“El verano que trajo un largo invierno. La represión político-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945)”

El verano que trajo un largo invierno. La represión político-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945). Alicia Domínguez Pérez

El verano que trajo un largo invierno, pretende mostrar el alcance que la cruenta represión político-social practicada por los sublevados tuvo en Cádiz, ciudad “nacional”; inexplicable en razón de la débil resistencia organizada que los defensores del orden republicano pudieron oponer a los golpistas y de la escasa “violencia revolucionaria” que se vivió en los momentos más virulentos del gobierno del Frente Popular. La autora defiende la tesis de que este despliegue de violencia en la localidad gaditana tuvo más una función preventiva que punitiva, tendente a hacer desistir a la población de cualquier intento de oponerse al restablecimiento del viejo orden que la Segunda República pretendió trastocar.

De este modo la represión franquista fue total en vida, bienes, cultura, pensamiento, ocupación laboral… y afectó directa e indirectamente a toda la sociedad gaditana –incluida la derecha moderada-, desvelando este trabajo cómo cualquiera que comulgara mínimamente con las ideas progresistas de laicismo, justicia social, educación o cultura fue sistemáticamente estigmatizado.

Muchos, los más destacados, pagaron con su vida y libertad la defensa de estas ideas, otros, los más anónimos que en algún momento mostraron tibieza a la hora de apoyar la sublevación, fueron investigados y castigados con defenestraciones laborales y apartamiento social. Así, la sensación de control fue tan intensa que los vencidos desde lo más profundo de su miedo y contra su propia dignidad acabaron enterrando a sus muertos y su memoria y sellando un pacto de silencio y olvido con tal de sobrevivir, pacto que duró más de cincuenta años.

Este libro pretende recuperar, en parte, la identidad y la memoria de estos procesados, investigados, depurados, asesinados y encarcelados, mostrando un universo de 13.485 gaditanos sobre los que recayó de algún modo el peso de la “injusticia franquista”, lo que viene a confirmar la idea de que la represión fue desorbitada, arbitraria, total e intencionadamente mantenida para evitar que los vencidos levantaran la cabeza y los que no lucharon desistieran de alzar la voz en un país roto.

Alicia Domínguez Pérez (Madrid, 1966) es doctora en Historia por la Universidad de Cádiz y Master en Conflictología por la Universidad Oberta de Catalunya. Su línea de investigación se ha centrado en el análisis de la violencia política y social de la dictadura franquista, circunscribiendo en ella su trabajo inédito “La Causa 259/45: un ejemplo de represión franquista durante la posguerra en el Campo de Gibraltar”. También es autora de “La superación de la guerra civil española. Una aproximación desde la perspectiva de la conflictología”, así como de otros estudios sobre la represión del contrabando durante el primer franquismo. Este es su primer libro publicado, resultado de su tesis doctoral.

¿Da usted su permiso, Sr. Obispo?

Publicado en KABILA (http://rafa-almazan.blogspot.com/)
Autor: Rafael Almazán


Ya se ha pronunciado la comisión de expertos sobre el Valle de los Caídos. Como era de prever, un dictamen blandito y de muy difícil cumplimiento. De una comisión de expertos nombrada por un gobierno pusilánime y flojo, miedoso de la derecha y supeditado a la Iglesia, no se podía esperar otra cosa. O sea, sin ninguna contundencia y con condiciones imposibles, ha sugerido que Franco sea exhumado. Eso sí, con permiso de la Iglesia y con amplio acuerdo parlamentario. O sea, que no.

Por cierto, en ese alarde de equidistancia inexistente, siguen diciendo que el cadáver de Primo de Rivera, el ideólogo de los rebeldes vencedores, se puede quedar, porque murió durante la guerra. Clara intención de igualar a traidores rebeldes con constitucionalistas republicanos, en su afán de pasar página y borrar la Memoria Histórica, de un plumazo.

Con lo cual queda demostrado que somos un Estado supeditado a la Iglesia, porque, ¿no es Patrimonio Nacional el Valle de los Caídos? ¿qué pinta la Iglesia en la decisión? ¿cuál es el motivo por el que la Iglesia tiene que estar de acuerdo? ¿qué hay detrás de esta prerrogativa? Si no fuera por lo serio del tema, sería para mondarse de risa, ¿dónde se ha visto que para tomar una decisión un Estado soberano, de un bien que es patrimonio nacional, tenga que pedir permiso a la Iglesia?

Lamentablemente tener que pedir permiso a los obispos no hace sino constatar lo lejos que estamos de un Estado laico, además de buscar una rotunda negativa al asunto. Y requerir un acuerdo amplio en el parlamento es dejar el asunto en la vía muerta. Es tratar de confundir, porque, ¿qué significa una mayoría amplia? ¿El 60%, dos tercios, tres quintos, el 80%?
No se debe olvidar que este monumento fue levantado para honor de los rebeldes vencedores, por muchos republicanos presos, que murieron en el intento y, que quedaron allí mal enterrados. Y que hasta hoy, y me temo que en un futuro, ha servido y servirá para celebrar una “Victoria” que supuso una de las dictaduras más férreas y duras del siglo XX. ¿Cómo se puede mantener, si no es para celebrar su gesta, al asesino junto a sus asesinados?

Pero, no nos preocupemos, “la prisa” que se ha dado el PSOE en este asunto, hace que sea el PP quien lo tiene que gestionar, que es lo mismo que decir que aquí no ha pasado nada. Al cajón el informe de la comisión y todo seguirá igual.

Lo del Valle de los Caídos, mientras gobierne el PP, está muerto, sobre todo con un PSOE que no tiene determinación y sí miedo, y que de forma cobarde se somete a la Iglesia, también en este tema.

El PP se olvidará voluntariamente, y todo seguirá igual. El 20-N volverán las celebraciones franquistas, las misas de réquiem en honor del genocida, y aquí paz y allí gloria.

El Valle de los Caídos, puesto que no se puede volar para que desaparezca la afrenta, debería reconvertirse en el Museo del Horror, al igual que ha sucedido con algunos campos de concentración nazi. Ese debería ser su uso. Un uso que mostrara la crueldad del franquismo y que sirviera de ejemplo de lo que no puede volver a pasar. Lo demás, parches que pretenden rectificar la historia y la Memoria Histórica, y que igualan a tirios y troyanos, o sea a asesinos y torturadores con los defensores del orden constitucional.

Carta abierta a los Grupos Parlamentarios y al nuevo Gobierno

Federación Estatal de Foros por la Memoria 26 Noviembre 2011

Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo

Carta abierta a los grupos parlamentarios y al nuevo gobierno salidos de las urnas el día 20 de noviembre de 2011. Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo.


Estimados señores:

La Federación Estatal de Foros por la Memoria es una organización de carácter social, cultural y político, nacida en el seno de la sociedad civil, para atender a los supervivientes y a las familias de los represaliados, investigar y divulgar de forma rigurosa la historia de la lucha contra el franquismo y de sus protagonistas, recuperar y difundir los valores y pensamientos de estas personas y denunciar su situación, con el objetivo de que se haga justicia, recuperando, al mismo tiempo, referentes para luchar por los derechos humanos, la libertad y la justicia social, articulando y organizando a la sociedad civil alrededor de los valores que se intentan recuperar.

Somos una organización soberana e independiente de cualquier organización política o institución pero no por ello dejamos de ser una organización con profundas convicciones democráticas y antifascistas. Al igual que recuperamos la memoria de los hombres y mujeres que defendieron la democracia republicana frente al fascismo, intentamos forjar la unidad de los demócratas en la lucha por recuperar su memoria y sus ideas. Representamos la continuación de la lucha contra el franquismo sustituyendo el fusil y la bayoneta por los picos y las palas, la cámara de video, las charlas divulgativas, la denuncia, la atención a las familias, los libros, las exposiciones, las propuestas legislativas y un largo etcétera de instrumentos pacíficos de lucha, con el ánimo de lograr la superación del franquismo sociológico que aún pervive para hacer avanzar la democracia hacía mayores cotas de libertad y justicia social.

Al objeto de que los parlamentarios electos el 20 de noviembre de 2011 y el nuevo gobierno, tengan en cuenta la importancia que, para la defensa de la democracia, tiene la memoria democrática y, sobre todo, la aplicación del derecho penal internacional para los graves crímenes contra la humanidad perpetrados por los autores del golpe de estado de 18 de julio de 1936 contra los defensores del régimen democrático de la II República Española, y que, posteriormente, ejercieron una cruel dictadura contra el Pueblo Español, como ciudadanos que desean convivir en una democracia plena, les pedimos que aprueben decretos y presenten iniciativas legislativas conforme exigen las leyes penales internacionales, a las que el Estado Español está obligado y, para ello, le recordamos los siguientes extremos:

1. Pasados más de 30 años desde la muerte del dictador Francisco Franco, nos encontramos con que en nuestro país aún no se ha hecho justicia. La transición supuso la llegada de un régimen parlamentario asentado sobre la injusticia, con una Ley de Amnistía, en 1977, que suponía la impunidad de los crímenes del franquismo y un profundo olvido de lo que representaron el régimen democrático de la II República y la larga lucha contra la dictadura, así como de los hombres y mujeres que protagonizaron e impulsaron estas experiencias y que por ello fueron perseguidos, torturados, encarcelados, exiliados, asesinados, expulsados de su puesto de trabajo y sus bienes y los de sus familias incautados. Al no existir el delito político en el Derecho Internacional, los presos políticos que había en aquellos momentos deberían haber sido puestos en libertad sin más, y haberse investigado y perseguido los crímenes del franquismo al igual que se ha hecho con otras dictaduras cuando ha llegado su final. Esa ley lo que amnistiaba realmente, por tanto, eran los crímenes contra la humanidad perpetrados por el Estado Franquista. De hecho, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha recomendado en varias ocasiones al Gobierno Español que revoque la citada Ley al considerarla una ley de punto final desde el punto de vista del Derecho Penal Internacional sin que se haya oído una sola voz en este sentido desde los distintos poderes del estado.

2. Entre el año 1946 y 1948, las Naciones Unidas condenaron al régimen franquista en numerosas resoluciones declarando que: “En sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a, la ayuda recibida de la Alemania Nazi de Hitler y la Italia Fascista de Mussolini.” Por eso, debe entenderse que los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen franquista deben recibir el mismo tratamiento que los crímenes contra la humanidad perpetrados por el nazismo y es de aplicación la legislación y la jurisprudencia emanada de los juicios de Nüremberg. Está claramente probado por la comunidad académica, y en numerosos documentos, que la represión ejercida por los golpistas de 18 de julio de 1936 fue planificada de antemano, dirigida de forma jerárquica y ejercida de forma organizada y sistemática, por lo que, claramente, estamos ante crímenes contra la humanidad -que no prescriben- y no ante asesinatos –que sí prescriben-, como se quiere hacer creer a la sociedad española y esgrimen la mayor parte de los jueces en los autos de archivo de las denuncias presentadas por las familias.

3. El régimen franquista fue ilegal al imponerse a través de un golpe de estado militar contra un régimen democrático y la represión y exterminio masivo planificado de sus defensores, represión que se extendió en el tiempo incluso más allá de la muerte del dictador. Como consecuencia de ello, todos sus actos jurídicos deben ser considerados ilegales, al estar asentado sobre la ilegalidad más absoluta. Por eso, debe declararse la nulidad de todos los actos jurídicos del franquismo, incluidos todos los procedimientos sumariales (militares y civiles) y administrativos (depuraciones e incautaciones de bienes) instruidos por este régimen contra sus opositores políticos.

4. La legislación internacional de derechos humanos recoge el derecho a saber de las familias y de las sociedades, el derecho a la justicia –y la obligación del Estado a impartirla-, la reparación moral y económica y el respeto a las ideas de los fallecidos. En esta línea debe entenderse que la justicia no es una petición de gracia hacia el Estado, sino una exigencia para garantizar que el Estado Español respeta los derechos humanos y lucha contra la impunidad. Asimismo el respeto a las ideas de las víctimas implica el uso de rituales y elementos políticos (banderas, himnos, etc.) propios de las ideas que defendían y por las que murieron, aunque éstas sean distintas de las fuerzas políticas que gestionen las instituciones democráticas en cada momento y las de sus familiares en la actualidad. Esta es una cuestión fundamental en la reparación moral y más, cuando todas estas personas defendían el régimen democrático existente en aquellos momentos.

5. Los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen franquista nunca fueron perseguidos y los criminales gozan de impunidad. Teniendo en cuenta que el régimen duró hasta 1977, muchos criminales franquistas aún tienen edad suficiente para ser procesados, por lo que, al igual que la Justicia española persigue crímenes contra la humanidad en otros lugares del mundo, debe hacer lo mismo con los criminales del franquismo. Hay que tener en cuenta que se ha perseguido a criminales contra la humanidad por hechos realizados en otros países en épocas en las que todavía existía la dictadura franquista. El caso de Pinochet es buen ejemplo de ello ya que su dictadura coincide en varios años con la dictadura franquista, entre 1973 y 1977.

6. Pero la impunidad no se sustancia sólo en cuestiones jurídicas. El territorio español está lleno de monumentos y calles que hacen apología del franquismo. Erigir un monumento o dar nombre a una calle significa un reconocimiento, por lo que tener centenares de monumentos y calles dedicados al franquismo y a los defensores de su régimen es una garantía para los criminales futuros de que no serán condenados ni siquiera por la Historia. En este sentido debemos indicar que la Ley 52/2007 es demasiado ambigua y poco contundente, ya que no sólo no se está aplicando, sino que hace apología del golpismo y del terrorismo de estado al igualar la simbología democrática del régimen republicano a la de los partidarios del golpe de estado y la dictadura de carácter fascista que se estableció en España a lo largo de cuatro décadas. El Valle de Los Caídos, en Cuelgamuros es el paradigma de esta situación. No existe, en toda Europa, un lugar igual de exaltación del fascismo -en este caso del nacional-catolicismo, ideología del fascismo español- que se ha transformado en lugar de peregrinación de grupos fascistas y nazis de todo el mundo. Su desacralización y transformación en memorial democrático, tal como se ha hecho con lugares similares en otras partes de Europa, es una necesidad básica para transformarlo en un instrumento de fortalecimiento democrático.

7. Tampoco se ha realizado una revisión de los libros de texto de Primaria y Secundaria para que los estudiantes españoles conozcan la verdad de los hechos, ni muchas instituciones han asumido los cambios democráticos en su funcionamiento. Las dificultades de investigación en juzgados, archivos militares y de fuerzas de orden público son la tónica general, al incumplir estas instituciones con la propia legislación española, dependiendo siempre los investigadores de la buena voluntad del responsable del archivo correspondiente.

8. Aún queda mucho para conocer el alcance de la represión franquista, tenemos conocimiento de que existen miles de personas desaparecidas en fosas comunes repartidas por todo el territorio español. Estas personas fueron asesinadas y su asesinato no está demostrado. Se hace necesaria la investigación y exhumación de sus restos para hacerlo. Estos asesinatos deben ser investigados de oficio por los tribunales españoles, por eso, un objetivo primordial, cuando nuestra organización realiza exhumaciones, es denunciar públicamente esta situación y exigir que sea el Estado de Derecho el que las asuma a través de los tribunales de Justicia. Ningún tribunal español ha investigado estos crímenes y mucho menos ha juzgado a los culpables. Queremos recordar que existen protocolos de Naciones Unidas específicos para la exhumación de fosas comunes que deben aplicar los jueces. El protocolo de exhumaciones recientemente aprobado por el Gobierno transforma lo que debería ser una cuestión jurídica en una cuestión administrativa. Esto va en contra de todos los tratados internacionales suscritos por el Estado Español que incumple con sus obligaciones.

9. La devolución de bienes incautados, de las multas derivadas de las leyes represivas y las indemnizaciones por el uso de los presos políticos como mano de obra esclava forma parte la exigencia de justicia integral a la que está obligado el Estado.

10. Se hace necesario un reconocimiento del papel jugado por miles de demócratas españoles en la lucha contra las fuerzas del Eje en diversos escenarios de la II Guerra Mundial, así como de los demócratas exterminados en los campos de concentración nazis.

11. La lucha armada contra la tiranía es un principio reconocido en diversas constituciones de estados democráticos. De hecho, en la actualidad, el propio estado español ha mandado fuerzas expedicionarias de combate a países gobernados por supuestos dictadores. Sin embargo, se sigue calificando de terrorismo las acciones armadas de diversos grupos de la oposición democrática, desde el golpe de estado de 18 de julio hasta el final de la dictadura en 1977. Todas estas personas deben ser reconocidas como luchadores por las libertades democráticas y más, teniendo en cuenta que, muchos de ellos, murieron en esa larga lucha, bien combatiendo a las fuerzas armadas de la dictadura y sus grupos paramilitares o ejecutados tras ser condenados por tribunales ilegales.

12. Numerosas empresas y particulares se beneficiaron de su apoyo a la dictadura, haciéndose cómplices de la misma y de sus crímenes. El apoyo de diversas personas y grupos económicos al golpe de estado debe ser investigado y, al igual que en otros países de nuestro entorno, proceder a indemnizar a las víctimas o sus familiares.

13. La Ley 52/2007 no sólo no ha solucionado el grave déficit que en materia de políticas de Memoria y de aplicación de la legislación penal internacional, sino que, además, ha transformado una cuestión jurídica, al tratarse de crímenes contra la humanidad que no prescriben, en una cuestión administrativa. Por lo que sería deseable su anulación y una apuesta clara por parte del Parlamento y del Gobierno para exigir al poder judicial la aplicación de la legislación penal internacional a la que como estado democrático estamos obligados.

14. El golpe de estado de 18 de julio de 1936 contra un gobierno democrático legalmente constituido fue apoyado por diversos estados gobernados por dictaduras de carácter fascista (Alemania, Italia, Portugal) y por diversas empresas de las llamadas democracias occidentales (General Motors, Texas Oil Co., entre otras). Por eso, debe hacerse una investigación rigurosa al respecto y exigir las indemnizaciones pertinentes a esos estados y empresas.

15. El enorme número de huérfanos que provocó el asesinato masivo de demócratas por parte de los golpistas, provocó la creación de redes de adopción ilegales que se extendieron hasta bien entrado el régimen monárquico parlamentario existente en estos momentos. Es obligación del estado investigar el tráfico de niños derivado de esta situación, poniendo en contacto nuevamente a los familiares separados y juzgando a los culpables.

Esperando que el nuevo parlamento y el nuevo gobierno tengan en cuenta todas estas cuestiones y, de una vez por todas, nuestra democracia se asiente sobre referentes históricos democráticos como fue la II República y avance en la aplicación del Derecho Penal Internacional como instrumento de fortalecimiento de la democracia actual, aprovechamos la ocasión para informarles que, en caso de que los tres poderes del estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, sigan sin cumplir sus obligaciones de garantizar la justicia para todas y todos aquellos que fueron represaliados por defender la democracia frente a la dictadura, esta organización seguirá actuando en la sociedad civil para denunciar esta injusta situación, luchando con todos los instrumentos pacíficos a su alcance, incluida la desobediencia civil en caso necesario, tal como lleva haciendo casi una década.

¡Rebélate!

Verdad, Justicia y Reparación

o Memoria enterrada en Fosas

Porque, Sin Memoria no hay dignidad


El 20 N, ¡Tú eliges!

El General Varela se queda sin placa en Córdoba

En nuestra ciudad el genocida sigue presidiendo la plaza del ayuntamiento y continúa ostentando el título de hijo predilecto

elPlural.com

La llamada ley de la memoria histórica impide la exhibición de todo tipo de monumentos, placas o similares que tengan como finalidad la exaltación del bando nacional de la Guerra Civil. Diversas entidades públicas y privadas han realizado, desde que la norma entró en vigor, obras para eliminar símbolos de estas características.

El dos veces laureado general José Enrique Varela e Iglesias se quedó sin placa en la retirada de uno de los últimos símbolos relacionados con la dictadura franquista que quedaban en la vía pública tras haberse tapado recientemente el águila del antiguo Rectorado.

Participó en el golpe de estado de los generales contra la República

Según informa “El Día de Córdoba”, el militar, que participó en el golpe de estado de los generales contra la República española, ya no tiene ese recuerdo que ocupaba la fachada de la casa en la que residió, llamada de los Guzmanes, y ubicada en la calle de San Pablo.

Máxima autoridad castrense

El texto de la placa no dejaba lugar a dudas de la intención: se le agradecía “su vigilante defensa de la ciudad amenazada por el enemigo en septiembre de 1936?. El militar fue responsable del avance de las tropas rebeldes hacia el centro de la península, lo que lo convirtió en máxima autoridad castrense de la ciudad. Diversos libros han acreditado el duro grado de represión que se ejerció contra la población civil en Córdoba como consecuencia de aquellos días.

Fue ministro de Franco

A lo largo de la contienda, Varela participaría en episodios como el asedio del Alcázar de Toledo. Fue ministro de Franco hasta los años 40 cuando decidió dimitir por diferencias políticas y tras un atentado. Varela, fallecido en 1951, fue uno de los militares que aparecían en el famoso sumario instruido por Baltasar Garzón en el que se pretendía investigar el alcance de la represión franquista.

Ley de la memoria histórica

La llamada ley de la memoria histórica impide la exhibición de todo tipo de monumentos, placas o similares que tengan como finalidad la exaltación del bando nacional de la Guerra Civil. Diversas entidades públicas y privadas han realizado, desde que la norma entró en vigor, obras para eliminar símbolos de estas características. En este caso, el Consistorio instó en su momento a la propiedad a que se retirara la placa. En otros, se efectuó de oficio. La Subdelegación decidió retirar cualquier símbolo alusivo a la Guerra Civil de la cruz de los caídos que se encuentra en Vallellano.

Símbolos retirados

La placa conmemorativa dedicada al general Varela en la Casa de los Guzmanes, sita en la calle Realejo, ha sido retirada sobre las 9:00 horas de esta misma mañana por operarios contratados por la propiedad del inmueble. La placa, cuya exhibición contravenía la Ley de Memoria Histórica 52/2007, de 26 de diciembre, se une así a otros símbolos franquistas recientemente retirados u ocultados como son el escudo de la sede central de Correos en Cruz Conde o el que coronaba la entrada del Edificio López de Alba, antiguo Rectorado de la Universidad, así como las inscripciones de la Cruz de los Caídos existente frente a la Subdelegación del Gobierno.

Un hotel de lujo

La placa, de cuyo emplazamiento ilegal habían sido advertidos por el Ayuntamiento los propietarios del inmueble, ostentaba la leyenda “En esta casa vivió el general, dos veces laureado, José Enrique Varela e Iglesias, en los días de su mando militar en Córdoba y su vigilante defensa de la ciudad amenazada por el enemigo en septiembre de 1936?. La Casa de los Guzmanes, propiedad que fue de la condesa de Hornachuelos, fue habilitada por el Ayuntamiento para alojar a Varela cuando se hizo cargo de la plaza como Gobernador Militar, en los primeros meses del inicio de la Guerra Civil. Según fuentes consultadas, el inmueble podría pasar a convertirse en hotel de lujo próximamente.

El general Enrique Varela

El general Enrique Varela Iglesias (San Fernando, Cádiz, 17 de abril de 1891 – Tánger, Marruecos, 24 de marzo de 1951), tras sublevarse contra la República el 18 de julio en África, pasó a la ciudad de Cádiz, desde donde prosiguió las operaciones militares de sometimiento y represión en Sevilla, Córdoba, Antequera y Málaga, en un primer momento, tras de lo que continuó la campaña avanzando por Extremadura hasta Madrid. Finalizó la guerra civil como general de división y fue nombrado ministro del Ejército en el primer gobierno de la dictadura del general Francisco Franco.

El caso de los 'niños robados' irá al Comité de DDHH de la ONU

Víctimas del franquismo llevan la actuación del Ministerio del Interior español al Comité Internacional de Derechos Humanos por omitir su deber de búsqueda de los niños desaparecidos.

nuevatribuna.es

La víctimas del franquismo van a acudir al Comité Internacional de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU para denunciar la actitud mantenida por el Gobierno y, más concretamente, por el Ministerio del Interior con respecto a los niños desaparecidos durante la dictadura.

Cumplidos ya 3 años este mes de septiembre desde el inicio de las actuaciones de la Audiencia Nacional, en septiembre de 2008, todavía no se ha procedido a medidas efectivas de búsqueda de los niños víctimas de desapariciones forzadas ni de los desaparecidos de las fosas por parte del Estado Español.

En este sentido los artículos 1 y 5.2.b del Protocolo Adicional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que regula el procedimiento ante el Comité de Derechos Humanos establece que no será preciso el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna “cuando la tramitación se prolongue injustificadamente”, como forma de denegación de justicia para las víctimas.

Así lo confirma Miguel Ángel Rodríguez Arias, experto en Derecho penal internacional que es autor de las primeras investigaciones jurídicas en España sobre las desapariciones del franquismo y autor del libro “El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad” que dió lugar a la apertura de actuaciones por parte de la Audiencia Nacional.

Para el mismo la responsabilidad del Gobierno de España está en primer plano en un doble sentido: “Tenemos un Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno y jerárquicamente sujeto a éste, que ha negado sistemáticamente la calificación de lesa humanidad, imprescriptible, de desapariciones forzadas sistemáticas y masivas de adultos y niños y que nos dice después que esos supuestos delitos ordinarios han prescrito”.

“Y de otro lado el Ministerio del Interior ha omitido su deber de buscar a esos niños desaparecidos creando las unidades especiales de investigación que resulten precisas como prevé el artículo 30 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y a diferencia de como sí que hizo el Gobierno de argentino con la aprobación del Decreto 715/2004 para el caso de los varios cientos de niños desaparecidos en Argentina cuando en el caso español se estiman cifras mucho más graves que podrían alcanzar los varios miles”.

En cambio el artículo 5 de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, define con toda claridad que: “La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable”.

Y respecto la actuación debida de los Ministros al frente de las fuerzas policiales de los Gobiernos el Consejo de Europa dejó claro además, desde 2005, que hay una gravísima responsabilidad por parte de los Gobiernos y sus ministros competentes cuando no se toman medidas efectivas para investigar:

“10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El ministro y/o el jefe de departamento responsable de las investigaciones deben ser hechos responsables bajo la ley penal por dicho incumplimiento”.

(Resolución 1463 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 3 de octubre de 2005 sobre la cuestión de las desapariciones forzadas)

Al tiempo que el artículo 3 de la citada Convención de Naciones Unidas recoge que “Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar”, y en ningún caso permite encomendar la búsqueda a las familias” y el artículo 12.1 señala que “ante toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial”; añadiendo todavía el artículo 12.2 que “2. Siempre que haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, las autoridades a las que hace referencia el párrafo 1 iniciarán una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal”; todo lo cual ha llevado también a la inclusión de la violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles por “discriminación” por parte del Gobierno español a la hora de venir dándose contra este colectivo concreto una sistemática omisión del normal cumplimiento de los deberes de Estado más fundamentales.

Así, en concreto, las alegaciones alcanzan a veinte preceptos fundamentales distintos como son: los artículos 2, 6, 7, 14, 17, 23 y 24.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos; y los artículos 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 24 y 25 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Y se refieren igualmente a la vulneración de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por la Asamblea general de naciones Unidas por Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005 y el Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de naciones Unidas el 8 de febrero de 2005, en su 61 periodo de sesiones.

“Con tales actuaciones se incurre en dos esferas distintas de graves violaciones de los derechos humanos: los niños desaparecidos tienen derecho a conocer su verdadera identidad como parte de su derecho fundamental al desarrollo de su personalidad y a su libertad personal, y, por supuesto, tienen derecho a conocer a su familia biológica de la que fueron secuestrados por motivos políticos o de trata de personas”

“Pero de otro lado están también los derechos humanos de los familiares que les llevan buscando años y años, siempre solos, y que tienen reconocido el derecho a conocer el paradero y destino, vivos o muertos, de sus desaparecidos, y tienen derecho a que ese sufrimiento inhumano cese y a poder ejercer con normalidad su derecho humano a la vida familiar”.

“Es absolutamente escandaloso. Nuestro Gobierno no ha podido violar gravemente más derechos de las víctimas en materia de desapariciones forzadas, simplemente porque no existen” concluye el jurista.

La ONU pide a España que aclare “dónde y quienes están en las fosas comunes”

“El Estado español debería aclarar dónde están las fosas comunes de la Guerra Civil y la represión franquista y quiénes son las personas que están en esas fosas”, dijo Jeremy Sarkin, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Víctimas de Desapariciones Forzadas, que este año se celebraba por primera vez bajo el paraguas de la ONU.

Sarkin declaró que las desapariciones “son una violación continúa de los derechos humanos” y subrayó que, de acuerdo con la doctrina internacional, aquellas que “siguen sin resolverse tienen la consideración de delitos que todavía se están cometiendo”.

Sarkin destacó que “las familias de los desaparecidos tienen derecho a conocer la verdad, aunque las desapariciones ocurrieran hace más de 70 años, porque el derecho a la verdad es crucial”. “Es necesario estar al servicio de estas familias, sin olvidar la importancia de la reconciliación”, agregó.

Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, son 113.000 las personas que siguen en fosas comunes sin ser identificadas.

La ARMH denunció “el abandono que sufren por parte del Gobierno español los familiares de los desaparecidos como consecuencia de la represión franquista” y subrayó que la desaparición forzada “es el delito más grave que existe en el Derecho Penal”.

75 años después quieren mantenerlos en las fosas y en las cunetas.

Un alcalde del PP destroza una tumba con restos de represaliados.

Público, - 3 Agosto 2011

El primer edil de Poyales del Hoyo (PP) trasladó los huesos de 10 víctimas sin avisar a las familias.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denunció ayer que el alcalde de Poyales del Hoyo (Ávila), Antonio Cerro, del PP, acudió el pasado domingo junto con un guardia civil y un juez de paz al cementerio de la localidad para exhumar los restos de 10 víctimas de la represión franquista que habían sido trasladados allí en 2002 por sus descendientes para poder homenajearles. Los huesos, que reposaban bajo una lápida de mármol con una paloma de la paz, fueron arrojados a la fosa común del cementerio.

Los restos de las diez víctimas, entre las que hay cuatro mujeres, fueron llevados por los arqueólogos de la ARMH en 2002 y en 2010 desde dos fosas comunes de Candeleda (Ávila), tras la localización de las fosas donde habían sido fusilados. El Ayuntamiento les otorgó en 2002 un permiso de uso de ese espacio durante un periodo de 10 años. Sin embargo, el actual alcalde del PP decidió por las bravas acabar con el homenaje sin avisar a las familias, según la denuncia.

Las primeras víctimas trasladadas en 2002 al cementerio fueron tres mujeres de 26 43 y 53 años que fueron fusiladas por un grupo de falangistas en diciembre de 1936. Eran, de mayor a menor, Virtudes Punte, Pilar Espinosa y Valeriana Granada. Los otros siete enterrados en Poyales del Hoyo también están identificados.

La familia de una de las víctimas había manifestado su intención de trasladas los restos a otro cementerio junto con el resto de la familia. El alcalde usó esta excusa para desmantelar el homenaje. La ARMH estudia el método seguido por el alcalde y exige al PP que tome medidas por “la falta de humanidad” de su afiliado con las víctimas de la violencia.

PSOE y PP hacen pinza contra la memoria histórica

PSOE y PP suman sus votos para echar por tierra la resolución sobre memoria histórica que pedía declarar "nulas de pleno derecho" las sentencias franquistas contra los demócratas

Publicado en: Tercera Información

PSOE y PP han sumado sus votos ayer en el Pleno del Congreso para rechazar la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario de ERC-IU-ICV para el cumplimiento y desarrollo de la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. Los socialistas y la derecha parlamentaria –también han votado en contra los nacionalistas de CiU y PNV- han echado por tierra, entre otras cuestiones importantes, la posibilidad de que la Cámara Baja instara al Gobierno a declarar “nulas de pleno derecho, por la ilegitimidad de los tribunales, por vicios de forma y de fondo, y por la ilegitimidad de las normas aplicadas, las sentencias y resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia” por los tribunales u órganos penales de la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional de la República.

La iniciativa pretendía también que el Ejecutivo elaborara “un censo de edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos por miembros de batallones disciplinarios de soldados trabajadores, prisioneros de campos de concentración, batallones de trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas”.

ERC-IU-ICV solicitaban al Gobierno que fomentara la conservación de la memoria democrática y, en este sentido, pedían que se garantizara “la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de víctimas del franquismo”.

La nueva alianza del PSOE con el PP para impedir que se avance en la Ley de memoria Histórica ha impedido también posibilitar que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tenga que modificar las normas precisas para que puedan ser beneficiarias de las indemnizaciones las víctimas de la dictadura, los familiares directos de todos cuantos fueron condenados a muerte en consejo de guerra y ejecutados entre el 1 de enero de 1968 y la Ley de Amnistía de 6 de octubre de 1977 por actividades de oposición al régimen.

La iniciativa rechazada reclamaba también un “informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política en los años de la Transición con la finalidad de que sean consideradas beneficiarias de las indemnizaciones que pueda otorgar la futura ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

La Isla registra casi un centenar de posibles casos de bebés robados

José F. Cabeza/Información-San Fernando

La isleña Chari Herrera saltó a la luz pública hace un par de años al denunciar el posible caso del robo de una hermana suya recién nacida en el 1975, cuando su madre dio a luz en San Rafael, aunque atendida por persona sanitario de lo que antes se llamaba Zamacola (hoy día Puerta del Mar).

Han pasado los meses y hoy día es la portavoz en la provincia de Cádiz de la recién constituida asociación SOS Bebés Robados, donde se trabaja en pro de guiar a aquellas familias gaditanas que podrían tener la sospecha de que sus bebés les fueron robados de la unidad familiar nada más nacer.

Hasta el momento, Herrera tiene conocimiento de que en la provincia de Cádiz se han detectado en torno a 300 casos de posibles robos de niños recién nacidos, llevándose la palma de largo San Fernando con una cifra que ronda el centenar de ellos. Eso sí, reseñar que de esos 300 sólo en torno a 80 han sido denunciados ante la Fiscalía, un “paso clave”, según la portavoz de la entidad, para que realmente las familias puedan esclarecer los hechos.

De hecho, en el caso de Chari Herrera denunció su situación con otras tres familias más ante la Fiscalía de Cádiz en julio de 2010, ésta derivó a la Policía en diciembre de 2010 para que iniciara las diligencias que considerase oportunas y, tras seis meses, la investigación ya ha concluido. Ahora la pelota está en el tejado de la fiscal jefe de Cádiz, que es la que debe de determinar si hay indicios de delito, o bien se archivan las denuncias presentadas.

De distintos periodos

Según los datos que manejan en la asociación SOS Bebés Robados, en el caso de San Fernando, la posible desaparición de los niños se produjo en distintas periodos de tiempo, comenzándose a detectar los primeros casos en el año 1954 y alcanzando prácticamente hasta mediados de los años 80.

Herrera afirma que son aún muchas las familias que no se atreven a dar el paso y denunciar el caso ante la Fiscalía. En este sentido, y a modo de guía de orientación, señala que todas aquellas familias que entiendan que les ha podido pasar una situación similar a la vivida por ella deben de hacer recopilación de documentación en el Registro Civil, el cementerio donde presumiblemente el bebé está enterrado y en el hospital donde se llevó a cabo el alumbramiento.

En el Registro Civil es quizás donde puedan encontrar más problemas, puesto que si el fallecimiento del feto se produjo antes de 24 horas deben de pedir un legajo de aborto, y si se superó esas 24 horas hay que solicitar un legajo de nacimiento y defunción, además de la partida de nacimiento y defunción. En el hospital lo que hay que reclamar es un certificado del parto y en el cementerio del enterramiento.

Una vez que se tenga recabada toda esa información es cuando hay que dar el siguiente paso y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. De todas modos, Chari Herrera ofrece un sitio de encuentro a través del dominio de la web cadiz@sosbebesrobados.es, así como les invita a una reunión que tendrá lugar el próximo 30 de junio en Jerez de la Frontera, donde se dará asesoramiento personalizado a todos los interesados.

Cuando tenía 15 años

Chari es hoy una mujer casada y con hijos, pero recuerda que la curiosidad por saber si su hermana estaba viva se inició cuando cumplió 15 años y se disponía a salir a la calle con sus amigas. Fue entonces cuando su padre le comentó que “si ves a una niña por ahí, pregúntale si tiene un antojo en el muslo, que puede ser tu hermana”. Hasta entonces, ella desconocía que su madre en el año 1975 dio a luz a una hermana mayor que ella y que, “supuestamente”, había fallecido a la madrugada siguiente de nacer.

Desde entonces, le fue dando vueltas hasta que en 2009 se decidió por dar el paso adelante y averiguar si esa historia que le contó su padre era cierta y si, realmente, existía la posibilidad de que su hermana seguía viva.
Recuerda que su madre le contó que en aquel año de 1975 se fue a dar a luz junto a su padre a San Rafael, aunque fue atendida por personal de la antigua Zamacola. “La niña llevaba la cabeza casi fuera”, afirma Chari, quien narra que posteriormente a su madre se la llevaron a la quinta planta y allí les estaba esperando una enfermera, desalojando además de la habitación al hombre que hasta entonces en ella estaba.

Nació la niña y su padre comprobó de primera mano que estaba en perfecto estado de salud, Luego, cuando le tocó el turno a su madre de visitarle sólo le dejaron media hora, cuando lo habitual es que esté con ella entre tres y cuatro. Constantemente dos enfermeras se llevaban de manera alterna a la niña, según Chari, porque les decían que “llamaba la atención por el antojo que tenía en el muslo” y “la querían enseñar a todo el mundo por lo bonita que era”.

Esa misma madrugada, con la niña ya en el nido, despertaron a su madre y le dijeron que ha fallecido por un fallo en el corazón. Poco después su padre, al que mandaron a su casa a dormir, apareció en el hospital y le comunicaron la noticia. Él pidió verla y le llevaron al depósito de cadáveres y le enseñaron un cuerpo pequeño envuelto, pero no le dejaron verle la cara alegando que eso no estaba permitido.

“Mi padre, que sabía escribir lo justo, firmó todo lo que le pusieron por delante”, señala Chari, quien añade que tres días más tarde su madre salió del hospital y ni siquiera la volvieron a llamar para decirle cuándo enterraban a la pequeña. Fue entonces cuando Chari Herrera comenzó a remover en el año 2009 cielo y tierra para buscar un halo de esperanza sobre su hermana y, por el camino, se ha encontrado con muchas incógnitas por resolver.

40 niños en un mes y una muerte con muchas dudas

En los dos años que Chari Herrera lleva volcada en esclarecer qué sucedió exactamente con su hermana en aquel año de 1975 ha hecho un master en investigación privada, y ha recopilado datos muy confusos que han provocado en ella que sus sospechas sobre la posibilidad que su hermana siga viva vayan creciendo.

El primer documento que logró rescatar fue en el Registro Civil con el legajo de aborto (cuando el bebé tiene menos de 24 horas). En el, que aparece firmado por su padre, se recoge que la niña falleció con siete meses y que la causa de la muerte fue por prematuridad. Algo cuando menos extraño, puesto que su padre la asegura que su hermana nació con los nueve meses cumplidos y que además él la tuvo en sus brazos.

El segundo, y quizás más llamativo, es el que consigue del Cementerio de San José de Cádiz, donde presumiblemente está enterrada la niña. En él se dice que hay 35 fetos en la misma sepultura y que en el caso de su hermana que la muerte se produjo por macerado, es decir, dentro de la barriga de la madre.

Además, posee un extracto de ese mismo cementerio en el que se observa que en el período comprendido entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 1975 se produjo el entierro de 38 niños recién nacidos, la gran mayoría de ellos procedentes de Zamacola. “Es una media muy alta me parece”, señala Herrera.

Por el camino, y tras saltar su caso a la luz pública hace ya dos años, a esta isleña le han salido dos supuestas hermanas y que están dispuestos a hacerse la prueba del ADN para corroborarlo, aunque ella todavía no tiene decidido qué va a hacer puesto que no lo tiene del todo claro.

Su objetivo

Ahora mismo, lo único que quiere es que cuanto antes se aclare el caso suyo y el de los otros tres que denunciaron junto a ella. A partir de ahí, no parará hasta que no consiga lo que quiere que no es otra cosa que abrir la sepultura donde supuestamente fue enterrada su hermana en el año 1975 y “veríamos llegado el caso qué es lo que haríamos”.

De momento, seguirá adelante con su función como portavoz de la asociación constituida recientemente y ayudando a todas las familias que necesiten información en el que caso de que sospechen que las ha sucedido algo similar.

Las 27 rosas andaluzas

Una película reconstruye la matanza de mujeres en Fuentes de Andalucía en 1936.

El episodio da fe de la estrategia de terror aplicada por los fascistas durante la Guerra Civil

JUAN JOSÉ TÉLLEZ . Público.es

Hace 75 años, durante el turbio verano de 1936, 27 mujeres fueron asesinadas en una pequeña localidad de la provincia de Sevilla, Fuentes de Andalucía, a manos del fascismo alzado en armas. Hechos similares se repitieron durante aquel golpe de Estado que tardó en traducirse en guerra civil. Pero José Luis Tirado (Sevilla, 1955) lo ha usado como hilo conductor de su nueva película, Fuentes de la memoria.

"Cuando me planteo este tipo de documentales, me gusta partir de lo local para abarcar lo global", asegura este artista plural, en el amplio sentido de la palabra, que dio sus primeros pasos en la mítica revista La luna de Madrid y que cuenta con un sobrado pedigrí como dibujante, pintor, escultor o diseñador gráfico.

En Fuentes de la Memoria, bajo su sello habitual de ZAP Producciones, con Manuel P. Vargas como responsable del montaje y la banda sonora impactante de Fran M. M. Cabeza de Vaca, Tirado nos receta, a lo largo de 85 minutos, una larga batería de imágenes y palabras contra el olvido: "Hemos conseguido fotografías increíbles, como una portada triunfal llena de esvásticas nazis, o los nuevos amos del lugar, los falangistas, dando discursos a los niños por la calle". "Las torturaban y violaban antes de tirarlas a un pozo", dice José Luis Tirado
"En Fuentes de Andalucía -afirma Tirado-, como en tantos otros lugares de España, no hubo guerra, sino que el golpe de Estado se impuso desde el primer momento con una estrategia clara de terror. No pretendían simplemente vencer, sino aniquilar. Y, en muchos casos, lo lograron".

En el caso de esta pequeña localidad sevillana, las ejecuciones sumarísimas comenzaron nada más proclamarse el autodenominado alzamiento por parte del general Franco, durante el mismo mes de julio. Inmediatamente, más de cien vecinos murieron por supuestos hechos de guerra, aunque ninguno de ellos hubiera apretado gatillo alguno.

"A las mujeres, por haber cobrado cualquier protagonismo durante la República, los falangistas las llevaban hasta el cortijo del Aguaucho, las obligaban a hacerles la comida y luego las violaban, las torturaban y las acababan matando y arrojando a un pozo al que cubrieron de cemento. Volvían al pueblo con sus bragas en la punta de los fusiles. Todo esto se supo porque ellos mismos lo contaron a los cuatro vientos, jactándose de su hazaña", rebusca entre sus recuerdos uno de los testimonios recogidos en la película.

"Mataron a toda la familia"

"A mi padre lo habían matado y después mataron a mi madre. Mataron a mi abuela, mataron a mi tía. Yo es que no comprendo, porque, no es que uno se conforme con la muerte de nadie, pero él estaba defendiendo una cosa, que entre dos siempre unos ganan y otros pierden. Él perdió, pero bueno, lo mataron. Pero lo que no se comprende es que mataran a la suegra, mataran a la cuñada y mataran a mi madre, vamos es que mataron a toda la familia", se duele en una de las secuencias del documental Virtudes Ávila, hija de Francisco Ávila, quien fuera primer teniente de alcalde de Fuentes en 1936 y que también fue asesinado. El mismo final que sufrió su esposa, Carmen Estanislao, que se encontraba embarazada. Su tía Josefa y su abuela Manuela Moreno también fueron fusiladas por los fascistas.

Un monumento rendirá homenaje a las víctimas en el municipio sevillano

Convertida en una escalofriante película de miedo, la película llega a recrear, incluso, aquella masacre, muy parecida a otras que recorren la espina dorsal de toda la península: "La represión cubre un espectro amplísimo que comienza de inmediato. Igual aquí en el suroeste, que en Galicia", explica el historiador Francisco Espinosa.

La criba comienza de inmediato siempre y en todo momento controlada por la autoridad militar", prosigue Espinosa, consciente de que falangistas, requetés o pistoleros de la extrema derecha eran los ejecutores, pero las órdenes procedían de la jerarquía militar, con una voluntad clara de exterminio.

"Estrategia del terror"

"Lo que pretendo es, a partir de este suceso, analizar la estrategia del terror que se llevó a cabo en Andalucía, en Extremadura, en buena parte de Castilla, Galicia, Aragón, Rioja, Navarra, Baleares o Canarias, donde la única guerra que hubo fue la de las tapias y las cunetas", señala José Luis Tirado.

Su director define Fuentes de la memoria como "un relato coral contra el olvido". Algunos testigos de los hechos y familiares de las víctimas, historiadores y numerosos documentos ayudan a reconstruir aquella pesadilla.

Ahora, un monumento rendirá memoria a las víctimas de Fuentes de Andalucía, pero durante la dictadura sólo hubo silencio: "Toda esta matanza del verano y del otoño de 1936 no existe oficialmente. No existe porque no la inscriben en el Registro Civil. No inscriben a nadie, absolutamente a nadie. Y a su vez, las pruebas del delito, que son los cadáveres, los llevan a fosas comunes con paletada de cal. Esa es la constante en toda la provincia de Sevilla", afirma José María García Márquez, uno de los investigadores que participan en esta producción.

Son cómplices

La ley de MH que IU presentó en Andalucía rechazada por PSOE y PP

Los ¿socialistas? alegan que la norma nacional hace inútil una autonómica

ÁNGEL MUNÁRRIZ (Público.es)

La ley de memoria histórica de Izquierda Unida (IU) duerme ya en el cajón de los proyectos frustrados. PSOE y PP tumbaron ayer en el Parlamento autonómico la proposición de Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía, de claro acento republicano y con la que la coalición pretendía adelantar por la izquierda la normativa nacional aprobada en 2007 en el Congreso (con el apoyo de IU). La ley ni siquiera fue admitida a trámite. Hubo cien votos en contra, cinco a favor -los cinco de IU, uno de cuyos seis parlamentarios faltó- y ninguna abstención.

Con un informe contrario del Consejo de Gobierno, la primera ley de memoria histórica debatida en el Parlamento andaluz llegaba a la Cámara condenada a morir antes incluso de nacer. No obstante, el debate tenía el interés político de ver a PSOE y PP votando en el mismo sentido en un tema, la memoria histórica, donde son como el agua y el aceite.

Los noes de ambos grupos fueron de distinto tenor. Teresa Jiménez (PSOE) calificó de "innecesaria" la norma al existir ya una ley española y un desarrollo de las políticas en la materia por parte de la Junta, caso de la figura del comisario de memoria, el protocolo de exhumaciones, la indemnización a 2.500 represaliados por una cuantía superior a 9,5 millones de euros, el mapa autonómico de fosas... "Cualquiera de fuera de Andalucía que leyera su ley pensaría que aquí no se ha hecho nada. Me quedo perpleja", dijo.

Carlos Rojas (PP) no se movió una línea de la tesis de su partido sobre memoria histórica desde que el Gobierno promovió la ley nacional en la primera legislatura de Zapatero: sólo sirve para "reabrir heridas". "No está el horno para esos bollos", añadió. La ley, dijo Rojas, es una "cortina de humo" para no hablar de los "1,2 millones de parados y las 350.000 familias andaluzas sin ingresos". El interés de los andaluces, dijo, no está en la memoria histórica, sino en saber "quién se lleva el dinero público de los andaluces con fines privados", en referencia implícita al escándalo de los ERE. Rojas conminó a IU a preguntar a los andaluces si quieren una ley como esta "o un trabajo".

José Manuel Mariscal (IU) respondió a Rojas que "también" se pondría preguntar a los andaluces "si quieren una derecha tan facha" como la liderada por Javier Arenas, que, según el secretario general del PCA, no se ha desmarcado todavía de la dictadura. Con respecto a los argumentos del PSOE -que la ley es innecesaria-, Mariscal dijo que la norma aporta, entre otros valores, el plus de obligar a una investigación judicial de los crímenes, que al ser actos de "genocidio" son "imprescriptibles".

Una norma exigente

La norma frustrada de IU pretendía obligar a la Junta a localizar las fosas comunes, garantizar su conservación, excavarlas y exhumar los restos si es posible, así como a identificarlos, todo ello con dinero público. Con ello se quería liberar de responsabilidad a familiares y asociaciones y obligar al Gobierno andaluz a asumir directamente y de oficio las tareas.

La norma recoge el "derecho a conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil, la dictadura (...) y la Transición". Una de las medidas para garantizarlo sería la inclusión de la "Memoria Democrática" en el currículo escolar. La norma fija la creación de un Instituto de la Memoria Democrática, de un censo público de desaparecidos y de un banco de ADN. También prevé un Catálogo de Lugares de la Memoria Democrática. La ley impone la retirada de los símbolos franquistas de los edificios privados. IU afirmó el 16 de marzo que la negativa de admisión a trámite de esta ley por parte del PSOE sería considerada casus belli.

A las puertas del Parlamento se manifestaron durante el pleno, convocadas por el Foro por la Memoria, unas veinte personas con banderas republicanas.

IU lleva la recuperación de la Memoria Democrática al parlamento andaluz superando las carencias de la ley de memoria estatal

De salir adelante, la Junta de Andalucía asumiría las competencias que el Estado delegó en asociaciones, según la ley de memoria de 2007

César Pérez Navarro - Tercera Información

“Establecer el régimen jurídico de las tareas de recuperación de la memoria democrática de Andalucía con el fin de garantizar y divulgar su conocimiento, satisfaciendo el derecho de la sociedad a conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia, así como las circunstancias en que, durante estos períodos, se produjeron desapariciones de personas y se cometieron vulneraciones de los derechos humanos”. Con esta finalidad, el pasado 11 de Marzo IU entregó en el parlamento de Andalucía la “Proposición de ley para la recuperación de la memoria democrática en Andalucía”, proposición que será debatida en el pleno del 13 de Abril para su admisión a trámite como ley.

La propuesta pretende suplir las carencias la vigente Ley de Memoria Histórica, de ámbito nacional, pero negociada en 2007 con el actual gobierno del PSOE desde una posición débil, si nos atenemos a la actual composición del Congreso.

La llamada Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, ha sido del todo insuficiente para asociaciones de Memoria Histórica, descendientes de represaliados y otros muchos ciudadanos preocupados por informarse al respecto o sensibilizados con la recuperación de la Memoria Histórica. También para Amnistía Internacional o la ONU, cuyo Comité de Derechos Humanos ha llamado hasta tres veces la atención al gobierno español por no cumplir con la legislación internacional en esta materia.

Aún en 2009, ya aprobada la vigente ley de Memoria Histórica, Naciones Unidas mostró al actual gobierno su "preocupación por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977” y le advertía de que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles" y que las amnistías "relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto", por lo que sigue pidiendo “la derogación de la ley de Amnistía” y "tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales".

La justicia española sigue siendo un caso excepcional a la hora de dejar impunes los crímenes de una dictadura, la franquista, a pesar de haber firmado en 1992, junto a otras muchas naciones de la Asamblea General de la ONU, que “los Estados actuarán (…) para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas”. Precisamente, en la exposición de motivos de la proposición de IU se cita como punto de partida el principio 2 (“el deber de la memoria”) de la Carta de Naciones Unidas: “preservar del olvido la memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo de tesis revisionistas y negacionistas...”. Se trata, entre otras cuestiones, de que la historia no se repita, como -por citar un ejemplo- en el caso de Turquía, su negado exterminio del pueblo armenio, y el reciente y silenciado genocidio de los kurdos.

Entrando a valorar las propuestas concretas de la proposición de ley “(...) fruto de un arduo trabajo de elaboración colectiva junto a un equipo multidisciplinar de gentes ligadas a los movimientos memorialistas de Andalucía (...)”, citando palabras de sus impulsores (IU LV-CA), hay que decir que garantiza el cumplimiento de la legislación internacional y puede suponer un ejemplo para otras comunidades autónomas, a la vez que para el gobierno central. De la misma manera, el protocolo de actuación de los diferentes Foros por la Memoria, aplicado desde hace años en muchas de las recuperaciones de fosas comunes, también ha sido un ejemplo para varios artículos de esta proposición.

En efecto, el protocolo de exhumaciones de esta asociación (a diferencia de otras) incluye la denuncia de los crímenes de lesa humanidad en los juzgados correspondientes (artículo 11) además de otros aspectos contemplados en la propuesta de ley, como el trabajo historiográfico previo y la necesidad de que equipos multidisciplinares se encargen de la tarea: arqueólogos, antropólogos forenses, etc. (artículo 21). Otra de las reivindicaciones menos escuchadas hasta ahora por los diferentes gobiernos, que sea el Estado (en este caso la Junta de Andalucía) el que garantice “el derecho [de la ciudadanía] al conocimiento de la verdad en las materias reguladas en esta ley” queda recogido en el artículo 2 y más específicamente en el artículo 10, al hablar de la exhumación de las fosas: “1. La administración pública andaluza procederá a la localización de las fosas comunes, así como a la identificación y, en su caso, a la exhumación de los restos humanos que contengan, atendiendo a un rigor científico (...)”.

Otras disposiciones van más allá de la ley nacional que regula la recuperación de la memoria en la actualidad, sin entrar en conflicto con ella y superándola en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y de todos los ciudadanos a conocer la verdad. Así, la retirada de símbolos fascistas de los edificios públicos se extiende a los privados (artículo 48), siempre atendiendo a su relevancia patrimonial o histórica (artículo 49). Se creará un “Catálogo de Lugares de la Memoria Democrática”, también un “censo de víctimas” para conocer y difundir la magnitud de la represión contra el pueblo andaluz, y se introducirá la Memoria Democrática en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato.

Otros artículos novedosos incluyen la creación de varios órganos para el desarrollo de la Memoria Democrática, como un “Centro de Documentación e Interpretación de la Memoria Democrática de Andalucía”, a disposición de investigadores, quienes podrán “difundir la verdad de lo acontecido”. Se velará por el “acceso público de los archivos”, se establecerán “planes de resarcimiento y reconocimiento” a represaliados, se anularán “distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales”, se investigará “la desaparición de fondos documentales del Estado en Andalucía durante la Transición”, se castigarán judicialmente los actos de “apología del fascismo” y se excluirá de subvenciones a “entidades que organicen, programen o promuevan actividades relacionadas con la apología del fascismo”.

Por último, hay que destacar que se impulsarán medidas para “la restitución del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas desde el 18 de Julio de 1936 en Andalucía” y otra de las cuestiones no resueltas por la ley estatal: se solicitará al Estado central “(...) la nulidad de todos los juicios a ciudadanos/as andaluces/as realizados por tribunales militares y/o civiles por causa de motivos políticos vinculados a la República, Guerra Civil o a la lucha en defensa de la democracia durante la dictadura o la transición (...)” (disposición adicional décima).

Presumiblemente, la Proposición de Ley, prioritaria para IU LV-CA, tendrá más opciones de salir adelante cuando cambie la composición del parlamento andaluz y en el caso de que el PP no obtenga la mayoría absoluta en las próximas elecciones andaluzas de 2012.

Esperan localizar a más de cuarenta fusilados de Chiclana y Vejer

"Por fin, después de 75 años, se hace justicia con nuestros familiares"

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presidió ayer el inicio de las catas arqueológicas para encontrar los restos de las personas que fueron fusiladas.

Publicado en: J.M.Reina/ Diario de Cádiz/Chiclana


Visiblemente emocionada y esperanzada, "han sido muchos los años que hemos soñado con este momento", contemplaba ayer María del Carmen M. Rodríguez el inicio de las catas arqueológicas en el cementerio San Juan Bautista. Unos trabajos que, tutelados por el Comisariado para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Junta, tienen como objetivo encontrar las fosas en las que fueron enterradas algunas de las personas que fueron fusiladas y represaliadas en la Guerra Civil.

"A mi abuelo se lo llevaron con 51 años, cuando mi madre tenía 13, y su único delito fue ser una persona culta y avanzada a su tiempo. Un sindicalista que siempre defendió a los agricultores y salineros de la localidad. Una persona buena", apuntaba, casi sin dejar de observar los trabajos, la nieta de Diego Rodríguez Barbosa, destacado militante de la CNT asesinado el 28 de agosto de 1936 en la 'Alcantarilla del Águila'.

"A mi abuelo", explicaba, "le encantaba escribir novelas y poesía y mi esperanza, como la de mi familia, es encontrar sus restos y depositarlos junto a los de sus padres". "Creo, como tantos otros familiares de fusilados", añadía, "que lo que hemos perseguido durante años y ahora se está haciendo realidad es simplemente una cuestión de justicia".

Además de los restos de Rodríguez Barbosa, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Social y Política de Chiclana espera que, entre otros muchos, se puedan encontrar los restos de una treintena de chiclaneros, así como de doce vejeriegos. "A diferencia de lo que ocurre en otros cementerios, aquí no existe un registro detallado en el que se refleje los nombres y la procedencia de las personas que fueron enterradas tras ser asesinadas", señaló Isabel Cantos, secretaria de la asociación.

"Sabemos", añadió, "que muchos fueron fusilados aquí y que otros, procedentes de otras poblaciones de la provincia y cárceles, fueron trasladados al cementerio de Chiclana, entonces cabeza de partido judicial, para enterrarlos".
"Lo importante", resaltó, "es que hoy, 75 años después de un largo y doloroso camino, nos encontramos en el inicio de búsqueda que nos llena de satisfacción".

Nombres de los fusilados de los que tiene constancia la asociación local:

Agustín Aragón Aragón, Antonio González Rocamonde , Agustín Muñoz Rodríguez, Arquímedes Rodríguez Pareja, Antonio Gamaza Quiñones, Bartolomé Canto Sánchez, Baldomero Martínez Cruz, Diego Galván Pedrosa, Diego Rodríguez Barbosa, Eduardo Gálvez Moreno, Francisco Forero Lobato, Francisco Gálvez Arias, Gregorio Ruiz Palas, José Manuel Chozas Márquez, José Montiel Guzmán, José Luís Muñoz, Juan Cebada Ramírez, Juan Fernández Aragón, Juan Sánchez Peralta, Luis Aragón, Manuel Estrada Alba, Manuel González Velasco, Manuel Montero González, Manuel Muñoz Martínez, Manuel Rendón Gil, Miguel Martínez Jurado, Manuel Cieza Soriano, Pablo Caballero Rodríguez, Pedro Saucedo Bottossi, Pepe Cañas Molina, Fernández Panes, Manolo 'El Electricista' y 'El Raspaura'

La represión del Magisterio

MÉDICOS CERCANOS AL OPUS DEI CERTIFICARON LA MUERTE DE BEBÉS

Publicado en: www.diagonalperiodico.net (María José Esteso Poves )

“Entonces un médico era como Dios, no imaginaba que me robaron a mi niña"

Las denuncias de niños robados desde el Franquismo hasta los años ‘80 han llegado a la Fiscalía General del Estado. El fiscal ha dictaminado que se investiguen las desapariciones de bebés.

Documento en poder de A.O.C. entregado años después de dar a luz a su hija en el que consta que tuvo un aborto en lugar de un nacimiento. Foto: David Fernández.

“Me ingresaron y dijeron que me faltaba muy poco para dar a luz. Al día siguiente, a las siete de la mañana, me pusieron el gotero y unas horas después el médico me dijo que me iban a hacer la cesárea porque la niña no nacía”. Así comienza su relato A.O.C. una madre que prefiere no identificarse y que no figure el municipio de Madrid donde vive con su familia.

“Estaba en una habitación de seis camas y al lado había una señora embarazada. Nada más irse el médico, sentí un dolor muy fuerte, empujé y la niña nació sola, fue el 4 de abril de 1976. La señora que estaba en la cama de al lado se levantó, me retiró la ropa y dijo: Qué niña más guapa” recuerda A. que ahora tiene 66 años. “Vinieron las enfermeras y se llevaron a la niña pero no me la enseñaron. La oí llorar en el pasillo. Enseguida entraron otra vez las dos enfermeras que me atendían, una muy alegre y otra más delgada y seria. La primera me dijo: ’La niña está sana’, pero la otra le lanzó una mirada muy seria… Yo pensé que le regañaba porque la primera enfermera era muy dicharachera”, cuenta A.

Una niña sana

“Despues llegó el médico. Me aseguró que el bebé pesaba dos kilos y medio y que se quedaría un tiempo en la incubadora porque tenía una pequeña insuficiencia respiratoria” recuerda esta madre. Dice que su marido y su cuñado también vieron a la pequeña. Pero a las cinco de la tarde llamaron por megafonía. “Bajó mi marido y la cuna estaba vacía. Una enfermera le explicó que la niña había muerto. Él pidió ver el cuerpo y le dijeron que ya lo habían incinerado". Y se pregunta: ¿Cómo la incineraron sin decirnos nada?”.

Estuvo muy enferma por las subidas de leche que tuvo tras el parto. Las enfermeras le propusieron que la donase pero ella se negó. Unos días después le dieron el alta. No le entregaron ningún documento. Pasado el tiempo, A. tuvo dos hijos más. En el último embarazo, el ginecólogo que la trataba le preguntó sobre sus otros partos. “Cuando le conté la muerte de la niña el médico me contestó: ‘Ya…, esas historias me las conozco yo’. Me quedé de piedra”.

Este doctor pidió un informe de la paciente a La Paz y le remitieron un papel que decía que el 4 de abril de 1976 A. tuvo un aborto "estando embarazada de tres meses". El documento está firmado el 21 de mayo de 1981 por el doctor José Antonio Usandizaga. “No podía creerlo. Entonces, un médico era como Dios. Ahora tengo la certeza de que a esa niña me la robaron”, afirma A.

José Antonio Usandizaga Beguiristain tiene ahora 78 años. En sus inicios ejerció en el Hospital de Basurto, en Bilbao, ciudad donde se denunció una trama de adopciones que llevó a cabo Mercedes de Grass (Ver DIAGONAL nº 111). Usandizaga fue después jefe de obstetricia y ginecología del Hospital La Paz de Madrid y director de la maternidad de este hospital durante años. Muy próximo al Opus Dei, milita activamente contra el aborto. En un documento elaborado por él para la conferencia episcopal asegura que ha asistido “cientos de miles de embarazos en la maternidad de La Paz”.

Gracias a las primeras denuncias efectuadas en 2009, (aunque con anterioridad lo hicieron los adoptados de la Clínica privada San Ramón) y su difusión en los medios de comunicación y en internet, han aparecido muchos más casos.

Pedro Soto investiga ahora la muerte de su hermana nacida el 20 de julio de 1979. Su madre, Francisca Sánchez, se quedó embarazada cuando tenía 33 años. Fue a un ginecólogo de un ambulatorio de Torrejón de Ardoz, Madrid que le recomendó ir a la maternidad de O‘Donnell aunque le correspondía otro hospital. Allí dió a luz a una niña. "Le dijeron que el bebé estaba bien, pero no se lo enseñaron. Unas horas después le comunicaron que la niña había muerto", explica Soto. Ante la insistencia del padre le mostraron un bebé muerto envuelto en trapos. No les entregaron ningún documento.

Soto dice que sus padres eran gente humilde y no reclamaron más. “Mi madre siempre ha dicho que algo raro pasó”, asegura. Ahora se han unido a la recién creada Plataforma de Afectados de Clínicas de toda España. Causa Niños Robados. Tras varias investigaciones han descubierto que el médico de Torrejón de Ardoz y el que atendió en el parto a su madre también trabajaban juntos en una clínica privada.

El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid conserva, en teoría, las historias y documentos de los hospitales de la capital, muchos de ellos digitalizados. Fue allí donde Mar Soriano descubrió que la muerte de su hermana Beatriz Soriano nacida en la maternidad de O‘Donnell el 3 de enero 1964 fue atribuida a una otitis. El parte de defunción lo firma el médico Ignacio Villa Elizaga, muy cercano al Opus Dei, que trabajó en la maternidad de Santa Cristina, en O‘Donnell y en la actualidad es profesor en la Universidad de Navarra. Como publicó DIAGONAL, la otitis no es una causa de muerte. Otros seis bebés murieron en ese hospital por otitis el mismo día que Beatriz Soriano, según los archivos.

En esos años muchas mujeres que iban a las privadas acabaron en los hospitales públicos atendidas por los mismos médicos. En el caso de las adopciones ilegales de la clínica San Ramón, situada en el Paseo de la Habana 143, de Madrid, hoy un geriátrico, las denuncias son claras. El tocólogo que atendía los partos y dirigía la maternidad, Eduardo Vela Vela, entregó a cientos de bebés que reclaman ahora sus historiales médicos. Una denuncia por sustracción de menores en 1981 cerró la clínica San Ramón. Entonces se culpó a la dueña de una guardería y a unas prostitutas de compra-venta de niños y se archivó la acusación que apuntaba al doctor Vela.

Los adoptados en esta clínica hoy son mujeres y hombres que se han organizado a través de internet e intercambian información en diversos foros. Así, se sabe que Vela no actuaba sólo. Su mano derecha era sor María Gómez Valbuena. Esta monja era asistente social en la maternidad pública de Santa Cristina, en O‘Donnell, y a la vez trabajaba con el doctor Vela en la clínica privada de San Ramón. Era conocida en todo el país como “la monja que conseguía niños”.
Rosa R. G. tuvo a su tercer hijo con 22 años, en San Ramón. “Mi bebé nació 26 de octubre de 1978. Era prematuro, de siete meses y medio y pesó 2,5 kg. Todo fue muy bien, no tuvieron que darme puntos ni nada, a las dos horas estaba de pie. A todas las mujeres que atendían en la maternidad de San Ramón las dormían”, dice Rosa R. G. “Cuando desperté, dos horas después del parto, la monja me dijo que todo había ido muy bien. Yo pregunté por el médico y la religiosa me dijo que el médico no estaba. Bajé a ver al niño, era muy guapo, y lo habían metido en una incubadora”. Pasadas doce horas el doctor Vela le dijo que el bebé había muerto. A la madre de la parturienta le enseñaron un bebé gordito envuelto en una toalla que estaba en un cámara frigorífica. No le dieron ninguna documentación.

El 22 de febrero el Congreso de los diputados se comprometía a apoyar desde las instituciones la investigación sobre los niños robados. Unas semanas antes el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció que los casos de niños robados serán investigados y que la instrucción se remitirá a las fiscalías territoriales. Esta decisión abre la vía para destapar una compleja trama en la que están envueltas personas de altos estamentos.

ROBO DE MENORES EN LOS ’60, ’70 Y LOS ’80

El robo de niños fue una práctica habitual durante la guerra civil. Se robaban los bebés de madres republicanas encarceladas, que parían en las prisiones. Sus hijos eran arrebatados, y luego ellas eran fusiladas, como han documentado las investigaciones de Tomasa Cuevas y Ricard Vinyes, entre otros. Esta práctica, inspirada en las teorías de Antonio Vallejo Nájera, con el paso de los años se convirtió en un negocio que afectó a madres sin filiación política y que duró hasta entrada la democracia.

La desaparecida asociación Andas, Derecho a Saber, documentó los primeros casos. Hoy los afectados de los ‘60, ‘70 y los ‘80 han constituido varias organizaciones: La Voz de los Afectados, La Plataforma de Afectados de Clínicas de Toda España o la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), entre otras. Todas han documentado cientos de casos. En ellos, como ya publicó DIAGONAL (ver números 110, 111 y 112) están implicados curas, monjas, médicos, abogados, enfermeras e incluso conserjes. Cobraban por conseguir bebés para matrimonios de ‘buena posición’ afectos al Franquismo.

En enero, Anadir, a través de su abogado Enrique Vila, presentó una denuncia a la Audiencia Nacional con más de 250 casos. Ahora son ya 500 afectados. Esta denuncia se une a la presentada por el abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, por la Plataforma de Afectados de Clínicas de Toda España junto a otras 300 familias. Otros casos pendientes son los de los adoptados ilegalmente en la Clínica privada de San Ramón, el grupo de adoptados de Bilbao, el caso de Andalucía, etc.

EL PODER DE UNA MONJA

El control de las adopciones aumenta con la ley de 1987. Uno de los defensores de ese control fue Gregorio Guijarro, ya fallecido. Guijarro era director de la Asociación Española para la Adopción (AEPA) y al mismo tiempo fiscal general del Tribunal Supremo. Entonces él adoptó a dos niñas gemelas. Sin embargo, no era muy partidario de que el control de los adoptados fuese del todo público. En un artículo publicado por El País en 1981, en el que ensalza la tarea de la monja que trabajaba con Eduardo Vela, dice: “La encargada del servicio de asistencia social y maternidad de Santa Cristina (pública) desde hace más de 12 años, sor María Gómez Valbuena, (también en la clínica privada San Ramón) tiene en su memoria un arsenal de historias”. Sor María Gómez aún vive.