Mazazo judicial a la causa de los 'bebés robados' en hospitales de Cádiz

Rechazado el recurso de Fiscalía contra el archivo de una denuncia por prescripción.

La Audiencia, en Pleno, acuerda que han prescrito los casos anteriores a 1.979

Rosa Romero / Diario de Cádiz


La causa de los 'bebés robados' en hospitales de Cádiz acaba de sufrir un mazazo judicial que se antoja prácticamente insalvable. La Audiencia Provincial acaba de rechazar un recurso interpuesto por la Fiscalía contra uno de los autos dictados por el Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz que decretó el sobreseimiento de una denuncia por prescripción del delito.

Se trata de un caso que ya fue archivado en primera instancia, y que la Fiscalía recurrió, siendo entonces, en abril de 2011, admitida su apelación por la Audiencia, que ordenó reabrir el asunto al Juzgado. Ahora, en cambio, el auto de la Sección Tercera considera que la nueva resolución del Juzgado que ha decretado otra vez el archivo "realiza una brillante y sistemática exposición de la cuestión". En esencia, la Audiencia sostiene que en estos casos, hay que tener en cuenta la tesis que entonces se mantuvo desde la Fiscalía, que estaríamos ante casos de supuestos delitos de detención ilegal de menores, y que el plazo de prescripción debía empezar a correr a la fecha de cumplimiento de la mayoría de edad. Una tesis que, dice el auto de la Sección Tercera, "hicimos nuestra y que seguimos sosteniendo, tras ser avalada por el Pleno de esta Audiencia celebrado el pasado 10 de febrero de 2012", interpretación que, recoge el auto, ha sido acogida por otras Audiencias como la de Bilbao.

Así las cosas, para la Audiencia el auto recurrido por la Fiscalía "se plantea todas y cada una de las posibilidades que razonadamente va acotando hasta llegar a la conclusión que en el mejor de los escenarios, estaríamos en presencia de un delito de detención ilegal cometido por funcionario público (por poder estar implicado personal de hospitales públicos) sometido a un plazo de prescripción de 15 años, que deberá computarse desde la fecha de la mayoría de edad, plazo transcurrido sobradamente a la fecha de la denuncia, marzo de 2011". De ahí que considere que el archivo debe ser refrendado.

Esto significa que, a tenor de lo acordado por el Pleno de la Audiencia, para que los casos puedan salvarse del sobreseimiento, tiene que tratarse de niños que hoy tengan menos de 33 años, cifra derivada de los 15 años de prescripción y los 18 de mayoría cumplida. O lo que es lo mismo, que los nacimientos se hayan producido en fechas posteriores a 1.979. Y lo cierto es que la mayoría de las denuncias interpuestas en los Juzgados gaditanos son de fechas anteriores.

La posibilidad de que la Fiscalía recurra al Supremo no parece probable. Entre otras cosas, porque la sentencia del Alto Tribunal que ha absuelto al inhabilitado juez Garzón en el caso de la memoria histórica, la jurisprudencia más actual sobre el asunto, ha sentado una tesis sobre la prescripción de la detención ilegal que se aventura que va a deparar el archivo de todos estos procedimientos d bebés robados.

En esa sentencia de Garzón, entre otras cosas, , se dice que el carácter permanente del delito de detención ilegal sin dar razón del paradero, la tesis que ahora habría intentado defender en Cádiz la Fiscalía con los casos de bebés robados, "no deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica". Y sobre el caso concreto de la memoria histórica, además de aludir a que en esa fecha, no existía en el Código vigente este delito con tipo agravado, dice textualmente que "un detenido ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en 2006, pueda racionalmente pensarse que siguió detenido más allá del plazo de prescripción de 20 años, por señalar el plazo máximo".

REUNIÓN DE SOS BEBÉS ROBADOS

SOS Bebés Robados Cádiz ha convocado para el viernes 16 , a las 16:30 horas, una reunión en la Facultad de Filosofía para centralizar todas las peticiones de exhumaciones en el cementerio de San José. La asociación pide la colaboración de laboratorios que hagan pruebas de ADN en los desenterramientos que efectuará el Ayuntamiento de Cádiz.