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viernes, 16 de marzo de 2012

La Fiscalía vuelve a denunciar a la monja sor María Gómez Valvuena por el robo de niños


MARÍA JOSÉ ESTESO POVES / REDACCIÓN DIAGONAL

La Fiscalía de Madrid ha denunciado a la monja sor María Gómez Valbuena por su presunta implicación en el robo de niños.

La Fiscalía ya citó a declarar como imputada a la religiosa que se negó a prestar declaración, ahora ha sido denunciada de nuevo, esta vez por detención ilegal en uno de los casos de bebés robados que se investiga, según consta en la demanda interpuesta ante el juzgado de Madrid número 43, según se ha dado conocer hace unas horas.

La Fiscalía investiga un caso de 1982, el de María Luisa Torres, entonces una madre separada, que fue engañada por la monja Gómez Valbuena y que tras dar a luz en la clínica San Ramón, la religiosa le dijo que la recién nacida había fallecido. El parto fue atendido por el doctor de esa clínica, Eduardo Vela Vela, quien está también acusado de tráfico de bebés por decenas de familias. Por lo que es previsible que sea llamado a declarar por la Fiscalía en breve.

Estos hechos se han repetido en muchos más casos, según los testimonios aportados por muchas madres. En los dos últimos años decenas de familias afectadas han señalado públicamente a esta monja como parte de una trama que entregó a los bebés a otros padres no biológicos.
1.500 denuncias en todo el Estado por robo de niños.

La Fiscalía cuenta con más de 200 denuncias por el robo de niños durante el Franquismo y hasta bien entrada la democracia en los años 80. El 50% de los casos se han archivado, pero unos 100 casos están siendo investigados. Sin embargo, son más de 1.500 las denuncias hechas por las familias afectadas por el robo de bebés en todo el Estado Español.

La monja sor María Gómez Valbuena fue durante más de 30 años (entre los años ’60 y los ’80) de los asistente social en la maternidad pública de Santa Cristina, en O’Donnell, allí recibía a los padres que venían ‘recomendados’ por una organización privada, la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA), avalada por el Estado, el Tutelar de Menores y por organizaciones católicas como Cáritas o Mensajeros de la Paz. También llegaban hasta Gómez Valbuena familias que eran enviadas por distintas órdenes religiosas para conseguir bebés.

LISTAS PARA ENTREGAR BEBÉS ROBADOS

En el hospital, la monja elaboraba las listas para dar a los niños que supuestamente las madres solteras y otras mujeres abandonaban. Sin embargo, según se ha dado conocer a través de las denuncias y decenas de testimonios de madres e incluso de enfermeras (como publicó DIAGONAL) lo que ocurría en esas maternidades era que una trama de médicos, monjas, abogados, notarios, taxistas, empleados de funerarias, etc. participaban de la entrega de bebés como un negocio que se llevaba a cabo tanto en hospitales públicos, como Santa Cristina, 0’Donnell, y otros del Estado español, desde Bilbao, Granada, Tenerife, Zaragoza, Málaga, etc., y clínicas privadas como San Ramón en Madrid y otras como la Cigüeña en Valencia.

Estos centros, surtían de bebés a la monja a cambio de que los futuros padres adoptivos pagasen una elevada cantidad de dinero y educaran a los hijos en determinados principios religiosos. La monja sor María Gómez Valbuena de la orden de las Hermanas de la Caridad, actuaba en connivencia también con otras monjas de esta misma orden que operaban de la misma manera en otras provincias e intercambiaban bebés desde un extremo a otro del Estado.

EL TRÁFICO DE NIÑOS ROBADOS

Goméz Valbuena era la más activa de la red de supuestas adopciones. Al mismo tiempo, prometía ayudar a las mujeres sin recursos y solteras embarazadas y las acogía en centros regidos por monjas, pisos y pensiones. En otros casos eran los padres de las jóvenes embarazadas las que conducían a sus hijas hasta la monja y daban su consentimiento, de espaldas a la embarazada, para que el niño fuera entregado a otra familia.

Cuando se acercaba la fecha del parto, sor María trataba de convencer a las jóvenes y si no conseguía su objetivo, las mujeres eran dormidas durante el parto y cuando despertaban les decían que el niño había muerto y que el hospital se encargaba de enterrarlo. Mientras, el bebé ya había sido entregado a otra familia, previo pago de importantes cantidades, como han denunciado madres e hijos que ahora buscan su identidad.

La monja era conocida en todo el Estado español e incluso en el extranjero donde fueron a parar muchos bebés . Ahora la Fiscalía ha imputado a la monja, cabecilla de esta trama de robo de bebés que incluso ya en los ’70 presumía de haber dado en adopción a cientos de niños.

miércoles, 7 de marzo de 2012

Mazazo judicial a la causa de los 'bebés robados' en hospitales de Cádiz


Rechazado el recurso de Fiscalía contra el archivo de una denuncia por prescripción.

La Audiencia, en Pleno, acuerda que han prescrito los casos anteriores a 1.979


Rosa Romero / Diario de Cádiz


La causa de los 'bebés robados' en hospitales de Cádiz acaba de sufrir un mazazo judicial que se antoja prácticamente insalvable. La Audiencia Provincial acaba de rechazar un recurso interpuesto por la Fiscalía contra uno de los autos dictados por el Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz que decretó el sobreseimiento de una denuncia por prescripción del delito.

Se trata de un caso que ya fue archivado en primera instancia, y que la Fiscalía recurrió, siendo entonces, en abril de 2011, admitida su apelación por la Audiencia, que ordenó reabrir el asunto al Juzgado. Ahora, en cambio, el auto de la Sección Tercera considera que la nueva resolución del Juzgado que ha decretado otra vez el archivo "realiza una brillante y sistemática exposición de la cuestión". En esencia, la Audiencia sostiene que en estos casos, hay que tener en cuenta la tesis que entonces se mantuvo desde la Fiscalía, que estaríamos ante casos de supuestos delitos de detención ilegal de menores, y que el plazo de prescripción debía empezar a correr a la fecha de cumplimiento de la mayoría de edad. Una tesis que, dice el auto de la Sección Tercera, "hicimos nuestra y que seguimos sosteniendo, tras ser avalada por el Pleno de esta Audiencia celebrado el pasado 10 de febrero de 2012", interpretación que, recoge el auto, ha sido acogida por otras Audiencias como la de Bilbao.

Así las cosas, para la Audiencia el auto recurrido por la Fiscalía "se plantea todas y cada una de las posibilidades que razonadamente va acotando hasta llegar a la conclusión que en el mejor de los escenarios, estaríamos en presencia de un delito de detención ilegal cometido por funcionario público (por poder estar implicado personal de hospitales públicos) sometido a un plazo de prescripción de 15 años, que deberá computarse desde la fecha de la mayoría de edad, plazo transcurrido sobradamente a la fecha de la denuncia, marzo de 2011". De ahí que considere que el archivo debe ser refrendado.

Esto significa que, a tenor de lo acordado por el Pleno de la Audiencia, para que los casos puedan salvarse del sobreseimiento, tiene que tratarse de niños que hoy tengan menos de 33 años, cifra derivada de los 15 años de prescripción y los 18 de mayoría cumplida. O lo que es lo mismo, que los nacimientos se hayan producido en fechas posteriores a 1.979. Y lo cierto es que la mayoría de las denuncias interpuestas en los Juzgados gaditanos son de fechas anteriores.

La posibilidad de que la Fiscalía recurra al Supremo no parece probable. Entre otras cosas, porque la sentencia del Alto Tribunal que ha absuelto al inhabilitado juez Garzón en el caso de la memoria histórica, la jurisprudencia más actual sobre el asunto, ha sentado una tesis sobre la prescripción de la detención ilegal que se aventura que va a deparar el archivo de todos estos procedimientos d bebés robados.

En esa sentencia de Garzón, entre otras cosas, , se dice que el carácter permanente del delito de detención ilegal sin dar razón del paradero, la tesis que ahora habría intentado defender en Cádiz la Fiscalía con los casos de bebés robados, "no deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica". Y sobre el caso concreto de la memoria histórica, además de aludir a que en esa fecha, no existía en el Código vigente este delito con tipo agravado, dice textualmente que "un detenido ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en 2006, pueda racionalmente pensarse que siguió detenido más allá del plazo de prescripción de 20 años, por señalar el plazo máximo".

REUNIÓN DE SOS BEBÉS ROBADOS


SOS Bebés Robados Cádiz ha convocado para el viernes 16 , a las 16:30 horas, una reunión en la Facultad de Filosofía para centralizar todas las peticiones de exhumaciones en el cementerio de San José. La asociación pide la colaboración de laboratorios que hagan pruebas de ADN en los desenterramientos que efectuará el Ayuntamiento de Cádiz.

sábado, 3 de marzo de 2012

El Gobierno del PP suprime la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura


Sus competencias y funciones se diluirán dentro de la genérica División de Derechos de Gracia y otros Derechos.

http://www.tercerainformacion.es/

La oficina encargada de las víctimas de la guerra civil y la dictadura de Franco, creada en diciembre del 2.008 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido suprimida por el actual gobierno del Partido Popular.

Según ha comunicado el Consejo de Ministros sus funciones, una de la más importantes era la coordinación de las exhumaciones de los restos de desaparecidos, se traspasan a un departamento más genérico como es el de División de Derechos de Gracia y otros Derechos.

Alguna de las actuaciones más relevantes que ha llevado a cabo hasta ahora dicha oficina han sido: la elaboración de un mapa de fosas, con su localización y otros datos relevantes (se contabilizaron casi 2.300); la elaboración de un protocolo científico para llevar a cabo las exhumaciones y una labor de información y consulta sobre la Ley de Memoria Histórica.

La decisión tomada por el Partido Popular ha sido duramente criticada por el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, que ha definido como “burla” esta supresión y ha mostrado su indignación por el modo en que el partido en el gobierno trata a las víctimas del franquismo y en su opinión demostrando que para ellos "Hay víctimas que merecen la verdad, la justicia y la reparación, y otras que no merecen ni una mesa ni un teléfono".

Con igual contundencia se ha expresado Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha mostrado su tristeza por lo que supone en su opinión el cierre de la “única puerta” con la que los represaliados podían contar. Ha añadido a sus críticas la celeridad con que se ha tomado la decisión desde el gobierno y ha señalado la doble moral del mismo partido a la hora de incluir en sus estatutos la solidaridad con las víctimas de cualquier tipo de violencia y tomar decisiones como estas.

jueves, 1 de marzo de 2012

Bebés robados en Jerez


La juez ya ha citado a médicos en la trama de los bebés robados

http://www.andaluciainformacion.es
R. A.


El caso de los bebés robados avanza a pasos agigantados en Jerez. Si hace apenas un mes declaraban ante la juez las primeras familias después de que Fiscalía diera traslado de las denuncias, ahora también lo han hecho médicos que formaron parte del equipo de facultativos que asistieron a varios partos sobre los que pesan denuncias por esta trama. Además, a lo largo de esta última semana el juzgado ha dado una vuelta de tuerca más a las investigaciones después de autorizar la exhumación de un cadáver de una niña de tres días que finalmente no se llevó a efecto tras reparar que no se había avisado a los padres de la menor.

La vicepresidenta y representante en Jerez de SOS Bebés Robados de Cádiz, Luisa Fernanda Terrazas, no se explica este episodio que, aunque es fruto de los avances en la investigación, no se llevó a cabo con las garantías que recoge la ley. Ella misma avisó a la madre de la niña cuando le informaron de lo que estaba pasando. Al parecer, se olvidaron de avisar a los padres y hasta la trabajadora del cementerio llegó incluso a quitar la lápida del nicho y fue en ese momento cuando preguntaron por los padres o por algún miembro de la familia y repararon de que no había nadie. La interrupción se hizo prácticamente in extremis, como relata Terrazas.

Se da la circunstancia que en el caso de los padres de esta niña, nacida en 1982 en el Hospital de Jerez, aún no habían pasado ni por Fiscalía ni por el juez, por lo que para Terrazas que vivió “con muchos nervios” lo ocurrido, la diligencia con la que se adoptó esta medida responde a que “lo tienen muy claro” y es un indicio más de que las averiguaciones van por el buen camino. En cualquier caso, de haberse consumado hubiera sido la primera exhumación que realiza en Jerez por este caso, por lo que la representante del colectivo cree que solventada esta incidencia no tardará en llegarse a efecto, pero ya con la presencia de los padres, que al día siguiente de lo ocurrido fueron citados en el juzgado.

Ni la primera ni la última

De hecho, en esta comparecencia, el juzgado informó de lo sucedido al matrimonio y los emplazó a la próxima semana para concretar una fecha para proceder a abrir la tumba en la que presuntamente están los restos de su hija, que ahora tendría 28 años, con lo que Terrazas estima que la exhumación, ahora ya con sus padres presente, no tardará más de un mes en producirse. A la par, en SOS Bebés Robados también están convencidos de que a esta le seguirán más exhumaciones. “También hay un caso de una familia de Arcos que supuestamente también tienen enterrada a su hijo en el cementerio de Jerez y que exhumarán pronto”, añade. Hasta el momento, el abogado de la asociación, Martín de la Herrán, ha contabilizado más de 300 casos entre Jerez y el resto de la provincia, sin sumar los que no han sido denunciados.

La próxima familia declara el 7 de marzo

El Juzgado de Instrucción ha citado para el próximo 7 de marzo a las 10.00 horas a un nuevo matrimonio jerezano afectado por la presunta trama de bebés robados. Con ella será ya la quinta familia que narra ante la juez su testimonio y la lucha de toda una vida por saber qué pasó realmente con el paradero de su hijo. Hasta ahora, el balance que hacen desde el colectivo SOS Bebés Robados es positivo, desde que el pasado 30 de enero acudieran a los juzgados de la avenida Tomás García Figueras los primeros padres para comparecer ante la juez. El mensaje posterior tras narrar uno de los relatos más importantes de su vida era de “muy buenas esperanza”.

sábado, 25 de febrero de 2012

Familiares de bebés robados se concentran de nuevo en Cádiz el lunes


La asociación acudirá al Pleno en el que IU solicitará apoyo a su causa a través de varias propuestas.

Familiares de supuestos bebés robados protagonizarán este próximo lunes otra movilización para conseguir una mayor implicación de las autoridades en el respaldo de su causa. Para ello, miembros de la asociación SOS Bebés Robados Cádiz, que preside la isleña Chari Herrera, tienen previsto concentrase ante el Ayuntamiento, en la plaza de San Juan de Dios, al mediodía. Con posterioridad, acudirán al pleno municipal, en el que el grupo de Izquierda Unida elevará varias propuestas de respaldo a su causa.

La formación, por un lado, propondrá que el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz muestre todo su apoyo a las familias que han padecido este problema, así como también a la asociación en las actuaciones que están realizando para esclarecer los casos de desaparición de niños recién nacidos.

También urgirá a la Corporación que preside la popular Teofila Martínez a instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación a que adopten las medidas necesarias para garantizar el derecho a la verdad exigido por estas familias. En este punto, se pretende además conseguir el respaldo para solicitar al Gobierno andaluz a la creación de una Comisión de Investigación Interdepartamental para conocer la verdad de lo ocurrido.

En paralelo, IU quiere que el Pleno inste a la Empresa Pública Cemabasa (que preside el Ayuntamiento) a colaborar con estas familias para facilitarles los trámites y el apoyo técnico necesarios para la apertura de las sepulturas en el cementerio de San José, donde oficialmente figuran como enterrados muchos de los bebés de los casos denunciados. Y por último, se solicitará apoyo para requerir colaboración tanto al Obispado de Cádiz como a los hospitales para esclarecer los casos.

martes, 21 de febrero de 2012

Conferencia de Alicia Domínguez en Puerto Real

"El valor de La Memoria", 75 años después.
Jueves 23 de Febrero a las 19,30 h. en
La Casa de la Juventud (C/. Soledad)
Puerto Real (Cádiz)

Alicia Domínguez:

Nacida en Madrid en 1966, es doctora en Historia por la Universidad de Cádiz.
Destaca en su actividad el trabajo de investigación que bajo el título “El verano que trajo un largo invierno”, aborda la represión político-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945).

Con éste, que es su primer libro publicado, pretende "desvelar la realidad del alzamiento en Cádiz durante 1936 y la represión de los años posteriores, tomando como centro las leyes represivas más duras que aplicó la Dictadura", según sus propias palabras.

Tras la tormenta de desgracias que dividió a España en dos allá por los años 30, los vencidos hicieron un pacto de silencio ante la cruenta represión de los vencedores, una mordaza que "alcanzó todos los ámbitos de la sociedad, por ello el miedo fue la gran baza que jugó la Dictadura".

"Yo pertenezco a una familia de vencidos y en mi casa se ha preferido no hablar de estos temas. Cuando ya llegó la democracia me decían "no te metas en líos no vaya a ser que de nuevo se le dé la vuelta a la tortilla". Todavía persistía el miedo a los delatores, a los otros. Por fortuna, actualmente se está perdiendo".

Sus palabras hablan de compromiso personal con la memoria y la justicia mientras que con su trabajo de investigación expresa su honestidad intelectual.

viernes, 10 de febrero de 2012

La destrucción de la Democracia: Vida y muerte de los alcaldes del Frente Popular en la provincia de Cádiz


La destrucción de la Democracia: Vida y muerte de los alcaldes del Frente Popular en la provincia de Cádiz, es una obra colectiva de diferentes historiadores gaditanos que abordan la vida, obra política realizada y muerte de los últimos alcaldes republicanos de la provincia de Cádiz.

El proyecto de edición de este trabajo de investigación histórica nace a mediados de 2010, para que coincidiera su publicación (en 2011) con el 75 Aniversario del Golpe de Estado de 1936, así como de la Asamblea de alcaldes de la provincia de Cádiz desarrollada unos días antes en Diputación -el 12 de julio de 1936-, para abordar la problemática del paro en la provincia. La principal finalidad de la obra es sacar a la luz las biografías de los últimos alcaldes democráticos gaditanos en la II República y, al mismo tiempo, llevar a cabo un acto Homenaje a dichas personalidades, así como a sus familias.

La obra consta de dos volúmenes con casi 1.200 páginas y fue iniciativa del Servicio de Memoria Histórica de la Diputación de Cádiz. Ha sido coordinada por Santiago Moreno Tello, y editada por la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía (Consejería de Presidencia y Justicia), con la colaboración de la Diputación de Cádiz.


ÍNDICE

Vol. I

Introducción,
por Santiago Moreno Tello

Antonio Gallego Visgleiro, ultimo alcalde republicano de Alcalá de los Gazules
por Juan Carlos Perales Pizarro.

Cándido Marín Portales, alcalde socialista de Alcalá del Valle
por Fernando Romero Romero.

Ignacio Girón Romero, último alcalde republicano de Algar
por Santiago Moreno Tello, Jesús Román Román y Fernando Sígler Silvera.

La inestabilidad del Frente Popular: El alcalde de Algeciras Salvador Montesinos
por José Manuel Algarbani Rodríguez.

Antonio Valle Marchena: El último alcalde algodonaleño de la Segunda República
por Juan Carlos Ramírez Sánchez.

Alfonso Arroyal Cañas, último alcalde democrático de Arcos de la Frontera en la Segunda República
por María Jesús Garófano Fernández y Ana Ruiz García.

Francisco Tato Anglada, el farmacéutico y alcalde pedáneo de Barbate en 1936
por Francisco Javier Hernández Navarro y Santiago Moreno Tello.

Los intentos de modernización de la administración municipal republicana en Los Barrios
por José Manuel Algarbani Rodríguez.

La cosa pública en Casas Viejas de 1931 a 1936. Del encanto a la derrota
por Salustiano Gutiérrez Baena.

José Pérez del Puerto. Alcalde de Benaocaz en 1936
por Fernando Sígler Silvera.

Apuntes sobre la biografía de Antonio Garrido Jiménez, alcalde de Bornos
por Hugo Palomares Beltrán.

Manuel Ardila Valenzuela, el último alcalde de la Segunda República en El Bosque
por Jesús Román Román.

Manuel de la Pinta Leal, último alcalde de la Segunda República en Cádiz
por Rubén Benítez Aragón, Santiago Moreno Tello y Jesús Núñez Calvo.

José Ruiz Vázquez, alcalde de Castellar de la Frontera. Caciquismo y lucha campesina
por José Manuel Algarbani Rodríguez.

Javier de la Cruz Cortijo, alcalde de Chiclana
por José Luis Aragón Panés.

Chipiona: Manuel Miranda de Sardi
por Sebastián Guzmán Martín.

Conil de la Frontera: José Camelo Ramírez
por Magdalena González Martín.

Antonio Mancheño Lozano, alcalde de Espera en 1936
por Fernando Sígler Silvera.

Miguel Zambrana Atienza, el alcalde Sindicalista de El Gastor
por Fernando Romero Romero y Pepa Zambrana Atienza

La Segunda República en Grazalema y la figura de Andrés Peña Ruiz, alcalde republicano
por Jesús Román Román.

Antonio Oliver Villanueva (1901-1936), último alcalde republicano de Jerez de la Frontera
por José García Cabrera y Cristóbal Orellana González.

Aquí venían mandando siempre los mismos. “El ayuntamiento de las varas verdes”: Cristobal Vera Saraiba
por José Manuel Algarbani Rodríguez.

Vol. II.

José Agüero Baro, de la alcaldía republicana de La Línea al exilio
por José Manuel Algarbani Rodríguez, Santiago Moreno Tello y Carlos María Porras Castaños.

Medina Sidonia: Angel Ruiz Enciso, un alcalde querido y respetado
por Maria José Dávila Cabañas.

José María Sánchez Reviriego, alcalde de Olvera
por Juan Antonio del Rio Cabrera.

Ramón Dávila Díaz, alcalde de Paterna de Rivera
por José Luis Gutiérrez Molina.

Hilario Gutiérrez García, alcalde republicano de Prado del Rey
por Fernando Romero Romero.

Manuel Fernández Moro, último alcalde republicano de El Puerto de Santa María
por Raquel Bolarín Gilbel y Pilar Peruyera Berros.

José María Fernández Gómez, alcalde del Frente Popular asesinado en Puerto Real
por José Pizarro Fernández.

Miguel Rodríguez Rivera y José Orta Rebollo, alcaldes republicanos de Puerto Serrano
por Santiago Moreno Tello y Fernando Romero Romero.

Carlos González Camoyán, último alcalde republicano en Rota
por Mercedes Rodríguez Izquierdo y Pedro Pablo Santamaría Curtido.

San Fernando: Cayetano Roldán Moreno
por Patricia Fernández Marín.

Antonio Galiardo y Luis Ortega, últimos alcaldes republicanos de San Roque
por Antonio Pérez Girón.

Bienvenido Chamorro Merino. Último alcalde de Sanlúcar de Barrameda en la Segunda República
por José Antonio Viejo Fernández.


La II República, Setenil y Manuel Gómez Benítez
por Santiago Moreno Tello.

Amador Mora Rojas, un defensor de los trabajadores al frente del ayuntamiento de Tarifa
por Antonio Morales Benítez.

Pedro Pérez Álvarez, alcalde socialista de Torre Alháquime
por Fernando Romero Romero.

Juan Galán Barba, último representante de los alcaldes republicanos trebujeneros del siglo XX
por Luis Caro Romero.

Último alcalde republicano de Ubrique, Manuel Arenas Guerrero “el Americano”
por Antonio Morales Benítez.

Francisco Salgueiro, último alcalde republicano de Vejer de la Frontera
por Francisco Javier Hernández Navarro y Santiago Moreno Tello.

Juan Gutiérrez Barea, último alcalde republicano de Villaluenga del Rosario
por Antonio Morales Benítez y Santiago Moreno Tello.

Fernando Redondo Soto y José Morillo Soto, alcaldes socialistas de Villamartín
por Fernando Romero Romero.

Juan Borrego Collado, último alcalde republicano de Zahara de los Membrillos
por Santiago Moreno Tello y Carlos María Porras Castaños.

domingo, 22 de enero de 2012

LUGAR DE MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA


Acuerdo de 30 de diciembre de 2011, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran Lugar de Memoria Histórica de Andalucía la “Casa de Blas Infante”, en Coria del Río, y el “Lugar del fusilamiento de Blas Infante”, en Sevilla. (BOJA de 13 de enero de 2012) Texto completo.

ACUERDO DE 30 DE DICIEMBRE DE 2011, DEL CONSEJO DE GOBIERNO, POR EL QUE SE DECLARAN LUGAR DE MEMORIA HISTÓRICA DE ANDALUCÍA LA “CASA DE BLAS INFANTE”, EN CORIA DEL RÍO, Y EL “LUGAR DEL FUSILAMIENTO DE BLAS INFANTE”, EN SEVILLA.

Preámbulo

I

El artículo 10.3.24. º Del Estatuto de Autonomía para Andalucía establece, entre los objetivos básicos de nuestra Comunidad Autónoma, que los poderes públicos velarán por la salvaguarda, conocimiento y difusión de la historia de la lucha del pueblo andaluz por sus derechos y libertades. Por ello, identificar los sitios y lugares de memoria como espacios de revitalización de la Memoria Histórica que incentiven la identidad cultural de la comunidad, fortalezcan su sentido de pertenencia al territorio y sean parte constituyente del aprendizaje de nuestra herencia democrática, es otro compromiso estatutario de los poderes públicos que, en el marco del artículo 11 del Estatuto de Autonomía, promoverán el desarrollo de una conciencia ciudadana y democrática plena, fundamentada en los valores constitucionales y en los principios y objetivos establecidos en el Estatuto.
En este contexto, el Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía supone un instrumento útil para constatar los acontecimientos acaecidos durante la Guerra Civil y Dictadura franquista y evitar que el paso del tiempo conlleve su olvido.
De acuerdo con el citado Decreto, corresponde al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a propuesta de la persona titular de la Consejería competente en materia de Memoria Histórica, acordar la declaración de los Lugares de Memoria Histórica de Andalucía.

II

Don Blas Infante Pérez de Vargas, nacido el 5 de julio de 1885 en la población malagueña de Casares, fue político, pensador, ideólogo y escritor de temas andaluces. Se licenció en Derecho por la Universidad de Granada, aprobando las oposiciones al Cuerpo de Notarios. En 1915 se publicó su obra más importante “Ideal Andaluz” donde expone su visión personal de la historia, la identidad y los problemas de Andalucía, así como propuestas para su fortalecimiento. Tres años después, en 1918, se celebró la Asamblea de Ronda que estableció las bases a seguir por el andalucismo para obtener la autonomía política de Andalucía y además se aprobó la propuesta de Blas Infante de adoptar como “insignias de Andalucía” una bandera inspirada en la andalusí verdi blanca y un escudo con Hércules. De forma simultánea a la proclamación de la República en 1931, se hizo cargo de la Notaría de Coria del Río, donde construyó una casa que llamó Dar al-Farah (en árabe, Casa de la Alegría) inspirada en la arquitectura de Al-Andalus, encargándose personalmente de su decoración.
En el año 1933 propuso que la melodía del canto religioso Santo Dios, un himno que los jornaleros cantaban al terminar su día de trabajo, fuera el himno de Andalucía y él mismo cambió la letra por una composición suya. Este himno, junto con la bandera y el escudo elegidos por la Asamblea de Ronda de 1918 son los símbolos de Andalucía como recoge el artículo 3 del Estatuto de Autonomía.
En 1936, el movimiento político andalucista, en la Asamblea celebrada en Sevilla el 5 de julio, le aclamó como presidente de honor de la futura Junta Regional de Andalucía. Poco después, tras el golpe de estado, fue detenido en su residencia de Coria del Río y fusilado el 11 de agosto, en el kilómetro 4 de la Carretera de Carmona junto al cortijo conocido como Gota de Leche.
Ha sido considerado oficialmente como el máximo exponente del andalucismo, corriente ideológica que pretendía alcanzar un estado social y político que mejorara las condiciones de vida de los hombres y mujeres de la Andalucía de su tiempo; y su lucha por el ideal de una Andalucía libre y solidaria, ha sido reconocido por el Parlamento de Andalucía, que lo considera Padre de la Patria Andaluza.

III

“Villa Alegría”, la Casa de Blas Infante en Coria del Río, Sevilla, contiene elementos representativos y fundamentales de valores históricos y simbólicos del pueblo andaluz, al ser el lugar donde radican buena parte de las huellas materiales de la conquista de la autonomía de Andalucía, entre las que cabe destacar los originales del Escudo, Bandera y Partitura del Himno, junto con el piano donde fue compuesto, además de la documentación que Blas Infante reunió o produjo en el transcurso de su vida, truncada violentamente en agosto de 1936.
La casa, construida en una parcela rústica al límite del municipio, está ubicada sobre un altozano desde el que se divisa el Guadalquivir, río al que Blas Infante otorga el significado simbólico de imagen de Andalucía que, por otra parte, se encuentra representada en cada rincón de la casa y en su entorno, mediante elementos ornamentales y constructivos que reflejan los periodos de mayor esplendor histórico de nuestra tierra.
Diseñada para residencia familiar y como diáfano exponente material de su “Ideal Andaluz”, Blas Infante plasma en Villa Alegría el espíritu de los centros andalucistas, creados para la formación y el estudio de la cultura e historia andaluza, concebida ésta última bajo el prisma de los movimientos republicanos y federalistas del siglo XIX, que tanto contribuyeron a la formación de la ideología de Infante. Desde este sitio, que habitó desde 1932 a 1936, vivió el líder andalucista periodos clave de su trayectoria política, tales como el proceso de reconocimiento del gobierno de la República a las nacionalidades del Estado Español y el comienzo de la redacción de los estatutos de las futuras comunidades autónomas, entre ellos el de Andalucía.
La detención de Blas Infante se produce en esta casa de la que sale el 2 de agosto de 1936 y a la que no volvería, al ser fusilado en la madrugada del día 11 del mismo mes en las inmediaciones de un cortijo, conocido como de la Gota del Leche por haber pertenecido a la antigua institución benéfica denominada Consultorio de Niños de Pecho y Gota de Leche, situado próximo a la ciudad de Sevilla en el margen de la carretera de Carmona. Junto a él, José González y Fernández de la Bandera, ex alcalde de Sevilla, diputado al igual que Manuel Barrios Jiménez, Presidente de la Federación Provincial del PSOE; Fermín de Zayas funcionario municipal y secretario de la masonería andaluza y Emilio Barbero Núñez, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla y militante de Unión Republicana.

IV

Los Lugares así identificados representan un valor histórico y simbólico fundamental para el pueblo andaluz y son esenciales para afianzar la conciencia de identidad y cultura andaluza, por ello son objeto de especial protección y tutela por parte de los poderes públicos. La Casa de Blas Infante ha sido declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento mediante Decreto 133/2006, de 4 de julio, y mediante Decreto 173/2001, de 31 de mayo, se ha inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Bien de Interés Cultural, con la tipología de Sitio Histórico, el lugar del fusilamiento de Blas Infante en Sevilla, de acuerdo con la normativa en vigor en materia de Patrimonio Histórico.
La declaración como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía de la “Casa de Blas Infante”, en Coria del Río, y el “Lugar del fusilamiento de Blas Infante”, en Sevilla, no conlleva un nivel de protección adicional al que ya disfrutan como Bienes de Interés Cultural, pero supone un reforzamiento de su carácter simbólico de espacios de revitalización de la Memoria Histórica, con un claro objetivo de incitar e inducir, no solo a las Administraciones Públicas andaluzas sino a la sociedad andaluza en su conjunto, a recordar y preservar estos Lugares para fomentar una cultura de paz y diálogo. Se propicia, por tanto, con estas declaraciones de Lugares, el recordatorio y reconocimiento de una figura de importancia capital para Andalucía, como fue Blas Infante y otros que, como él, fueron asesinados por ejercer sus derechos fundamentales, así como por la defensa de la libertad y la democracia.
Por otra parte, ambos Lugares, así como la documentación asociada a cada uno de ellos, serán objeto de inscripción de oficio en el Catálogo de Lugares de la Memoria Histórica de Andalucía, que se conceptúa como un instrumento útil para el conocimiento, consulta y divulgación de los mismos, ya que es público y puede ser consultado libremente. Se potencia con ello la máxima difusión y perdurabilidad de los Lugares en el entendimiento de que con ello se evita su postergación y olvido.

V

El procedimiento para la declaración de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía de la “Casa de Blas Infante”, en Coria del Río, y el “Lugar del fusilamiento de Blas Infante”, en Sevilla, se inició de oficio por Acuerdo del Comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica de 6 de septiembre de 2011, de conformidad con el artículo 4.1 del Decreto 264/2011, de 2 de agosto, por el que se crean y regulan la figura de Lugar de Memoria Histórica de Andalucía y el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía.
El 7 de septiembre de 2011 se reunió la Comisión Interdepartamental para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo en la Comunidad Autónoma de Andalucía y acordó constituir el grupo de trabajo que le asiste y que está integrado por personas expertas en materia de Memoria Histórica, en la forma prevista en el artículo 3 del precitado Decreto.
El 26 de septiembre de 2011 el grupo de trabajo se reunió para estudiar las propuestas de declaración de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía remitidas por el Comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica y acordó, por unanimidad, informar favorablemente la declaración de ambos Lugares de Memoria Histórica de Andalucía.
La persona titular del Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica formuló propuesta de resolución para la declaración de ambos Lugares de Memoria Histórica con fecha de 4 de octubre de 2011 y la elevó, conjuntamente con el expediente, al Consejero de Gobernación y Justicia, a los efectos de que éste solicitara a la Comisión Interdepartamental para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo, el dictamen sobre la propuesta de declaración de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4.4 del Decreto.
La Comisión Interdepartamental para el reconocimiento de las víctimas de la Guerra Civil y del Franquismo, reunida en sesión de 26 de octubre de 2011 emitió dictamen favorable a la declaración de los dos Lugares mencionados.
En su virtud y de acuerdo con lo establecido en los artículos 21.6 y 46.3 de la Ley 6/2006, de 24 de octubre, del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía, a propuesta del Consejero de Gobernación y Justicia, de conformidad con el artículo 4, apartado 5, del Decreto 264/2011, de 2 de agosto y previa deliberación, el Consejo de Gobierno en su reunión del día 30 de diciembre de 2011,

ACUERDA

Primero. Declarar Lugares de la Memoria Histórica de Andalucía, los siguientes:
La “Casa de Blas Infante” en Coria del Río.
El “Lugar de fusilamiento de Blas Infante” en Sevilla.
Segundo. Ordenar la publicación de este Acuerdo en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Tercero. Incluir ambos Lugares en el Catálogo de Lugares de Memoria Histórica de Andalucía, así como la documentación asociada a cada uno de ellos.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa de acuerdo con lo previsto en el artículo 112.a) de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, se podrá interponer, desde el día siguiente al de su publicación, recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que lo dicta, en el plazo de un mes, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, o bien directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de acuerdo con lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

http://www.otrosi.net/article/memoria-hist%C3%B3rica-de-andaluc%C3%AD

domingo, 15 de enero de 2012

¿“adecentar” la estatua del genocida Varela?


Como Loaiza y su gobierno (PP y PA) se dedican, en un ejercicio de “austeridad” a gastar el dinero de los isleños en “adecentar” la estatua del genocida Varela, siguen negándose a cumplir la Ley y además son aplaudidos por los herederos e hijos del bilaureado asesino, AMERE reedita dos artículos publicados en este blog para refrescarles la MEMORIA.

El golpe del 36 en San Fernando; Un genocidio planificado

Cádiz y San Fernando fueron las primeras ciudades de la Península en sufrir las consecuencias del intento de golpe de Estado de 1936, el cual desembocaría en la guerra civil que asolaría el país desde 1936 a 1939.

Los sediciosos, en el caso de La Isla, comenzaron entonces una sistemática destrucción de todo lo que oliera a República, incluyendo el exterminio, el expolio y la depuración.

El isleño José Enrique Varela Iglesias, que cumplía arresto militar una vez más a causa de sus reiteradas conspiraciones contra la República, es liberado el 18 de julio de su reclusión en el Castillo de Santa Catalina (Cádiz) por el gobernador militar, general López-Pinto Berizo. Acto seguido, Varela se pone al mando de las tropas alzadas y se hará con el control de la ciudad, tras asediar y rendir el Gobierno Civil. La resistencia popular fue escasa, lo que avala la afirmación de que en la provincia –y más aún como veremos, en San Fernando- no hubo guerra, sino simplemente represión.

En San Fernando, Ricardo Olivera Manzorro, a quien la República le retiró la confianza pocos días antes, fue nombrado comandante militar por los insurgentes, aprestándose inmediatamente a publicar el bando de guerra y a ordenar a fuerzas de Marinería e Infantería de Marina la ocupación de los puntos estratégicos de la ciudad. Al respecto, la historiadora Alicia Domínguez Pérez, en su libro "El verano que trajo un largo invierno", reseña cómo en San Fernando, “(…) los únicos que resistieron al alzamiento fueron las dotaciones de los buques Lauria y Cánovas del Castillo. El primero fue cañoneado desde tierra, provocando esto su hundimiento, y el Cánovas, bombardeado desde el aire por dos aviones, izó la bandera blanca. La dotación fue desarmada y detenida”. No tardaría mucho en iniciarse una feroz purga contra la oficialidad y la tropa que se mostró leal a la República.

El 21 de julio los golpistas locales escenifican la constitución de la nueva Corporación Local. Ocupa la presidencia el susodicho Ricardo Olivera Manzorro, a quien acompañan seis oficiales, entre ellos Ricardo de Isasi Ivisón, “al objeto de posesionarlos en los cargos para que han sido designados en este Ayuntamiento”. En su discurso, Olivera Manzorro emplea la excusa que los facciosos usaron para confundir a la ciudadanía: “El glorioso movimiento emprendido por el Ejército y la Marina de Guerra (…) tiene como principal misión instaurar en España una República honrada y digna, restablecer el principio de autoridad y volver por los fueros de la Justicia que anularon totalmente los hombres que formaron el Gobierno de ese Frente Popular (…) Me persono en funciones de Comandante Militar para hacer cargo de su Presidencia (alcaldía) al Sr. Comandante de Intendencia don Ricardo Isasi”. El discurso acaba con sendos vivas a España y a la República, aunque esta última palabra acabaría siendo tachada. El alcalde impuesto, Ricardo de Isasi, también dirige una alocución a los asistentes: “(…) Siempre dentro de la Ley, actuaré en todo momento inspirado en favor de los intereses de San Fernando (…)”, a la vez que declara su respeto “(…) a todas las autoridades”, pese a que pronto sería cómplice en el asesinato del alcalde, Cayetano Roldán Moreno, y de buena parte de los concejales democráticamente elegidos.

Como explica Alicia Domínguez, los sediciosos comenzaron una sistemática destrucción de todo lo que oliera a República, incluyendo el exterminio, el expolio y la depuración. En San Fernando, los primeros en ser aprehendidos y asesinados fueron los líderes de sindicatos (CNT y UGT) y partidos de izquierda (Izquierda Republicana, PSOE y PCE), así como un buen número de militares que se mantuvieron leales a la República y también otras personas acusados de ser masones. También fue pasado por armas el pastor protestante Miguel Blanco Ferrer. Nada se dejó a la improvisación en la actividad represora.

Tal como refiere José Casado Montado en Trigo Tronzado. Crónicas Silenciadas, y siguiendo las directrices del ‘cerebro’ del golpe, general Emilio Mola Vidal, en San Fernando también se practicaron homicidios selectivos y alevosos, toda vez que los facciosos, auxiliados para ello por falangistas, tenían perfectamente previsto y planificado a quiénes había que matar. Prueba del afán de exterminio que los movía lo constituye el castigo inflingido a las familias Barbacil y Roldán, a las que asesinaron todos sus miembros varones (padre y dos hijos, en el primer caso, y padre y tres hijos en el segundo).

José Casado expone que los primeros asesinatos en San Fernando tuvieron lugar el 21 de julio de 1936, y en su libro llega a contabilizar hasta veintiséis fusilamientos, estando datados los últimos en 1941. Todo apunta a que los hoy por hoy documentados sean solamente la punta del iceberg. En ‘Trigo Tronzado’ pueden leerse nombres y apellidos de 129 individuos, pero de muchos no quedó rastro alguno.

La mayoría de estas personas pasaron antes de ser asesinadas por un encarcelamiento en condiciones infrahumanas, hacinadas y hambrientas en los calabozos del Ayuntamiento, bien en los penales de La Casería o de Cuatro Torres (en el Arsenal de la Carraca), aunque algunos fueron recluidos en la cárcel de El Puerto de Santa María.

Los lugares de ejecución más comunes: la tapia del cementerio, el caño ‘La Jarcia’ (en las inmediaciones del penal de Cuatro Torres), Barrio Jarana (concretamente en el paraje de Pino Gordo) y Las Canteras (Puerto Real). En el caso de las inhumaciones realizadas en San Fernando, los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes; la única localizada hasta el momento se encuentra en el cementerio, siendo probable que el resto se encuentren diseminadas por el término municipal, sobre todo en terrenos militares, y más específicamente dentro del Arsenal de La Carraca. Hoy por hoy se ignora el número de cuerpos que alberga la gran fosa común del cementerio isleño, pero testimonios orales hablan de varios centenares.


Varela, cómplice de genocidio

Era lamentablemente previsible que no se le retiraran los honores al general golpista y genocida Varela, y que nada se haya dicho acerca del futuro de su estatua situada delante de nuestro Ayuntamiento. Tan tristemente previsible como que haya habido dos varas de medir para con los cómplices franquistas auto galardonados durante esa época gris, y que alguno –caso del ex alcalde García Ráez- haya salido indultado a pesar de haber tomado en su día a sangre y fuego la vecina ciudad de Puerto Real (ya Amere aportó en su día como prueba las actas capitulares de la Villa levantadas por los mismos fascistas). Y es que ciertos poderes fácticos siguen teniendo su peso en La Isla y condicionan la voluntad del bipartito PA/PP.

Miren ustedes: Varela no tiene sus manos limpias de sangre. Y no lo (decimos nosotros ni el más elemental sentido común, habida cuenta de su entusiasta participación en el golpe de Estado de 1936: lo dice el reputado historiador Francisco Espinosa, especializado en la guerra civil y la represión franquista en Andalucía.

Dice el historiador que el, por ahora, Hijo Predilecto de nuestra ciudad fue puesto por Franco al frente de una “columna de la muerte”, y no exagera. Remite Espinosa al libro “General Varela: Diario de Operaciones (1936-1939)”, obra del también historiador Jesús Núñez. En las páginas de dicho libro se constata “la absoluta desproporción entre las bajas de los golpistas y las bajas gubernamentales”. Y como expone Espinosa, la razón es simple: “las columnas de los africanistas no sólo iban realizando brutales razias en cada lugar que ocupaban sino que en su avance no dejaban ni heridos ni prisioneros; de ahí esas cantidades del diario de Varela: buena parte de esos cientos de bajas enemigas no son sino prisioneros aniquilados”.

Con todo, fue sobre todo un capellán jesuita, Fernando Huidobro Polanco, el que dejó un testimonio que Espinosa califica como “clave”. A Huidobro la sublevación le cogió en Friburgo, preparando su doctorado en Filosofía bajo la dirección de Heidegger. Rápidamente regresó a España y a finales de agosto se incorporó como capellán de la 4ª Bandera de la Legión, con la que permaneció hasta su muerte en el frente de Aravaca en 1937.

Relata Espinosa que la particularidad de este capellán es que en octubre de 1936, “es decir, en el preciso momento en que Varela estaba al mando de las columnas que marchaban hacia Madrid, denunció las matanzas indiscriminadas de heridos y prisioneros”. Prosigue el citado historiador diciendo que el clérigo, “alarmado”, llegó a escribir que las dificultades que encontraron sorpresivamente los fascistas para entrar en Madrid eran “castigo por los crímenes incesantes que se están cometiendo de nuestra parte”. Envió las denuncias al círculo de Franco, al Cuerpo Jurídico Militar e incluso al propio Varela. Antes o después todos, hasta el mismísimo general Yagüe (responsable de la matanza de Badajoz), dijeron compartir sus cristianos criterios. “Pero –afirma Espinosa- la matanza estaba hecha”.

Y sirviendo de portavoz a cualquier demócrata que se vista por los pies, apostilla Francisco Espinosa: “¿A qué viene pues tanta duda sobre el monumento a Varela? Fue un traidor al juramento de lealtad que dio a la República; se situó fuera de la ley desde que se sublevó, y como uno más de la cúpula golpista y jefe de la segunda fase de la marcha hacia Madrid fue responsable de la desaparición de miles de personas inocentes.

No parece que un individuo con este currículo, por muy querido que sea por familiares, admiradores y algunos biógrafos, merezca ocupar uno de esos espacios que las sociedades democráticas suelen dejar para las personas que merecen reconocimiento y constituyen un ejemplo a seguir”. Y Nosotros añadimos que nos parece increíble que algunos señores que se llaman progresistas o de izquierdas no reivindiquen, sin más, la aplicación de la ley, y que se anden con paños calientes, hablando de un Foro Ciudadano para debatir si la estatua de este genocida debe seguir o no donde está. Es cuestión de tiempo, de reivindicar la aplicación de la ley por todos los canales posibles –incluso el legal-, pero esa execrable mole gris tiene sus días contados. Y es más: el posicionamiento sobre su continuidad –incluidas dudas metafísicas- servirá para retratar incluso a quienes no tienen redaños para pronunciarse claramente, a pesar de que muchos y muchas de los asesinados por Varela y sus secuaces militaran bajo sus siglas.

jueves, 22 de diciembre de 2011

“El verano que trajo un largo invierno. La represión político-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945)”


El verano que trajo un largo invierno. La represión político-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945). Alicia Domínguez Pérez

El verano que trajo un largo invierno, pretende mostrar el alcance que la cruenta represión político-social practicada por los sublevados tuvo en Cádiz, ciudad “nacional”; inexplicable en razón de la débil resistencia organizada que los defensores del orden republicano pudieron oponer a los golpistas y de la escasa “violencia revolucionaria” que se vivió en los momentos más virulentos del gobierno del Frente Popular. La autora defiende la tesis de que este despliegue de violencia en la localidad gaditana tuvo más una función preventiva que punitiva, tendente a hacer desistir a la población de cualquier intento de oponerse al restablecimiento del viejo orden que la Segunda República pretendió trastocar.

De este modo la represión franquista fue total en vida, bienes, cultura, pensamiento, ocupación laboral… y afectó directa e indirectamente a toda la sociedad gaditana –incluida la derecha moderada-, desvelando este trabajo cómo cualquiera que comulgara mínimamente con las ideas progresistas de laicismo, justicia social, educación o cultura fue sistemáticamente estigmatizado.

Muchos, los más destacados, pagaron con su vida y libertad la defensa de estas ideas, otros, los más anónimos que en algún momento mostraron tibieza a la hora de apoyar la sublevación, fueron investigados y castigados con defenestraciones laborales y apartamiento social. Así, la sensación de control fue tan intensa que los vencidos desde lo más profundo de su miedo y contra su propia dignidad acabaron enterrando a sus muertos y su memoria y sellando un pacto de silencio y olvido con tal de sobrevivir, pacto que duró más de cincuenta años.

Este libro pretende recuperar, en parte, la identidad y la memoria de estos procesados, investigados, depurados, asesinados y encarcelados, mostrando un universo de 13.485 gaditanos sobre los que recayó de algún modo el peso de la “injusticia franquista”, lo que viene a confirmar la idea de que la represión fue desorbitada, arbitraria, total e intencionadamente mantenida para evitar que los vencidos levantaran la cabeza y los que no lucharon desistieran de alzar la voz en un país roto.

Alicia Domínguez Pérez (Madrid, 1966) es doctora en Historia por la Universidad de Cádiz y Master en Conflictología por la Universidad Oberta de Catalunya. Su línea de investigación se ha centrado en el análisis de la violencia política y social de la dictadura franquista, circunscribiendo en ella su trabajo inédito “La Causa 259/45: un ejemplo de represión franquista durante la posguerra en el Campo de Gibraltar”. También es autora de “La superación de la guerra civil española. Una aproximación desde la perspectiva de la conflictología”, así como de otros estudios sobre la represión del contrabando durante el primer franquismo. Este es su primer libro publicado, resultado de su tesis doctoral.