Sospechas sobre las hermanas de la Caridad del Hospital militar de San Carlos

"¿Dónde está mi hijo, qué hicieron con él?"

Artículo de Rosa Romero en: www.diariodecadiz.es

Una mujer que tuvo un bebé en 1969 en el Hospital San Carlos de La Isla descubrió hace dos años que no figura enterrado en el camposanto de la localidad • Es la primera denuncia contra ese hospital


Abandona el edificio de la Audiencia Provincial desesperada. Acaba de estar en la Fiscalía, para saber por qué no tiene aún noticias de su caso. En enero, le comunicaron desde los Juzgados de Cádiz que se inhibían en favor de los de San Fernando. Pero ha preguntado allí y no saben nada del caso. Pretendía que en Fiscalía le aclararan el galimatías, el por qué su denuncia, que interpuso allí, y desde donde fue enviada a instancias judiciales, parece ahora no estar en ningún lado. De nuevo, se topa con el vacío, con esa insistente nada que parece perseguirla desde hace dos años.

Porque en 2010, Carmen, una mujer de San Fernando que dio a luz en 1969 en el antiguo Hospital de Defensa de San Carlos un bebé, que, según le comunicaron, falleció al día siguiente, se topó por primera vez con el vacío. Con la nada. Tras muchos años residiendo en Cartagena, a donde había sido destinado su marido, militar ya fallecido, decidió ir al cementerio a visitar los restos de su hijo. "Aquí no hay nadie enterrado con ese nombre", le dijeron. Y de pronto, el mundo se le vino abajo. Ella, que durante años había creído que su hijo había muerto, como le habían dicho, que durante años lloró a ese primogénito que nació un poco antes de tiempo, a los ocho meses, con 2,5 kilogramos de peso, recordó. Y cayó en la cuenta de que nunca, ni ella ni nadie de su familia, llegaron a ver su cuerpo.

"¿Dónde está mi hijo, qué hicieron con él, qué han hecho con él", se cuestiona una y otra vez mientras charla con este periódico, ayer por la mañana, tomando un café a las puertas de la Audiencia. Tiene perfectamente grabada en su memoria la mañana en la que una de las religiosas de las hermanas de la Caridad, que trabajaban en el Hospital isleño de la Marina, le preguntó cómo iba a llamar al niño. "Fernando", le dijo ella. Como su marido. Y la monja, "Sor María se llamaba", que ya ha fallecido, "cogió un poco de agua de mi vaso y le hizo la señal de la cruz al niño, y se lo llevó". Un cuarto de hora después, al ver que no volvía, ella la llamó. Y Sor María le dijo que su hijo había muerto. Así, sin más, sin ninguna otra explicación. Ella lo había tenido el día anterior, y aunque algo bajo de peso, "estaba bien y era muy hermoso". Como al día siguiente había empezado a "llorisquear", Carmen, primeriza, avisó a la monja, porque no sabía qué podía ser. Después, llegó la señal de la cruz con el agua de su vaso y la ausencia. La nada y el vacío otra vez.

El matrimonio se mudó a Cartagena. Con el tiempo, Carmen ha tenido cuatro hijos más. Primero, dos niños, al primero de los cuales le llamó Fernando, y una niña, que murió. Pero ésta "de verdad". Porque el parto se complicó, ella pudo tener a la niña muerta en sus brazos, y la enterró ella misma en Cartagena. Y un cuarto hijo, Juan, que nació con sólo siete meses y medio, y que tiró adelante sin problemas.

Tras certificarle por escrito que su primer Fernando no estaba enterrado en el cementerio, contactó con responsables del actual hospital (el antiguo se derribó) para pedir su historial. Porque ella, como muchas otras madres, se fue del centro sin que le dieran ningún papel. Y le dijeron que no había nada, que esos papeles se habían destruido. Fue a hablar con un jefe del servicio, que le dijo: "Olvídalo. Han pasado muchos años. Yo también enterré a mi hijo". Y ella le contestó: "Y yo enterré a una hija en Cartagena, que sé que está allí. Pero a éste no y no sé dónde está". Y no lo ha dejado porque en su caso, como en otros muchos, se encargaron otros del enterramiento. Aparecieron en la habitación del hospital dos hombres trajeados que les dijeron a ella y a su marido que no se preocuparan, que ellos se encargaban de inhumarlo en La Isla.

Hace dos años, descubrió que no fue así. Y al final, como no lo ha dejado, consiguió que le enviaran un folio, en el que figura que ella tuvo un hijo, en 1969, en San Carlos, en el que pone "parto prematuro, muere a las 20 horas, hemorragia cerebral, cardiopatía congénita". Nada de eso le habían dicho a ella. Sólo un frío y simple "el niño ha muerto" que pronunció Sor María.

En Fiscalía, tras denunciar el caso, abrieron diligencias. Se ordenó a la Policía que investigara y que citaran a la religiosa como testigo. La monja había fallecido, el tiempo para investigar se agotaba, y el fiscal, al apreciar indicios de delito, envió su denuncia a los Juzgados de Cádiz. Y de allí, quién sabe a dónde. Porque su procurador ha preguntado en los Juzgados isleños, donde debieran haber llegado las diligencias, y le han dicho que no hay nada. La nada de nuevo.
Aunque también el principio, el primer caso de denuncia contra este hospital que sale a la luz. Quién sabe si, como ha ocurrido con Zamacola, vendrán muchos más.

Una prueba “falsa” provocó el archivo de un caso clave de robo de bebés

Fuente: Periodismo Humano

Un análisis independiente revela que los restos de hígado aportados por un médico a la Policía, y corroborados por el Instituto de Toxicología, no pertenecen en realidad a un recién nacido.

Los afectados piden al Juzgado la reapertura de la causa y la imputación de 15 personas presuntamente responsables de la sustracción de la niña en 1990.

Fue el primer caso de robo de bebés denunciado en España, y va camino de convertirse también en el más controvertido. La presunta sustracción de una niña de tres días en Granada en 1990, inicialmente dada por muerta, fue archivada por la jueza el pasado mes de noviembre en base a unos restos de hígado aportados por un médico a la Policía, y que el Instituto Nacional de Toxicología corroboró que pertenecían a la hija supuestamente fallecida de Eduardo Raya y Gloria Rodríguez. Sin embargo, un análisis anatómico independiente ha revelado que “no se trata de un hígado fetal o de recién nacido de muy pocos días”, poniendo así en entredicho una investigación ya cuestionada con anterioridad por otros exámenes genéticos. Ante la “falsedad absoluta” de la prueba, los afectados han pedido al Juzgado la reapertura de la causa y la imputación de 15 personas.

Es el penúltimo sobresalto de un drama que Eduardo y Gloria llevan ya viviendo más de veinte años. Entre las 1.500 denuncias presentadas en nuestro país por el robo masivo de bebés a partir de 1940, este caso de Granada es clave por varias razones. Fue pionero como denuncia particular (marzo de 2010) y, por su verosimilitud, fue muy pronto asumido por la Fiscalía. Los hechos ocurrieron en época muy reciente, en junio de 1990, y por tanto sus presuntos responsables están vivos. Además el cadáver, al haber sido exhumado por los familiares antes de iniciar la batalla judicial, acumula ya dos exámenes genéticos que negaron que ese cuerpo perteneciera a una hija del matrimonio. Luego la niña, tras haber sido dada supuestamente en adopción ilegal, podría seguir viva.

Sin embargo, las esperanzas de encontrarla y de que pagaran los culpables dieron al traste a finales del pasado año. La causa oficial del fallecimiento del bebé fue hepatitis, para lo cual se le practicó la correspondiente biopsia. La Policía Judicial se puso en contacto el pasado año con el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Clínico San Cecilio de Granada, donde, según cita el informe policial, se encontraron “casualmente” con el mismo médico que tomó las muestras de la menor en 1990. Los agentes le preguntaron por “la posibilidad de que quedasen depositados en algún lugar restos orgánicos” del bebé, y tras buscarlos se hallaron en el mismo hospital doce muestras de hígado y “tejido epitetial” de la recién nacida correctamente conservados, de los cuales se podría obtener el perfil genético.

Los padres no fueron informados en su día de que se hubieran tomado estas muestras. Por eso, en abril de 2011 Eduardo Raya presentó alegaciones en el Juzgado cuestionando la “milagrosa aparición” de estas muestras en “excelente estado de conservación” y denunciando que ese tejido epitetial se habría obtenido en todo caso de forma irregular, sin la correspondiente autorización de los padres ni la adecuada cadena de custodia. No obstante, los restos fueron enviados al Instituto Nacional de Toxicología, que en el mismo mes de abril dictaminó que Eduardo y Gloria eran los “padres biológicos de la recién nacida de la que proceden las muestras clínicas analizadas” con un índice de probabilidad del 99,99%. En base a ello, la jueza decretó en noviembre el archivo de la diligencias. Pero lo hizo de forma “provisional”, permitiendo así la reapertura en caso de que aparecieran nuevas evidencias. Como así está sucediendo.

Receloso de las conclusiones del Instituto de Toxicología, Eduardo Raya recuperó todo el material y los envió al laboratorio Tecnogen, quienes a su vez lo sometieron al examen de un experto externo “de reconocido prestigio internacional” de forma completamente anónima, a fin de asegurar la imparcialidad de su dictamen. Tras analizar las doce muestras, su conclusión fue que no resulta posible determinar la edad exacta del paciente en base al tejido y “únicamente puede afirmarse que no se trata de un hígado fetal o de recién nacido de muy pocos días”. Por tanto, no podría pertenecer a la hija de Eduardo y Gloria.

Por ello, el pasado 11 de abril, mediante escrito remitido al Juzgado de Instrucción número dos de Granada, los afectados solicitan la reapertura del caso y la continuación de la investigación, citando a declarar 15 personas en calidad de imputados y otras 14 como testigos. Según esta nueva denuncia, “no queda el menor género de duda” sobre que los restos encontrados no sólo “no pertenecen a una hija de los denunciantes”, sino que además “no pertenecen a ningún recién nacido de pocos días, lo que evidencia una falsedad absoluta por parte de quien los aporta” que ha llevado a la jueza a “valorar erróneamente la prueba”. “Pero resulta aún de mayor gravedad el hecho de que el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses informe sobre que dichos restos pertenecen a una hija de los denunciantes”, se afirma.

No es la primera vez que los análisis de laboratorios privados chocan con las conclusiones del Instituto de Toxicología en este caso. Al asumir la denuncia, la Fiscalía de Granada aportó como pruebas los análisis de ADN realizados por los laboratorios Tecnogen y Genómica en 2009, en los que se concluye que los “restos exhumados no pertenecen a una hija biológica de Gloria Rodríguez”. Sin embargo, en su examen de 2010, Toxicología concluye que estos restos (tres muestras de cabellos, una mancha sobre tela, hilos quirúrgicos y restos óseos) “no son adecuados para realizar un análisis genético”.

“Qué casualidad que encuentran ADN hasta de la época de los mamuts y no de mi hija”, exclama indignado Eduardo. Otro motivo de sospecha que se expresa en la denuncia es que Toxicología advierte que los restos no son adecuados para su análisis genético en su informe de 8 de junio, “mes y medio antes de que dicho Instituto recibiese las muestras”. A juicio de los denunciantes, ello “evidencia que el resultado ya estaba predeterminado por dicho organismo”.

“Toxicología deberá explicarnos ahora cómo unos restos hepáticos que no son de un recién nacido dicen que son de nuestra hija. También nos tendrán que decir por qué no logran obtener ADN de donde los laboratorios sí lo han conseguido. Y por último nos deben aclarar cómo emitieron informe el 8 de junio si no recibieron las muestras hasta mes y medio después. Demasiadas contradicciones”, resume Raya, quien asegura haber recibido ya en su despacho de abogado otras dos consultas de afectados por posible robo de bebés a quienes Toxicología también les contradice los análisis realizados por laboratorios privados.

Por otra parte, esta nueva denuncia aporta otros elementos para la investigación. Eduardo sospecha que, tras el parto, les dieron el “cambiazo” y la niña a la que le dejaron ver, gravemente enferma y con un corte en la mejilla cerrado con puntos de sutura, no era ya su hija, sino que pertenecía a otra madre a la que también le comunicaron su fallecimiento. Así, el escrito al Juzgado cita conversaciones mantenidas con el cirujano y el ayudante que practicaron la cesárea a Gloria, “los cuales confirmaron expresamente que a lo largo de su carrera profesional jamás habían dado un corte a un recién nacido en la mejilla”, y menos aún que haya necesitado sutura. Por eso, Eduardo y Gloria han hecho público un llamamiento a todas las familias y madres que alumbraran un bebé entre el 6 y el 9 de junio de 1990 en el Hospital Clínico de Granada y vieran que su recién nacido tenía una cicatriz en la cara, para que contacten con ellos en el teléfono 605891455.

En su escrito al Juzgado los denunciantes piden además que se efectúen registros en los hospitales granadinos para conseguir el historial clínico completo del embarazo y el parto, y que además se libren oficios al Obispado de Granada, a la Capellanía del Hospital Clínico y a cuatro iglesias de la capital granadina a fin de identificar todos los nacimientos bautizados de urgencia en 1990. Esto último porque, según los denunciantes, antes de la supuesta muerte del bebé, el hospital se negó a bautizarla arguyendo que “ya lo estaba”.

Tan sólo en la provincia de Granada se han denunciado 60 casos de supuesto bebés robados, la mayoría durante el franquismo y los años ochenta, y se han autorizado dos exhumaciones de cadáveres cuyos restos también se han declarado como inadecuados para análisis de ADN por parte del Instituto de Toxicología. De esta forma, ante la falta de pruebas, más de la mitad de las denuncias han sido ya archivadas. La fiscal jefe de Granada, Ana Tárrago, rechazó el pasado viernes las acusaciones vertidas por algunos de los afectados de falta de sensibilidad, asegurando que los “perjudicados y denunciantes me merecen todo el respeto” y “desde el principio los hemos atendido con mucho interés por su problemática humana”. Pero, a su juicio, “las investigaciones de la Policía no han podido concluir que en Granada existiera una trama organizada relacionada con la sustracción de niños o que algún centro sanitario o una persona en concreto apareciese relacionada siempre en estos casos”.

Sin embargo, los documentos a los que ha tenido acceso Periodismo Humano apuntan en otra dirección. El 6 de junio de 1990 Eduardo y Gloria acudían al Hospital Clínico de Granada por unas “leves molestias” y pérdida de líquido, tras un proceso de gestación de 38 semanas “absolutamente normal”, según consta en su denuncia primigenia en el Juzgado. En dicho documento la madre relata cómo una enfermera “me rompió la bolsa diciendo que esto ya está” y le advirtieron que existía “sufrimiento fetal”, a pesar de lo cual no le practicaron inmediatamente la cesárea. Cuando Eduardo preguntó el motivo se tal retraso se le comunicó que estaban esperando a que llegara el ginecólogo de iniciales A.F.M.P. Este mismo médico fue condenado en 1993 por la Audiencia de Granada a un año de prisión, suspensión de empleo y multa de 100.000 pesetas por los delitos de falsedad en documento público y suposición de parto en una adopción irregularidad en la que intervino en 1989, según detalla la sentencia a la que tuvo acceso este medio. Se trataba de una menor de Murcia que había quedado embarazada como consecuencia de los abusos sexuales a los la había sometido su padre. El ginecólogo, enterado de ello, convenció a la joven de que no abortara, sino que tuviera el hijo y lo entregara a un matrimonio de Alicante, también condenados en esta causa.

Ellos se hicieron cargo de “los gastos del embarazo y parto”, pero al nacer el niño los tres acusados decidieron inscribirlo en el Registro Civil como hijo propio, y no como adoptado, ocultando así su procedencia. En este caso no hubo sin embargo sustracción del niño mediante engaño ni pago por su adopción, más allá de esos “gastos de embarazo”. Por derivación de esta causa, la Fiscalía de Granada abrió en 1992 diligencias previas por posible compraventa de recién nacidos entre las provincias de Granada, Barcelona y Alicante, en al menos cuatro casos, pero las investigaciones no prosperaron. Eduardo y Gloria creen que ellos sí que fueron víctimas de esa supuesta red de tráfico de niños.

Hasta ahora, las investigaciones judiciales sobre el robo de bebés en nuestro país sólo han conseguido la imputación de la religiosa madrileña Sor María Gómez Valbuena, que al ser octogenaria difícilmente entrará ya en prisión, aún en el caso de ser condenada. Las asociaciones de afectados sospechan que las razones profundas de tantos obstáculos en la vía judicial sean la responsabilidad patrimonial a la que tendría que hacer frente el Estado en caso de demostrarse las adopciones ilegales en centros públicos y el hecho de que muchas personas implicadas tengan relación “incluso de parentesco” con altos cargos de gobiernos y partidos políticos.
Las estimaciones de las asociaciones de afectados y la investigación judicial realizada en su día por Baltasar Garzón apuntan a la sustracción, por represión política o por motivación económica, de decenas de miles de bebés en nuestro país entre 1940 y 1990. Por eso, Eduardo Raya considera que la imprescriptibilidad del delito no se debe sólo a que la detención ilegal tenga carácter permanente, sino que además se pueden considerar “delitos de lesa humanidad”, tipificado en el artículo 607 bis de nuestro Código Penal. Y ello porque “se ha producido un ataque sistemático y generalizado contra parte de la población civil (los recién nacidos y sus madres) negando la existencia de tal detección” o con “tortura grave sobre las personas que se encuentran bajo su control”.

“Qué más control que una embarazada anestesiada, qué mayor sufrimiento físico que hacerte una cesárea innecesaria, qué mayor sufrimiento psíquico que decirte que tu hija está muy malita, que se va a morir, se muere, te hacen pasar por un entierro, y ahora esto. Esto es inhumano, y aún teniendo hijos, nadie se imagina el sufrimiento que estamos pasando cuantos somos afectados por esta causa”, concluye Raya.

Vidas robadas

La monja acusada del robo de bebés se niega a declarar ante el juez.

Sor María Gómez Valbuena se ha negado a hablar ante el juez por su supuesta implicación en un caso de niños robados y, por tanto, permanece imputada por el delito de detención ilegal por el que había sido llamada a comparecer. El juez Adolfo Carretero ha citado a declarar en calidad de testigos a los padres adoptivos de la supuesta niña robada. La monja es la primera acusada directamente tras 1.500 denuncias interpuestas en fiscalías de toda España por madres que creen que les robaron a sus hijos tras el parto.

Gómez Valbuena, con el hábito de las Hijas de la Caridad, ha acudido poco después de las ocho de la mañana al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid acompañada por otra religiosa de la congregación y una hora y media antes de la citación. Pretendía -y lo consiguió a la entrada- esquivar a la multitud de medios de comunicación que la esperaban, entre ellos muchos extranjeros. Tras acogerse a su derecho a no declarar ante el juez, salió escoltada por varios policías municipales por una puerta lateral, la del juzgado de guardia, pero entonces no pudo evitar a los medios de comunicación.

Tampoco a otras madres que la acusan de robarle a sus bebés y que en cuanto la vieron empezaron a gritarle: "¡Sinvergüenza!","¡Queremos verte la cara!" mientras sor María se subía a un Mercedes Benz todoterreno negro con los cristales tintados para abandonar las dependencias judiciales.

Afectados por el robo de niños han pasado la noche frente al colegio de las Hermanas de la Caridad donde vive la monja imputada con lazos amarillos y carteles con sus peticiones
La monja, de 80 años, ha contratado los servicios de José María Calero Martínez, abogado de los padres de la menor asesinada Marta del Castillo. También la fiscalía de Madrid la citó a declarar como imputada, y también en aquella ocasión la monja se negó a hablar. Decenas de madres que buscan a sus hijos y que han visto sus casos archivados en las fiscalías por falta de pruebas tenían todas las esperanzas depositadas en que esta vez sor María iba a contar al juez lo que hizo y lo que sabe.

El caso por el que el juez ha citado como imputada a esta monja es el de María Luisa Torres, que dio a luz en 1982 en la clínica de Santa Cristina de Madrid a una niña, Pilar, que asegura le arrebató sor María bajo la amenaza de quitarle también a su otra hija "por adúltera", según la denuncia. Gracias a la ayuda del padre adoptivo de Pilar, madre e hija pudieron reencontrarse el año pasado, 29 años después del parto. La semana pasada ambas declararon ante el mismo juez que hoy ha tratado de interrogar a sor María. "Si no lo paga aquí, lo pagará arriba", afirmó Pilar refiriéndose a la religiosa, antes de entrar al juzgado. "Merece el mayor de los castigos", añadió su madre.

Sigue adelante la denuncia contra la monja acusada del robo de bebés

María Luisa Torres ratificó ayer su denuncia contra la monja sor María Gómez Valbuena, ya imputada en el caso de los niños robados, acusada ahora de un delito de detención ilegal. Esta es la primera querella que sale adelante contra la religiosa a la que decenas de familias acusan por robo de bebés entre 1960 y 1980.

Publicado por María José Esteso Poves /http://www.diagonalperiodico.net

En las próximas semanas el juez Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, llamará a declarar a la monja sor María Gómez Valbuena por el caso del robo de niños. Tras la declaración ayer de María Luisa Torres ante este juzgado, en la que esta madre ratificó su denuncia contra la monja Gómez Valbuena que le robó a su hija en 1982, la religiosa tendrá que explicar los hechos al juez.

Esta es la primera denuncia aceptada ante un juzgado y que continúa abierta contra la monja, ya imputada en el caso de los bebés robados, y que ahora suma otro delito, el de detención ilegal en el caso de la hija robada a María Luisa Torres.

Durante la mañana de ayer también declaró la hija de María Luisa, Pilar, que encontró a su madre biológica hace sólo 6 meses, cuando cumplió 29 años, y que comunicó al juez Adolfo Carretero, que siempre le habían dicho que su madre la abondonó "y se dedicaba a la mala vida", según la versión que Gómez Valbuena dió a los padres adoptivos. Sin embargo, fue precisamente el padre adoptivo de la niña robada el que ayudó a buscar a la madre biólógica.

La religiosa será llamada a declarar por este juzgado de Madrid en unas semanas, según apunto el abogado de Torres, Guillermo Peña

Un caso de 1982

María Luisa acudió a la monja sor María Gómez Valbuena para solicitar ayuda en 1982. Entonces estaba embarazada y además tenía otra niña pequeña y se acaba de separar. La religiosa engañó a la embarazada, le dijo que le ayudaría a conseguir guarderías y ayudas para su hija. Tras el parto la monja le robó a la recién nacida e incluso le dijo que le quitaba a la hija "por adúltera", porque la madre estaba separada y se había quedado embarazada, según relató ayer Maria Luisa Torres ante el juez. Horas después del parto, la monja entregó a la pequeña a unos padres adoptivos con los que ha crecido la niña.

Esta denuncia ha creado una gran expectación ya que la monja sor María Gómez Valbuena está acusada por muchas de las familias que han denunciado el presunto robo de sus hijos. La religiosa estuvo durante más de 30 años como asistente social en la maternidad de Santa Cristina, en O’Donnell. Allí recibía a matrimonios que querían adoptar niños. Por otro lado, la monja regentaba centros de acogida para embarazadas a las que trataba de convencer para que entregaran a sus bebés, e incluso, engañaba a las madres diciéndoles, tras el parto, que sus hijos habían muerto. No sólo es acusada en decenas de casos de bebés robados en Santa Cristina, también en la Clínica San Ramón de Madrid, que estuvo funcionando hasta 1982.

La religiosa que cuenta con más de 80 años pertenece a la orden de las Hermanas de la Caridad, orden en la que aparecen acusadas más religiosas por desaparición de bebés en otros puntos del Estado español, según las denuncias.

El caso de la María Luisa Torres y su hija Pilar puede abrir camino en los tribunales a otros casos similares, nuevas denuncias, y que se revisen otras tantas archivadas que implican a la monja y al ginecólogo Eduardo Vela Vela con quien la religiosa organizaba el robo de bebés, además de otros médicos que aún viven e incluso siguen en activo.

SOS Bebés Robados presenta 31 peticiones de exhumación en Cádiz

Las familias tendrán ahora que encontrar en los registros del camposanto de San José dónde están supuestamente los restos.

La Voz Digital


La asociación SOS Bebés Robados de Cádiz, que aglutina a decenas de afectados por la supuesta sustracción de recién nacidos en la provincia, presentaron ayer 31 solicitudes en el Ayuntamiento de la capital en las que piden las exhumaciones de los cuerpos de otros tantos bebés que -según los registros- fueron enterrados en el cementerio de San José cuando murieron al poco de nacer.

Sus madres, padres y en algunos casos, sus hermanos, temen que cuando la tierra se abra, los cuerpos no estén allí. Lo han temido siempre, algunos, lo han temido durante décadas, aunque desde que el número de afectados comenzó a crecer (apenas dos años atrás) esos temores se han convertido en sospechas, y para ciertos padres, casi en certezas. Por eso necesitan desenterrarlos, para despejar todo tipo de dudas. Para respirar tranquilos si encuentran los cuerpos, y para tener una prueba más con la que seguir peleando en los tribunales.

En el último año, el Ayuntamiento ha recibido más de un centenar de solicitudes de exhumación de estas familias, pero a comienzos de marzo, en una reunión entre la alcaldesa Teófila Martínez y la asociación SOS Bebés Robados, pusieron esa avalancha en orden. El consistorio se comprometió a colaborar en los desenterramientos, y facilitarles tanto los permisos como la tarea. Por su parte, la asociación coordinaría la entrega de solicitudes, para cursar solo las que tienen alguna posibilidad.

El resultado han sido las 31 peticiones presentadas ayer. Hace una semana, la asociación reunió a cuantas familias habían solicitado las exhumaciones en San José, para realizar la primera criba. Chary Herrera, la presidenta de SOS Bebés Robados, que busca a una hermana nacida en 1975 y dada por muerta, explicó que no todos los que presentaron su solicitud en un principio podrían buscar los cuerpos, ya que muchos estaban en grandes fosas comunes de varias decenas de metros cuadrados, donde resulta prácticamente imposible dar con nada. Solo aquellos recién nacidos cuyos restos permanecen aún en las sepulturas originales podrían ser encontrados. Aún así, las tareas de localización de los cuerpos se antojan muy complejas, pues temen que los cadáveres de otros bebés hayan podido mezclarse entre sí después de décadas bajo tierra.

Aparte, las indicaciones de los registros no son en absoluto precisas. Sin olvidar que la asociación cuenta con que existe el 'riesgo' de que finalmente las exhumaciones les den la razón y descubran que algunos niños que deberían estar enterrados allí, nunca fueron inhumados.

El Ayuntamiento, en todo caso, ha garantizado no solo que aprobará las peticiones, sino que además pondrá a disposición de las familias un equipo multidisciplinar, con antropólogos y arqueólogos, que ayuden a realizar los estudios previos a la identificación. El trabajo de biblioteca es ahora el siguiente paso: cada familia debe hacer un 'estudio de sepultura', con los documentos que puedan recabar de registros del cementerio y del Archivo Provincial. No sólo deben localizar en qué sepulturas se encuentran su bebés (en algunos casos, hay errores en los libros de inhumaciones) sino también tienen que identificar qué otros cuerpos hay enterrados junto a ellos, y los brazos y piernas amputados que suelen inhumarse también. Estos últimos pueden ser fundamentales para facilitar la búsqueda de los restos, pues pueden servir de guías y confirmar que están desenterrando donde es debido, cuando llegue la hora de abrir la tierra.

Esa fecha aún no está clara. Pero la asociación SOS Bebés Robados tiene al menos la confianza en que será pronto, ya que el Ayuntamiento les ha comunicados que no habrá que esperar al derribo de las cuarteladas de nichos vacíos que aún permanecen allí, algunas de las cuales están en estado casi de ruina. Las sepulturas que habrá que abrir están a los pies de estas cuarteladas, en varias filas. En cada sepultura puede haber entre 20 y 40 bebés y fetos que eran enterrados a coste del antiguo hospital Zamacola, cuando morían al nacer.

Las familias sospechan que enfermeros, médicos y religiosos urdieron durante décadas una trama para simular las muertes y venderlos niños a otras familias. Una trama que se extiende por toda España.

Contra la desmemoria, Memoria Histórica.

El pasado 31 de Enero, el grupo municipal de Izquierda Unida en San Fernando (Cádiz) presentó ante el Pleno una moción en la que se pedía la aplicación de la Ley 52/2007 en la ciudad, que constaba de cuatro puntos de acuerdo:

1º.- Dar a conocer el dictamen de la Comisión de Memoria Histórica en San Fernando, así como las acciones realizadas encaminadas al cumplimiento de sus conclusiones.

2º.- Para dar cumplimiento a la Ley 52/2007, proceder a la inmediata retirada de los símbolos franquistas, evidentes y notorios, existentes en las calles y plazas de San Fernando, así como instar a otras instituciones como colegios religiosos a la retirada de los que se muestran en sus fachadas.

3º.- Iniciar de inmediato el proceso para anular las distinciones, títulos e insignias concedidas a figuras del régimen franquista que fueron protagonistas de la sublevación militar y represión ejercida sobre los ciudadanos.

4º.- En caso necesario, recabar el apoyo, colaboración técnica y asesoría legal de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía.

Los puntos 2º y 3º fueron rechazados por el gobierno bipartito PP/PA y fueron aprobados el 1º y el 4º por mayoría, lo que equivalía a que la moción fuera rechazada íntegramente pues de nada servia aprobar dos puntos que no tendrían sentido si se rechazaban los otros dos. Calculado y premeditado para seguir ignorando la Memoria en San Fernando.

Lo curioso y más llamativo fueron los argumentos expuestos tanto por el PP como por el PA para rechazar la moción y permitir que estos hijos de Varela y los herederos de los genocidas que aún controlan socialmente y políticamente nuestra ciudad, puedan seguir rindiendo honores a sus antepasados golpistas, mientras niegan verdad, justicia y reparación a las victimas y represaliados del franquismo:

Francisco Romero (PA) “El gobierno anterior constituyo una Comisión de sabios para que elaboraran una relación de todo tipos de elementos, según establece la Ley, y a partir de dicho informe se establecerían una serie de medidas y consideraciones a tener en cuenta” “y en el Pleno celebrado el 31 de Octubre del 2008, se aprobó dar cumplimiento a las propuestas de dicha Comisión, hemos cumplido y hemos aplicado la Ley…”

Daniel Nieto (PP) ”IU solo pretende reabrir heridas… A los isleños les preocupa el presente y el futuro, existen cosas más importantes para los ciudadanos antes que seguir removiendo el pasado…”

Javier Cano (Ciudadanos por San Fernando, CxSF que fue fundado por el ex juez franquista Zambrano y su hijo, Carlos Zambrano García-Ráez, familiares y descendientes directos del golpista y asesino Francisco García Ráez.) “No es el momento más oportuno para este tipo de mociones…”.

Para refutar sus mentiras, sus olvidos malintencionados y el firme propósito de seguir estando del lado de los golpistas, AMERE les quiere refrescar la desmemoria:

1º.- La Comisión “de sabios” fue designada a dedo por el alcalde andalucista y a causa de las continuas presiones escritas formuladas por AMERE y refrendada por más de una docena de colectivos y partidos políticos para que se retirara la estatua de Varela.

2º.- Como cabía esperar de la “imparcialidad” de la Comisión, el informe emitido “olvidó” todo aquello que a los Hijos de Varela interesaba olvidar, entre otras cosas importantes no mencionó en absoluto a personajes tan sangrientos como Francisco García Ráez.

3º.- El portavoz del partido andalucista y el del PP, afirmaron reiteradamente que “hemos cumplido y hemos aplicado la Ley…”, cuando el 99% del descafeinado Informe de la “Comisión de Sabios” sigue sin aplicarse, incluyendo los “olvidos” intencionados:

El genocida Varela y el asesino García Ráez siguen manteniendo sus títulos de Hijo Predilecto, el primero, e Hijo adoptivo y medalla de oro de la ciudad, el segundo.

El genocida Varela aún preside la plaza del ayuntamiento con su estatua ecuestre y no se han retirado los frisos de exaltación franquista de su peana.

El nomenclátor de las calles sigue intacto y haciendo reconocimiento y homenaje a los delincuentes golpistas y asesinos.

Placas, azulejos y signos de exaltación franquista no han sido retiradas.

Los hijos de Varela, los miembros del gobierno municipal bipartito (Partido Popular y Partido Andalucista) mienten, siguen empecinados en no cumplir la Ley 52/2007 y siguen posicionándose del lado de los golpistas, mientras siguen negándonos Verdad, Justicia y Reparación para las victimas.

La Fiscalía vuelve a denunciar a la monja sor María Gómez Valvuena por el robo de niños

MARÍA JOSÉ ESTESO POVES / REDACCIÓN DIAGONAL

La Fiscalía de Madrid ha denunciado a la monja sor María Gómez Valbuena por su presunta implicación en el robo de niños.

La Fiscalía ya citó a declarar como imputada a la religiosa que se negó a prestar declaración, ahora ha sido denunciada de nuevo, esta vez por detención ilegal en uno de los casos de bebés robados que se investiga, según consta en la demanda interpuesta ante el juzgado de Madrid número 43, según se ha dado conocer hace unas horas.

La Fiscalía investiga un caso de 1982, el de María Luisa Torres, entonces una madre separada, que fue engañada por la monja Gómez Valbuena y que tras dar a luz en la clínica San Ramón, la religiosa le dijo que la recién nacida había fallecido. El parto fue atendido por el doctor de esa clínica, Eduardo Vela Vela, quien está también acusado de tráfico de bebés por decenas de familias. Por lo que es previsible que sea llamado a declarar por la Fiscalía en breve.

Estos hechos se han repetido en muchos más casos, según los testimonios aportados por muchas madres. En los dos últimos años decenas de familias afectadas han señalado públicamente a esta monja como parte de una trama que entregó a los bebés a otros padres no biológicos.
1.500 denuncias en todo el Estado por robo de niños.

La Fiscalía cuenta con más de 200 denuncias por el robo de niños durante el Franquismo y hasta bien entrada la democracia en los años 80. El 50% de los casos se han archivado, pero unos 100 casos están siendo investigados. Sin embargo, son más de 1.500 las denuncias hechas por las familias afectadas por el robo de bebés en todo el Estado Español.

La monja sor María Gómez Valbuena fue durante más de 30 años (entre los años ’60 y los ’80) de los asistente social en la maternidad pública de Santa Cristina, en O’Donnell, allí recibía a los padres que venían ‘recomendados’ por una organización privada, la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA), avalada por el Estado, el Tutelar de Menores y por organizaciones católicas como Cáritas o Mensajeros de la Paz. También llegaban hasta Gómez Valbuena familias que eran enviadas por distintas órdenes religiosas para conseguir bebés.

LISTAS PARA ENTREGAR BEBÉS ROBADOS

En el hospital, la monja elaboraba las listas para dar a los niños que supuestamente las madres solteras y otras mujeres abandonaban. Sin embargo, según se ha dado conocer a través de las denuncias y decenas de testimonios de madres e incluso de enfermeras (como publicó DIAGONAL) lo que ocurría en esas maternidades era que una trama de médicos, monjas, abogados, notarios, taxistas, empleados de funerarias, etc. participaban de la entrega de bebés como un negocio que se llevaba a cabo tanto en hospitales públicos, como Santa Cristina, 0’Donnell, y otros del Estado español, desde Bilbao, Granada, Tenerife, Zaragoza, Málaga, etc., y clínicas privadas como San Ramón en Madrid y otras como la Cigüeña en Valencia.

Estos centros, surtían de bebés a la monja a cambio de que los futuros padres adoptivos pagasen una elevada cantidad de dinero y educaran a los hijos en determinados principios religiosos. La monja sor María Gómez Valbuena de la orden de las Hermanas de la Caridad, actuaba en connivencia también con otras monjas de esta misma orden que operaban de la misma manera en otras provincias e intercambiaban bebés desde un extremo a otro del Estado.

EL TRÁFICO DE NIÑOS ROBADOS

Goméz Valbuena era la más activa de la red de supuestas adopciones. Al mismo tiempo, prometía ayudar a las mujeres sin recursos y solteras embarazadas y las acogía en centros regidos por monjas, pisos y pensiones. En otros casos eran los padres de las jóvenes embarazadas las que conducían a sus hijas hasta la monja y daban su consentimiento, de espaldas a la embarazada, para que el niño fuera entregado a otra familia.

Cuando se acercaba la fecha del parto, sor María trataba de convencer a las jóvenes y si no conseguía su objetivo, las mujeres eran dormidas durante el parto y cuando despertaban les decían que el niño había muerto y que el hospital se encargaba de enterrarlo. Mientras, el bebé ya había sido entregado a otra familia, previo pago de importantes cantidades, como han denunciado madres e hijos que ahora buscan su identidad.

La monja era conocida en todo el Estado español e incluso en el extranjero donde fueron a parar muchos bebés . Ahora la Fiscalía ha imputado a la monja, cabecilla de esta trama de robo de bebés que incluso ya en los ’70 presumía de haber dado en adopción a cientos de niños.

Mazazo judicial a la causa de los 'bebés robados' en hospitales de Cádiz

Rechazado el recurso de Fiscalía contra el archivo de una denuncia por prescripción.

La Audiencia, en Pleno, acuerda que han prescrito los casos anteriores a 1.979

Rosa Romero / Diario de Cádiz


La causa de los 'bebés robados' en hospitales de Cádiz acaba de sufrir un mazazo judicial que se antoja prácticamente insalvable. La Audiencia Provincial acaba de rechazar un recurso interpuesto por la Fiscalía contra uno de los autos dictados por el Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz que decretó el sobreseimiento de una denuncia por prescripción del delito.

Se trata de un caso que ya fue archivado en primera instancia, y que la Fiscalía recurrió, siendo entonces, en abril de 2011, admitida su apelación por la Audiencia, que ordenó reabrir el asunto al Juzgado. Ahora, en cambio, el auto de la Sección Tercera considera que la nueva resolución del Juzgado que ha decretado otra vez el archivo "realiza una brillante y sistemática exposición de la cuestión". En esencia, la Audiencia sostiene que en estos casos, hay que tener en cuenta la tesis que entonces se mantuvo desde la Fiscalía, que estaríamos ante casos de supuestos delitos de detención ilegal de menores, y que el plazo de prescripción debía empezar a correr a la fecha de cumplimiento de la mayoría de edad. Una tesis que, dice el auto de la Sección Tercera, "hicimos nuestra y que seguimos sosteniendo, tras ser avalada por el Pleno de esta Audiencia celebrado el pasado 10 de febrero de 2012", interpretación que, recoge el auto, ha sido acogida por otras Audiencias como la de Bilbao.

Así las cosas, para la Audiencia el auto recurrido por la Fiscalía "se plantea todas y cada una de las posibilidades que razonadamente va acotando hasta llegar a la conclusión que en el mejor de los escenarios, estaríamos en presencia de un delito de detención ilegal cometido por funcionario público (por poder estar implicado personal de hospitales públicos) sometido a un plazo de prescripción de 15 años, que deberá computarse desde la fecha de la mayoría de edad, plazo transcurrido sobradamente a la fecha de la denuncia, marzo de 2011". De ahí que considere que el archivo debe ser refrendado.

Esto significa que, a tenor de lo acordado por el Pleno de la Audiencia, para que los casos puedan salvarse del sobreseimiento, tiene que tratarse de niños que hoy tengan menos de 33 años, cifra derivada de los 15 años de prescripción y los 18 de mayoría cumplida. O lo que es lo mismo, que los nacimientos se hayan producido en fechas posteriores a 1.979. Y lo cierto es que la mayoría de las denuncias interpuestas en los Juzgados gaditanos son de fechas anteriores.

La posibilidad de que la Fiscalía recurra al Supremo no parece probable. Entre otras cosas, porque la sentencia del Alto Tribunal que ha absuelto al inhabilitado juez Garzón en el caso de la memoria histórica, la jurisprudencia más actual sobre el asunto, ha sentado una tesis sobre la prescripción de la detención ilegal que se aventura que va a deparar el archivo de todos estos procedimientos d bebés robados.

En esa sentencia de Garzón, entre otras cosas, , se dice que el carácter permanente del delito de detención ilegal sin dar razón del paradero, la tesis que ahora habría intentado defender en Cádiz la Fiscalía con los casos de bebés robados, "no deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica". Y sobre el caso concreto de la memoria histórica, además de aludir a que en esa fecha, no existía en el Código vigente este delito con tipo agravado, dice textualmente que "un detenido ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en 2006, pueda racionalmente pensarse que siguió detenido más allá del plazo de prescripción de 20 años, por señalar el plazo máximo".

REUNIÓN DE SOS BEBÉS ROBADOS

SOS Bebés Robados Cádiz ha convocado para el viernes 16 , a las 16:30 horas, una reunión en la Facultad de Filosofía para centralizar todas las peticiones de exhumaciones en el cementerio de San José. La asociación pide la colaboración de laboratorios que hagan pruebas de ADN en los desenterramientos que efectuará el Ayuntamiento de Cádiz.

El Gobierno del PP suprime la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura

Sus competencias y funciones se diluirán dentro de la genérica División de Derechos de Gracia y otros Derechos.

http://www.tercerainformacion.es/

La oficina encargada de las víctimas de la guerra civil y la dictadura de Franco, creada en diciembre del 2.008 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido suprimida por el actual gobierno del Partido Popular.

Según ha comunicado el Consejo de Ministros sus funciones, una de la más importantes era la coordinación de las exhumaciones de los restos de desaparecidos, se traspasan a un departamento más genérico como es el de División de Derechos de Gracia y otros Derechos.

Alguna de las actuaciones más relevantes que ha llevado a cabo hasta ahora dicha oficina han sido: la elaboración de un mapa de fosas, con su localización y otros datos relevantes (se contabilizaron casi 2.300); la elaboración de un protocolo científico para llevar a cabo las exhumaciones y una labor de información y consulta sobre la Ley de Memoria Histórica.

La decisión tomada por el Partido Popular ha sido duramente criticada por el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, que ha definido como “burla” esta supresión y ha mostrado su indignación por el modo en que el partido en el gobierno trata a las víctimas del franquismo y en su opinión demostrando que para ellos "Hay víctimas que merecen la verdad, la justicia y la reparación, y otras que no merecen ni una mesa ni un teléfono".

Con igual contundencia se ha expresado Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha mostrado su tristeza por lo que supone en su opinión el cierre de la “única puerta” con la que los represaliados podían contar. Ha añadido a sus críticas la celeridad con que se ha tomado la decisión desde el gobierno y ha señalado la doble moral del mismo partido a la hora de incluir en sus estatutos la solidaridad con las víctimas de cualquier tipo de violencia y tomar decisiones como estas.

Bebés robados en Jerez

La juez ya ha citado a médicos en la trama de los bebés robados

http://www.andaluciainformacion.es
R. A.

El caso de los bebés robados avanza a pasos agigantados en Jerez. Si hace apenas un mes declaraban ante la juez las primeras familias después de que Fiscalía diera traslado de las denuncias, ahora también lo han hecho médicos que formaron parte del equipo de facultativos que asistieron a varios partos sobre los que pesan denuncias por esta trama. Además, a lo largo de esta última semana el juzgado ha dado una vuelta de tuerca más a las investigaciones después de autorizar la exhumación de un cadáver de una niña de tres días que finalmente no se llevó a efecto tras reparar que no se había avisado a los padres de la menor.

La vicepresidenta y representante en Jerez de SOS Bebés Robados de Cádiz, Luisa Fernanda Terrazas, no se explica este episodio que, aunque es fruto de los avances en la investigación, no se llevó a cabo con las garantías que recoge la ley. Ella misma avisó a la madre de la niña cuando le informaron de lo que estaba pasando. Al parecer, se olvidaron de avisar a los padres y hasta la trabajadora del cementerio llegó incluso a quitar la lápida del nicho y fue en ese momento cuando preguntaron por los padres o por algún miembro de la familia y repararon de que no había nadie. La interrupción se hizo prácticamente in extremis, como relata Terrazas.

Se da la circunstancia que en el caso de los padres de esta niña, nacida en 1982 en el Hospital de Jerez, aún no habían pasado ni por Fiscalía ni por el juez, por lo que para Terrazas que vivió “con muchos nervios” lo ocurrido, la diligencia con la que se adoptó esta medida responde a que “lo tienen muy claro” y es un indicio más de que las averiguaciones van por el buen camino. En cualquier caso, de haberse consumado hubiera sido la primera exhumación que realiza en Jerez por este caso, por lo que la representante del colectivo cree que solventada esta incidencia no tardará en llegarse a efecto, pero ya con la presencia de los padres, que al día siguiente de lo ocurrido fueron citados en el juzgado.

Ni la primera ni la última

De hecho, en esta comparecencia, el juzgado informó de lo sucedido al matrimonio y los emplazó a la próxima semana para concretar una fecha para proceder a abrir la tumba en la que presuntamente están los restos de su hija, que ahora tendría 28 años, con lo que Terrazas estima que la exhumación, ahora ya con sus padres presente, no tardará más de un mes en producirse. A la par, en SOS Bebés Robados también están convencidos de que a esta le seguirán más exhumaciones. “También hay un caso de una familia de Arcos que supuestamente también tienen enterrada a su hijo en el cementerio de Jerez y que exhumarán pronto”, añade. Hasta el momento, el abogado de la asociación, Martín de la Herrán, ha contabilizado más de 300 casos entre Jerez y el resto de la provincia, sin sumar los que no han sido denunciados.

La próxima familia declara el 7 de marzo

El Juzgado de Instrucción ha citado para el próximo 7 de marzo a las 10.00 horas a un nuevo matrimonio jerezano afectado por la presunta trama de bebés robados. Con ella será ya la quinta familia que narra ante la juez su testimonio y la lucha de toda una vida por saber qué pasó realmente con el paradero de su hijo. Hasta ahora, el balance que hacen desde el colectivo SOS Bebés Robados es positivo, desde que el pasado 30 de enero acudieran a los juzgados de la avenida Tomás García Figueras los primeros padres para comparecer ante la juez. El mensaje posterior tras narrar uno de los relatos más importantes de su vida era de “muy buenas esperanza”.