas experiencias y que por ello fueron perseguidos, torturados, encarcelados, exiliados, asesinados, expulsados de su puesto de trabajo y sus bienes y los de sus familias incautados. Al no existir el delito político en el Derecho Internacional, los presos políticos que había en aquellos momentos deberían haber sido puestos en libertad sin más, y haberse investigado y perseguido los crímenes del franquismo al igual que se ha hecho con otras dictaduras cuando ha llegado su final. Esa ley lo que amnistiaba realmente, por tanto, eran los crímenes contra la humanidad perpetrados por el Estado Franquista. De hecho, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha recomendado en varias ocasiones al Gobierno Español que revoque la citada Ley al considerarla una ley de punto final desde el punto de vista del Derecho Penal Internacional sin que se haya oído una sola voz en este sentido desde los distintos poderes del estado.

2. Entre el año 1946 y 1948, las Naciones Unidas condenaron al régimen franquista en numerosas resoluciones declarando que: “En sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a, la ayuda recibida de la Alemania Nazi de Hitler y la Italia Fascista de Mussolini.” Por eso, debe entenderse que los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen franquista deben recibir el mismo tratamiento que los crímenes contra la humanidad perpetrados por el nazismo y es de aplicación la legislación y la jurisprudencia emanada de los juicios de Nüremberg. Está claramente probado por la comunidad académica, y en numerosos documentos, que la represión ejercida por los golpistas de 18 de julio de 1936 fue planificada de antemano, dirigida de forma jerárquica y ejercida de forma organizada y sistemática, por lo que, claramente, estamos ante crímenes contra la humanidad -que no prescriben- y no ante asesinatos –que sí prescriben-, como se quiere hacer creer a la sociedad española y esgrimen la mayor parte de los jueces en los autos de archivo de las denuncias presentadas por las familias.

3. El régimen franquista fue ilegal al imponerse a través de un golpe de estado militar contra un régimen democrático y la represión y exterminio masivo planificado de sus defensores, represión que se extendió en el tiempo incluso más allá de la muerte del dictador. Como consecuencia de ello, todos sus actos jurídicos deben ser considerados ilegales, al estar asentado sobre la ilegalidad más absoluta. Por eso, debe declararse la nulidad de todos los actos jurídicos del franquismo, incluidos todos los procedimientos sumariales (militares y civiles) y administrativos (depuraciones e incautaciones de bienes) instruidos por este régimen contra sus opositores políticos.

4. La legislación internacional de derechos humanos recoge el derecho a saber de las familias y de las sociedades, el derecho a la justicia –y la obligación del Estado a impartirla-, la reparación moral y económica y el respeto a las ideas de los fallecidos. En esta línea debe entenderse que la justicia no es una petición de gracia hacia el Estado, sino una exigencia para garantizar que el Estado Español respeta los derechos humanos y lucha contra la impunidad. Asimismo el respeto a las ideas de las víctimas implica el uso de rituales y elementos políticos (banderas, himnos, etc.) propios de las ideas que defendían y por las que murieron, aunque éstas sean distintas de las fuerzas políticas que gestionen las instituciones democráticas en cada momento y las de sus familiares en la actualidad. Esta es una cuestión fundamental en la reparación moral y más, cuando todas estas personas defendían el régimen democrático existente en aquellos momentos.

5. Los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen franquista nunca fueron perseguidos y los criminales gozan de impunidad. Teniendo en cuenta que el régimen duró hasta 1977, muchos criminales franquistas aún tienen edad suficiente para ser procesados, por lo que, al igual que la Justicia española persigue crímenes contra la humanidad en otros lugares del mundo, debe hacer lo mismo con los criminales del franquismo. Hay que tener en cuenta que se ha perseguido a criminales contra la humanidad por hechos realizados en otros países en épocas en las que todavía existía la dictadura franquista. El caso de Pinochet es buen ejemplo de ello ya que su dictadura coincide en varios años con la dictadura franquista, entre 1973 y 1977.

6. Pero la impunidad no se sustancia sólo en cuestiones jurídicas. El territorio español está lleno de monumentos y calles que hacen apología del franquismo. Erigir un monumento o dar nombre a una calle significa un reconocimiento, por lo que tener centenares de monumentos y calles dedicados al franquismo y a los defensores de su régimen es una garantía para los criminales futuros de que no serán condenados ni siquiera por la Historia. En este sentido debemos indicar que la Ley 52/2007 es demasiado ambigua y poco contundente, ya que no sólo no se está aplicando, sino que hace apología del golpismo y del terrorismo de estado al igualar la simbología democrática del régimen republicano a la de los partidarios del golpe de estado y la dictadura de carácter fascista que se estableció en España a lo largo de cuatro décadas. El Valle de Los Caídos, en Cuelgamuros es el paradigma de esta situación. No existe, en toda Europa, un lugar igual de exaltación del fascismo -en este caso del nacional-catolicismo, ideología del fascismo español- que se ha transformado en lugar de peregrinación de grupos fascistas y nazis de todo el mundo. Su desacralización y transformación en memorial democrático, tal como se ha hecho con lugares similares en otras partes de Europa, es una necesidad básica para transformarlo en un instrumento de fortalecimiento democrático.

7. Tampoco se ha realizado una revisión de los libros de texto de Primaria y Secundaria para que los estudiantes españoles conozcan la verdad de los hechos, ni muchas instituciones han asumido los cambios democráticos en su funcionamiento. Las dificultades de investigación en juzgados, archivos militares y de fuerzas de orden público son la tónica general, al incumplir estas instituciones con la propia legislación española, dependiendo siempre los investigadores de la buena voluntad del responsable del archivo correspondiente.

8. Aún queda mucho para conocer el alcance de la represión franquista, tenemos conocimiento de que existen miles de personas desaparecidas en fosas comunes repartidas por todo el territorio español. Estas personas fueron asesinadas y su asesinato no está demostrado. Se hace necesaria la investigación y exhumación de sus restos para hacerlo. Estos asesinatos deben ser investigados de oficio por los tribunales españoles, por eso, un objetivo primordial, cuando nuestra organización realiza exhumaciones, es denunciar públicamente esta situación y exigir que sea el Estado de Derecho el que las asuma a través de los tribunales de Justicia. Ningún tribunal español ha investigado estos crímenes y mucho menos ha juzgado a los culpables. Queremos recordar que existen protocolos de Naciones Unidas específicos para la exhumación de fosas comunes que deben aplicar los jueces. El protocolo de exhumaciones recientemente aprobado por el Gobierno transforma lo que debería ser una cuestión jurídica en una cuestión administrativa. Esto va en contra de todos los tratados internacionales suscritos por el Estado Español que incumple con sus obligaciones.

9. La devolución de bienes incautados, de las multas derivadas de las leyes represivas y las indemnizaciones por el uso de los presos políticos como mano de obra esclava forma parte la exigencia de justicia integral a la que está obligado el Estado.

10. Se hace necesario un reconocimiento del papel jugado por miles de demócratas españoles en la lucha contra las fuerzas del Eje en diversos escenarios de la II Guerra Mundial, así como de los demócratas exterminados en los campos de concentración nazis.

11. La lucha armada contra la tiranía es un principio reconocido en diversas constituciones de estados democráticos. De hecho, en la actualidad, el propio estado español ha mandado fuerzas expedicionarias de combate a países gobernados por supuestos dictadores. Sin embargo, se sigue calificando de terrorismo las acciones armadas de diversos grupos de la oposición democrática, desde el golpe de estado de 18 de julio hasta el final de la dictadura en 1977. Todas estas personas deben ser reconocidas como luchadores por las libertades democráticas y más, teniendo en cuenta que, muchos de ellos, murieron en esa larga lucha, bien combatiendo a las fuerzas armadas de la dictadura y sus grupos paramilitares o ejecutados tras ser condenados por tribunales ilegales.

12. Numerosas empresas y particulares se beneficiaron de su apoyo a la dictadura, haciéndose cómplices de la misma y de sus crímenes. El apoyo de diversas personas y grupos económicos al golpe de estado debe ser investigado y, al igual que en otros países de nuestro entorno, proceder a indemnizar a las víctimas o sus familiares.

13. La Ley 52/2007 no sólo no ha solucionado el grave déficit que en materia de políticas de Memoria y de aplicación de la legislación penal internacional, sino que, además, ha transformado una cuestión jurídica, al tratarse de crímenes contra la humanidad que no prescriben, en una cuestión administrativa. Por lo que sería deseable su anulación y una apuesta clara por parte del Parlamento y del Gobierno para exigir al poder judicial la aplicación de la legislación penal internacional a la que como estado democrático estamos obligados.

14. El golpe de estado de 18 de julio de 1936 contra un gobierno democrático legalmente constituido fue apoyado por diversos estados gobernados por dictaduras de carácter fascista (Alemania, Italia, Portugal) y por diversas empresas de las llamadas democracias occidentales (General Motors, Texas Oil Co., entre otras). Por eso, debe hacerse una investigación rigurosa al respecto y exigir las indemnizaciones pertinentes a esos estados y empresas.

15. El enorme número de huérfanos que provocó el asesinato masivo de demócratas por parte de los golpistas, provocó la creación de redes de adopción ilegales que se extendieron hasta bien entrado el régimen monárquico parlamentario existente en estos momentos. Es obligación del estado investigar el tráfico de niños derivado de esta situación, poniendo en contacto nuevamente a los familiares separados y juzgando a los culpables.

Esperando que el nuevo parlamento y el nuevo gobierno tengan en cuenta todas estas cuestiones y, de una vez por todas, nuestra democracia se asiente sobre referentes históricos democráticos como fue la II República y avance en la aplicación del Derecho Penal Internacional como instrumento de fortalecimiento de la democracia actual, aprovechamos la ocasión para informarles que, en caso de que los tres poderes del estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, sigan sin cumplir sus obligaciones de garantizar la justicia para todas y todos aquellos que fueron represaliados por defender la democracia frente a la dictadura, esta organización seguirá actuando en la sociedad civil para denunciar esta injusta situación, luchando con todos los instrumentos pacíficos a su alcance, incluida la desobediencia civil en caso necesario, tal como lleva haciendo casi una década.