Varela, genocida y corrupto

                                                     “General Varela (2 millones)”

Los documentos desclasificados por los Archivos Nacionales británicos detallan los sobornos a cargos franquistas para que España no abandonara la neutralidad

Publicado en elpais.com

Visita del dictador Francisco Franco (tercero por la izquierda) a la sede de la compañía Fecsa, propiedad de Juan March.

El 4 de junio de 1940, el embajador británico en Madrid, sir Samuel Hoare, envió un mensaje cifrado de la máxima urgencia, secreto y “personal” al secretario del Foreign Office, el vizconde Halifax, según los más de 400 documentos hasta ahora secretos que acaban de ser desclasificados por los Archivos Nacionales británicos. “Hay indicios de que está cogiendo impulso la idea de abandonar la neutralidad y tengo la impresión de que ha llegado el momento de actuar de forma inmediata para verificarlo”, arrancaba el texto. El embajador cree tener “una forma segura” de acceder a los ministros mejor colocados.

Esa forma de “influir de forma decisiva y asegurar la neutralidad de España” en la II Guerra Mundial no es otra que el pago de sobornos, para lo cual necesita de “un máximo de medio millón de libras” y exige de forma “urgente” la autorización. Y ruega que “si hay alguna duda, se consulte con el primer ministro”, Winston Churchill. Al final, los británicos se gastarían 13,5 millones de dólares en sobornos (hoy 222 millones, 170 de euros). Los pagos se harían a través del banquero mallorquín Juan March y los sobornados no sabrían que el dinero procedía del Gobierno británico. El mayor problema no fue encontrar candidatos a ser sobornados, sino que March pudiera hacerse con el dinero sin levantar sospechas. La fórmula elegida, una cuenta en Nueva York de un banco suizo, levantó las suspicacias del Tesoro de EE UU, que bloqueó la cuenta durante meses.

El embajador Hoare recibió luz verde con el visto bueno directo de Winston Churchill y el canciller del Exchequer y ministro del Tesoro, sir Kingsley Woody. El 9 de junio confirmaba en un nuevo telegrama que las negociaciones “se desarrollan de forma satisfactoria” pero advertía que serían necesarias “cantidades más amplias” que el medio millón de libras estimado al principio. El Foreign Office cuestiona el 14 de junio la posibilidad de autorizar un gasto superior, pide detalles de la operación y avisa al embajador que si las ofertas de sobornos son rechazadas y se llega a conocer la implicación británica la consecuencia sería “un daño infinito”. “Tengo dudas de enviar ningún nombre, ni siquiera en un mensaje cifrado”, responde al día siguiente el embajador. “Tienen que aceptar mi palabra de que las personas son de la mayor importancia”, asegura, y lanza una advertencia definitiva: “Puede muy bien ocurrir que la entrada de España en guerra dependa de la rapidez de nuestra actuación. La situación es crítica”. El 21 de junio, el Foreign Office confirma que “el dinero ha sido depositado según lo acordado en el Swiss Bank Geneva en Nueva York”.

Un informe firmado por el comandante Furse el 26 de junio y dirigido a Churchill y sir Kingsley sintetiza la operación desde el punto de vista de la legación en Madrid. “La Embajada opina que España está a punto de entrar en guerra y solo la adopción de esta estrategia puede evitarlo”, describe. “Franco desea seguir siendo neutral pero está aterrorizado con Alemania; Suner (Suñer) Yague (Yagüe) y el ala izquierda de la Falange están a favor de la intervención; el ala derecha (Requetés, Carlistas, empresarios, la mayoría del Ejército y los campesinos) están por la neutralidad”, prosigue el militar.

                      Documento desclasificado en el que se muestra una lista de los generales sobornados.

“El objetivo de sir S. Hoare es dar al ala derecha la fuerza necesaria para que se puedan organizar. Esa organización sería pro-España y anti-extranjera (por ejemplo, tanto anti italiana como anti inglesa) pero no reclamaría Gibraltar hasta después de la guerra”, continúa. Y explica que “la oposición a Suñer se está organizando a través de Juan March, con el que el agregado Naval está en contacto directo”. “March actuó como un agente doble para nosotros y para los alemanes en la última guerra y está de nuevo en contacto con nosotros”, recuerda.

March se encargó de contactar con ministros y militares (a menudo eran ambas cosas), pero no por amor al arte: no solo se acabaría embolsando cinco millones de dólares, sino que a juicio de los británicos, March quiere que fracasen las políticas de Ramón Serrano Suñer como ministro de Exteriores “para salvar sus inversiones e incrementar su poder”.

El documento de Furse detalla a continuación los pagos comprometidos y el grado de compromiso de los implicados en la operación, también el dinero prometido a cada uno y el calendario de los pagos. Documentos posteriores especifican además que de los 13,5 millones de dólares a pagar, 3,5 se abonarían al final de la guerra. De los otros 10 millones, dos ya se habían pagado cuando Furse envía su informe, tres se deben entregar de inmediato y de una vez y los otros cinco (la comisión de March), al cabo de seis meses.

Luego cita a los implicados y lo que recibe cada uno en dólares: Nicholas (sic)Franco (2 millones); general Varela (2); general Granda (2); el secretario general de la Falange, Gallardo (1); general Kindelán (500.000 dólares), del que añade entre paréntesis: “Es un chorizo”. Todos reciben el dinero directamente de March. Siete más están en la operación pero solo tres, los generales Queipo de Llano, Orgaz y Asensio, reciben pagos, sin que se detalle la cantidad. Los otros cuatro son los generales Llana, Moreno, Alonso y Solchagar y el ex secretario general de la Falange, Muñoz Grandes. Un telegrama del embajador Hoare del 28 de junio explica: “Los planes están dando resultados. El general Yagüe, protagonista de la entrada de España en la guerra, ha sido despedido”.

María Servini:"habrá imputaciones por los crímenes del franquismo"

La jueza argentina María Servini

 

La jueza argentina calcula que habrá imputaciones por los crímenes del franquismo en un año

La jueza María Servini anima a querellantes y testigos a viajar a Buenos Aires a declarar en su despacho y tranquiliza a las víctimas: “La justicia, tarde o temprano, llega”

RAFAEL GUERRERO/Memoria Pública/Público.es

La jueza argentina María Servini, que investiga el genocidio y los crímenes de lesa humanidad del franquismo, se muestra optimista por el devenir de la instrucción y confía en que dentro de un año pueda confirmarse la imputación contra los nueve acusados actuales (tres exministros, dos jueces y cuatro policías), según ha declarado en la única entrevista que ha concedido desde que asumió la causa en abril de 2010.

Entre los nueve posibles imputados estaría José Utrera Molina, exministro de Franco y suegro del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, el exministro de la UCD Rodolfo Martín Villa, y José González Pacheco, el expolicía acusado de torturas apodado Billy el Niño’.

María Servini es una jueza veterana -76 años- titular desde 1990 del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires que ha decidido romper su silencio públicamente con una entrevista concedida al programa especializado La Memoria de la emisora pública Radio Andalucía Información.

Sus inéditas declaraciones se producen una semana después de haber visto frustrado su intento de tomar declaración por videoconferencia a 12 personas que tenía citadas durante varios días en el Consulado argentino en Madrid. “Me pareció muy desagradable que, en el último momento, cuando todo estaba preparado y veíamos a los declarantes en la pantalla dispuestos a hablar desde el Consulado, esto se cortara, porque era como cortar la ilusión a la gente y cortarla a nosotros para seguir investigando”.

La jueza admite que recibió el pasado miércoles una llamada del embajador argentino en Madrid que le trasladó la presión diplomática desde el Gobierno español para que se suspendiera la toma de declaración. “No me sentí presionada, sino defraudada. No quise ser artífice de que de esa situación derivara en serias consecuencias para mí país y suspendí la declaración. De todas formas –añade Servini-, ya se están corrigiendo todos esos supuestos errores, aunque para mí no hay errores, y espero que nos autoricen a tomar declaración por videoconferencia a algunas de esas personas que están desesperadas por declarar y que carecen de medios para pagarse un viaje a Argentina”.

No es la primera vez que Servini encuentra serios obstáculos en su instrucción desde el Gobierno español. Incluso con Zapatero en el poder, el fiscal general del Estado frenó su intención de venir a España: “Nos pusieron una serie de inconveniencias que hicieron imposible nuestra ida a España. Creíamos que era más fácil hacer las videoconferencias, pero ya es la segunda vez que me las paran”, se lamenta la jueza.

"Los gobiernos españoles no quieren que se investigue"

Preguntada por la causa de esta reiterada resistencia oficial española a facilitar su instrucción, gobierne quien gobierne, no titubea: “No quieren que se investigue”. La jueza añade: “No soy yo la que quiere investigar, es la Cámara Federal, nuestro Tribunal Superior, la que ha ordenado esta investigación en 2010 y estamos en 2013”.

Pese al retraso y a la progresiva acumulación de querellantes -ya van 150-, María Servini se muestra confiada: “Antes de fin de año se puede terminar con la toma de declaraciones”. La cuestión es cómo, cuándo y dónde poder desarrollar tanto trabajo pendiente, si hasta ahora sólo han hablado ante la magistrada 5 de las 91 personas previstas.

La jueza sugiere a quienes tengan que declarar que sería mucho más fácil para ella recibirlos en su despacho de Buenos Aires, e incluso bromea con la posibilidad expuesta por el entrevistador de que se lleguen a fletar vuelos charter desde España a modo de “turismo o emigración judicial” con testigos y querellantes por el genocidio franquista. “Si fuera así, yo estaría muy contenta. Sepan que todos los que quieran viajar van a ser atendidos y se les va a tomar su correspondiente declaración”.

De hecho en las próximas semanas van a ir cinco personas a declarar a Buenos Aires, algún alcalde, algún parlamentario y hasta el exjuez Baltasar Garzón, a quien conoce desde 1991 y que tiene cita para el 27 de mayo: “una excelente persona y una pena perder a una persona que tanto ha luchado por la justicia en su país y en otros, como el mío”. El exmagistrado español que rompió la impunidad de las dictaduras chilena y argentina acude ahora a Argentina como experto a instancia de los querellantes y, a juzgar por las palabras de Servini, parece que su declaración puede influir en el desarrollo del procedimiento: “Lo esperamos pensando que puede ser una declaración muy esclarecedora. Por eso no he querido escuchar a los otros antes, porque primero quiero escuchar a Baltasar para ver si pregunto lo mismo o si tengo que ampliar las preguntas”.

"La declaración de Garzón en Buenos Aires puede ser muy esclarecedora"

María Servini, no obstante, piensa venir a España para tomar declaración, ya que no cree que funcione la vía de la comisión rogatoria que propone el Gobierno de Rajoy. “El inconveniente es que quieren que venga sola y yo necesito venir con mi equipo, porque de otro modo casi me tendría que quedar a vivir aquí y no puedo dejar mi juzgado, entre otras cosas porque hay elecciones en mi país y yo tengo también responsabilidad sobre el proceso electoral”.

Pese a tantos inconvenientes, la magistrada argentina mantiene la esperanza en que “en un año como mínimo” puedan sustanciarse las primeras imputaciones en esta causa por el genocidio franquista con las correspondientes órdenes de detención cursadas al Gobierno español: “Yo me lo imagino. A Pinochet no lo dejaron detener pero también fue perseguido en Chile. Contreras y otras personas fueron detenidas en Chile en base a los elementos acusatorios que nosotros les facilitamos. Acá estuvo detenido Arancibia Clavel, que había pertenecido a la DINA chilena”.

María Servini traza en su horizonte una hoja de ruta similar a las consecuencias que se derivaron de la intervención a finales del siglo XX del juez Garzón en el Cono Sur americano, e sea, abrir el camino para que la justicia autóctona reaccione y actúe contra los represores. Lo dice con conocimiento de causa y proyectando su intención sobre España: “El derecho internacional llega a los países, tarde o temprano llega y, si a la larga no aplican nuestro derecho, sí que obligan a los países a investigar o viene la condena internacional”.

Frente a la conocida petición de Garzón -en su intento fallido de juzgar los crímenes del franquismo- del certificado de defunción de Franco y su camarilla golpista, la jueza argentina desvela una orientación más pragmática de su instrucción: “Hay que ir directamente sobre los que están vivos. Eso no quita que también se investigue la participación de los que ya están fallecidos, porque todo hace un conjunto del expediente. La investigación es una sola sobre un grupo que ha trabajado de forma conjunta. Entonces, cuando usted está investigando a una persona que está viva, es lógico que también tenga alguna conexión con alguien que esté muerto. Hay que investigar las dos conexiones y al muerto no se le puede dejar de lado. No se le puede juzgar, ni detener, pero hay que saber qué hizo y ver si agrava o beneficia al otro imputado vivo”.

“Les pido un poquito de paciencia; esto va a salir adelante"

María Servini es una jueza muy sensibilizada con el tema de los derechos humanos cuya actuación fue determinante para condenar al asesino del general demócrata chileno Carlos Prats en Buenos Aires, un ex agente de la policía política de Pinochet. También cuenta con una experiencia positiva en el tema de los niños robados, habiendo logrado devolver a varios menores a sus familias biológicas. Contra viento y marea, la jueza argentina, optimista, concluye su única entrevista periodística lanzando un mensaje de esperanza a las víctimas del franquismo: “Les pido un poquito de paciencia, que esto va a salir adelante. Que vamos a tomar declaración a todos los que necesitan declarar, a todas las víctimas, que lo haremos yendo allá o viniendo la gente acá. De alguna forma esto se va a solucionar. La justicia, tarde o temprano, llega. Que tengan esperanza, que va a haber justicia”.

La ONU pide a España que aclare “dónde y quienes están en las fosas comunes”

“El Estado español debería aclarar dónde están las fosas comunes de la Guerra Civil y la represión franquista y quiénes son las personas que están en esas fosas”, dijo Jeremy Sarkin, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Víctimas de Desapariciones Forzadas, que este año se celebraba por primera vez bajo el paraguas de la ONU.

Sarkin declaró que las desapariciones “son una violación continúa de los derechos humanos” y subrayó que, de acuerdo con la doctrina internacional, aquellas que “siguen sin resolverse tienen la consideración de delitos que todavía se están cometiendo”.

Sarkin destacó que “las familias de los desaparecidos tienen derecho a conocer la verdad, aunque las desapariciones ocurrieran hace más de 70 años, porque el derecho a la verdad es crucial”. “Es necesario estar al servicio de estas familias, sin olvidar la importancia de la reconciliación”, agregó.

Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, son 113.000 las personas que siguen en fosas comunes sin ser identificadas.

La ARMH denunció “el abandono que sufren por parte del Gobierno español los familiares de los desaparecidos como consecuencia de la represión franquista” y subrayó que la desaparición forzada “es el delito más grave que existe en el Derecho Penal”.

Las 27 rosas andaluzas

Una película reconstruye la matanza de mujeres en Fuentes de Andalucía en 1936.

El episodio da fe de la estrategia de terror aplicada por los fascistas durante la Guerra Civil

JUAN JOSÉ TÉLLEZ . Público.es

Hace 75 años, durante el turbio verano de 1936, 27 mujeres fueron asesinadas en una pequeña localidad de la provincia de Sevilla, Fuentes de Andalucía, a manos del fascismo alzado en armas. Hechos similares se repitieron durante aquel golpe de Estado que tardó en traducirse en guerra civil. Pero José Luis Tirado (Sevilla, 1955) lo ha usado como hilo conductor de su nueva película, Fuentes de la memoria.

"Cuando me planteo este tipo de documentales, me gusta partir de lo local para abarcar lo global", asegura este artista plural, en el amplio sentido de la palabra, que dio sus primeros pasos en la mítica revista La luna de Madrid y que cuenta con un sobrado pedigrí como dibujante, pintor, escultor o diseñador gráfico.

En Fuentes de la Memoria, bajo su sello habitual de ZAP Producciones, con Manuel P. Vargas como responsable del montaje y la banda sonora impactante de Fran M. M. Cabeza de Vaca, Tirado nos receta, a lo largo de 85 minutos, una larga batería de imágenes y palabras contra el olvido: "Hemos conseguido fotografías increíbles, como una portada triunfal llena de esvásticas nazis, o los nuevos amos del lugar, los falangistas, dando discursos a los niños por la calle". "Las torturaban y violaban antes de tirarlas a un pozo", dice José Luis Tirado
"En Fuentes de Andalucía -afirma Tirado-, como en tantos otros lugares de España, no hubo guerra, sino que el golpe de Estado se impuso desde el primer momento con una estrategia clara de terror. No pretendían simplemente vencer, sino aniquilar. Y, en muchos casos, lo lograron".

En el caso de esta pequeña localidad sevillana, las ejecuciones sumarísimas comenzaron nada más proclamarse el autodenominado alzamiento por parte del general Franco, durante el mismo mes de julio. Inmediatamente, más de cien vecinos murieron por supuestos hechos de guerra, aunque ninguno de ellos hubiera apretado gatillo alguno.

"A las mujeres, por haber cobrado cualquier protagonismo durante la República, los falangistas las llevaban hasta el cortijo del Aguaucho, las obligaban a hacerles la comida y luego las violaban, las torturaban y las acababan matando y arrojando a un pozo al que cubrieron de cemento. Volvían al pueblo con sus bragas en la punta de los fusiles. Todo esto se supo porque ellos mismos lo contaron a los cuatro vientos, jactándose de su hazaña", rebusca entre sus recuerdos uno de los testimonios recogidos en la película.

"Mataron a toda la familia"

"A mi padre lo habían matado y después mataron a mi madre. Mataron a mi abuela, mataron a mi tía. Yo es que no comprendo, porque, no es que uno se conforme con la muerte de nadie, pero él estaba defendiendo una cosa, que entre dos siempre unos ganan y otros pierden. Él perdió, pero bueno, lo mataron. Pero lo que no se comprende es que mataran a la suegra, mataran a la cuñada y mataran a mi madre, vamos es que mataron a toda la familia", se duele en una de las secuencias del documental Virtudes Ávila, hija de Francisco Ávila, quien fuera primer teniente de alcalde de Fuentes en 1936 y que también fue asesinado. El mismo final que sufrió su esposa, Carmen Estanislao, que se encontraba embarazada. Su tía Josefa y su abuela Manuela Moreno también fueron fusiladas por los fascistas.

Un monumento rendirá homenaje a las víctimas en el municipio sevillano

Convertida en una escalofriante película de miedo, la película llega a recrear, incluso, aquella masacre, muy parecida a otras que recorren la espina dorsal de toda la península: "La represión cubre un espectro amplísimo que comienza de inmediato. Igual aquí en el suroeste, que en Galicia", explica el historiador Francisco Espinosa.

La criba comienza de inmediato siempre y en todo momento controlada por la autoridad militar", prosigue Espinosa, consciente de que falangistas, requetés o pistoleros de la extrema derecha eran los ejecutores, pero las órdenes procedían de la jerarquía militar, con una voluntad clara de exterminio.

"Estrategia del terror"

"Lo que pretendo es, a partir de este suceso, analizar la estrategia del terror que se llevó a cabo en Andalucía, en Extremadura, en buena parte de Castilla, Galicia, Aragón, Rioja, Navarra, Baleares o Canarias, donde la única guerra que hubo fue la de las tapias y las cunetas", señala José Luis Tirado.

Su director define Fuentes de la memoria como "un relato coral contra el olvido". Algunos testigos de los hechos y familiares de las víctimas, historiadores y numerosos documentos ayudan a reconstruir aquella pesadilla.

Ahora, un monumento rendirá memoria a las víctimas de Fuentes de Andalucía, pero durante la dictadura sólo hubo silencio: "Toda esta matanza del verano y del otoño de 1936 no existe oficialmente. No existe porque no la inscriben en el Registro Civil. No inscriben a nadie, absolutamente a nadie. Y a su vez, las pruebas del delito, que son los cadáveres, los llevan a fosas comunes con paletada de cal. Esa es la constante en toda la provincia de Sevilla", afirma José María García Márquez, uno de los investigadores que participan en esta producción.

IU lleva la recuperación de la Memoria Democrática al parlamento andaluz superando las carencias de la ley de memoria estatal

De salir adelante, la Junta de Andalucía asumiría las competencias que el Estado delegó en asociaciones, según la ley de memoria de 2007

César Pérez Navarro - Tercera Información

“Establecer el régimen jurídico de las tareas de recuperación de la memoria democrática de Andalucía con el fin de garantizar y divulgar su conocimiento, satisfaciendo el derecho de la sociedad a conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia, así como las circunstancias en que, durante estos períodos, se produjeron desapariciones de personas y se cometieron vulneraciones de los derechos humanos”. Con esta finalidad, el pasado 11 de Marzo IU entregó en el parlamento de Andalucía la “Proposición de ley para la recuperación de la memoria democrática en Andalucía”, proposición que será debatida en el pleno del 13 de Abril para su admisión a trámite como ley.

La propuesta pretende suplir las carencias la vigente Ley de Memoria Histórica, de ámbito nacional, pero negociada en 2007 con el actual gobierno del PSOE desde una posición débil, si nos atenemos a la actual composición del Congreso.

La llamada Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, ha sido del todo insuficiente para asociaciones de Memoria Histórica, descendientes de represaliados y otros muchos ciudadanos preocupados por informarse al respecto o sensibilizados con la recuperación de la Memoria Histórica. También para Amnistía Internacional o la ONU, cuyo Comité de Derechos Humanos ha llamado hasta tres veces la atención al gobierno español por no cumplir con la legislación internacional en esta materia.

Aún en 2009, ya aprobada la vigente ley de Memoria Histórica, Naciones Unidas mostró al actual gobierno su "preocupación por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977” y le advertía de que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles" y que las amnistías "relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto", por lo que sigue pidiendo “la derogación de la ley de Amnistía” y "tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales".

La justicia española sigue siendo un caso excepcional a la hora de dejar impunes los crímenes de una dictadura, la franquista, a pesar de haber firmado en 1992, junto a otras muchas naciones de la Asamblea General de la ONU, que “los Estados actuarán (…) para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas”. Precisamente, en la exposición de motivos de la proposición de IU se cita como punto de partida el principio 2 (“el deber de la memoria”) de la Carta de Naciones Unidas: “preservar del olvido la memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo de tesis revisionistas y negacionistas...”. Se trata, entre otras cuestiones, de que la historia no se repita, como -por citar un ejemplo- en el caso de Turquía, su negado exterminio del pueblo armenio, y el reciente y silenciado genocidio de los kurdos.

Entrando a valorar las propuestas concretas de la proposición de ley “(...) fruto de un arduo trabajo de elaboración colectiva junto a un equipo multidisciplinar de gentes ligadas a los movimientos memorialistas de Andalucía (...)”, citando palabras de sus impulsores (IU LV-CA), hay que decir que garantiza el cumplimiento de la legislación internacional y puede suponer un ejemplo para otras comunidades autónomas, a la vez que para el gobierno central. De la misma manera, el protocolo de actuación de los diferentes Foros por la Memoria, aplicado desde hace años en muchas de las recuperaciones de fosas comunes, también ha sido un ejemplo para varios artículos de esta proposición.

En efecto, el protocolo de exhumaciones de esta asociación (a diferencia de otras) incluye la denuncia de los crímenes de lesa humanidad en los juzgados correspondientes (artículo 11) además de otros aspectos contemplados en la propuesta de ley, como el trabajo historiográfico previo y la necesidad de que equipos multidisciplinares se encargen de la tarea: arqueólogos, antropólogos forenses, etc. (artículo 21). Otra de las reivindicaciones menos escuchadas hasta ahora por los diferentes gobiernos, que sea el Estado (en este caso la Junta de Andalucía) el que garantice “el derecho [de la ciudadanía] al conocimiento de la verdad en las materias reguladas en esta ley” queda recogido en el artículo 2 y más específicamente en el artículo 10, al hablar de la exhumación de las fosas: “1. La administración pública andaluza procederá a la localización de las fosas comunes, así como a la identificación y, en su caso, a la exhumación de los restos humanos que contengan, atendiendo a un rigor científico (...)”.

Otras disposiciones van más allá de la ley nacional que regula la recuperación de la memoria en la actualidad, sin entrar en conflicto con ella y superándola en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y de todos los ciudadanos a conocer la verdad. Así, la retirada de símbolos fascistas de los edificios públicos se extiende a los privados (artículo 48), siempre atendiendo a su relevancia patrimonial o histórica (artículo 49). Se creará un “Catálogo de Lugares de la Memoria Democrática”, también un “censo de víctimas” para conocer y difundir la magnitud de la represión contra el pueblo andaluz, y se introducirá la Memoria Democrática en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato.

Otros artículos novedosos incluyen la creación de varios órganos para el desarrollo de la Memoria Democrática, como un “Centro de Documentación e Interpretación de la Memoria Democrática de Andalucía”, a disposición de investigadores, quienes podrán “difundir la verdad de lo acontecido”. Se velará por el “acceso público de los archivos”, se establecerán “planes de resarcimiento y reconocimiento” a represaliados, se anularán “distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales”, se investigará “la desaparición de fondos documentales del Estado en Andalucía durante la Transición”, se castigarán judicialmente los actos de “apología del fascismo” y se excluirá de subvenciones a “entidades que organicen, programen o promuevan actividades relacionadas con la apología del fascismo”.

Por último, hay que destacar que se impulsarán medidas para “la restitución del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas desde el 18 de Julio de 1936 en Andalucía” y otra de las cuestiones no resueltas por la ley estatal: se solicitará al Estado central “(...) la nulidad de todos los juicios a ciudadanos/as andaluces/as realizados por tribunales militares y/o civiles por causa de motivos políticos vinculados a la República, Guerra Civil o a la lucha en defensa de la democracia durante la dictadura o la transición (...)” (disposición adicional décima).

Presumiblemente, la Proposición de Ley, prioritaria para IU LV-CA, tendrá más opciones de salir adelante cuando cambie la composición del parlamento andaluz y en el caso de que el PP no obtenga la mayoría absoluta en las próximas elecciones andaluzas de 2012.

MÉDICOS CERCANOS AL OPUS DEI CERTIFICARON LA MUERTE DE BEBÉS

Publicado en: www.diagonalperiodico.net (María José Esteso Poves )

“Entonces un médico era como Dios, no imaginaba que me robaron a mi niña"

Las denuncias de niños robados desde el Franquismo hasta los años ‘80 han llegado a la Fiscalía General del Estado. El fiscal ha dictaminado que se investiguen las desapariciones de bebés.

Documento en poder de A.O.C. entregado años después de dar a luz a su hija en el que consta que tuvo un aborto en lugar de un nacimiento. Foto: David Fernández.

“Me ingresaron y dijeron que me faltaba muy poco para dar a luz. Al día siguiente, a las siete de la mañana, me pusieron el gotero y unas horas después el médico me dijo que me iban a hacer la cesárea porque la niña no nacía”. Así comienza su relato A.O.C. una madre que prefiere no identificarse y que no figure el municipio de Madrid donde vive con su familia.

“Estaba en una habitación de seis camas y al lado había una señora embarazada. Nada más irse el médico, sentí un dolor muy fuerte, empujé y la niña nació sola, fue el 4 de abril de 1976. La señora que estaba en la cama de al lado se levantó, me retiró la ropa y dijo: Qué niña más guapa” recuerda A. que ahora tiene 66 años. “Vinieron las enfermeras y se llevaron a la niña pero no me la enseñaron. La oí llorar en el pasillo. Enseguida entraron otra vez las dos enfermeras que me atendían, una muy alegre y otra más delgada y seria. La primera me dijo: ’La niña está sana’, pero la otra le lanzó una mirada muy seria… Yo pensé que le regañaba porque la primera enfermera era muy dicharachera”, cuenta A.

Una niña sana

“Despues llegó el médico. Me aseguró que el bebé pesaba dos kilos y medio y que se quedaría un tiempo en la incubadora porque tenía una pequeña insuficiencia respiratoria” recuerda esta madre. Dice que su marido y su cuñado también vieron a la pequeña. Pero a las cinco de la tarde llamaron por megafonía. “Bajó mi marido y la cuna estaba vacía. Una enfermera le explicó que la niña había muerto. Él pidió ver el cuerpo y le dijeron que ya lo habían incinerado". Y se pregunta: ¿Cómo la incineraron sin decirnos nada?”.

Estuvo muy enferma por las subidas de leche que tuvo tras el parto. Las enfermeras le propusieron que la donase pero ella se negó. Unos días después le dieron el alta. No le entregaron ningún documento. Pasado el tiempo, A. tuvo dos hijos más. En el último embarazo, el ginecólogo que la trataba le preguntó sobre sus otros partos. “Cuando le conté la muerte de la niña el médico me contestó: ‘Ya…, esas historias me las conozco yo’. Me quedé de piedra”.

Este doctor pidió un informe de la paciente a La Paz y le remitieron un papel que decía que el 4 de abril de 1976 A. tuvo un aborto "estando embarazada de tres meses". El documento está firmado el 21 de mayo de 1981 por el doctor José Antonio Usandizaga. “No podía creerlo. Entonces, un médico era como Dios. Ahora tengo la certeza de que a esa niña me la robaron”, afirma A.

José Antonio Usandizaga Beguiristain tiene ahora 78 años. En sus inicios ejerció en el Hospital de Basurto, en Bilbao, ciudad donde se denunció una trama de adopciones que llevó a cabo Mercedes de Grass (Ver DIAGONAL nº 111). Usandizaga fue después jefe de obstetricia y ginecología del Hospital La Paz de Madrid y director de la maternidad de este hospital durante años. Muy próximo al Opus Dei, milita activamente contra el aborto. En un documento elaborado por él para la conferencia episcopal asegura que ha asistido “cientos de miles de embarazos en la maternidad de La Paz”.

Gracias a las primeras denuncias efectuadas en 2009, (aunque con anterioridad lo hicieron los adoptados de la Clínica privada San Ramón) y su difusión en los medios de comunicación y en internet, han aparecido muchos más casos.

Pedro Soto investiga ahora la muerte de su hermana nacida el 20 de julio de 1979. Su madre, Francisca Sánchez, se quedó embarazada cuando tenía 33 años. Fue a un ginecólogo de un ambulatorio de Torrejón de Ardoz, Madrid que le recomendó ir a la maternidad de O‘Donnell aunque le correspondía otro hospital. Allí dió a luz a una niña. "Le dijeron que el bebé estaba bien, pero no se lo enseñaron. Unas horas después le comunicaron que la niña había muerto", explica Soto. Ante la insistencia del padre le mostraron un bebé muerto envuelto en trapos. No les entregaron ningún documento.

Soto dice que sus padres eran gente humilde y no reclamaron más. “Mi madre siempre ha dicho que algo raro pasó”, asegura. Ahora se han unido a la recién creada Plataforma de Afectados de Clínicas de toda España. Causa Niños Robados. Tras varias investigaciones han descubierto que el médico de Torrejón de Ardoz y el que atendió en el parto a su madre también trabajaban juntos en una clínica privada.

El Archivo Regional de la Comunidad de Madrid conserva, en teoría, las historias y documentos de los hospitales de la capital, muchos de ellos digitalizados. Fue allí donde Mar Soriano descubrió que la muerte de su hermana Beatriz Soriano nacida en la maternidad de O‘Donnell el 3 de enero 1964 fue atribuida a una otitis. El parte de defunción lo firma el médico Ignacio Villa Elizaga, muy cercano al Opus Dei, que trabajó en la maternidad de Santa Cristina, en O‘Donnell y en la actualidad es profesor en la Universidad de Navarra. Como publicó DIAGONAL, la otitis no es una causa de muerte. Otros seis bebés murieron en ese hospital por otitis el mismo día que Beatriz Soriano, según los archivos.

En esos años muchas mujeres que iban a las privadas acabaron en los hospitales públicos atendidas por los mismos médicos. En el caso de las adopciones ilegales de la clínica San Ramón, situada en el Paseo de la Habana 143, de Madrid, hoy un geriátrico, las denuncias son claras. El tocólogo que atendía los partos y dirigía la maternidad, Eduardo Vela Vela, entregó a cientos de bebés que reclaman ahora sus historiales médicos. Una denuncia por sustracción de menores en 1981 cerró la clínica San Ramón. Entonces se culpó a la dueña de una guardería y a unas prostitutas de compra-venta de niños y se archivó la acusación que apuntaba al doctor Vela.

Los adoptados en esta clínica hoy son mujeres y hombres que se han organizado a través de internet e intercambian información en diversos foros. Así, se sabe que Vela no actuaba sólo. Su mano derecha era sor María Gómez Valbuena. Esta monja era asistente social en la maternidad pública de Santa Cristina, en O‘Donnell, y a la vez trabajaba con el doctor Vela en la clínica privada de San Ramón. Era conocida en todo el país como “la monja que conseguía niños”.
Rosa R. G. tuvo a su tercer hijo con 22 años, en San Ramón. “Mi bebé nació 26 de octubre de 1978. Era prematuro, de siete meses y medio y pesó 2,5 kg. Todo fue muy bien, no tuvieron que darme puntos ni nada, a las dos horas estaba de pie. A todas las mujeres que atendían en la maternidad de San Ramón las dormían”, dice Rosa R. G. “Cuando desperté, dos horas después del parto, la monja me dijo que todo había ido muy bien. Yo pregunté por el médico y la religiosa me dijo que el médico no estaba. Bajé a ver al niño, era muy guapo, y lo habían metido en una incubadora”. Pasadas doce horas el doctor Vela le dijo que el bebé había muerto. A la madre de la parturienta le enseñaron un bebé gordito envuelto en una toalla que estaba en un cámara frigorífica. No le dieron ninguna documentación.

El 22 de febrero el Congreso de los diputados se comprometía a apoyar desde las instituciones la investigación sobre los niños robados. Unas semanas antes el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció que los casos de niños robados serán investigados y que la instrucción se remitirá a las fiscalías territoriales. Esta decisión abre la vía para destapar una compleja trama en la que están envueltas personas de altos estamentos.

ROBO DE MENORES EN LOS ’60, ’70 Y LOS ’80

El robo de niños fue una práctica habitual durante la guerra civil. Se robaban los bebés de madres republicanas encarceladas, que parían en las prisiones. Sus hijos eran arrebatados, y luego ellas eran fusiladas, como han documentado las investigaciones de Tomasa Cuevas y Ricard Vinyes, entre otros. Esta práctica, inspirada en las teorías de Antonio Vallejo Nájera, con el paso de los años se convirtió en un negocio que afectó a madres sin filiación política y que duró hasta entrada la democracia.

La desaparecida asociación Andas, Derecho a Saber, documentó los primeros casos. Hoy los afectados de los ‘60, ‘70 y los ‘80 han constituido varias organizaciones: La Voz de los Afectados, La Plataforma de Afectados de Clínicas de Toda España o la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), entre otras. Todas han documentado cientos de casos. En ellos, como ya publicó DIAGONAL (ver números 110, 111 y 112) están implicados curas, monjas, médicos, abogados, enfermeras e incluso conserjes. Cobraban por conseguir bebés para matrimonios de ‘buena posición’ afectos al Franquismo.

En enero, Anadir, a través de su abogado Enrique Vila, presentó una denuncia a la Audiencia Nacional con más de 250 casos. Ahora son ya 500 afectados. Esta denuncia se une a la presentada por el abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, por la Plataforma de Afectados de Clínicas de Toda España junto a otras 300 familias. Otros casos pendientes son los de los adoptados ilegalmente en la Clínica privada de San Ramón, el grupo de adoptados de Bilbao, el caso de Andalucía, etc.

EL PODER DE UNA MONJA

El control de las adopciones aumenta con la ley de 1987. Uno de los defensores de ese control fue Gregorio Guijarro, ya fallecido. Guijarro era director de la Asociación Española para la Adopción (AEPA) y al mismo tiempo fiscal general del Tribunal Supremo. Entonces él adoptó a dos niñas gemelas. Sin embargo, no era muy partidario de que el control de los adoptados fuese del todo público. En un artículo publicado por El País en 1981, en el que ensalza la tarea de la monja que trabajaba con Eduardo Vela, dice: “La encargada del servicio de asistencia social y maternidad de Santa Cristina (pública) desde hace más de 12 años, sor María Gómez Valbuena, (también en la clínica privada San Ramón) tiene en su memoria un arsenal de historias”. Sor María Gómez aún vive.

Las dos muertes de María Silva

María Silva, "La Libertaria"

Autor: Daniel Pérez (La Voz Digital.es)

Miles de familiares de víctimas esperan en toda España una resolución favorable del caso para seguir el mismo protocolo.

El juzgado de Chiclana ultima los detalles para inscribir la defunción, 77 años después, de 'La Libertaria', tras un largo periplo judicial que sienta un importante precedente a nivel nacional.

Hace dos años, en el 75 aniversario de los sucesos de Casas Viejas, Juan Pérez Silva atendía a la prensa en la puerta del cementerio. Era enero, amenazaba lluvia, y el cielo, oscuro y roto, quedaba muy propio, al fondo de la tragedia. Una chica le pidió a Juan que contara su historia a cámara en tres minutos, «intentando no moverse», para que no se le descuadrara el plano: el huérfano, las nubes, el arco encalado, las coronas de flores... Juan se aflojó la corbata y habló un rato de su madre, de su infancia, de la justicia, del perdón y del olvido. Después, mientras la periodista recogía el cable del micro y comentaba al vuelo los detalles del montaje, de la 'off' y los totales, Juan miró un segundo al suelo, arrugó el gesto y se quejó en voz baja: «Tres minutos».
La pérdida, el dolor, el desamparo, la angustia, las noches en blanco, los rumores crueles, las versiones enfrentadas, los ideales, los archivos, las pistas falsas, las mentiras, el empeño, el abandono, la lucha y la tortura. En tres minutos.

Juan Pérez Silva junto a José L. Gutierrez Molina
(Jornadas Republicanas de La Isla)

Puede que porque Juan estuviera especialmente cansado, o especialmente triste, o porque de nuevo era enero, y los huesos de su madre, María Silva, 'La Libertaria', seguían perdidos todavía en algún lugar extraño y ajeno, el bisnieto de Seisdedos no quiso esa mañana hablar de política. Amablemente, con un punto de amargura, rechazó las preguntas más explícitas, pero invitó al resto de los redactores que aún esperaban de él una proclama encendida o una declaración de guerra a que lo acompañaran a dar un paseo.

El hijo de La Libertaria dedicó unas horas, quizá de forma involuntaria, a romper las etiquetas y restarle épica al mito. Con cada anécdota parecía reivindicar su condición de hombre. «Tengo una casa pequeña, cultivo rosas, paseo por el campo, hago radios de galena».

Es posible que esta historia, quería decir Juan, resulte trascendental para mucha gente; es posible que sea importante, significativa. Pero, sobre todas las cosas, es la historia de un niño que no conoció a su madre. Y, ahora, tantos años después, es la historia de un anciano que no quiere morirse sin enterrarla.

Descargándose de la mística libertaria, de todo el peso del símbolo, Juan consiguió lo que pretendía: igualar su caso, tan mediático y tan llamativo, al de los miles de españoles que han sufrido un calvario semejante. Sin distinciones.

No obstante, María Silva Cruz puede volver, muy pronto, a convertirse en un referente obligado para historiadores y memorialistas. Juan está a punto de conseguir, después de una larguísima odisea legal, que un Registro Civil inscriba a su madre como fallecida. El ejemplo sentará un valioso precedente (empieza a haber unos cuantos) y servirá de respaldo a todas las familias que continúan enfrascadas en la misma lucha. Según los trámites impuestos por el Juzgado de Chiclana, sólo quedan «un par de cabos sueltos», como la publicación de un puñado de anuncios en prensa.

Del asesinato de María Silva Cruz se sabe que ocurrió en agosto del 36; que su cuerpo desapareció arrastrado por la primera ola de la represión, justo después del golpe; que fue detenida y llevada a la cárcel de Paterna por una columna de guardias civiles sublevados; que la acompañaba su único hijo, de 14 meses; que la madrugada del 24 la fusilaron, en un lugar indeterminado, junto a Martín Menacho Díaz y Catalina Sevillano. Juan lleva, desde que tiene uso de razón, intentando esclarecer los hechos: pero no se puede investigar un crimen cometido contra una persona que, oficialmente, no está muerta. En la misma situación se encuentran miles de particulares. Como explica el historiador José Luis Gutiérrez Molina, «es muy posible que en torno al 50% de los ejecutados no estén reconocidos».

Periplo judicial

En 2008, apoyado por la Asociación de la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, Juan Pérez Silva presentó en la Audiencia Nacional una denuncia por la «detención ilegal y la desaparición forzada de María Silva Cruz». Baltasar Garzón, a quien correspondió la causa por reparto, incoó las diligencias previas. El Ministerio Fiscal lo recurrió, pero el juez no admitió el recurso. Tres días más tarde, para sorpresa de todos los que esperaban que el caso de María Silva sentara por fin jurisprudencia, Garzón se inhibió en un auto en el que remitía la competencia a los juzgados de Instrucción. El 26 de junio de 2009, siete meses después de que comenzara el proceso, el Juzgado de Chiclana se hizo cargo del sumario. La inscripción de María como fallecida, recientemente aprobada, no supone el final del camino, «sino un paso imprescindible para seguir andando», dice Cecilio Gordillo, de Amhija.

Juan, acostumbrado ya a las alegrías parciales y a las decepciones absolutas, sigue sin confiarse. «Puede pasar cualquier cosa. En su momento hasta nos planteamos ir al Tribunal de Estrasburgo, porque nuestra denuncia parte de que los crímenes de guerra son imprescriptibles, conforme al Derecho Internacional Humanitario», y por eso espera que sea el propio Juzgado de Chiclana el que «ahonde en la causa y adopte por fin medidas instructoras que esclarezcan los hechos».

El proceso para inscribir a las víctimas del Franquismo ha estado siempre sometido a criterios ambiguos, ridículos o interesados. Durante los primeros años la prioridad de la administración fue «maquillar las cifras» de la masacre. Muchos jueces ofrecían a las familias la posibilidad de «regularizar» la situación, aunque no hubiera cuerpo, falseando las causas. «España estaba llena de viudas y huérfanos que, para poder cobrar una pensión irrisoria, tenían que 'admitir' que sus maridos y padres habían muerto en un accidente, o de un ataque al corazón», explica el investigador Fernando Romero. Algunos familiares, apremiados por la necesidad, aceptaron. Otros muchos, no.

'Testimonios fiables'

Cada juzgado, con independencia de las consignas generales, jugaba las cartas a su manera. «Los había que pedían diez testimonios 'fiables', a sabiendas de que la mayoría de los fusilamientos se hacían de madrugada, y que el miedo evitaría que los testigos fueran a declarar que habían visto a fulano ordenar o ejecutar la muerte de mengano». Las exigencias han variado algo, pero no tanto como cabría esperar tras la llegada de la Democracia. «Todavía hay quien considera un requisito 'sin equa non' que haya testimonios de primera mano, 75 años después». La nueva Ley de Registro, en trámite desde julio, podría solventar de una vez por todas este caos administrativo, aunque las asociaciones que trabajan en el ámbito de la memoria histórica lo dudan abiertamente.

Por lo pronto, los promotores del proceso, que llevan años persiguiendo el reconocimiento de María Silva como difunta, ya han logrado que Chiclana publique el edicto que regula su inscripción. «Ahora tenemos que costear los gastos, unos 2.000 euros, para lo que hemos abierto una cuenta en Cajasol que admite donaciones voluntarias de no más de diez euros por persona».
Juan Pérez Silva tiene pocas esperanzas de que el caso se resuelva antes de que le toque «hacer las maletas». «He vivido obsesionado con esto desde niño», confesó aquella mañana invernal de enero, en su largo paseo desde el cementerio de Benalup al Teatro, donde se celebraba un ciclo de conferencias. «Cuando tenía cinco años un maestro flaco se presentó en mi casa y me dijo que quería enseñarme a leer. Me pidió que escribiera dos cartas: una a los Reyes Magos y otra a otro Rey, de carne y hueso, que vivía en Estoril. 'A ése pregúntale dónde está María Silva', me soltó». Después, con trece años, el mismo hombre (un anarquista viejo, veterano de los campos de concentración franceses) le explicó tres cosas: que sus padres estaban muertos, que habían dado sus vidas por defender la libertad, y que los Reyes Magos no existen.
Cicatrices suficientes como para marcarlo de por vida.

En el año del Bicentenario, el alcalde sigue manteniendo honores y distinciones a los asesinos de Blas Infante.

Autora: Alba Carvajal
Fuente: http://ellugardelaponte.blogspot.com/

Un año mas, este alcalde por la gracia de dos, anda enviando Saludas-Invitación a distintas entidades, con el clásico "se complace en invitarles” al Acto-Homenaje a Blas Infante, padre de la patria andaluza…el próximo día 11…"

Un año mas, Manuel María De Bernardo Foncubierta, alcalde impuesto a los isleños por un pacto infame con el ahora candidato del partido nacional-católico, Sr. Loaiza y que ahora sigue desgobernando en absoluta minoría como sátrapa autárquico, hace alarde de la desvergüenza e hipocresía que le caracteriza.


Un año mas, este desmemoriado histórico, este pseudo andalucista ya no recuerda o le importa un pimiento que hace tan solo un año, el, con la complicidad de su partido PA y con el aplauso de sus aún socios clandestinos del PP, decidieron mantener estatua, honor y gloria a quien siguen considerando “hijo predilecto”, aquel que consiguió ser bilaureado asesinando moros, aquel que luego puso sus capacidades para matar, al servicio de los golpistas, aquel que con su apoyo y complicidad fue responsable de innumerables fusilamientos, entre ellos, Blas Infante o Cayetano Roldan…

Un año más y en el mismo escenario del parque, que por su ineptitud, su egolatría y despotismo, está siendo destruido, desarbolado y degenerado por el euro/cemento, va a seguir ensuciando con su hipocresía el nombre y la obra de D. Blas Infante.


Al parecer, De Bernardo no recuerda, ni quiere recordar que D. Blas fue detenido en su casa de Coria y que días después, el 11 de Agosto fue asesinado sin juicio ni sentencia en una cuneta de la carretera de Carmona y que cuatro años después de su fusilamiento, fue condenado a muerte con la excusa de sus asesinos “porque formó parte de una candidatura de tendencia revolucionaria en las elecciones de 1931 y en los años sucesivos hasta 1936 se significó como propagandista de un partido andalucista o regionalista andaluz”.

Y no quiere recordarlo porque de forma incomprensible, sigue manteniendo en La Isla, para su vergüenza, si es que la tiene, honores y distinciones a los asesinos de D. Blas.

Con creces, el peor alcalde que ha tenido La Isla, el derrochador del erario publico, el responsable político del mayor atraco a las arcas municipales, el que desgobierna contra los ciudadanos, el amigo de golpistas y asesinos de la barbarie franquista, debería lavarse la boca cada vez que invoca el nombre de Blas Infante, debería dimitir y no seguir haciendo mas daño a este pueblo, debería leer la biografía de D. Blas y enrojecer de vergüenza al compararla con su “buena gestión” de la que tanto alardea.

¡Cuanta desfachatez y cuanta hipocresía tiene el alcalde de La Isla!

Los 30.000 menores robados del Franquismo

DESAPARICIONES | LA ASOCIACIÓN "DERECHO A SABER" DA CUENTA DE MÁS CASOS

El robo de niños fue sistemático en cárceles, hospicios y maternidades. 70 años después no se saben todos los datos. Los tiene la Iglesia en sus archivos y ninguna ley le obliga a abrirlos.

María José Esteso Poves / Madrid
Publicado en : www.Diagonalperiodico.net Miércoles 6 de mayo de 2009.

“Lo llevaron a bautizar y no me lo devolvieron. Yo reclamaba el niño, y que si estaba malo, que si no estaba. No lo volví a ver”. Éste es el testimonio de Emilia Girón, que dio a luz en el hospital de la cárcel de Salamanca en 1941. Su delito, ser hermana de un guerrillero. Este caso y otros están recogidos en el auto de Garzón tras la denuncia presentada en la Audiencia Nacional por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). En el auto se dice que los niños perdidos son víctimas del Franquismo y que había un plan de desapariciones para eliminar oponentes. La Fiscalía declaró a Garzón no competente.
El caso de Emilia Girón no es único, se calculan más de 30.000 los niños robados a familias “no afectas”. 70 años después poco se sabe de aquel episodio aberrante de la dictadura. Irredentas (2002) de Ricard Vinyes recompone el puzzle. Vinyes basó parte de su investigación en testimonios de presas recogidos por Tomasa Cuevas, también presa.

Después de la guerra, la represión fue brutal. Miles de personas fueron encarceladas e incluso se habilitaron conventos como prisiones. A ellas fueron a parar muchas mujeres.
La cárcel de Ventas, concebida como un edificio moderno por Victoria Kent, se convirtió en un lugar infame. Tomasa Cuevas lo describe como un gigantesco almacén de mujeres. Antonia García dice: “Sólo recuerdo la locura de mi primer día en la sala de prisión: un sitio para 500 personas albergaba a 11.000. Las mujeres se tiraban al suelo a la vez, no había más sitio”.
Las presas vivían hacinadas con sus hijos y, pronto, la masificación supuso un problema, no humanitario, sino económico y administrativo. Mirta Núñez Balart, historiadora, calcula que en 1939 había 280.000 presos. Hoy con el doble de población son unos 60.000.
Las embarazadas con pena de muerte eran fusiladas nada más dar a luz, como relata Carlos Fonseca en Trece rosas rojas. Trinidad Gallego, matrona, fue encarcelada y ayudó a parir a sus compañeras de prisión. A sus 95 años recuerda para DIAGONAL que “allí los niños los disfrutaba la Topete [la directora María Topete]. Las madres estaban separadas de sus hijos, si devolvían, ellas no podían cuidarlos. Sarna, piojos, sin apenas comida ni agua. Morían muchos. Con tres años se los llevaban, si tenían familia, pero entonces todos estaban en la cárcel e iban a parar a los hospicios o no se sabe”.

En los ‘40 se abrió una prisión para madres lactantes en Madrid. Las presas pensaron que las condiciones mejorarían. Mercedes Núñez, presa política, dice en Mujeres caídas de Mirta Núñez: “Ninguna madre podía cuidar de su hijo. Los niños vivían separados en un patio aparte y ellas trabajaban en talleres más de diez horas diarias”. En Santurrán (País Vasco) las monjas mandaron salir a las presas al patio. Cuando volvieron, sus hijos habían desaparecido. Ya no existían, no habían sido inscritos en el registro de entrada.

Teorías de inspiración nazi

El rapto se convirtió en ‘legal’ por la Orden de 30 de marzo de 1940 que da la patria potestad al Estado. El general y médico Vallejo Nájera, formado en Alemania e ideólogo del régimen, afirmaba que era necesario “extirpar el gen marxista” y recomendaba el traslado de los niños a hospicios para “la eliminación de los factores ambientales que conducen a la degeneración”. Para ello, aplicó descargas eléctricas a los presos y otros experimentos.
La Iglesia regía todos los órdenes de la vida, los internados moldeaban a los niños, mientras el régimen los presentaba como “sacados de la miseria material y moral”. Victoriano Ceruelo, de 65 años, estuvo en Zamora: “Desde los cinco años, todos los días nos levantaban a las 5h. de la mañana para ir a misa. Los domingos venían familias y las monjas nos ponían en fila. Y decían ‘me gusta ése’, y se lo llevaban. Un día me tocó a mí, pero él le daba mala vida a mi madre y ella se suicidó”. Hasta hace poco iba cada año a preguntarle a la superiora quiénes eran sus padres. Ella le decía: “No tienes derecho a remover”.

El 4 de diciembre de 1941 una ley autorizó cambiar los apellidos “si no se pudiera averiguar el Registro Civil en que figuren inscritos los nacimientos de los niños que los rojos obligaron a salir de España y que sean repatriados [23.000 volvieron]. Igual inscripción se hará a los niños cuyos padres y demás familiares murieron o desaparecieron durante el Glorioso Movimiento Nacional”.
Fernando Magán, abogado de la ARMH, señala que “eso es la transposición de un decreto nazi a España. Lo que subyace es el exterminio de una clase social, los rojos. La eliminación de las ideas por la vía del exterminio de las personas. Hubo un momento –continúa Magán– en el que se instruyó a la policía judicial para abrir los archivos parroquiales. Pero la sala de lo penal, la misma que condenó a Scilingo, cerró sumario”.

También el orden moral impuesto repudiaba a las mujeres si su unión no era bendecida. En el programa de Paco Lobatón (TVE) ¿Quién sabe dónde? afloraron miles de casos. Sensibilizado, Lobatón fundó Derecho a Saber (ANDAS), junto a varias afectadas. A partir de ahí, el programa fue incómodo.

El caso de María Fe Fernández (Pamplona) se resolvió en la tele. La suya fue madre soltera: “Si se quedaban embarazadas iban a parar al convento hasta que daban a luz, luego a la maternidad, allí el capellán hacía las gestiones. Las engañaban y los hijos iban para militares, ricos o familias humildes (a cargo de curas)”. Dice que hay casos en Argentina, Italia, Alemania o Austria.

Avanzada la dictadura el secuestro de bebés continúa. Ahora, Mar Soriano busca a su hermana. Su madre falleció hace unos días. “Mi hermana nació en 1964 en la Maternidad de O’Donnell (Madrid), parecía sana, pero la metieron en la incubadora y un día le dijeron a mis padres que había muerto y que ya la habían enterrado. Ellos estaban aturdidos, eran gente humilde y no sabían qué hacer. Les dieron la partida de defunción y decía que un general mandó enterrarla. A mí me contaron que mi hermana murió. Por mi trabajo doy conferencias en el extranjero para personas sordas. Y en 1997, en Austria, se me acercó alguien que me dijo que conocía a mi familia en Klangerfür, que si el padre era alemán, su hija era igual a mí, mi misma cara, pelo... Dije que no. Hace unos meses empecé a atar cabos”. También desconocía el caso de una madre que ha localizado en Austria a su bebé robado en Madrid. La Iglesia tiene los archivos, pero ninguna ley obliga a abrirlos.

Se estrecha el cerco sobre los responsables de robos de niños en el Franquismo

Autora: María José Esteso Poves

Publicado en : www.Diagonalperiodico.net

LA FIGURA DE JOSÉ BOTELLA LLUSIÁ PUESTA EN ENTREDICHO POR LA ARMH

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha puesto en manos del Juzgado los nombres de algunos de los presuntos implicados en el tráfico de neonatos urdidos durante el Franquismo.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó el 25 de septiembre en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Madrid información sobre más de 20 casos de robo de bebés durante el Franquismo. Estos, se suman a los del 8 de enero de 2009 que, por “razones de urgencia”, sí permitió investigar la Audiencia Nacional, a pesar de que ya se había declarado a Garzón incompetente para investigar los crímenes del Franquismo. Ese resquicio permite que los casos de varias madres, presas políticas a las que se les arrebataron sus hijos, se investiguen.

A raíz de esa denuncia admitida por la Audiencia, el Juzgado citó a la ARMH. Su abogado, Fernando Magán, ha aportado ahora abundante documentación y nuevos testimonios (en esta ocasión de madres sin filiación política conocida) junto a un informe inédito de 24 páginas, recopilado por el sociólogo Francisco González de Tena que pone nombre a algunos presuntos culpables en Bilbao y Madrid, entre otros lugares.

Ese estudio da nombres de ginecólogos, abogados, curas, monjas y personas afectas al Franquismo que, supuestamente, organizaban las adopciones ilegales. Los secuestros de bebés comenzaron en los primeros años de la dictadura con presas políticas después se convirtió en una práctica generalizada. Según este informe, "el modus operandi era el mismo: mujeres con partos naturales y a término, daban a luz a bebés sanos, que les eran retirados con la excusa de que era necesario llevarlos a las incubadoras. Luego decían a las familias que habían muerto y que la clínica se encargaba de todo. Los padres no veían los cuerpos y los médicos certifican las muertes. Las noticias las daban curas o monjas". González de Tena asegura que todo esto era posible por dos motivos: "No denunciaban porque existía un ’miedo reverencial’ hacia la Iglesia, a la que otorgaban impunidad amparada en la caridad. Además, había una ’socialización del silencio’ que prevalece hasta hoy. Los cuerpos no eran enterrados, no se han encontrado partidas de bautismo in artículo mortis, tampoco hay documentos en los que las madres accedan a dar a sus hijos" y denuncia la actual colaboración nula de las instituciones.

Esto lo ha comprobado Mar Soriano Ruiz recientemente al reclamar el historial médico de su hermana Beatriz, nacida el 18 de enero de 1964, al Archivo Regional de Madrid: "Los historiales de la Maternidad de O’Donnell [ver recuadro] se encuentran en el Archivo del Hospital Gregorio Marañón pero de allí, mandan a la gente aquí", dijeron las funcionarias. Entonces pidió el parte de incubadora, que sí estaba, y le contestaron las mismas funcionarias: "No podemos dar más datos, pero consta que tu hermana murió por otitis (firmado por los doctores Castiella y Villa) y ese mismo día, casualmente, fallecieron en la misma clínica seis niños más también de otitis". Su caso es uno más de los presentados ante el Juzgado. Algunos ginecólogos, aún vivos de la Maternidad de O’Donnell, donde hay varios casos de neonatos robados, están citados como presuntos conocedores de los hechos. También se menciona al doctor Vela de la clínica San Ramón, donde se habrían producido adopciones ilegales hasta los ’80.

El documento relata muchos casos similares en Bilbao y en la mayoría de las ocasiones aparece un mismo nombre: "En la cabeza de este grupo aparecía [presuntamente] Mercedes Herrán (ya fallecida) que utilizaba el nombre de Mercedes de Grass, apellido del marido. Algunas de las mujeres afectadas iniciaron por su cuenta, hace tiempo, la búsqueda desesperada de sus hijos, visitando las clínicas en las que dieron a luz (Indautxu y San Francisco Javier, Bilbao) y reclamando sus fichas clínicas. Todas sus gestiones fueron inútiles". De Grass se llegó a hacer famosa en todo el Estado español, ya que hasta ella llegaban muchas peticiones de adopción de niños que habría gestionado con la ayuda de un párroco, un ginecólogo, una abogada, una secretaria, un notario y una monja, algunos vivos todavía. "Todo apunta a que entre 1965-1980, e incluso con una continuidad ya menor hasta 1995 –señala el citado informe–, estuvo operativa en la ciudad de Bilbao una red organizada para sustraer neonatos a parturientas en situación de debilidad social (por edad o estatus) y darlos en adopción ilegal". Se tejió una tela de araña en pisos y chalés donde se alojaban las jóvenes a las que después se les sustraían los bebés.

ALGUNAS CLAVES DE LOS TESTIMONIOS CONTROLADO DE CERCA

Los datos recabados señalan que desde 1940 estas prácticas sucedían en determinados centros, causalmente conectados espacialmente. Incluso, alguno de los testimonios presentados en septiembre ante la justicia madrileña afirma que se habría extendido hasta 1995. “Las maternidades de referencia en Madrid eran la antigua O’Donnell, y su anexa Santa Cristina, y después la Clínica San Ramón (privada), situada frente a las anteriores. Junto a estos centros funcionó la “Inclusa Provincial la Paz”, capacitada para dar niños en adopción. En Bilbao los dos centros están situados en la misma calle, Gordóniz: La Clínica de San Francisco Javier (privada), y en la acera opuesta, la Clínica Uzparicha o Indautxu”.

PRECIO: 200.000 PESETAS

Nacida en Murcia, se quedó embaraza cuando era joven su familia la echó a la calle. María Dolores Chumilla recurrió a un cura que la envió a uno de los pisos de Mercedes de Grass en Bilbao, según ella misma relata en el informe de la ARMH. Trabajó como costurera y en la limpieza para Mercedes de Grass. Pagó 12.000 pesetas de la época para dar a luz en la clínica San Javier (Bilbao) el 13 febrero de 1978. Cuando dio a luz, la monja sor Amestoy le dijo que se marchara a Murcia, que ella cuidaba a la niña. Cuando volvió esa misma monja le dijo que De Grass había dado a la niña. Una compañera de piso embarazada le aseguró que por la pequeña pagaron 200.000 pesetas.

UNA OTITIS MORTAL

Nuria M.T. cuenta en el informe que su madre dio a luz a su hermano Luis en su casa el 21 de abril de 1965 en Aranjuez, pero “mi madre fue llevada a la Maternidad de O’Donnell ya que mi hermano había nacido antes de término”. Cuando llegó a la maternidad se lo llevaron a la incubadora mientras extraían la placenta a la madre. “No le vieron más; a los siete días les comunicaron a mis padres la muerte del niño; causa: Otitis”, señala su hermana. Sin embargo, según ha investigado González de Tena, y se acredita “en La evolución de la mortalidad infantil en España (1964), no existe ni un solo caso de muertes acreditadas por esta causa”, señala.

JOSÉ BOTELLA LLUSIÁ

José Botella Llusíá, familiar de Ana Botella, aparece en el estudio ya que ejerció como ginecólogo en varios de los casos de niños, supuestamente desaparecidos según los testimonios de las madres. Botella fue fundador en 1956 y director durante años de la maternidad de O’Donnell. Tras licenciarse en Medicina y Obstetricia, perfeccionó sus estudios en Alemania (años ‘30). Además, durante el Franquismo ocupó altos cargos institucionales: rector de la Complutense (1962- 1978), presidente de la Sociedad Española de Fertilidad y de la Real Academia de Medicina.

El estado postfranquista de derecho

José Mª Pedreño Foro por la Memoria

Cuando llegan estas fechas, nos llaman numerosos medios de comunicación para preguntarnos que es lo que queda del franquismo. Normalmente suelen preguntarnos por monumentos, calles, etc. Sin embargo hay algo que se está olvidando y es que del franquismo no queda sólo lo que se ve (que es mucho) sino lo que no se ve, o que se ve, pero no se piensa que es una herencia del franquismo.

Vivimos inmersos en una sociedad con un bajo nivel de cultura democrática. Es tan bajo que, incluso, podemos afirmar que la población española no es democrática, sino postfranquista. Tenemos tan interiorizados los tópicos, los valores, la mentalidad y las razones que el franquismo impuso a golpe de fusil que, sin darnos cuenta, queda más de franquismo en nuestras mentes que en nuestras calles, y ya es decir.
Una vez aprobada la timorata “Ley de memoria Histórica”, indicando que había que eliminar todo símbolo que hicieran apología del franquismo, nos hemos encontrado con numerosos ayuntamientos que, escudándose en razones diversas, no eliminaban nombres de calles o quitaban monumentos. Las razones que se han dado han sido variopintas: los ciudadanos no quieren, habría problemas con la correspondencia al cambiar el nombre de la calle, los comerciantes tienen que cambiar el domicilio, el monumento es un bien de interés cultural, estamos borrando la historia, etc., etc., etc.… Incluso hay quien –el alcalde de Guadalajara-, en un ejercicio de democracia orgánica al mejor estilo franquista –como lo ha definido un compañero del Foro por la Memoria de esa provincia – hizo un referéndum entre los vecinos de las calles afectadas, consultando exclusivamente a los cabezas de familia mediante carta. El tercio familiar de las cortes franquistas era resucitado para no actuar contra la apología del franquismo. Ganó el referéndum, demostrando con ello hasta que punto la población española sigue siendo franquista, y dado el escaso número de votos a favor de la retirada del nombre de las calles, nos atrevemos a decir que incluso muchísimos votantes de izquierdas dieron la razón al alcalde. El alcalde de Guadalajara dijo que era una tontería eso de la Memoria Histórica y que de lo que hay que preocuparse en este momento es de la crisis. Y tiene razón, hay que preocuparse de la crisis, pero no sólo de la económica, sino de la crisis de valores que pervive en nuestra sociedad, porque en ella se encuentra el origen de gran parte de la que nos está afectando cada vez más a los trabajadores.

Bajo el prisma que el alcalde de Guadalajara ve la cuestión, trasladémonos a Euzkadi. A la hora de retirar calles dedicadas a militantes de ETA, por ejemplo en Intxaurrondo, debería convocarse un referéndum, o no molestarse en quitarlas porque “como lo importante en estos momentos es la crisis…”. Sin embargo, a la hora de hacerlo en Euzkadi con las calles dedicadas a miembros de la organización ETA (incluidos aquellos que murieron luchando contra el franquismo a los que esta democracia –inexplicablemente- acusa también de terroristas), se ha hecho sin pestañear. Tolerancia cero, han dicho; no sólo con los militantes de ETA, sino también con aquellos que buscan los mismos fines que ETA, aunque sea de forma pacífica. Si esta es la forma en la que se actúa en España, Dios -si existe- nos libre de que surja algún grupo armado que luche por la III República, porque a los pacíficos republicanos de este país se nos procesaría por tener los mismos objetivos que un grupo violento.
Con ETA (3.000 víctimas), tolerancia cero, con el franquismo (140.000 ejecuciones extrajudiciales, 190.000 ejecuciones en posguerra, 200.000 presos políticos, 500.000 exiliados, 30.000 niños robados, violaciones, torturas, y no se sabe cuantos crímenes más) tolerancia infinita. Esa es la situación. ¿Éste es el estado democrático al que aspiramos? El problema estriba en que mientras la mayoría pensamos que las acciones armadas de ETA son un lastre sangriento del que nos tenemos que desprender, sólo una minoría somos conscientes, al mismo tiempo, de que el franquismo fue una dictadura fascista, tan criminal, o más, que el nazismo, y no perseguir su apología es un lastre, mucho más sangriento, que impide el verdadero desarrollo democrático de nuestra sociedad. Si esto continúa así, con los vientos que soplan por Europa, corremos el riesgo que de estos polvos vengan unos lodos que ahoguen la democracia en un nuevo baño de sangre. Y los responsables, esos que votan leyes de memoria que no son acordes con la consecución de Verdad, Justicia y Reparación, dirán que ellos no pensaban que pudiera ocurrir. Nos recuerdan a Casares Quiroga que cuando fue informado de la sublevación militar en África dijo aquello de “si ellos se han levantado, yo me voy a acostar”. Nuestros representantes institucionales o duermen, o son cómplices, o ambas cosas.

Las contradicciones se agudizan. En un pueblo de la provincia de Soria llamado San Leonardo de Yagüe, los vecinos no quieren cambiar el nombre, retiran las estatua del “Carnicero de Badajoz” -porque algún ciudadano verdaderamente demócrata la decapitó, sino seguiría estando allí- y erigen un monolito, según ellos, despolitizado y aséptico al vecino “Juan Yagüe” (entre 3.000 y 4.000 asesinatos en una sola tarde). Si esto se permite, porque no erigir un monumento “despolitizado y aséptico” en honor, por ejemplo, de De Juana Chaos (25 asesinatos) como vecino de San Sebastián. ¡Y esto del monolito y lo de mantener el nombre del pueblo tal cual, lo apoyan todos los grupos municipales! ¿No son demócratas todos ellos? Juan Yagüe, como ha demostrado documentalmente el historiador Francisco Espinosa es responsable del asesinato de miles de personas en su avance por Andalucía y Extremadura al mando de la “Columna de la Muerte”. El que no haya sido procesado no significa que no sea un asesino de masas y, si se pone en duda es porque las llamadas fuerzas democráticas han colaborado en el silencio y la ocultación. Tampoco fue nunca procesado Adolf Hitler, pero nadie duda que fuera un asesino de masas.
El otro día, un presentador de informativos de la CNN, hablando del juicio contra el asesino de Carlos Palomino, dijo que Carlos era un joven de ideología antifascista y que había sido asesinado por un joven de ideología fascista. La sorpresa fue mayúscula ya que se supone que el antifascismo no es una ideología, sino una postura beligerante frente al fascismo que cualquier amante de la libertad debe mantener. Se supone que cualquier democracia debe ser antifascista, sin embargo, parece ser que los demócratas españoles, no se sienten antifascistas y consideran que el antifascismo es una ideología que tienen algunos jóvenes. Lo lógico en una democracia sería que todos, incluso los demócratas conservadores, fueran antifascistas. ¿No? Pues aquí, parece que ni muchos militantes del PSOE lo son. Por poner un ejemplo -sin decir la población, ni la persona-, en uno de los muchos viajes que he realizado, en una cena con los concejales socialistas de un pueblo, hablando de la manifestación antifascista desautorizada por el gobierno civil de Madrid en el año 2007, manifestación a la que muchos demócratas –y por lo tanto antifascistas- acudimos y fuimos duramente agredidos por la “democrática” policía española a pesar de estar pacíficamente en la acera sin interrumpir el tráfico, uno de los concejales dijo que “los antifascistas y los fascistas eran unos extremistas”. Le pregunte si él no era antifascista y que yo creía que todos los demócratas debían haber estado en esa manifestación. No supo que contestar.

Y no hablemos de la policía. Se supone que está para proteger a los ciudadanos y sus derechos constitucionales, entre ellos el de reunión. Sin embargo parece que en cuanto ven a varias personas juntas en cualquier esquina, enseguida se aprestan a pedir la documentación, exigir que la gente circule, etc. Son formas de entender la labor policial heredadas del franquismo. En vez de estar para defender nuestros derechos –que es su obligación-, tienen asumido que están para mantener el orden establecido.
La herencia franquista se muestra también en cuestiones tan extrañas a este debate como la ciencia y el fútbol. ¿Cómo puede ser que, en este país se paguen millones a las estrellas del futbol y a científicos españoles que descubren la forma de curación de un tipo de cáncer se les tenga contratado en precario y no les conozca casi nadie? ¿No será esto también una herencia del franquismo? Mucho futbol y muchos toros para desahogo del pueblo, y la mayor parte de nuestros intelectuales y científicos en el exilio. Antes se exiliaban por ser amantes de la libertad, hoy, la mayoría tiene que hacerlo porque aquí se moriría de hambre.
Sería bueno analizar muchas de las actitudes que tenemos, de nuestros propios comportamientos y seguramente nos encontraríamos con numerosas cuestiones heredadas del franquismo que nos hacen ser un pueblo que aún no ha adquirido la cultura democrática suficiente como para poder sentirnos orgullosos de ello.
Siempre me consideré un patriota, quiero a España, y quiero sentirme orgulloso de ella, porque hoy, tal como veo las cosas, no puedo estarlo. Considero que ser un patriota de verdad, no es gritar enloquecido cuando gana la selección, sino sentirse orgulloso porque en su país a nadie falta un trabajo con derechos, todos tienen un techo digno bajo el que vivir y nadie pasa calamidades, ni hambre. Ser un patriota es desear que nuestro país sea el más solidario, el que más hospitales y escuelas tiene y el que más construye fuera. Ser un patriota es el que recibe a los que vienen de fuera buscando una vida mejor como si fueran de la familia. Patriota es aquel que desea que su país sea conocido en el mundo como modelo de convivencia y bienestar social. Patriota es aquel que ama la historia de los hombres y mujeres que lucharon por la libertad, la igualdad y la solidaridad. Patriota es aquel que se niega a que los soldados de su patria vayan a otros lugares a matar ciudadanos de otros países. Patriota es el que quiere sentirse orgulloso de sus científicos e intelectuales, trabajando por la paz y el bienestar de la población mundial. Patriota es el que defiende el derecho de sus compatriotas a sentirse, hablar y pensar diferente, incluso gobernarse de forma diferente si es su deseo. Patriota es el que pone los derechos de sus compatriotas por encima del mercado y la propiedad privada. Ser un patriota, en definitiva, es el que lucha para sentirse orgulloso de su país por todas estas cuestiones.

Sin embargo nada de esto tiene que ver con el sentido de patria heredado del franquismo. El sentido de patria que tiene la mayoría de la sociedad es el sentido rancio y patriotero del fascismo y no tiene nada que ver con el concepto de patria que debe presidir una sociedad democrática. Es el de los que dándose golpes de pecho, lleva la bandera borbónica (o el toro, que está de moda) en el coche y pisotea a todos los compatriotas que tiene a su alrededor con tal de ganar dinero y demostrar que es más que nadie. ¿Es que acaso son patriotas aquellos que defienden a las multinacionales españolas en sus rapiñas por tierras lejanas, provocando el odio de sus pobladores contra nuestra patria? ¿Son patriotas los empresarios españoles cuando su pretensión es la de obtener más beneficios a costa de la perdida de derechos de sus compatriotas? ¿Son patriotas los que especulan para hacerse ricos de la noche a la mañana a costa de sus compatriotas? ¿Y los banqueros? Los banqueros, ya saben… Opinan que lo que es bueno para los bancos es bueno para el país aunque sea malo para el pueblo. Son capaces de estrujar el bolsillo de sus compatriotas hasta la extenuación con tal de seguir acumulando poder y riqueza ¿Y el himno y la bandera? Los actuales representan la matanza y el asesinato de centenares de miles de compatriotas; no representan los valores de libertad, igualdad y fraternidad a los que aspiramos. No vale que cambien el escudo de la bandera y la letra del himno. Fueron impuestos a fuego y hierro por aquellos que decían defender la patria, incluso matando a la mitad de sus compatriotas si fuera necesario. Nos pongamos como nos pongamos, siguen representando el fascismo de nuestro país. ¿Y la constitución de 1978? ¿Alguien se ha molestado en mirar el original firmado por el hijo adoptivo de Franco, Juan Carlos de Borbón? Aconsejo que lo miren, porque el escudo que lo encabeza es el que utilizaban los que dieron un golpe de estado contra la voluntad democrática de la mayoría de sus compatriotas. Esa constitución, por mucho que digamos no deja de ser un caramelo envenenado, en el envoltorio venía indicado de forma clara con ese escudo.

Todo quedó atado y bien atado. En la calle, en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes… El franquismo ideológico sigue ahí y, en vez de profundizar y actuar para extirparlo, lo que hacemos es frivolizar, cuando se debería actuar con contundencia. Mientras en España siga quedando algún resto del franquismo fuera de los museos de los horrores, y dentro de nuestra forma de pensar y actuar, no habremos llegado aún a la democracia y nos encontraremos todavía viviendo en un estado postfranquista de derecho. Todos somos responsables, pero unos, los que gobiernan y, sobre todo, los que tienen el poder real, son más responsables que otros. Todos debemos ser conscientes de ello, pero ellos mucho más.

http://www.foroporlamemoria.info/2009/09/el-estado-postfranquista-de-derecho/

El Ayuntamiento de Marchena retira las distinciones a Franco y aplicará la Ley de Memoria Histórica

Puerta de La Memoria (Marchena)

El Pleno Municipal de Marchena por iniciativa del PSOE e IU, la adhesión del Partido Andalucista y la abstención de los tres concejales del Partido Popular retirará las distinciones honoríficas de la ciudad de Marchena al General Franco, a Julio López Morales y a Manuel Aguilar Galindo y Aguilar Galindo y procederá a la inmediata supresión de todos los símbolos franquistas existentes en la localidad

Publicado en marchena.org 15-9-2009

El pleno retira los honores a Franco

-Moción Conjunta de los Grupos Municipales Socialista e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Marchena, para solicitar la retirada de las distinciones honoríficas de la ciudad de Marchena concedidas a Francisco Franco Bahamonde, Julio López Morales y Manuel Aguilar Galindo y Aguilar Galindo, así como proceder a la inmediata supresión de todos los símbolos franquistas evidentes y notorios existentes en las calles de nuestra ciudad.

21:10.- Francisco Rey lee la moción sobre retirada de símbolos franquistas. Destaca el espíritu de "concordia y reconciliación" de la ley de memoria histórica. Señala que existen unas calles con nombres de "evidente exaltación franquista".

21:17.- Jorge Vega, "han tenido ustedes 28 años para eliminar estos nombres y no lo han hecho". Vega recordó que su partido participó en numerosos actos de la comisión local de memoria histórica, "estuvimos en todas las comisiones y actos buscando la dignificación de las victimas y que los familiares recuperasen los restos de sus seres queridos". (...) "Llegó un momento en que la comisión comenzó a ser más un revisionismo histórico, que una dignificación de las víctimas". Vega dijo que "el revisionismo histórico esta fuera de lugar y proclamamos el espíritu de la transición". "Ni vamos a apoyar ni a rechazar, nos vamos a abstener porque no creemos en el revisionismo".

21:23. El Alcalde dice que "no se deben reabrir heridas, sino que los esfuerzos vayan orientados a un objetivo común, que se haga justicia y que se dignifique y que nunca mas se vuelva a repetir". El Grupo municipal andalucista apoyará la propuesta "estamos apoyando una legislación vigente para eliminar unos símbolos que se deberían quitar". También señaló que "ha habido tiempo para ir quitando éstas cuestiones". El Alcalde dijo que "yo tengo un familiar desaparecido" y señaló que "deberíamos elaborar mejor el proyecto de excavación y catas y a partir de ahí pueda salir adelante con todos los beneplácitos". Dijo que "hay un sentir de toda la corporación para dignificar a las víctimas".

21:25.-El portavoz Socialista Antonio Luis Sánchez Metro defiende el trabajo riguroso de la comisión local de memoria histórica y dice que no se trata de "una persecución política", señalando que todavía viven personas que vivieron los hechos y a los que no se les ha reconocido su sufrimiento.

21:30.- Francisco Rey señala que no se trata de revisionismo, "ojalá pudiéramos cambiar la historia", y señaló que "lo que no nos parece válidos es que se exalten a los asesinos", refiriéndose a 2"08 víctimas mortales en Marchena, personas humildes", "no estamos de acuerdo que quien causó tantos sufrimientos y causó tanta muerte tenga honores municipales".

21:41.- El Alcalde señala la importante labor de los historiadores de la comisión local de memoria histórica cuyo trabajo ha supuesto la recuperación de nuestra historia. "Muchos de los familiares aun están sufriendo, se esta dando un paso al reconocer que estas personas fueron injustamente asesinadas". También dijo que ojalá "podamos encontrar restos de personas desaparecidas y recursos económicos para hacerlo". Señala que "no se trata de reabrir las heridas porque las heridas aún están abiertas".

21:44 El portavoz socialista animó a los marcheneros a que se conozcan la verdadera historia de su pueblo. "Estoy de acuerdo con Vega en que esto se debería haber hecho antes, pero no se ha hecho, no estamos de acuerdo en que se está reescribiendo la historia" y dijo que "se están descubriendo las mentiras".

21:46.-Francisco Rey señala que no se trata de reescribir la historia, "la historia la escriben los que vencen y no escriben la verdad" y dijo que la historia no es lo que se escribe sino lo que queda en la gente del pueblo, "se trata de sacar a la luz la historia auténtica". "Hubiésemos querido que ésta moción fuera unánime, pero va a ser aprobada sin votos en contra, podemos estar haciendo historia para el maestro Santos Ruano y tantos y tantos, ya hacia falta que esto se hiciera y por fin se está haciendo".

Nota aclaratoria:

D. Francisco Rey: es el Portavoz de IU
D. Antonio Luis Sánchez Metro: Portavoz de PSOE.
D. Juan Rodríguez Aguilera, es el portavoz del PA. y alcalde de Marchena
D. Jorge Juan Vega Muñoz es el Portavoz del PP

Publicado en La voz de Marchena:

El Grupo Popular se ha quedado solo en la votación para eliminar los títulos honoríficos al ex dictador de España Francisco Franco, a Julio López Morales y a Manuel Aguilar Galindo, así como nombres de varias calles. Todos los demás grupos, el Socialista, IU y el Andalucista, han votado a favor de la erradicación de esos símbolos, mientras que el portavoz del Grupo Popular, Jorge Vega, ha calificado esta medida de "revisionismo histórico" y ha añadido que se trata de un "procedimiento que se está ejerciendo de forma indiscriminada y que está fuera de lugar", a lo que ha explicado que su Grupo no apoyará procedimientos como éste de "quítate tú para ponerme yo", para finalmente abstenerse en la votación. La presidenta de DIME en Marchena, Antonia Parra, abandonó el salón de Plenos tras escuchar estas palabras.
Hasta hace poco más de dos horas, Francisco Franco seguía siendo alcalde de honor de Marchena o hijo adoptivo de la Villa entre otros títulos con los que los Plenos de nuestro pueblo de 1936, 1946 y 1970 le condecoraron con "entusiasmo y respeto por el heroísmo demostrado", según leyó el portavoz del Grupo Municipal de IU, proponente de la moción junto al Grupo Socialista. Una moción que ha insistido en que la propuesta busca "el encuentro en una sociedad democrática y no el agravio".
El portavoz del Grupo Popular, Jorge Vega, quiso lanzar "una reflexión" sobre las prioridades del Grupo Socialista e IU, enumerando una serie de propuestas de la oposición que se han quedado atrás sobre estación de autobuses, violencia de género, tenencia de perros o carriles bici, a la vez que recordó que "habían pasado 28 años" en los que no se han tomado medidas al respecto.
Vega se mostró partidario de seguir la línea de "abandonar los actos como el del Valle de los Caídos y sustituirlos por responsos y acciones dirigidas a recordar a los contendientes de los dos bandos, eso es el espíritu de la Transición". "Apoyaremos la búsqueda de restos de los asesinados, pero no este revisionismo histórico", para añadir que estas medidas pretenden "reescribir la historia", palabras tras las cuales la presidenta de la Asociación para la Recuperación y Dignificación de la Memoria Histórica (DIME) en Marchena, Antonia Parra, inmediatamente abandonó el salón de Plenos entre lágrimas de dolor que expulsó ya fuera del salón, siendo acompañada por miembros de la asociación que trataron de tranquilizarla y el delegado de Deportes y Educación, Mariano González, que se interesó por su estado.
El hecho que hace tiempo no se veía en un Pleno es que el Grupo Popular ha votado en sentido distinto al PA, que votó a favor de a eliminación de estos símbolos. Con su abstención, los populares no se han manifestado a favor de la eliminación de símbolos franquistas y títulos honoríficos oficiales a los propulsores del Golpe y de la represión posterior.
El alcalde de nuestra localidad, Juan Rodríguez Aguilera, rectificó y votó a favor después de anunciar hace meses que esperaría la unanimidad de los grupos políticos, que no se ha podido lograr tampoco con la abstención del PP. Aguilera aludió al tiempo en el que no se han retirado estos símbolos y consideró que "no representan ningún espíritu democrático y que es de justicia restituir la memoria de personas injustamente asesinadas", a la vez que agradeció el trabajo realizado a los "buenos historiadores" de nuestra localidad.
El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Luis Sánchez Metro, respondió a Jorge Vega que "la historia no se rescribe, que comienza a escribir con los nombres de héroes anónimos, personas normales y corrientes que murieron por defender la democracia y la libertad" y que propuestas como las de hoy sirven para que el pueblo "salga de la ignorancia", insistiendo en que "no se ha buscado ninguna persecución política y en el estudio de Dime para la eliminación de símbolos sólo se han elegido a quienes mataron", recordando que la principal diferencia entre los dos bandos es que "uno resistió dos días para que no se produjera el golpe y el otro reprimió durante todo el régimen a personas que encima habían sido represaliadas" durante la guerra.
El portavoz de IU, Francisco Rey, precisó al del Grupo Popular que "las heridas se reabrirán cuando estén cerradas, el problema es que hasta ahora han seguido abiertas porque no es lógico ni humano que el responsable de al menos 208 muertes en el golpe sea alcalde honorífico de Marchena". Rey aclaró que las medidas han sido más difíciles de tomar con anterioridad por no existir un marco legal nacional que las amparara claramente hasta 2007, con la entrada en vigor de la Ley de Ampliación y Reconocimiento de Derechos de las Víctimas y Represaliados, más conocida como la Ley de la Memora Histórica, y concluyó que "la historia no es sólo la que escriben los vencedores, es la que queda en los corazones del pueblo por encima de los panegíricos que pusieron a las víctimas como malvados y a los ganadores como héroes nacionales", indicando a Vega que no comprende como el Grupo Popular apoya a las víctimas pero "que no se toquen los títulos honoríficos a Franco", ... "ya hacía falta que si hiciera" esta eliminación de títulos, expresó Rey al final de sus palabras.