¿Da usted su permiso, Sr. Obispo?

Publicado en KABILA (http://rafa-almazan.blogspot.com/)
Autor: Rafael Almazán


Ya se ha pronunciado la comisión de expertos sobre el Valle de los Caídos. Como era de prever, un dictamen blandito y de muy difícil cumplimiento. De una comisión de expertos nombrada por un gobierno pusilánime y flojo, miedoso de la derecha y supeditado a la Iglesia, no se podía esperar otra cosa. O sea, sin ninguna contundencia y con condiciones imposibles, ha sugerido que Franco sea exhumado. Eso sí, con permiso de la Iglesia y con amplio acuerdo parlamentario. O sea, que no.

Por cierto, en ese alarde de equidistancia inexistente, siguen diciendo que el cadáver de Primo de Rivera, el ideólogo de los rebeldes vencedores, se puede quedar, porque murió durante la guerra. Clara intención de igualar a traidores rebeldes con constitucionalistas republicanos, en su afán de pasar página y borrar la Memoria Histórica, de un plumazo.

Con lo cual queda demostrado que somos un Estado supeditado a la Iglesia, porque, ¿no es Patrimonio Nacional el Valle de los Caídos? ¿qué pinta la Iglesia en la decisión? ¿cuál es el motivo por el que la Iglesia tiene que estar de acuerdo? ¿qué hay detrás de esta prerrogativa? Si no fuera por lo serio del tema, sería para mondarse de risa, ¿dónde se ha visto que para tomar una decisión un Estado soberano, de un bien que es patrimonio nacional, tenga que pedir permiso a la Iglesia?

Lamentablemente tener que pedir permiso a los obispos no hace sino constatar lo lejos que estamos de un Estado laico, además de buscar una rotunda negativa al asunto. Y requerir un acuerdo amplio en el parlamento es dejar el asunto en la vía muerta. Es tratar de confundir, porque, ¿qué significa una mayoría amplia? ¿El 60%, dos tercios, tres quintos, el 80%?
No se debe olvidar que este monumento fue levantado para honor de los rebeldes vencedores, por muchos republicanos presos, que murieron en el intento y, que quedaron allí mal enterrados. Y que hasta hoy, y me temo que en un futuro, ha servido y servirá para celebrar una “Victoria” que supuso una de las dictaduras más férreas y duras del siglo XX. ¿Cómo se puede mantener, si no es para celebrar su gesta, al asesino junto a sus asesinados?

Pero, no nos preocupemos, “la prisa” que se ha dado el PSOE en este asunto, hace que sea el PP quien lo tiene que gestionar, que es lo mismo que decir que aquí no ha pasado nada. Al cajón el informe de la comisión y todo seguirá igual.

Lo del Valle de los Caídos, mientras gobierne el PP, está muerto, sobre todo con un PSOE que no tiene determinación y sí miedo, y que de forma cobarde se somete a la Iglesia, también en este tema.

El PP se olvidará voluntariamente, y todo seguirá igual. El 20-N volverán las celebraciones franquistas, las misas de réquiem en honor del genocida, y aquí paz y allí gloria.

El Valle de los Caídos, puesto que no se puede volar para que desaparezca la afrenta, debería reconvertirse en el Museo del Horror, al igual que ha sucedido con algunos campos de concentración nazi. Ese debería ser su uso. Un uso que mostrara la crueldad del franquismo y que sirviera de ejemplo de lo que no puede volver a pasar. Lo demás, parches que pretenden rectificar la historia y la Memoria Histórica, y que igualan a tirios y troyanos, o sea a asesinos y torturadores con los defensores del orden constitucional.

No son “sentencias”, son crímenes de guerra

Análisis de Miguel Ángel Rodríguez Arias.
Publicado en: La Republica.es

Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo...

Ni “sentencias” con defectos, ni “sentencias” ilegítimas, ni “sentencias” injustas – lo último que se le ocurrió a la Vicepresidenta Fernández de la Vega al hablar recientemente del caso de Miguel Hernández –. Es que no son sentencias: son crímenes de guerra.
Actos criminales contrarios a la Convención de Ginebra y al mismo estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que en su artículo 8.2.c) iv, define expresamente como “crimen de guerra” (imprescriptibles, inamnistiables…):

“Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.
Y sí, ya sé que, como no estamos en un Estado de Derecho de verdad, a nuestras autoridades lo de la convención de Ginebra (nada menos), el Estatuto de Roma y todo lo demás no les importa lo más mínimo mientras no les cueste votos…pero no por ello hay que dejar de denunciarlo claramente y con los instrumentos internacionales en la mano, aunque solo sea por llamar las cosas por su nombre y tal y como las definen los tratados suscritos por España ya que, al parecer, las autoridades españolas no se sienten en la obligación de hacerlo.

Que Franco se empeñase en llamar “sentencias” a esos 190.000 asesinatos estimados para tratar de enmascararlos como “justicia” pudiera ser normal para gente como Franco, Hitler, Mussolini…, pero que nuestra democracia las convalide todavía hoy como tales no lo es, y menos que nuestra ley de la memoria las siga llamando “sentencias”, ilegitimas, con defectos, antipáticas, de mal rollo o cualquier otro adjetivo edulcorante que se les ocurra de espaldas al derecho internacional que, jurídicamente hablando, vienen a valer lo mismo: nada. Porque en derecho las cosas son vigentes o nulas, en distinto grado si se quiere, pero ilegítimas o antipáticas no son.
Y hablo de 190.000 asesinatos, crímenes de guerra, “estimados” porque el despropósito es tal que de todas esas pretendidas sentencias vigentes pero descarriadas, ejercicio del “ius puniendi” del Estado, no sabríamos ni la cifra, y hasta eso mismo es ya completamente insostenible. No es que no sepamos las cifras de desaparecidos a manos de camisas azules y demás, que tampoco: es que no se sabe ni a cuantos “ejecutó” el Estado. Exactamente así de jurídica fue la orgía de muerte franquista con los militarmente vencidos.
Simplemente nuestra democracia no puede seguir convalidando las tropelías criminales del fascismo español como actos de “derecho”.
El asesinato de Companys fue un crimen de guerra, hay que empezar a llamarlo así de una vez, el asesinato de Antonio Escobar, también, como lo fue la condena de Miguel Hernández, y de tantos y tantos y tantos otros en todo el país.
Y no me refiero sólo a las condenas de muerte, también a todas las demás condenas dictadas “sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”, como he citado más arriba.
Son actos criminales que no pueden, ni deben, seguir siendo considerados hoy como “derecho”, ni llamados “sentencias” por nadie, por mucho que los criminales así lo pretendieran para encubrirse y tan, tan bien, ay, les haya salido la jugada durante todo este tiempo. El artículo 8 del Estatuto de Roma lo define bien claro.
Y por eso no puede tratarse tampoco únicamente de la nulidad de todas las “sentencias” del franquismo – primera medida a emprender – sino, más ampliamente, del cumplimiento de todos los deberes de “verdad, justicia y reparación” hacia los “sentenciados”
De modo que, tratándose de crímenes de guerra contra excombatientes y población civil protegida, es igualmente obligado impulsar también la apertura de una “investigación oficial efectiva e independiente” dirigida al esclarecimiento judicial de la verdad, y la depuración de todas las responsabilidades penales, civiles, administrativas o de cualquier otra índole a través de la aplicabilidad del legado de Nuremberg que el artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos nos ofrece.
Y sin olvidarse de otorgar a todas estas víctimas, y muy especialmente a todos los asesinados y a sus familias, su pleno reconocimiento debido como “víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos”, de conformidad con la Resolución 60/147 de la Asamblea General de Naciones Unidas; sin saltarse ninguna de las cinco formas de reparación por parte del Estado previstas en la misma – restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición –, y en particular, a las siguientes obligaciones especialmente urgentes:
1- La nulidad de todas las “sentencias” y “tribunales” y su reconocimiento como mera ficción jurídica utilizada por el régimen fascista de Franco para el enmascaramiento de todos estos asesinatos sistemáticos, ello mismo como una primera forma de reestablecimiento de la dignidad, la reputación y los derechos de las víctimas y de sus familiares.

Nacionalcatolicismo

Jaime Richart en Kaos en la Red

¿En dónde y cuándo se ha sabido que los vencedores de un alzamiento armado nieguen, 70 años después, a los hijos, nietos o hermanos de los vencidos el derecho a dar sepultura a sus muertos, padres o abuelos asesinados por aquellos?

La Falange fue brazo armado del franquismo antes, durante y después de la guerra civil; cómplice y ejecutor de los crímenes una vez terminada la guerra. Los más de cien mil “paseados” y asesinados después de 1939 en que la guerra acabó “oficialmente”, están esperando aún digna fosa.

Y ahora resulta que la Falange se querella contra quien se aprestaba a cumplir la Ley (en cuya virtud el tribunal que lo juzga se hace a su vez cómplice de los querellantes) y se erige de esa manera en un “reivindicador” del derecho a sus crímenes, negando a un tiempo a esta generación el suyo a rescatar el cuerpo de los matados por sus ascendientes.
Es como si Franco resucitado volviese con alegaciones a favor de su “Movimiento”. España es un país donde todo puede ocurrir. Cualquier cosa, y si es disparatada, aberrante e inconcebible, con mayor motivo.

Todo esto es herencia del nacionalcatolicismo: una mixtura de golpes de pecho, de burla a las enseñanzas evangélicas impartidas para otros pero irrelevantes para quienes las predican; de conquistas imperiales con la cruz en una mano y el arcabuz en la otra; de sumisión ciega ante quien se le supone “superior” para descargar a continuación todo el horror sobre el “inferior”, y así sucesivamente...

El nacionalcatolicismo está enquistado en la sociedad española de tal manera que sin revolución, cruenta o incruenta, no habrá nada que hacer hasta quién sabe cuándo.
Generación tras generación seguirá portando en sus genes las ínfulas y la bestialidad ladina de sus mayores. Este país tiene atrofiado el sentido de la sensatez colectiva. De ahí que muchos nos radicalicemos: los bárbaros ilustrados españoles no entendieron nunca, ni entienden, de sutilezas... El “caso Garzón” es otro icono de las tantas aberraciones hispanas.