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domingo, 15 de enero de 2012

¿“adecentar” la estatua del genocida Varela?


Como Loaiza y su gobierno (PP y PA) se dedican, en un ejercicio de “austeridad” a gastar el dinero de los isleños en “adecentar” la estatua del genocida Varela, siguen negándose a cumplir la Ley y además son aplaudidos por los herederos e hijos del bilaureado asesino, AMERE reedita dos artículos publicados en este blog para refrescarles la MEMORIA.

El golpe del 36 en San Fernando; Un genocidio planificado

Cádiz y San Fernando fueron las primeras ciudades de la Península en sufrir las consecuencias del intento de golpe de Estado de 1936, el cual desembocaría en la guerra civil que asolaría el país desde 1936 a 1939.

Los sediciosos, en el caso de La Isla, comenzaron entonces una sistemática destrucción de todo lo que oliera a República, incluyendo el exterminio, el expolio y la depuración.

El isleño José Enrique Varela Iglesias, que cumplía arresto militar una vez más a causa de sus reiteradas conspiraciones contra la República, es liberado el 18 de julio de su reclusión en el Castillo de Santa Catalina (Cádiz) por el gobernador militar, general López-Pinto Berizo. Acto seguido, Varela se pone al mando de las tropas alzadas y se hará con el control de la ciudad, tras asediar y rendir el Gobierno Civil. La resistencia popular fue escasa, lo que avala la afirmación de que en la provincia –y más aún como veremos, en San Fernando- no hubo guerra, sino simplemente represión.

En San Fernando, Ricardo Olivera Manzorro, a quien la República le retiró la confianza pocos días antes, fue nombrado comandante militar por los insurgentes, aprestándose inmediatamente a publicar el bando de guerra y a ordenar a fuerzas de Marinería e Infantería de Marina la ocupación de los puntos estratégicos de la ciudad. Al respecto, la historiadora Alicia Domínguez Pérez, en su libro "El verano que trajo un largo invierno", reseña cómo en San Fernando, “(…) los únicos que resistieron al alzamiento fueron las dotaciones de los buques Lauria y Cánovas del Castillo. El primero fue cañoneado desde tierra, provocando esto su hundimiento, y el Cánovas, bombardeado desde el aire por dos aviones, izó la bandera blanca. La dotación fue desarmada y detenida”. No tardaría mucho en iniciarse una feroz purga contra la oficialidad y la tropa que se mostró leal a la República.

El 21 de julio los golpistas locales escenifican la constitución de la nueva Corporación Local. Ocupa la presidencia el susodicho Ricardo Olivera Manzorro, a quien acompañan seis oficiales, entre ellos Ricardo de Isasi Ivisón, “al objeto de posesionarlos en los cargos para que han sido designados en este Ayuntamiento”. En su discurso, Olivera Manzorro emplea la excusa que los facciosos usaron para confundir a la ciudadanía: “El glorioso movimiento emprendido por el Ejército y la Marina de Guerra (…) tiene como principal misión instaurar en España una República honrada y digna, restablecer el principio de autoridad y volver por los fueros de la Justicia que anularon totalmente los hombres que formaron el Gobierno de ese Frente Popular (…) Me persono en funciones de Comandante Militar para hacer cargo de su Presidencia (alcaldía) al Sr. Comandante de Intendencia don Ricardo Isasi”. El discurso acaba con sendos vivas a España y a la República, aunque esta última palabra acabaría siendo tachada. El alcalde impuesto, Ricardo de Isasi, también dirige una alocución a los asistentes: “(…) Siempre dentro de la Ley, actuaré en todo momento inspirado en favor de los intereses de San Fernando (…)”, a la vez que declara su respeto “(…) a todas las autoridades”, pese a que pronto sería cómplice en el asesinato del alcalde, Cayetano Roldán Moreno, y de buena parte de los concejales democráticamente elegidos.

Como explica Alicia Domínguez, los sediciosos comenzaron una sistemática destrucción de todo lo que oliera a República, incluyendo el exterminio, el expolio y la depuración. En San Fernando, los primeros en ser aprehendidos y asesinados fueron los líderes de sindicatos (CNT y UGT) y partidos de izquierda (Izquierda Republicana, PSOE y PCE), así como un buen número de militares que se mantuvieron leales a la República y también otras personas acusados de ser masones. También fue pasado por armas el pastor protestante Miguel Blanco Ferrer. Nada se dejó a la improvisación en la actividad represora.

Tal como refiere José Casado Montado en Trigo Tronzado. Crónicas Silenciadas, y siguiendo las directrices del ‘cerebro’ del golpe, general Emilio Mola Vidal, en San Fernando también se practicaron homicidios selectivos y alevosos, toda vez que los facciosos, auxiliados para ello por falangistas, tenían perfectamente previsto y planificado a quiénes había que matar. Prueba del afán de exterminio que los movía lo constituye el castigo inflingido a las familias Barbacil y Roldán, a las que asesinaron todos sus miembros varones (padre y dos hijos, en el primer caso, y padre y tres hijos en el segundo).

José Casado expone que los primeros asesinatos en San Fernando tuvieron lugar el 21 de julio de 1936, y en su libro llega a contabilizar hasta veintiséis fusilamientos, estando datados los últimos en 1941. Todo apunta a que los hoy por hoy documentados sean solamente la punta del iceberg. En ‘Trigo Tronzado’ pueden leerse nombres y apellidos de 129 individuos, pero de muchos no quedó rastro alguno.

La mayoría de estas personas pasaron antes de ser asesinadas por un encarcelamiento en condiciones infrahumanas, hacinadas y hambrientas en los calabozos del Ayuntamiento, bien en los penales de La Casería o de Cuatro Torres (en el Arsenal de la Carraca), aunque algunos fueron recluidos en la cárcel de El Puerto de Santa María.

Los lugares de ejecución más comunes: la tapia del cementerio, el caño ‘La Jarcia’ (en las inmediaciones del penal de Cuatro Torres), Barrio Jarana (concretamente en el paraje de Pino Gordo) y Las Canteras (Puerto Real). En el caso de las inhumaciones realizadas en San Fernando, los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes; la única localizada hasta el momento se encuentra en el cementerio, siendo probable que el resto se encuentren diseminadas por el término municipal, sobre todo en terrenos militares, y más específicamente dentro del Arsenal de La Carraca. Hoy por hoy se ignora el número de cuerpos que alberga la gran fosa común del cementerio isleño, pero testimonios orales hablan de varios centenares.


Varela, cómplice de genocidio

Era lamentablemente previsible que no se le retiraran los honores al general golpista y genocida Varela, y que nada se haya dicho acerca del futuro de su estatua situada delante de nuestro Ayuntamiento. Tan tristemente previsible como que haya habido dos varas de medir para con los cómplices franquistas auto galardonados durante esa época gris, y que alguno –caso del ex alcalde García Ráez- haya salido indultado a pesar de haber tomado en su día a sangre y fuego la vecina ciudad de Puerto Real (ya Amere aportó en su día como prueba las actas capitulares de la Villa levantadas por los mismos fascistas). Y es que ciertos poderes fácticos siguen teniendo su peso en La Isla y condicionan la voluntad del bipartito PA/PP.

Miren ustedes: Varela no tiene sus manos limpias de sangre. Y no lo (decimos nosotros ni el más elemental sentido común, habida cuenta de su entusiasta participación en el golpe de Estado de 1936: lo dice el reputado historiador Francisco Espinosa, especializado en la guerra civil y la represión franquista en Andalucía.

Dice el historiador que el, por ahora, Hijo Predilecto de nuestra ciudad fue puesto por Franco al frente de una “columna de la muerte”, y no exagera. Remite Espinosa al libro “General Varela: Diario de Operaciones (1936-1939)”, obra del también historiador Jesús Núñez. En las páginas de dicho libro se constata “la absoluta desproporción entre las bajas de los golpistas y las bajas gubernamentales”. Y como expone Espinosa, la razón es simple: “las columnas de los africanistas no sólo iban realizando brutales razias en cada lugar que ocupaban sino que en su avance no dejaban ni heridos ni prisioneros; de ahí esas cantidades del diario de Varela: buena parte de esos cientos de bajas enemigas no son sino prisioneros aniquilados”.

Con todo, fue sobre todo un capellán jesuita, Fernando Huidobro Polanco, el que dejó un testimonio que Espinosa califica como “clave”. A Huidobro la sublevación le cogió en Friburgo, preparando su doctorado en Filosofía bajo la dirección de Heidegger. Rápidamente regresó a España y a finales de agosto se incorporó como capellán de la 4ª Bandera de la Legión, con la que permaneció hasta su muerte en el frente de Aravaca en 1937.

Relata Espinosa que la particularidad de este capellán es que en octubre de 1936, “es decir, en el preciso momento en que Varela estaba al mando de las columnas que marchaban hacia Madrid, denunció las matanzas indiscriminadas de heridos y prisioneros”. Prosigue el citado historiador diciendo que el clérigo, “alarmado”, llegó a escribir que las dificultades que encontraron sorpresivamente los fascistas para entrar en Madrid eran “castigo por los crímenes incesantes que se están cometiendo de nuestra parte”. Envió las denuncias al círculo de Franco, al Cuerpo Jurídico Militar e incluso al propio Varela. Antes o después todos, hasta el mismísimo general Yagüe (responsable de la matanza de Badajoz), dijeron compartir sus cristianos criterios. “Pero –afirma Espinosa- la matanza estaba hecha”.

Y sirviendo de portavoz a cualquier demócrata que se vista por los pies, apostilla Francisco Espinosa: “¿A qué viene pues tanta duda sobre el monumento a Varela? Fue un traidor al juramento de lealtad que dio a la República; se situó fuera de la ley desde que se sublevó, y como uno más de la cúpula golpista y jefe de la segunda fase de la marcha hacia Madrid fue responsable de la desaparición de miles de personas inocentes.

No parece que un individuo con este currículo, por muy querido que sea por familiares, admiradores y algunos biógrafos, merezca ocupar uno de esos espacios que las sociedades democráticas suelen dejar para las personas que merecen reconocimiento y constituyen un ejemplo a seguir”. Y Nosotros añadimos que nos parece increíble que algunos señores que se llaman progresistas o de izquierdas no reivindiquen, sin más, la aplicación de la ley, y que se anden con paños calientes, hablando de un Foro Ciudadano para debatir si la estatua de este genocida debe seguir o no donde está. Es cuestión de tiempo, de reivindicar la aplicación de la ley por todos los canales posibles –incluso el legal-, pero esa execrable mole gris tiene sus días contados. Y es más: el posicionamiento sobre su continuidad –incluidas dudas metafísicas- servirá para retratar incluso a quienes no tienen redaños para pronunciarse claramente, a pesar de que muchos y muchas de los asesinados por Varela y sus secuaces militaran bajo sus siglas.