La Ley de M. D. permitirá a la Junta de Andalucía actuar de oficio en las exhumaciones de fosas

Se trata de un primer paso para que el Estado (en este caso el gobierno de una Comunidad Autónoma) asuma su responsabilidad y revierta la delegación de la exhumación de fosas por parte de los poderes públicos en asociaciones ciudadanas de memoria histórica, en aplicación del programa de IU en Andalucía

César Pérez Navarro - Tercera Información

La Junta de Andalucía trabaja en la elaboración de la ley de Memoria Democrática como un elemento para garantizar los derechos de las víctimas franquistas, un instrumento que permitiría el Gobierno andaluz, entre otras cosas, exhumar de oficio en aquellos casos en los que la familia no lo pida, como el de García Lorca.

Así lo ha explicado a la prensa el director general de Memoria Democrática de la Junta, Luis Naranjo, que se reunió ayer con asociaciones de Granada dedicadas a la recuperación de la memoria histórica.

Naranjo ha adelantado que la Junta de Andalucía trabaja en la elaboración de la ley de Memoria Democrática como un instrumento para devolver los derechos a las víctimas y sus familias.
Ha apuntado que la aprobación de la ley permitirá a la Junta actuar de oficio en la investigación y exhumación de aquellos casos en los que los familiares de las víctimas no formalicen la petición, una vía que posibilitaría -por ejemplo- buscar los restos de Federico García Lorca.

"Ningún país democrático mantiene a las víctimas de sus dictaduras en las cunetas mientras lucen los símbolos de esas dictaduras en plazas y calles, es una anomalía democrática que pretendemos eliminar", ha recordado Luis Naranjo.

Naranjo ha definido la futura Ley como el instrumento jurídico necesario para que la Junta impulse la reposición de los derechos de las víctimas y sus familiares, y ha apostado por dedicar recursos públicos a la exhumación de fosas comunes, la colaboración institucional en las pruebas de ADN o el uso de georradares públicos en las investigaciones.

"Somos garantes de la recuperación de las víctimas en atención a sus derechos y los de sus familias, y la nueva dirección general tiene como objetivo dar a conocer lo ocurrido entre 1931 y 1978 para contar desde el punto de vista cultural el relato veraz de esos años y ofrecer a los andaluces su memoria colectiva".

La Junta materializará el próximo año esa apuesta por la memoria con la apertura en Granada de una oficina de carácter regional destinada a ayudar a los familiares de las víctimas en sus procesos de exhumación y búsqueda de fosas comunes.

"La nominación de todas las víctimas del franquismo servirá para fortalecer nuestra democracia", ha apuntado el director general. Naranjo ha recalcado que la búsqueda de los restos de Federico García Lorca representa una cuestión "compleja" que se enmarca en un proceso que, ha adelantado, no será inminente.

"Los restos de Lorca están con muchísimos fusilados, por lo que hay que ampliar el foco y trabajar para recuperar los cientos de cadáveres que hay, una actuación que podríamos hacer de oficio con el futuro marco jurídico".

Izquierda Unida comienza de esta manera a sentar las bases para "el cumplimiento de un marco legal internacional que vela por los derechos de las víctimas y que en nuestra tierra se cerró en falso con la Ley 52/2007, junto con la negativa de la Junta de Andalucía de dar un paso adelante en la consecución de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista y de los primeros momentos del postfranquismo", tal y cómo especificaba en su programa de gobierno para Andalucía.

Las propuestas del programa de IULV-CA se centraban, en lo relativo a la memoria histórica en:

.-Aplicación de la normativa internacional al respecto de desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

.-Presentación de una Ley de Memoria Democrática para Andalucía en la línea de la presentada en el Parlamento Andaluz por IULV-CA en marzo de 2011.

.-Impulsar desde las Instituciones democráticas de Andalucía la modificación del marco legal estatal en las líneas marcadas por el Derecho Internacional.

.-Derogación del protocolo de exhumaciones de la Junta de Andalucía a favor de la aplicación de los protocolos internacionales (Protocolo de Estambul).

.-Eliminación de los residuos de la dictadura (simbologías, privilegios, nombramientos honoríficos…). Entre otras cuestiones es fundamental la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas a través de las cuales se llevó a cabo la represión.

.-Atención especial en el currículo educativo y en la política cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente especialmente en lo concerniente a la lucha democrática.

.-Intervención de la Junta de Andalucía en la localización de las personas desaparecidas.

.-Puesta en conocimiento de las autoridades judiciales de las desapariciones producidas e intervención de oficio de la Fiscalía, para en primer lugar defender los derechos de las víctimas y en segundo para el enjuiciamiento de las personas responsables que pudieran continuar vivas.

.-Dignificación adecuada de las víctimas de la guerra, dictadura y transición. En ello hacer una mención especial a tres andaluces: Blas Infante, García Caparrós y Verdejo.

El cortijo 'El Marrufo' desvela el horror de la represión franquista

Isabel Laguna (EFE)

El cortijo de 'El Marrufo', ubicado en el valle de Sauceda, en Cádiz, albergó, según los historiadores, un campo de concentración, ejecución y tortura franquista, un horror que ahora, cuando se han localizado los primeros cuerpos enterrados en sus fosas, comienza a revelarse.
Hace apenas diez días que los trabajos arqueológicos en esta fosa común, en la que podrían estar los cuerpos de entre 300 y 600 víctimas de la represión franquista, comenzaron y ya han sido hallados los primeros nueve cuerpos, algunos de ellos con evidencias de tiros de gracia en sus cráneos.

El equipo de arqueólogos y antropólogos que trabaja en la exhumación de esta fosa común, considerada como una de las mayores del país, iniciarán mañana el proceso de identificación de los cuerpos localizados, mediante el envío de muestras de saliva de familiares a los laboratorios.
El representante de la Asociación de Familiares de Represaliados por el Franquismo de La Sauceda y El Marrufo, Andrés Rebolledo, ha explicado hoy en el campamento instalado en el cortijo para la exhumación de los cadáveres que los trabajos continuarán porque "queremos sacar del olvido" a estas víctimas en una tarea en la que se proponen también "buscar la verdad" para reclamar "justicia y reparación".

Por ello, mientras se continúa con la búsqueda de cuerpos, incluida en una segunda capa de profundidad del terreno, el equipo que investiga el terreno mantendrá mañana un encuentro con personas que creen que alguno de sus familiares pudieran estar en esta fosa.

En este encuentro les explicarán cuáles son los trabajos que se están realizando y, cómo antropólogos forenses, realizan labores de identificación de sexo y edad, para facilitar la identidad de las personas que fueron fusiladas en la fosa común, considerada por historiadores como la mayor de la provincia de Cádiz.

El colectivo explicará también mañana a los familiares el proyecto que han presentado para la rehabilitación del cementerio de La Sauceda, al objeto de poder trasladar allí los cuerpos y darles "una sepultura digna", así como la creación de un lugar de la memoria.

Andrés Rebolledo ha explicado también que, para la semana que viene, esperan la visita de políticos, entre ellos la del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Diego Valderas, para que vean los trabajos y "tomen buena nota de la responsabilidad que la Administración debe tomar en este sentido".

Junto al hallazgo de los nueve primeros cuerpos, "en algunos de los cráneos ya se evidencia la presencia del tiro de gracia", el equipo de arqueólogos ha localizado también otros objetos pertenecientes a las víctimas, tales como cremalleras de prendas de vestir, algún sombrero, alguna suela de zapato, botones de nácar o incluso una pipa de fumar.

La Federación Estatal de Foros por la Memoria del Campo de Gibraltar informó del hallazgo de esta fosa en septiembre del año pasado.

Según sus cálculos, podrían ser entre 300 y 600 las personas ejecutadas por parte de los franquistas desde noviembre de 1936, cuando cuatro columnas sublevadas ocuparon en una acción combinada el cortijo 'El Marrufo', hasta abril de 1937.

Antes de ser ocupado, la zona del cortijo 'El Marrufo', la última de la región en resistir el avance de los rebeldes, constituyó el refugio final de los republicanos que huían del ejército franquista.

El archivo de denuncias eleva la indignación de ‘SOS Bebés Robados’

Abraham Ceballos/InformaciónJerez

La creciente presentación de denuncias por parte de familias que consideran que pueden haber sido víctimas en el pasado de presuntos casos de bebés robados se ha encontrado, en el caso de Jerez y la provincia, con un revés inesperado: el archivo de las denuncias por la prescripción de los posibles delitos. Sin embargo, el colectivo de afectados, agrupados en la plataforma SOS Bebés Robados, no piensa darse por vencido y va a proseguir reivindicando que se investigue y se haga justicia. Ayer mismo, y para que el olvido no ponga excesiva tierra de por medio, convocaron, por primera vez en Jerez, una manifestación para exigir a las autoridades judiciales una sensibilidad especial para con sus casos.

Más de medio centenar de personas secundaron la marcha, que partió sobre las diez y media de la mañana desde la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Cádiz hasta el edificio de los juzgados, en García Figueras, tras recorrer la avenida Álvaro Domecq. Ya en los juzgados, los manifestantes celebraron una concentración de una hora para hacer palpables sus reivindicaciones.

La mayor parte de los asistentes fueron madres llegadas desde diferentes puntos de la provincia y que en su día perdieron a sus hijos en extrañas circunstancias.

Chari Herrera, presidenta de SOS Bebés Robados, apuntaba que en la provincia “hay más de 40 archivos, y desestimados están viniendo todos los casos desde la Audiencia Provincial”, explicando que “los casos anteriores a 1979 son por haber prescrito y los posteriores a esta fecha por falta de pruebas o porque los jueces consideran que no hay delitos”.

Martín de la Herrán, abogado de la asociación, explicaba que mientras en la Audiencia Provincial de Cádiz se está aplicando mayoritariamente el criterio de la prescripción del delito para el archivo de las denuncias, en las audiencias provinciales de Huelva y Barcelona se está siguiendo otro criterio. Así, detalla que “el delito de detención ilegal, la privación de la identidad de esos niños que fueron robados, sigue perfectamente vigente, por lo menos hasta que esas personas no sepan que fueron robados. Hasta que ese ilícito penal no cese no debería empezar a computarse el plazo, y así lo han entendido en Huelva y Barcelona”. Por ello, “estamos recurriendo e incorporando esos dos autos con la esperanza de que se unifique el criterio siempre a favor de que se esclarezcan los delitos”.

Testimonios

María Jesús Pavón tuvo una niña en el hospital militar de San Carlos, de San Fernando. “La tuve en una zona aislada, al nacer la matrona dijo ‘qué pena, qué pena’, y se la llevó. Yo no la vi ni mi marido. En el cementerio no está y no consta en el registro, es como si no hubiera nacido”. María Jesús comenta que su matrona, María, “ya habrá muerto por la edad”, pero “había una chica de mi edad que se llamaba María, una auxiliar que estuvo con la matrona, y la estoy buscando por si sabe algo, para salir de dudas, porque si no está ni en el cementerio ni está registrada en ningún lado, en algún sitio tiene que estar. Ahora tiene que tener 33 años”.

Dolores Ruiz, una de las afectadas a las que el juzgado ha archivado su denuncia, relata que dio a luz a un varón en 1970 en la antigua residencia sanitaria Fernando Zamacola, de Cádiz. “Lo vi. recién nacido, se lo llevaron para el nido y ya no lo vi más, porque siempre nos ponían pegas. A los dos días me dijeron que había muerto. Ni a mí ni a mi marido nos quisieron enseñar su cadáver".

Un llamamiento a su gemela en el mismo día de su cumpleaños

Ayer era el cumpleaños de María del Carmen Mateos. Cumplía 27 años. Pero, lejos de celebrarlo, decidió acudir desde Conil junto a su madre a la manifestación de Jerez para sumarse a la protesta por el archivo de denuncias sobre casos de bebés robados.
El caso de su familia le afecta muy directamente, ya que se trata de su hermana gemela, aunque la adversidad cuenta en esta ocasión con un aliado especial: el de la similitud física. Por eso ayer mismo, desde la Plataforma se insistía a la prensa que la fotografiaran y grabaran y divulgaran su imagen ampliamente, con la esperanza de que alguien pueda identificar su rostro con el de su hermana, caso de que fuese robada en el momento de su nacimiento, como sospechan, y no dada por fallecida.

Su madre reconocía ayer que sentía “una impotencia muy grande. No podemos decir lo que sentimos -“que les tenía que haber pasado a ellos”, apunta otra afectada por detrás-, y el que lo pase sabe a que me refiero”. Su mirada se dirige entonces a su hija, que la acompaña portando una pancarta: “A ella es a la que voy buscando, a su gemela”. Mari Carmen no puede reprimir las lágrimas: “Hoy tenía que haber felicitado a mi hermana, pero no he podido por culpa de un médico y de gente mala. Ojala pueda darle un día un beso y recuperar todo lo que nos hemos perdido”.

Carpetazo judicial por partida doble a los casos de bebés robados

La Audiencia ratifica el archivo de dos denuncias, una por prescripción del delito y la otra por falta de pruebas • Los magistrados rechazan los recursos de Fiscalía y de una madre

Rosa Romero / Diario de Cádiz


La causa de los bebés robados en hospitales de Cádiz sigue cosechando varapalos judiciales. Dos nuevas resoluciones de la Audiencia Provincial, las dos, de la Sección Tercera, vuelven a poner de relieve que, en el caso de la capital gaditana, los denunciantes apenas pueden albergar esperanzas de que la Justicia se decida alguna vez a investigar a fondo si efectivamente sus hijos murieron a las pocas horas de nacer, como les dijeron, o si fueron sustraídos, como sospechan.

Porque, en esta ocasión, no sólo un caso anterior a 1979, la fecha que los magistrados de la Audiencia en pleno acordaron fijar como tope para la prescripción (al contar 15 años desde que el supuesto bebé robado hubiera alcanzado la mayoría de edad, considerando que el delito habría sido cometido por funcionario público), ha sufrido carpetazo judicial, como ya vaticinaban los afectados. También se ha agotado la vía judicial para un caso reciente, en este caso, alegando falta de pruebas.

En el primer caso, los magistrados desestiman el recurso interpuesto por la Fiscalía contra el archivo decretado por el Juzgado 3 de Cádiz por prescripción del delito, con idénticos fundamentos de derecho a los de fallos anteriores de esta misma sección: que la nueva tesis defendida desde el Ministerio fiscal (al principio, abrazaban la que ahora respalda la Audiencia, la de prescripción a los 15 años de que el recién nacido hubiera cumplido los 18 años), la de que nos hallaríamos ante un supuesto de detención ilegal en el que no se ha dado razón del paradero de la persona, un delito considerado de naturaleza permanente, "debe ser por lo artificioso del concepto sin duda rechazada". Y de nuevo, se amparan en la sentencia del Tribunal Supremo que absolvió al inhabilitado juez Baltasar Garzón en el caso de los crímenes del franquismo, en la que se sostiene que la permanencia del delito de detención ilegal "no deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica".

Más grave aún para los intereses de los denunciantes es el otro carpetazo decidido por la Audiencia. Se trata de un caso que en teoría eludía la prescripción del delito, al tratarse de un bebé que nació en el hoy hospital Puerta del Mar en 1981. En este caso, había sido la titular del Juzgado 4 de Cádiz la que acordó el archivo, al considerar que no había pruebas, una tesis que fue defendida por la Fiscalía. Ha sido la denunciante, la madre de ese bebé, la que interpuso el recurso, que ha sido denegado. Se trata de una mujer llamada Ana que, al recurrir a la Audiencia, alegaba que la instrucción no había sido completa y demandaba la exhumación de los restos, supuestamente en el cementerio de San José (en dos sitios distintos, según documentos del Ayuntamiento u del Archivo Histórico) así como que declararan la ginecóloga y la matrona que la atendieron.

La Sección Tercera de la Audiencia, en un auto del que ha sido ponente la magistrada Ana María Rubio, deniega la exhumación amparándose en un dictamen del médico forense, que sostiene que "es prácticamente imposible la identificación genética en los casos de inhumaciones múltiples al momento actual con los medios de que dispone la administración de justicia". También considera la Audiencia que no hay razón para dudar de la veracidad del contenido de los informes médicos relativos al fallecimiento del hijo de Ana. Y ello el testimonio de la médico que hizo la prueba de Apgar al niño, que dijo que estaba prácticamente muerto. Tampoco, a juicio de los magistrados, se justifica la necesidad de que declaren las profesionales del hospital al no ver esos indicios de que no fuera cierto que el niño no muriera.

"El hecho de que se hayan producido casos de sustracción de bebés no justifica por sí solo continuar una investigación cuando no existen indicios de que se haya cometido infracción penal", concluye el auto que ratifica el archivo en primera instancia.