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martes, 25 de mayo de 2010

Estos hechos no pueden seguir silenciados y se debería abrir una investigación

¿Que ocurrió aquí durante el 2005 y 2006?

Ha llegado a nuestras manos un Informe sobre hechos acaecidos en el Cementerio “San Juan Bautista” de la localidad vecina de Chiclana (Cádiz), durante los años 2005 y 2006.

En la portada de dicho Informe, aparece , certificado de ser ciertos los hechos narrados, por un testigo ocular de los mismos.

En visita realizada a dicho cementerio por miembros de AMERE, hemos conocido a uno de los autores del Informe y nos corrobora su autenticidad. Pudimos comprobar “in situ” algunos de los extremos en el expuestos.


Por testimonios de personas aún vivas, familiares de desaparecidos y fusilados, los restos profanados podrían pertenecer a una fosa común de fusilados durante la infamia franquista.

Desde AMERE, creemos que estos hechos no pueden seguir silenciados por más tiempo y que por parte de las Administraciones publicas se debería abrir una investigación para corroborar la autenticidad de los mismos y en su caso se depuren las responsabilidades que pudieran recaer.








domingo, 23 de mayo de 2010

"Socialistas de Torre Alháquime. De la ilusión republicana a la tragedia de la Guerra Civil (1931-1946)"


PRESENTACION DEL LIBRO "Socialistas de Torre Alháquime. De la ilusión republicana a la tragedia de la Guerra Civil (1931-1946)" de Fernando Romero Romero.

El próximo martes 25 de mayo a las 19´30 h. tendrá lugar en el Salón Regio del Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz, la presentación del libro "Socialistas de Torre Alháquime. De la ilusión republicana a la tragedia de la Guerra Civil (1931-1946)" de Fernando Romero Romero., prologado por Antonio Miguel Bernal. La investigación histórica, editada por el Ayuntamiento de Torre Alháquime en colaboración con la Consejería de Gobernación y Justicia de la Junta de Andalucía, viene a completar la época que representa la II República, la Guerra Civil y primer franquismo, en la sierra de Cádiz.

El libro viene de la mano de uno de los mayores especialistas en Memoria Histórica de la provincia gaditana, Fernando Romero y reconstruye los conflictos sociales y políticos en este municipio gaditano durante la etapa republicana, el golpe de julio de 1936 y la posterior represión desencadenada por los sublevados, primero mediante el bando de guerra y luego a través de la justicia militar.

En el acto del próximo martes está previsto la intervención de la Diputada Provincial de Ciudadanía, María Naval, el Comisario de la Memoria Histórica de la Junta de Andalucía, Juan Gallo, así como el Cronista de Torre Alháquime, Juan José Fernández.

El autor es miembro del equipo técnico de www.todoslosnombres.org y entre sus publicaciones pueden citarse las monografías "Jornaleros y organizaciones obreras: Villamartín 1900-1936 (2001)", "Historia de Puerto Serrano. Puerto Serrano contemporáneo (2003)", "República, Guerra Civil y represión en Villamartín (2008)" y "Alcalá del Valle. República, Guerra Civil y represión (2009)". También es coautor del libro colectivo Memoria Rota. República, Guerra Civil y represión en Rota.

Asimismo en fechas próximas se publicará su obra "Del rojo al negro. Republica, Guera Civil y Represión en El Gastor.1931-1946",

jueves, 20 de mayo de 2010

El gobierno municipal de la Isla continua sin aplicar la Ley de MH


Desde la aprobación de la Ley, hace ya tres años, solo la iglesia mayor de La Isla se ha despojado de la placa dedicada al fundador de Falange, mientras que el alcalde y a pesar de sus anuncios y promesas sigue rindiendo homenaje a los golpistas y asesinos.

La Ley de Memoria Histórica que aprobó el Gobierno del PSOE no tiene fuerza suficiente para hacerse cumplir. El estado está libre de responsabilidad cuando llega la hora de aplicar sus, ya de por sí, ambiguos contenidos según las organizaciones del movimiento memorialista y organizaciones políticas como Izquierda Unida (IU), Partido Comunista de España (PCE) o Izquierda Republicana (IR).

Esta falta de responsabilidad por parte del gobierno está permitiendo que los honores con que la dictadura fascista del General Franco premió a sus militares y personalidades sigan vigentes aún hoy en todo el país y en nuestra ciudad, que un genocida siga presidiendo la plaza del ayuntamiento y continúe ostentando el titulo de hijo predilecto, no sólo eso, la justicia franquista, nacida a partir de un golpe de estado sangriento y sostenida por un régimen que nunca se sometió a elecciones periódicas todavía no ha sido anulada.

Precisamente la anulación de los juicios sumarísimos es una de las reivindicaciones del movimiento por la recuperación de la memoria histórica, para dar a los represaliados por el franquismo el reconocimiento de víctimas.

Durante las últimas semanas en el Congreso de los Diputados IU e ICV han logrado algunos modestos avances en este tema ya que sus propuestas han encontrado los límites del PSOE, el cual ha ido recortando la propuesta de las formaciones de izquierda cada vez más.

Mientras tanto los ciudadanos de San Fernando se pasean por calles nombradas en honor de quien acabó violentamente con el gobierno democrático legalmente constituido, y continúan viendo en las fachadas placas y símbolos franquistas.

Mientras tanto el alcalde isleño D. Cayetano Roldan, sus hijos y muchos isleños fusilados durante la brutal represión de los golpistas, continúan enterrados en la fosa del cementerio municipal, que sigue sin adecentar y sin reconocimiento alguno.

Militares que apoyaron a Francisco Franco en semejante crimen como, el General Varela, Ricardo Isasi, Luis Milena, hermanos Laulhé y otros asesinos, cuentan con estatua, títulos, y calles nombradas en su honor.

Por ello, AMERE, insta al alcalde y a los partidos con representación municipal, por enésima vez, a que se dé cumplimiento en nuestra ciudad a la ley de MH.

domingo, 16 de mayo de 2010

"Ni un rezo por el rojo fusilado..."


Publicado en: www.publico.es
Á. MUNÁRRIZ / M. SERRANO

Cómo la Iglesia denigró a un alcalde fusilado en el 39
El último alcalde republicano de Cuevas de Almanzora (Almería), Martín Márquez, fue fusilado el 1 de julio de 1939 y arrojado a una fosa común a la edad de 40 años. Dejó seis hijos y una viuda embarazada de mellizos, a los que el régimen intentó quitarles lo poco que pudieran tener.

El Tribunal de Responsabilidades Políticas pidió para ello información, entre otros, al cura de Cuevas, que entregó un informe regado con gruesos epítetos que retrata al alcalde fusilado, sin aportar pruebas, como un radical cínico y ladrón. La antítesis de la caridad cristiana.
La inminente apertura de la fosa común en la que se cree que se encuentra Márquez, en Almería capital, supondrá más de 70 años después de su asesinato no sólo un consuelo para sus descendientes, sino la restauración plena de su imagen. Una imagen que fue manchada por la Iglesia en un informe que destila odio hacia Martín Márquez -y lo que representaba- tres años después de muerto y arrojado a la fosa.

“Fue una persona en la que se hermanaban excepcionalmente la perversidad, la osadía, el cinismo y el ansia de figurar, de apoderarse de lo ajeno y de obtener notoriedad”, dice el informe clerical de marzo de 1942, al que ha accedido Público. El informe, solicitado por el tribunal “al cura primero” de Cuevas, lleva el sello de la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, sin firma de ningún párroco concreto.

“Fue expulsado de Estados Unidos como indeseable -sigue el ministro de la Iglesia- viniendo antes de la proclamación de la República, enrolándose en el Partido Socialista y dedicándose apenas llegado a perturbar en todos los órdenes haciendo una gran campaña propagandística”.

El informe, que da fe del fusilamiento del regidor, recuerda que fue concejal, teniente de alcalde y luego presidente de la corporación, que formó parte del Frente Popular, al igual que dos de sus hermanos, y que como regidor “incautóse de fincas de personas desafectas a aquel régimen”. Olvida mencionar la militancia ugetista de Márquez, tío abuelo del ex consejero de Innovación de la Junta y ex líder del PSOE en la provincia de Almería, Martín Soler.

Sólo en Andalucía hubo alrededor de 70.000 expedientes de este tipo, según Fernando Martínez, coordinador del estudio La represión económica y administrativa. Las actuaciones de los tribunales de responsabilidades políticas en Andalucía. Destinados a dejar en la ruina absoluta a los vencidos, estos tribunales se servían de informes de gobernadores civiles, falangistas y sacerdotes.

Este modo de proceder encarna todo lo contrario de aquello que rogaba Manuel Azaña en su mítico discurso del 18 de julio de 1938 en Barcelona, cuando pedía a los españoles enfrentados, y a aquellos que alcanzaran a ver el fin de la guerra, “que piensen en los muertos y que escuchen su lección”. “Paz, piedad y perdón”, cerraba su discurso Azaña, a la sazón presidente de la República, dejando una frase tan histórica como ignorada.

Represión económica

En el caso de Márquez, el informe elaborado por Gonzalo Pérez, alcalde accidental, es aún más duro que el de la parroquia, llegando a calificarlo como “despreciable sujeto condenado justamente a muerte” y haciéndole una genérica y nada detallada imputación de asesinato.
Los informes eran reclamados por el Juzgado de Instrucción de Responsabilidades Políticas de Almería a las autoridades rogándoles “la máxima objetividad” en la descripción del sujeto investigado y “singularmente de los bienes de toda clase, créditos, sueldos, rentas o productos tanto de él como de su cónyuge y familiares”. Con Márquez tuvieron escasa fortuna en el intento de hacerse con sus bienes. “A mi abuelo le quisieron expropiar lo que nunca tuvo. Sólo consiguieron no dejar jamás tranquila a su familia y tenerla vigilada”, cuenta su nieta Manuela, residente en Barcelona, ciudad a la que huyó su abuela Isabel Peñuelas con sus seis hijos y dos más en camino tras el asesinato de su marido.

Uno de los hijos de Isabel y Martín, Alfonso Márquez, de 87 años, es el tío de Manuela. Cuenta que el régimen hizo todo lo posible para quitar los bienes a la familia, pero que había poco donde rascar porque la casa donde habían vivido en Cuevas era alquilada y en Barcelona todos se instalaron en el domicilio de una tía. El informe del Ayuntamiento admite: “No se le conocen bienes, su familia reside actualmente en Barcelona”.

“Lo intentaron todo, pero este hombre salió de la política tan pobre como entró”, resume Juan Gallo, comisario para la recuperación de la memoria histórica en Andalucía.
La apertura de esta fosa será el primer trabajo de este tipo que se realice en Almería, y se acogerá al protocolo de exhumaciones aprobado por la Junta y que ya se aplicó en la excavación en Alfacar (Granada), donde se creía que descansa Federico García Lorca.

La familia Márquez lleva más de seis años luchando por esta excavación. En noviembre del año pasado llegó incluso a trasladar su caso al Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Ahora los Márquez están de enhorabuena. El alcalde de Almería, Luis Rogelio Rodríguez-Comendador (PP), acaba de autorizar la excavación de la fosa común del cementerio de San José, donde se cree que está enterrado el alcalde junto a 370 personas más. El topógrafo ya ha comenzado los trabajos en la zona.

La voluntad de su hijo

Las hermanas Manuela y Ana María Márquez, junto a su padre, Agustín, de 83 años, acudieron esta semana a Almería para asistir al homenaje al alcalde, en él se anunció la búsqueda de sus restos. El deseo de Agustín es que su padre descanse junto a su esposa y uno de sus hijos, fallecido con sólo 14 años.

domingo, 9 de mayo de 2010

No son “sentencias”, son crímenes de guerra


Análisis de Miguel Ángel Rodríguez Arias.
Publicado en: La Republica.es

Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo...

Ni “sentencias” con defectos, ni “sentencias” ilegítimas, ni “sentencias” injustas – lo último que se le ocurrió a la Vicepresidenta Fernández de la Vega al hablar recientemente del caso de Miguel Hernández –. Es que no son sentencias: son crímenes de guerra.
Actos criminales contrarios a la Convención de Ginebra y al mismo estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que en su artículo 8.2.c) iv, define expresamente como “crimen de guerra” (imprescriptibles, inamnistiables…):

“Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.
Y sí, ya sé que, como no estamos en un Estado de Derecho de verdad, a nuestras autoridades lo de la convención de Ginebra (nada menos), el Estatuto de Roma y todo lo demás no les importa lo más mínimo mientras no les cueste votos…pero no por ello hay que dejar de denunciarlo claramente y con los instrumentos internacionales en la mano, aunque solo sea por llamar las cosas por su nombre y tal y como las definen los tratados suscritos por España ya que, al parecer, las autoridades españolas no se sienten en la obligación de hacerlo.

Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo o cualquier otro adjetivo edulcorante que se les ocurra de espaldas al derecho internacional que, jurídicamente hablando, vienen a valer lo mismo: nada. Porque en derecho las cosas son vigentes o nulas, en distinto grado si se quiere, pero ilegítimas o antipáticas no son.
Y hablo de 190.000 asesinatos, crímenes de guerra, “estimados” porque el despropósito es tal que de todas esas pretendidas sentencias vigentes pero descarriadas, ejercicio del “ius puniendi” del Estado, no sabríamos ni la cifra, y hasta eso mismo es ya completamente insostenible. No es que no sepamos las cifras de desaparecidos a manos de camisas azules y demás, que tampoco: es que no se sabe ni a cuantos “ejecutó” el Estado. Exactamente así de jurídica fue la orgía de muerte franquista con los militarmente vencidos.
Simplemente nuestra democracia no puede seguir convalidando las tropelías criminales del fascismo español como actos de “derecho”.
El asesinato de Companys fue un crimen de guerra, hay que empezar a llamarlo así de una vez, el asesinato de Antonio Escobar, también, como lo fue la condena de Miguel Hernández, y de tantos y tantos y tantos otros en todo el país.
Y no me refiero sólo a las condenas de muerte, también a todas las demás condenas dictadas “sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”, como he citado más arriba.
Son actos criminales que no pueden, ni deben, seguir siendo considerados hoy como “derecho”, ni llamados “sentencias” por nadie, por mucho que los criminales así lo pretendieran para encubrirse y tan, tan bien, ay, les haya salido la jugada durante todo este tiempo. El artículo 8 del Estatuto de Roma lo define bien claro.
Y por eso no puede tratarse tampoco únicamente de la nulidad de todas las “sentencias” del franquismo – primera medida a emprender – sino, más ampliamente, del cumplimiento de todos los deberes de “verdad, justicia y reparación” hacia los “sentenciados”
De modo que, tratándose de crímenes de guerra contra excombatientes y población civil protegida, es igualmente obligado impulsar también la apertura de una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento judicial de la verdad, y la depuración de todas las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a través de la aplicabilidad del legado de Nuremberg que el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos nos ofrece.
Y sin olvidarse de otorgar a todas estas víctimas, y muy especialmente a todos los asesinados y a sus familias, su pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas; sin saltarse ninguna de las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma – restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición –, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes:
1- La nulidad de todas las “sentencias” y “tribunales” y su reconocimiento como mera ficción jurídica utilizada por el régimen fascista de Franco para el enmascaramiento de todos estos asesinatos sistemáticos, ello mismo como una primera forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de sus familiares.

miércoles, 5 de mayo de 2010

“Marchena 1936, Memoria de una historia oculta”


Nuestros compañeros y amigos de DIME, (Asociación de MH de Marchena) acaban de presentar durante las V Jornadas el documental “Marchena 1936, Memoria de una historia oculta”. Este magnifico documental, que fue presentado y proyectado en el salón de plenos del ayuntamiento marchenero y al que Amere asistió invitada por los compañeros martienses, no solo tiene el valor de la rigurosidad, la investigación y el testimonio vivo de hijos y nietos de los asesinados y represaliados por los golpistas, sino que bastaría con cambiar los nombres de los muertos, de sus asesinos y de las calles, plazas y cunetas, donde ocurrieron los hechos y serviría para narrar el horror y la barbarie que falangistas, curas, guardias civiles y militares sublevados perpetraron en todos y cada uno de los pueblos y ciudades andaluces por donde no pasó la guerra, ni se cavaron trincheras, por donde solo hubo un exterminio sistemático, un paseo de muerte de cobardes y genocidas.
Nuestras felicitaciones y un abrazo fraternal para los amigos de DIME.

Reproducimos a continuación referencia publicada en La Voz de Marchena.org

El 7 de septiembre de 1936, los maestros Rosendo de la Peña y Santos Ruano, maestros de un pueblo analfabeto y marginado, fueron asesinados después de un escrito del Jefe de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza, en el que comunicaba al alcalde, que quedaban definitivamente separados de la enseñanza. "Dios guarde a usted muchos años" decían las cartas con acuse de recibo que nunca pudieron evidentemente firmar "por encontrarse desaparecidos". Es un rotundo ejemplo de un magnífico documental lleno de rigor investigador y testimonios humanos escalofriantes, Marchena 1936, que se presentó én el salón de actos del Ayuntamiento completamente lleno este pasado sábado. El pueblo lo guarde muchos años, pero de verdad.


Después de las órdenes de que la enseñanza correspondiera a "las conveniencias nacionales" dadas un mes después del triunfo del golpe en Marchena, la crueldad con que se procedía a la eliminación de todas aquellas personas que habían contribuido al progreso del pueblo, a educar para formar personas libres, a aquellos que habían cometido el delito de pertenecer a un partido político durante la República, a un sindicato, o simplemente tener amistad o ser familiar de ellos, además de muchos civiles inocentes incluso algunos de ellos nada susceptibles de ser de ideología de izquierda, fueron cruelmente perseguidos, quedando el estigma para sus familiares durante buena parte del franquismo.

Comienza el documental, realizado por Manuel Ramírez y Manuel Bernal con la narración de Manuel Maqueda y la investigación de Javier Gavira, con la aportación de los historiadores José María Díaz Luque y del inglés Richard Barker, contextualizando históricamente un conflicto que se veía venir después de la mala aceptación de la derecha de su derrota electoral de 1936 y los movimientos militares que se estaban produciendo para derrocar a la democracia republicana vigente y que ya habían tenido su primera manifestación en el golpe fallido de Sanjurjo.
El documental abre una puerta de la memoria a personas y familias que han vivido una auténtica represión durante décadas, sumada al ya de por sí inhumano sufrimiento vivido durante la Guerra, y posteriormente aumentado con provocaciones, insultos y humillaciones, más el reconocimiento expreso de golpistas considerados y homenajeados durante tantas décadas con calles, plazas y sus nombres en lo más alto de las esferas públicas.

Con una breve referencia nacional a la importancia de la toma de Sevilla por los golpistas con Queipo de Llano a la cabeza, comienza este documental, que explica cómo el golpe va tomando tintes dramáticos conforme no sólo se intenta derrocar al Gobierno de izquierda elegido, sino a todo el sistema demorático republicano en sí, arrasando desde las clases trabajadoras agrícolas hasta a la mediana burguesía incluso, en su rodillo que imprimió desde aque verano del 36.

Los primeros acontecimientos prebélicos suceden con el nacimiento de la Falange en Marchena, centrándonos ya en nuestra localidad, y el clima tenso que el nacimiento de este partido de extrema derecha propició en nuestro pueblo, produciéndose la tendencia de pasar de ser casi marginal a preponderante con la instauración del régimen. Las amenazas a muchas personas que acuden al entierro de la madre del alcalde socialista Luis Arispón y una brutal paliza al jornalero Enrique Narváez en plena madrugada, son sólo algunos ejemplos del clima que se estaba creando en Marchena y que hicieron que el Partido Socialista y UGT firmaran un escrito reafirmando la importancia de defender los valores democráticos en aquella situación, cuando ya en julio con la llegada de Queipo a Sevilla llega a Marchena propaganda incitando a sublevarse contra el régimen democrático hasta que el 21 de julio y hasta el 1 de noviembre se instaura en Marchena la Comisión Gestora del Golpe con cinco personas, falangistas y militares, a la cabeza como alcalde provisional José Montero y con una mano derecha muy importante, el Brigada de Información Salvador Pérez Palomo, encargado de etiquetar a todo "sospechoso".
Después del rápido cambio de nombre de calles y la eliminación de rastros marxistas de paredes y de calles, que no hizo falta ni tan siquiera que esperara a la carta de la delegación del Gobierno instaurado, se produce el 26 de julio el asesinato del alcalde Luis Arispón, en Alcalá de Guadaira, durante un viaje que realiza a Sevilla para asuntos políticos y también con motivo de teñir de negro unos trajes para guardar luto por la muerte de su madre. La petición vecinal de un día antes del golpe para llamar Luis Arispón a la calle Sevilla, fue fulminantemente rechazada, nombrándose para mayor humillación Primo de Rivera por parte de las nuevas autoridades locales.

Mientras tanto en Marchena se preparaba un Comité de defensa de la República con papel importante de mujeres voluntarias que pusieron todo su empeño en sumar fuerzas, incluso de Paradas llegó un grupo de jóvenes voluntarios de las que muchos fueron asesinadas por el camino, mientras que Ismael del Pozo, teniente de la Guardia Civil de Marchena, y el comandante Juan Sanz Hens, de Écija, más efectivos de Paradas y Arahal acudían a Marchena para reforzar a los falangistas, además de hacerse con el control de edificios claves como la torre de Telefónica, entre otros, y así fueron cayendo personas como el guarda de una de las puertas de Marchena, la de Osuna, en misiones de defensa de la República o el militante comunista Francisco Cañete, así como el propietario del bar de la Puerta de Morón bastión de resistencia republicana, José María Ballesta, con el testimonio de una de sus hijas de cómo se negaron a curarlo en un hospital de Sevilla en su agonía final. Las instrucciones, estaban muy claras.
La resistencia en el Centro Obrero terminó por agonizar y la muerte de Sanz Hens, Del Pozo y el abogado Rojas Lobo en los tiroteos, culminó con el inmediato fusilamiento de 17 personas del Comité de Resistencia en plena vía pública, mientras otros huían a la desesperada hacia la zona de Puebla de Cazalla y Osuna, pues aún el golpe tardaría casi tres años en ganar la batalla en España. Otros como Salvador Sarria, se mantendrían ocultos en sus propias casas sin salir durante 12 años con la fortuna de que en la etapa final de la dictadura lograría libertad de movimientos y ya en democracia fue Presidente de Honor del PSOE de Marchena, hasta que murió en 1984 y otros como el insigne diputado Mariano Moreno se exiliarían a México, aparte de otros muchos, que corrieron peor suerte como "Vaquerito".

Pero más allá de la historia de represión, de paseíllos al cementerio y de explotación incluso a niños huérfanos de las víctimas del franquismo, hay historias de la calle que recoge con una fuerza descomunal este documental Marchena, 1936, Memoria de una historia oculta, con aquella famosa frase que se convirtió en el día a día de cientos de marcheneros con un militar o empleado municipal llamando a la puerta y preguntando por familiares de personas sospechosas de amistad, colaboración o participación en todo cuanto oliera a República: "Oiga... está tal?, dígale que salga, vamos a hacerle una pregunta".

"Una pregunta muy larga", afirma el testimonio aún en vida Adolfo Maqueda, que vio de pequeño cómo se llevaban a su hermano de su casa con sólo 15 años, o de Rosario Jiménez Martín, que recuerda como su pequeño hermano se vino herido de sentimientos y sin recoger el pan de la beneficiencia por una frase cruel y repetida: "no darle el pan, es hijo de un rojo". Es la represión después del golpe que aún tiene cara humana de gente que se va a llevar a la tumba ese recuerdo ya de forma más aliviada que muchos otros que han ido muriendo sin unas jornadas, sin una lucha por recuperar la memoria y conocer lo que verdaderamente ocurrió, de ser dignificada su lucha y aplaudido su coraje de sobrevivir, que no fue poco.

También aparece el caso de José Guisado, un hombre sobre el que los testimonios sólo recuerdan su vocación de “como tenía un don de palabra, que nosotros no tenemos”, afirma su hija Bienvenida, “me han dicho todo el mundo siempre que no dudaba en ayudar a quien lo necesitaba, en ir y hablar con quien hiciera falta”. De hecho, su labor al frente del Sindicato de Obreros Agrícolas y Oficios Varios le hizo tener ese carácter, además de ser maestro del Molino de San Pedro, donde se escondió antes de entregarse a las nuevas autoridades por temor a lo que le sucediera a sus hijas. Bienvenida tenía varios meses en aquel entonces en el que tras su asesinato en la fosa común recién cumplido 38 años, los falangistas tuvieron el “detalle” de devolverle la cartera a su madre con un retrato de su esposo en el interior y que aún conservan. De hecho, su nombre fue inscrito tras muchos años de lucha, en 2005 en el Registro Civil de Marchena. José fue un hombre “de consenso y dialogante” en la época según todos los testimonios y “amante de la cultura y de la lectura”, pero sus libros fueron quemados por si no hubiera sido poco quemar su vida.

Mientras tanto, las familias convivían asustadas ante los terribles discursos de Queipo de Llano, uno de ellos de los que se ha recogido su vídeo en este documental y en el que el General golpista llamaba a los habitantes de pueblos como Morón, Utrera o Puente Genil, aún no tomados, a “matar al enemigo como a un perro, faculto a que a esos idiotas los callen de un tiro, o me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré, sabrán quienes son hombres de verdad y no milicianos maricas, los sacaré de debajo de las piedras, y si están muertos, los volveré a matar”. La tumba con el cuerpo de Queipo de Llano se encuentra hoy en día en la basílica de La Macarena, cuya titular luce fajín de gala del general en su procesión a pesar de los títulos honoríficos que el Ayuntamiento de Sevilla en Pleno le retiró en su día.

Aparecen testimonios de mujeres mayores, como Carmela quien recuerda como a su abuela incluso le quitaron el velillo dos falangistas por la calle San Pedro cuando paseaba de su brazo siendo niña. Su abuela renunció a ir al Ayuntamiento nunca más, pues allí estaban quienes habían matado a su esposo, y su nieta, hoy en vida, recuerda aquellos gritos de “criminales” que su valiente abuela descargó sobre los falangistas que se burlaban de ella por la calle. La familia de Enrique Narváez y de su esposa, asesinada por el mero hecho de ser su esposa con aceite de ricino y siendo previamente pelada, recuerda en su testimonio como “estaba prohibido nombrar o llorar a sus familiares”, como comenta su nieto Francisco.

Los expedientes además de por filiación sindicalista, sospecha de colaboración con la República, se extendieron al ámbito de incautaciones económicas a pequeños empresarios de gaseosa o a gente medianamente pudiente de izquierda e incluso de centro, como se expone en un caso estremecedor que conmocionó al pueblo por la calidad humana de la persona en cuestión, Baldomero Herrera Hurtado, totalmente ajeno a la política y del que su empleado por entonces, aún en vida, Sebastián López, que se encargaba de los cobros yendo a los domicilios, se le sale el corazón por la boca hablando de él, como si fuera ayer: “era muy amable, siempre dejaba fiado a todo el que no podía pagar, le debía toda Marchena, todo Dios le lloró, qué buena persona era” no se cansa de repetir Sebastián en el vídeo recordando como su jefe, que tenía una tienda de comestibles, ferretería, droguería…le recomendaba “guíate por los buenos caminos siempre”, mientras exclama “pobrecito, pobrecito”.
Es conmovedor aún más el testimonio de Sebastián sobre el caso de la esposa de su entonces jefe, María José Ruiz: “Le dieron la vuelta por las calles, con la música detrás, por delante de su casa la pasearon y ella se hincó de rodillas, llorando, pobrecita, qué lástima, ¡dónde queda tó lo bueno, y tó lo malo, donde queda tó!”.

Un teniente de la Guardia Civil se quedaría a cargo de la tienda que tantas y tantas ventas tenía, hasta de bases de peroles como recuerda Antonio Cañete entre sus frases de “eran malos, malos, malos” sobre los represores, y que fue objeto de la más ruin de las envidias, cuando su esposa fue intimidada ya asesinado Baldomero para traspasarla por 17.000 pesetas, estando peritada en 100.000 pesetas, como se pudo conocer según informe que condenó a algunos de los culpables posteriormente gracias a la mediación de familiar directo e industrial adepto al Régimen franquista para que el caso se juzgara. De las 17.000 pesetas sólo le entregaron 2.000.El supuesto delito o justificación para matar a Baldomero habría sido vender gasolina, sin saberlo como es lógico, a unas personas que intentarían quemar una Iglesia.

“Cómo eran tan cristianos y no hacían más que matar y matar...” recuerda Nicolás Burgos en el documental con su testimonio junto al de varias personas mayores que narran el panorama de muertes y muertes día tras día y el correrse la voz de varios asesinatos cada mañana.

Así casos y casos como el que cuenta Antonia Parra cuando se sintió discriminada al tener que ir al Corpus sin traje de comunión como tal por las circunstancias económicas que atravesaba después de que su padre, el jornalero, Antonio Parra, también fuera víctima de la purga fascista como otros muchos marcheneros y marcheneras: “Yo estoy seguro de que mi padre no dijo ni como se llamaba”, ya que fue ejecutado como “el hijo de Parra el de la barbería”, relata sobre la dignidad de su padre en la muerte la presidenta de DIME.

Luego llegarían los tiempos de trabajar por una peseta al día, de población ocupada en labores de limpieza y servicios domésticos a franquistas y sus familiares, de huérfanos trabajando antes de tener uso de conciencia y de aquellos pelotones de trabajo que construyeron entre otras grandes obras del régimen, el Canal del Guadalquivir, ese tiempo en que muchos de los supervivientes fueron víctimas en vida y alimento para los vencedores.
Hoy, no sin trabas incomprensibles como las sufridas por el juez Garzón, ampliamente recordado y ovacionado en este acto junto al propio documental en sí durante varios minutos y con más de 200 personas en pie en el salón de actos del Ayuntamiento, donde no cupo un alfiler, se van cumpliendo las expectativas de justicia de quienes fueron tantas décadas los olvidados ante los ojos también de juventud que por primera vez tiene un testimonio inigualable de la historia de su pueblo, pues no solo de moros, cristianos y Ponce de León se surte la historia de Marchena, sino de gente en vida que ha visto este documental con toda la amargura de recuerdos infames, pero como un aroma de resurrección.

lunes, 3 de mayo de 2010

¿Para cuándo la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo?

Por: Miguel A. Rodriguez Arias, para Rebelión

España es el único Estado de la Unión Europea en el que continúan existiendo unos 143.353 desaparecidos en varios cientos de fosas comunes, clandestinas, diseminadas a lo ancho y largo todo su territorio; y ello sin contabilizar, todavía, el caso de los niños robados por el franquismo de los que ni siquiera existen cifras aproximativas fiables.

A diferencia de los casos de los desaparecidos en Guatemala, Perú, Salvador, Chile, Argentina o Colombia, entre otros ejemplos, ningún tipo de Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos, o de Comisión de la Verdad, ha sido puesta en marcha por parte de nuestras autoridades; por mucho que las cifras de los desaparecidos del franquismo en España supere ampliamente a la suma de los desaparecidos de todos esos países juntos. No se trata tan sólo de reconocer que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta encomiable, sí, pero que, "lamentablemente", no nos resulta jurídicamente vinculante a los europeos; al parecer eso tampoco importa mucho en realidad: a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos - que sí que nos vincula como Estado miembro del Consejo de Europa - tampoco le hacemos caso alguno; ni parece que se lo vayamos a hacer, ni siquiera después de que jueces y fiscales de toda Europa agrupados en torno a Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) - entre ellos las españolas, emblemáticas, Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales - le acaben de decir a nuestro Gobierno que nuestra ley "de la memoria" viola los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Me ahorraré aquí, en beneficio de la paciencia del lector, toda la larga - a estas alturas ya casi consabida - letanía de dictámenes de órganos internacionales en materia de derechos humanos, de tratados internacionales ratificados por España, de instrumentos aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales y en materia de desapariciones forzadas, pero también de costumbres y obligaciones jurídicas erga omnes, que vinculan a todo miembro de la comunidad internacional.

No hay ambigüedad: hoy en día constituye una reconocible obligación del Estado, de todo Estado de Derecho, el organizar su aparato a modo de poder abordar una "investigación oficial efectiva e independiente" de todos los casos de desaparecidos de los que se tenga noticia; y dicho deber se ve reforzado de existir - como en el caso español - la evidencia de algún tipo de participación o aquiescencia por parte de las autoridades estatales del momento de los hechos, o de alcanzar las masacres una especial masividad. En modo alguno resulta posible abandonar, sin más, toda la pesada carga del impulso de las actuaciones jurídicas - menos aún la carga de las tareas de localización, exhumación e identificación de los restos mortales de los ejecutados - sobre los familiares o asociaciones, como, precisamente, han acabado haciendo nuestras propias autoridades nacionales.

A partir de ahí poco importa ya todo lo demás; que las subvenciones no terminen de llegar porque a la ley "de la memoria" le cueste despegar del papel, que surjan otro tipo de complejidades en la coordinación de todo ello con las distintas comunidades autónomas, etc. Nuestro "original" modelo, autóctono, de memoria sin derecho, memoria sin verdad, sin justicia y sin reparación para los desaparecidos y sus familias, no sirve, no cumple con los derechos humanos ni con lo que se le ha venido exigiendo a todos los demás Estados democráticos dentro y fuera de Europa. Y nuestro Gobierno lo sabe, o debería saberlo y, sin duda alguna, sus asesores jurídicos lo saben. Como también lo saben, y lo han hecho saber con claridad, en sus distintos comunicados y posicionamientos públicos de denuncia, organizaciones internacionales de derechos humanos de la talla de Amnistía Internacional o el Human Rights Watch.

Y, a decir verdad, la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo sería tan sólo el primero de los varios instrumentos debidos - ausentes en nuestro panorama nacional hasta en su mismo debate público -; nosotros que hemos ido dando lecciones a toda Hispanoamérica, y a medio mundo más, sobre como combatir la impunidad de sus crímenes internacionales, y que nos resistimos a calificar como tales los existentes en nuestra propia casa...Hablar de una complementaria Base Nacional de Datos Genéticos, de las indemnizaciones aún pendientes a sus allegados, de una fiscalia especializada para perseguir crímenes de guerra y de lesa humanidad o de la proclamación, en sede parlamentaria, de un Día de Homenaje y Recuerdo a las víctimas del genocidio franquista y sus familias - o incorporar también el relato de estos crímenes en todos los niveles de la enseñanza, como requiere Naciones Unidas a las sociedades escenario de tales atrocidades - debieran ser varias de esas otras medidas aún por llegar, y de las que, aún, nada se sabe.


De modo que el actual panorama no podría resultar más impactante: cuando no hay un sólo instrumento normativo que ampare lo que se está haciendo con los desaparecidos en España - excepción hecha, claro está, de la Orden de Franco de Mayo de 1940 cuyo modelo se les ocurrió copiar al redactar la actual ley, buen amparo es ese -; cuando la situación de todas estas víctimas en sus fosas clandestinas avergüenza a las piedras y es contraria al derecho internacional y a la misma decencia humana tal y como se concibe desde la Antígona de Sófocles, entonces, hay que empezar a preguntarse también algunas otras cosas: comenzando por el ineludible conflicto de conciencia en el que un tal desentendimiento arbitrario de la legalidad internacional en materia de derechos humanos ha de colocar, en primer lugar, a la propia base política y social del partido que sustenta a nuestros gobernantes, el PSOE.

Simplemente cuesta trabajo entender, cada vez más, que el mismo sistema internacional de Naciones Unidas que había que defender en Irak ante la arbitrariedad del Gobierno Aznar pueda ser ahora tan completamente desatendido en materia de derechos humanos por el Gobierno de Rodríguez Zapatero a muchos menos kilómetros de distancia, en nuestro propio país, en el silencio cotidiano de nuestras propias cunetas y campos: tantas y tantas decenas de miles de desaparecidos son demasiados. Los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos desatendidos a estas alturas por nuestras autoridades en su huida hacia adelante, también lo son. Y más allá de dicha base política y social, el mismo "voto útil" resulta demasiado inútil sin derechos humanos. Nada de toda esta situación tiene sentido.

Y, por eso mismo, se hace ya necesario dar también un paso más allá de lo jurídico y decir públicamente que "no" a esta política, explicar lo mejor que podamos las razones de ello, y pedir la simple y llana observancia de la legalidad internacional de los derechos humanos también para España; también para nuestros propios desaparecidos, que se dejaron el alma defendiendo los valores de libertad y democracia que hoy todos los demás tenemos a nuestro alcance, en una cruenta y desigual contienda perdida palmo a palmo; porque, por encima de todo, cualquiera de tales argumentos jurídicos, políticos, sociales, quedan empequeñecidos, y en un segundo plano, ante la inmensidad del dolor y la larga soledad de estas familias, ante la inmensidad del drama humano del que estamos hablando. Nada de lo que se pueda decir aquí a tal respecto podrá ser suficiente.

En una de las alocuciones más conmovedoras que se puedan recordar Dolores Ibarrurí, Pasionaria, despedía en Barcelona a los brigadistas internacionales, compañeros de armas de muchos de nuestros propios desaparecidos en la defensa de nuestras instituciones democráticas. Era el 1 de noviembre de 1938, la batalla del Ebro se sabía prácticamente perdida y, con ella, la suerte de aquella Segunda República, nacida en otro mes de abril como este quedaba definitivamente sellada: "!Madres!...!Mujeres!...Cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando; cuando el recuerdo de los días dolorosos y sangrientos se esfumen en un presente de libertad, de paz y de bienestar; cuando los rencores se vayan atenuando y el orgullo de la patria libre sea igualmente sentido por todos los españoles, habladles a vuestros hijos.No os olvidaremos; y cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, ¡volved!".

Y reestablecido un cierto grado de democracia en nuestro país, integrados en Europa, comprometidos con la defensa internacional de los derechos humanos, "nuestros" brigadistas volvieron finalmente, en octubre del año 2006, recibidos por nuestro propio Parlamento.
¿Cuándo podrán volver también a casa, a los seres queridos que aún les esperan, todos esos miles de defensores de nuestra República, y sus pequeños, que continúan desaparecidos?, ¿para cuándo la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo?