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lunes, 23 de julio de 2012

La Ley de M. D. permitirá a la Junta de Andalucía actuar de oficio en las exhumaciones de fosas


Se trata de un primer paso para que el Estado (en este caso el gobierno de una Comunidad Autónoma) asuma su responsabilidad y revierta la delegación de la exhumación de fosas por parte de los poderes públicos en asociaciones ciudadanas de memoria histórica, en aplicación del programa de IU en Andalucía

César Pérez Navarro - Tercera Información

La Junta de Andalucía trabaja en la elaboración de la ley de Memoria Democrática como un elemento para garantizar los derechos de las víctimas franquistas, un instrumento que permitiría el Gobierno andaluz, entre otras cosas, exhumar de oficio en aquellos casos en los que la familia no lo pida, como el de García Lorca.

Así lo ha explicado a la prensa el director general de Memoria Democrática de la Junta, Luis Naranjo, que se reunió ayer con asociaciones de Granada dedicadas a la recuperación de la memoria histórica.

Naranjo ha adelantado que la Junta de Andalucía trabaja en la elaboración de la ley de Memoria Democrática como un instrumento para devolver los derechos a las víctimas y sus familias.
Ha apuntado que la aprobación de la ley permitirá a la Junta actuar de oficio en la investigación y exhumación de aquellos casos en los que los familiares de las víctimas no formalicen la petición, una vía que posibilitaría -por ejemplo- buscar los restos de Federico García Lorca.

"Ningún país democrático mantiene a las víctimas de sus dictaduras en las cunetas mientras lucen los símbolos de esas dictaduras en plazas y calles, es una anomalía democrática que pretendemos eliminar", ha recordado Luis Naranjo.

Naranjo ha definido la futura Ley como el instrumento jurídico necesario para que la Junta impulse la reposición de los derechos de las víctimas y sus familiares, y ha apostado por dedicar recursos públicos a la exhumación de fosas comunes, la colaboración institucional en las pruebas de ADN o el uso de georradares públicos en las investigaciones.

"Somos garantes de la recuperación de las víctimas en atención a sus derechos y los de sus familias, y la nueva dirección general tiene como objetivo dar a conocer lo ocurrido entre 1931 y 1978 para contar desde el punto de vista cultural el relato veraz de esos años y ofrecer a los andaluces su memoria colectiva".

La Junta materializará el próximo año esa apuesta por la memoria con la apertura en Granada de una oficina de carácter regional destinada a ayudar a los familiares de las víctimas en sus procesos de exhumación y búsqueda de fosas comunes.

"La nominación de todas las víctimas del franquismo servirá para fortalecer nuestra democracia", ha apuntado el director general. Naranjo ha recalcado que la búsqueda de los restos de Federico García Lorca representa una cuestión "compleja" que se enmarca en un proceso que, ha adelantado, no será inminente.

"Los restos de Lorca están con muchísimos fusilados, por lo que hay que ampliar el foco y trabajar para recuperar los cientos de cadáveres que hay, una actuación que podríamos hacer de oficio con el futuro marco jurídico".

Izquierda Unida comienza de esta manera a sentar las bases para "el cumplimiento de un marco legal internacional que vela por los derechos de las víctimas y que en nuestra tierra se cerró en falso con la Ley 52/2007, junto con la negativa de la Junta de Andalucía de dar un paso adelante en la consecución de verdad, justicia y reparación para las víctimas de la dictadura franquista y de los primeros momentos del postfranquismo", tal y cómo especificaba en su programa de gobierno para Andalucía.

Las propuestas del programa de IULV-CA se centraban, en lo relativo a la memoria histórica en:

.-Aplicación de la normativa internacional al respecto de desapariciones forzadas y de los derechos de las víctimas.

.-Presentación de una Ley de Memoria Democrática para Andalucía en la línea de la presentada en el Parlamento Andaluz por IULV-CA en marzo de 2011.

.-Impulsar desde las Instituciones democráticas de Andalucía la modificación del marco legal estatal en las líneas marcadas por el Derecho Internacional.

.-Derogación del protocolo de exhumaciones de la Junta de Andalucía a favor de la aplicación de los protocolos internacionales (Protocolo de Estambul).

.-Eliminación de los residuos de la dictadura (simbologías, privilegios, nombramientos honoríficos…). Entre otras cuestiones es fundamental la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas a través de las cuales se llevó a cabo la represión.

.-Atención especial en el currículo educativo y en la política cultural a la divulgación de nuestra historia más reciente especialmente en lo concerniente a la lucha democrática.

.-Intervención de la Junta de Andalucía en la localización de las personas desaparecidas.

.-Puesta en conocimiento de las autoridades judiciales de las desapariciones producidas e intervención de oficio de la Fiscalía, para en primer lugar defender los derechos de las víctimas y en segundo para el enjuiciamiento de las personas responsables que pudieran continuar vivas.

.-Dignificación adecuada de las víctimas de la guerra, dictadura y transición. En ello hacer una mención especial a tres andaluces: Blas Infante, García Caparrós y Verdejo.

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