¿Desde cuando la MH es una cuestión de dinero?

Resulta cuando menos sospechoso, que dos medios locales se pongan de acuerdo para que en el mismo día, publiquen sendos artículos sobre los incumplimientos de la Ley 52/2007 en San Fernando.
Más sospechoso cuando los dos periódicos tildan de “amenaza” las declaraciones de Valderas de “negar” subvenciones a los ayuntamientos que no cumplen la Ley y peor aún que pongan el acento en “lo caro” que resultaría para La Isla o en que La Junta “se pondrá las botas” o en las “molestias” que causarían a los ciudadanos.

Esta actitud de los medios, parece responder más a un seguimiento de las consignas de la derecha isleña que a un análisis serio y riguroso del flagrante y sistemático incumplimiento de la Ley, más a una búsqueda maquiavélica de justificaciones que a la necesidad de buscar la verdad, la justicia y la reparación de las atrocidades franquistas.

Es repugnante que en los momentos más álgidos de la crisis económica, que está llevando a la población a insostenibles situaciones de pobreza y necesidad, que se argumenten los costes económicos como excusa, como coartada. Nunca este ayuntamiento se acogió, en tiempos de bonanza económica, a las subvenciones y ayudas que tanto la Junta de Andalucía como la Diputación y el mismo Estado, pusieron a disposición de los ayuntamientos para sufragar los gastos de la retirada de la simbología franquista.
Nunca, este ayuntamiento quiso cumplir la Ley y ahora utiliza el populismo barato y la demagogia economicista para justificar que siempre han estado del lado de los golpistas.

Por el contrario, sendos periódicos, han dejado patente las mentiras del primer teniente de alcalde, Francisco Romero, cuando afirmó hace unos meses durante el debate de la moción presentada por IU, que su partido (PA) “había cumplido con la Ley de MH”.

Los incumplimientos descritos por los dos rotativos solo son una pequeña muestra de toda la simbología, enaltecimientos y homenajes que el consistorio mantiene aún con los asesinos y cómplices del golpe militar, mientras algunas de sus victimas permanecen enterradas en la fosa común del cementerio o en otras repartidas por los esteros.

Son los argumentos de siempre, las excusas y coartadas de siempre, “…hay cosas más importantes de qué preocuparse…”, “…solo buscan venganza…” “…borrar o dejar la historia…” y ahora, “…la Junta se pondrá las botas…”.
Desde AMERE tenemos claro y afirmamos que los que siempre tuvieron y se pusieron la botas fueron los militares golpistas y falangistas que detuvieron, torturaron, asesinaron y saquearon a muchos ciudadanos isleños y a su alcalde Cayetano Roldán, golpistas y asesinos que gracias al PP y al PA aún se pasean por nuestras calles y plazas con honores y reconocimientos.

No es una cuestión de dinero, es una cuestión de cumplir La Ley, es una cuestión de conocer la verdad, es una cuestión de Justicia y reconocimiento de las victimas.

AMERE se adhiere a la convocatoria de manifestación para el 10 de Diciembre

La Asociación de Memoria Histórica de San Fernando también tiene motivos sobrados para apoyar la convocatoria de manifestación para el 10 de Diciembre para exigir responsabilidades políticas.

Como ciudadanos y contribuyentes de La Isla, los socios de Amere también somos afectados y víctimas del robo perpetrado en la caja municipal y de otras supuestas irregularidades que se vienen detectando en el ayuntamiento.

Y como miembros del movimiento memorialista también nos sentimos defraudados y engañados por el gobierno municipal del PA y PP, por cuanto que, a pesar de que en el año 2008 se aprobó en Pleno algunas decisiones relativas a la aplicación de la Ley de Memoria Histórica (entre ellas, la retirada de honores y distinciones a Franco y a otros militares destacados en la sublevación o el cambio de nombre de algunas calles) y a pesar de que el alcalde manifestó públicamente, hace un año, haber dado instrucciones a Vías y Obras para que se retiraran los frisos que enaltecen la matanza fascista en la estatua ecuestre del genocida Varela, no sólo no se ha llevado a cabo ninguno de estos acuerdos sino que la estatua ecuestre, según anunció Manuel Prado, permanecerá en la plaza del ayuntamiento.

Por todo ello, AMERE, pide la dimisión del alcalde y de su principal sostén, la primera teniente de alcalde, Mª del Carmen Pedemonte y se une a la convocatoria de manifestación para el próximo día 10 de diciembre.

Comunicado de la Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo

Sobre la admisión a trámite de una querella contra Garzón

La Coordinadora de Colectivos de Víctimas del Franquismo (CCVF) ha conocido por los medios de comunicación que el Tribunal Supremo ha admitido a trámite una querella por prevaricación presentada por el Sindicato Manos Limpias contra el Juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón en el procedimiento instruido por la causa contra el franquismo.

Lamentamos profundamente la admisión a trámite de la querella y manifestamos nuestro apoyo y reconocimiento al juez Baltasar Garzón.

En opinión de la CCVF esta admisión a trámite corrobora la línea de los altos tribunales de justicia españoles, cuya procedencia franquista lleva a aceptar querellas presentadas por la extrema derecha y a rechazar los derechos de los denunciantes de asesinatos y desapariciones perpetradas por la dictadura genocida de Franco.

Asimismo, los familiares de los desaparecidos seguimos reclamando el derecho a recursos efectivos para hacer valer sus derechos a verdad, justicia y reparación conforme a las normas internacionales de derechos humanos y del derecho humanitario internacional.

AMERE propone que el Monumento del Bicentenario se ubique en la plaza del Ayuntamiento

Amere propone que el Monumento del Bicentenario se ubique en el centro de la plaza del Ayuntamiento, ante la Casa Consistorial, en el lugar que actualmente ocupa el monumento al general golpista y genocida Varela, estatua ecuestre erigida -según consta en las Actas Pro Monumento a Varela- como agradecimiento por su participación en el ‘glorioso’ Movimiento Nacional y por su protagonismo en ‘liberar’ a la provincia de las hordas marxistas. La asociación sostiene su propuesta basándose en razones históricas, urbanísticas y legales.

El Presidente de AMERE, Carlos Haut, aduce que hay varias razones que avalan su petición. Para empezar, se retomaría un proyecto municipal de principios del siglo XX, consistente en la erección de un monolito conmemorativo de las sesiones constituyentes celebradas en La Isla en 1810. “De hecho -señalan desde AMERE- se llegó a colocar incluso la primera piedra del monumento en cuestión, según consta en el Archivo Histórico de nuestra ciudad”.

De otra parte, desde el punto de vista urbanístico, el monolito realzará la puesta en valor del edificio consistorial y su entorno: “la sustitución del monumento al golpista y genocida Varela por el monolito permitiría volver a disfrutar de la belleza del Ayuntamiento, como podía hacerse antes de que erigiera la estatua ecuestre”, explican desde la asociación memorialista.

Por último, AMERE considera que las próximas obras de remodelación de la plaza del Ayuntamiento son la ocasión propicia para remover el monumento al golpista y genocida Varela y cumplir así con lo que establece la Ley de Memoria Histórica.
“Lo lógico sería exponer la supuestamente artística estatua de Varela en una sala del Museo Histórico local o almacenarla en alguna dependencia municipal”.

AMERE recuerda que hace ya tres meses que el Ayuntamiento de San Fernando decidió aplicar “a su manera” la ley de Memoria Histórica y anunció que ya había dado órdenes a Vías y Obras para la retirada de las placas y símbolos de la dictadura y los frisos de la estatua del golpista Varela. Pero hasta ahora no se ha hecho nada al respecto.

CAMPAÑA PARA MODIFICAR LA LEY DE REGISTROS CIVILES

CAMPAÑA PUBLICA PARA MODIFICAR LA LEY DE REGISTROS CIVILES.

Con el título de ¡¡TODAS LAS VICTIMAS DEL FRANQUISMO A LOS REGISTROS CIVILES!!, las entidades; Grupo de Trabajo “Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía” de CGT.A (RMHSA), la Asociación para la Recuperación de la memoria Histórica de Extremadura (ARMH-EX), la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia (AMHyJA), la Asociación para la Recuperación de la memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (ARMEHISA) y Dignidad y Memoria de Marchena (DIME).

Constará de un Manifiesto donde se solicitará el apoyo de entidades, organizaciones y personas, para continuar pidiendo entrevistas a diputados y senadores provinciales para explicarles los motivos de esta propuesta y animarles a que presenten en las Cortes las modificaciones siguientes:

1º Facultar a los Ayuntamientos para inscribir en el Registro Civil a todos aquellos vecinos censados en la población, en los momentos de su muerte, y que no tengan familiares que pudieran hacerlo, así como a aquellos funcionarios, empleados o cargos políticos de la Corporación Municipal.

2º Facilitar a las familias la inscripción en los Registros Civiles de las víctimas del franquismo, previa la presentación de documentación oficial (Sentencias Consejos de Guerra, fichas carcelarias, etc.), disponiendo para ello de asesoramiento jurídico gratuito.

3º Agilizar la inscripción “de oficio” por parte de los Juzgados pertinentes cuando exista, y tengan conocimiento, de documentación oficial de la época que así lo demuestre.

El Manifiesto expone que la situación actual a la que se tiene que enfrentar las familias que ahora –treinta y tres años, un mes y 34 días después de la muerte del dictador- intentan inscribir a un/a fusilado en el Registro Civil.

MANIFIESTO:

¡¡Tráigame dos testigos presenciales!! Con esta frase suele contestar un alto porcentaje de juzgados a las solicitudes de inscripción de víctimas (desaparecidos y fusilados) del franquismo por parte de los únicos que legalmente pueden hacerlo, los familiares. Ello provoca múltiples viajes al lugar de nacimiento o vecindad de la víctima, los recursos a la negativa de inscripción, los interminables plazos en las respuestas, etc., y en definitiva la demora en solucionar un viejo problema (“los de la guerra”) no resuelto pese a la restitución democrática con todos sus derechos y valores. ¿Por qué se produce esta kafkiana situación? Está constatado que a los pocos días del golpe de estado se dictaron órdenes precisas para que no se inscribieran en los Registros Civiles a los fusilados con la clara intención de dejar el menor rastro posible del genocidio que estaban cometiendo. En noviembre de 1936, coincidiendo con el declive de la represión realizada al amparo del “bando de guerra”, se publicó un Decreto por el que, como simples desaparecidos a consecuencia de la guerra, miles de personas pudieron "legalizar" la muerte de sus familiares desde finales de 1936 hasta la desaparición de la dictadura. En el mejor de los casos, aceptando “falsear” la causa de la muerte, a cambio de recibir una pensión de viudedad o evitar realizar “la mili” sus hijos mayores, siendo frecuente las siguientes: "En choque con fuerza armada", "A consecuencia del bando de guerra" o simplemente "A consecuencia del Glorioso Movimiento Nacional". No fue hasta 1978 cuando el Gobierno de la UCD aprobó una Ley de Pensiones de Guerra -por supuesto sin mencionar en ningún momento las razones de tal hecho, que no eran otras que el abandono absoluto en que el franquismo dejó a sus víctimas-, para lo cual había que demostrar la desaparición del familiar por el que se quería cobrar la pensión. O sea que la prueba recaía sobre la familia de la víctima y no sobre el Estado responsable de aquellos hechos, que era realmente quien contaba con la información. Esto tuvo, al menos, la consecuencia positiva de poner al descubierto la lamentable situación existente, ya que al recaer la tramitación de los expedientes sobre los ayuntamientos estos se vieron en la obligación de reunir los documentos exigidos, que no eran otros que los que pedía el engorroso decreto de 1936 antes mencionado. O sea, que el decreto franquista, hecho por necesidades burocráticas y para evitar una avalancha de inscripciones, seguía vigente. Fue entonces, y con este motivo, cuando se vieron las dificultades que seguía acarreando el empeño: muchas personas no lograron localizar el acta de defunción exigido para el cobro de la pensión, en unos casos porque no existía y en otros porque no había modo de encontrarlo, ya que podía haber sido realizado en algún momento indeterminado de los años 40, 50... Así pues estas personas, entre otros requisitos, fueron obligadas a inscribir a sus deudos a través de un “expediente de inscripción fuera de plazo o diferido”, para el cual les fue exigida la declaración de dos personas que dieran fe del hecho. Y esto, que podría haberse encomendado perfectamente a los Ayuntamientos o incluso a la Guardia Civil y a la Policía, se convirtió en un quebradero de cabeza para los familiares por dos razones: por la dificultad objetiva, dada su naturaleza, de localizar a dichas personas a más de cuatro décadas de los hechos (pensemos lo que debió suponer en los años cuarenta) y porque puso en manos de los responsables de los Juzgados de 1ª Instancia un instrumento fácil para rechazar, congelar o invalidar los expedientes. Así, al daño causado en su momento, se añadió la humillación de unos procedimientos legales ideados para que las personas asesinadas no pudiesen adquirir ni siquiera la condición de víctimas. Todo quedó pues en manos de un personal judicial que, en general y salvo excepciones, era muy poco o nada consciente del delicado material humano que allí se estaba manejando. Ahora se trata de poner fin a esta lamentable situación. El uso del Registro Civil, como fuente documental, es esencial en cualquier proceso de investigación de la represión, para así poder cuantificarla, pero también para poder ponerles nombre a las víctimas. El proceso de Recuperación de la Memoria Histórica impulsada por la sociedad civil ya ha puesto de relieve la falsedad de los datos que han sustentado la interesada equiparación de víctimas de la guerra (“muertos y barbaridades hubo en los dos bandos”). Pero todavía, setenta y dos años después de la masacre y treinta de las primeras elecciones democráticas, ningún Gobierno ha favorecido la modificación de la Ley que regula la inscripción en dichos Registros Civiles, pese a que todos los Grupos Parlamentarios conocen esta situación por diferentes iniciativas impulsadas por las asociaciones memorialistas.

Podeis enviad firma de adhesión, indicando: Nombre y apellidos; Profesión; DNI;dirección;Fecha y lugar a dimemarchena@yahoo.es

El Foro por la Memoria de Córdoba pide más papel del Estado

El Foro por la Memoria ha iniciado una campaña de recogida de firmas ante los recientes acontecimientos en torno a la recuperación de la memoria histórica y el desarrollo de la Ley.

El 27 de junio el juez Baltasar Garzón abrió la vía judicial a nivel nacional para la identificación, exhumación y reparación de las víctimas del franquismo que aún siguen oficialmente desaparecidas. Tras el recurso de la fiscalía del Estado, el propio Garzón se declaró incompetente, devolviendo a los juzgados territoriales las competencias legales para resolver las demandas de familiares o asociaciones.
Este contradictorio proceso judicial ha reavivado el debate social sobre la memoria de la guerra y la dictadura.
Por todo esto el Foro por la Memoria de Córdoba ha elaborado un manifiesto acompañado de recogida de firmas para denunciar, entre otras cosas, que “la vía judicial no puede sustituir la responsabilidad del Estado como garante de los derechos humanos fundamentales”, ya que este debate, según el Foro, ha generado cierto grado de desorientación en la opinión pública.
El Foro cree que el papel del Estado debe ser principal en este tema y para ello exige también la creación de una Fiscalía para la Memoria Histórica que coordine y dirija en nombre del Estado en todo el territorio español la búsqueda de desaparecidos.
“Las asociaciones y los Foros por la Memoria Histórica no pueden ni deben sustituir el papel público del Estado en este complejo proceso”, dice en su comunicado el Foro, al igual que “la recuperación material y la rehabilitación moral y legal de las víctimas del franquismo no puede trasladarse a la iniciativa privada de las familias, ni quedar en mano de los jueces territoriales.”
Exigen que se conozcan los hechos de la Guerra Civil y la posterior represión franquista, así como condena el "genocidio" aplicado de una parte hacia otra en la dictadura, por lo que la democracia "no puede seguir tolerando la existencia de miles de víctimas de la dictadura enterradas en fosas sin nombre.”

Manifiesto

1. La vía judicial no puede sustituir la responsabilidad del Estado como garante de los derechos humanos fundamentales, en este caso, el derecho de los desaparecidos a ser identificados, entregados a sus familiares y reconocidos públicamente con toda la dignidad que se merecen. Una democracia que merezca tal nombre no puede seguir tolerando la existencia de miles de víctimas de la dictadura enterradas en fosas sin nombre. 2. Urge por tanto la creación de una Fiscalía para la Memoria Histórica que coordine y dirija en nombre del Estado en todo el territorio español la búsqueda de desaparecidos, con todas las garantías jurídicas y técnicas que sean necesarias. La recuperación material y la rehabilitación moral y legal de las víctimas del franquismo no puede trasladarse a la iniciativa privada de las familias, ni quedar en mano de los jueces territoriales. Por el contrario se trata de un deber público, que afecta a la misma esencia del régimen democrático y en consecuencia debe ser asumida por el poder político. 3. Las heridas que la dictadura infringió al pueblo español seguirán abiertas hasta que el régimen constitucional del 78 no asuma este reto histórico, que por otra parte resulta indispensable para el propio enraizamiento del sistema democrático. Para perdonar y olvidar hay que conocer primero lo que ocurrió durante y sobre todo después de la guerra civil. Sólo con el desvelamiento pleno de la violencia sobre la que asentó la dictadura franquista –otorgándole el carácter de genocidio que realmente tuvo- podrá cerrase esta trágica página de la reciente historia de España. 4. Las asociaciones y los Foros por la Memoria Histórica no pueden ni deben sustituir el papel público del Estado en este complejo proceso, pero sí impulsarlo y apoyarlo como parte de una potente red social que facilite a familiares e interesados el acceso a registros y fuentes documentales, el cumplimiento de trámites administrativos, asesoramiento técnico y jurídico, etc. Para ello exigimos ala administración central y autonómica la adecuada dotación presupuestaria así como el apoyo político y de carácter profesional que se requiera.

Adhesión al manifiesto del Foro por la Memoria de Córdoba

El Foro por la Memoria de Córdoba invita a la ciudadanía a adherirse al presente manifiesto a través del e-mail enviando nombre, apellidos y DNI a la dirección: foromemoriacordoba@hotmail.com

AMERE pide al Bipartito que no demore más la retirada de la simbología franquista de las calles y plazas.

AMERE recuerda que hace ya casi un mes que el Ayuntamiento de San Fernando decidió aplicar “a su manera” la ley de Memoria Histórica y anunció que ya había dado órdenes a Vías y Obras para la retirada de las placas y símbolos de la dictadura y los frisos de la estatua del golpista Varela. Pero hasta ahora no ha hecho nada al respecto. Sin embargo, señalan desde AMERE “sí que se apresuró a preparar la Iglesia Mayor para recibir a la Vicepresidenta del Gobierno y a preparar la instalación de las luces de Navidad, derroche sin igual para un ayuntamiento con graves problemas financieros”.
Desde AMERE dicen seguir preguntándose por qué razón el bipartito PA-PP mantiene un monumento Varela, colaborador de Franco en el golpe de estado del 36, cuando hasta en la patria chica del dictador, El Ferrol, han decidido retirarle todos los honores esta misma semana y su estatua ya hace bastante tiempo. La asociación memorialista cree que el auténtico motivo es el temor a la pérdida de votos de la derecha más rancia de nuestra ciudad y mucho más ahora que tiene de socio de gobierno al PP, partido que en el ayuntamiento de El Ferrol se abstenía en la retirada de los honores a los golpistas, al igual que hicieron hace poco en El Puerto y que representa a esa derecha que se niega a condenar la dictadura alegando que todo esto sólo sirve para abrir viejas heridas.
Pero en modo alguno –explica AMERE- es abrir viejas heridas darle sepultura a los propios muertos, pues es un derecho que tienen todas las víctimas de la represión enterrar a sus padres y madres, abuelos y abuelas, hermanos y hermanas as que yacen desconocidos en cunetas y fosas comunes por todo nuestro país. En San Fernando, donde la represión fue especialmente virulenta, existe una fosa común en el cementerio en la que ni tan siquiera existe un monolito decente que aluda a quienes y por qué están enterrados allí un elevado número de personas. Según testimonios orales también existen enterramientos indignos en la población militar de San Carlos, aunque de momento sólo se cuente con conjeturas acerca de su ubicación.
“Todas las instituciones están obligadas a aplicar la ley, les guste o no y cuando, como en este caso, una institución como el Ayuntamiento de San Fernando no lo hace, demuestra no solamente su escaso talante democrático sino su poca sensibilidad para con las personas que defendieron la legalidad y los valores constitucionales, valores que por otra parte pretende homenajear en 2010 manteniendo en nuestra principal plaza a quién más luchó contra ellos, lo que demuestra la falta de coherencia de este gobierno municipal”, critican desde la asociación para la recuperación de la memoria histórica en San Fernando.
Por último AMERE espera que desde el gobierno municipal sepan explicar a los representantes iberoamericanos que vendrán a nuestra ciudad los valores constitucionales y democráticos de un señor que colaboró activamente en la implantación de un régimen que exterminó a todo el que pensaba diferente, y por esa colaboración se le levantó el monumento “que ofenderá y prostituirá todos los actos del 2010”.