Sigue adelante la denuncia contra la monja acusada del robo de bebés

María Luisa Torres ratificó ayer su denuncia contra la monja sor María Gómez Valbuena, ya imputada en el caso de los niños robados, acusada ahora de un delito de detención ilegal. Esta es la primera querella que sale adelante contra la religiosa a la que decenas de familias acusan por robo de bebés entre 1960 y 1980.

Publicado por María José Esteso Poves /http://www.diagonalperiodico.net

En las próximas semanas el juez Adolfo Carretero, titular del juzgado de instrucción número 47 de Madrid, llamará a declarar a la monja sor María Gómez Valbuena por el caso del robo de niños. Tras la declaración ayer de María Luisa Torres ante este juzgado, en la que esta madre ratificó su denuncia contra la monja Gómez Valbuena que le robó a su hija en 1982, la religiosa tendrá que explicar los hechos al juez.

Esta es la primera denuncia aceptada ante un juzgado y que continúa abierta contra la monja, ya imputada en el caso de los bebés robados, y que ahora suma otro delito, el de detención ilegal en el caso de la hija robada a María Luisa Torres.

Durante la mañana de ayer también declaró la hija de María Luisa, Pilar, que encontró a su madre biológica hace sólo 6 meses, cuando cumplió 29 años, y que comunicó al juez Adolfo Carretero, que siempre le habían dicho que su madre la abondonó "y se dedicaba a la mala vida", según la versión que Gómez Valbuena dió a los padres adoptivos. Sin embargo, fue precisamente el padre adoptivo de la niña robada el que ayudó a buscar a la madre biólógica.

La religiosa será llamada a declarar por este juzgado de Madrid en unas semanas, según apunto el abogado de Torres, Guillermo Peña

Un caso de 1982

María Luisa acudió a la monja sor María Gómez Valbuena para solicitar ayuda en 1982. Entonces estaba embarazada y además tenía otra niña pequeña y se acaba de separar. La religiosa engañó a la embarazada, le dijo que le ayudaría a conseguir guarderías y ayudas para su hija. Tras el parto la monja le robó a la recién nacida e incluso le dijo que le quitaba a la hija "por adúltera", porque la madre estaba separada y se había quedado embarazada, según relató ayer Maria Luisa Torres ante el juez. Horas después del parto, la monja entregó a la pequeña a unos padres adoptivos con los que ha crecido la niña.

Esta denuncia ha creado una gran expectación ya que la monja sor María Gómez Valbuena está acusada por muchas de las familias que han denunciado el presunto robo de sus hijos. La religiosa estuvo durante más de 30 años como asistente social en la maternidad de Santa Cristina, en O’Donnell. Allí recibía a matrimonios que querían adoptar niños. Por otro lado, la monja regentaba centros de acogida para embarazadas a las que trataba de convencer para que entregaran a sus bebés, e incluso, engañaba a las madres diciéndoles, tras el parto, que sus hijos habían muerto. No sólo es acusada en decenas de casos de bebés robados en Santa Cristina, también en la Clínica San Ramón de Madrid, que estuvo funcionando hasta 1982.

La religiosa que cuenta con más de 80 años pertenece a la orden de las Hermanas de la Caridad, orden en la que aparecen acusadas más religiosas por desaparición de bebés en otros puntos del Estado español, según las denuncias.

El caso de la María Luisa Torres y su hija Pilar puede abrir camino en los tribunales a otros casos similares, nuevas denuncias, y que se revisen otras tantas archivadas que implican a la monja y al ginecólogo Eduardo Vela Vela con quien la religiosa organizaba el robo de bebés, además de otros médicos que aún viven e incluso siguen en activo.

SOS Bebés Robados presenta 31 peticiones de exhumación en Cádiz

Las familias tendrán ahora que encontrar en los registros del camposanto de San José dónde están supuestamente los restos.

La Voz Digital


La asociación SOS Bebés Robados de Cádiz, que aglutina a decenas de afectados por la supuesta sustracción de recién nacidos en la provincia, presentaron ayer 31 solicitudes en el Ayuntamiento de la capital en las que piden las exhumaciones de los cuerpos de otros tantos bebés que -según los registros- fueron enterrados en el cementerio de San José cuando murieron al poco de nacer.

Sus madres, padres y en algunos casos, sus hermanos, temen que cuando la tierra se abra, los cuerpos no estén allí. Lo han temido siempre, algunos, lo han temido durante décadas, aunque desde que el número de afectados comenzó a crecer (apenas dos años atrás) esos temores se han convertido en sospechas, y para ciertos padres, casi en certezas. Por eso necesitan desenterrarlos, para despejar todo tipo de dudas. Para respirar tranquilos si encuentran los cuerpos, y para tener una prueba más con la que seguir peleando en los tribunales.

En el último año, el Ayuntamiento ha recibido más de un centenar de solicitudes de exhumación de estas familias, pero a comienzos de marzo, en una reunión entre la alcaldesa Teófila Martínez y la asociación SOS Bebés Robados, pusieron esa avalancha en orden. El consistorio se comprometió a colaborar en los desenterramientos, y facilitarles tanto los permisos como la tarea. Por su parte, la asociación coordinaría la entrega de solicitudes, para cursar solo las que tienen alguna posibilidad.

El resultado han sido las 31 peticiones presentadas ayer. Hace una semana, la asociación reunió a cuantas familias habían solicitado las exhumaciones en San José, para realizar la primera criba. Chary Herrera, la presidenta de SOS Bebés Robados, que busca a una hermana nacida en 1975 y dada por muerta, explicó que no todos los que presentaron su solicitud en un principio podrían buscar los cuerpos, ya que muchos estaban en grandes fosas comunes de varias decenas de metros cuadrados, donde resulta prácticamente imposible dar con nada. Solo aquellos recién nacidos cuyos restos permanecen aún en las sepulturas originales podrían ser encontrados. Aún así, las tareas de localización de los cuerpos se antojan muy complejas, pues temen que los cadáveres de otros bebés hayan podido mezclarse entre sí después de décadas bajo tierra.

Aparte, las indicaciones de los registros no son en absoluto precisas. Sin olvidar que la asociación cuenta con que existe el 'riesgo' de que finalmente las exhumaciones les den la razón y descubran que algunos niños que deberían estar enterrados allí, nunca fueron inhumados.

El Ayuntamiento, en todo caso, ha garantizado no solo que aprobará las peticiones, sino que además pondrá a disposición de las familias un equipo multidisciplinar, con antropólogos y arqueólogos, que ayuden a realizar los estudios previos a la identificación. El trabajo de biblioteca es ahora el siguiente paso: cada familia debe hacer un 'estudio de sepultura', con los documentos que puedan recabar de registros del cementerio y del Archivo Provincial. No sólo deben localizar en qué sepulturas se encuentran su bebés (en algunos casos, hay errores en los libros de inhumaciones) sino también tienen que identificar qué otros cuerpos hay enterrados junto a ellos, y los brazos y piernas amputados que suelen inhumarse también. Estos últimos pueden ser fundamentales para facilitar la búsqueda de los restos, pues pueden servir de guías y confirmar que están desenterrando donde es debido, cuando llegue la hora de abrir la tierra.

Esa fecha aún no está clara. Pero la asociación SOS Bebés Robados tiene al menos la confianza en que será pronto, ya que el Ayuntamiento les ha comunicados que no habrá que esperar al derribo de las cuarteladas de nichos vacíos que aún permanecen allí, algunas de las cuales están en estado casi de ruina. Las sepulturas que habrá que abrir están a los pies de estas cuarteladas, en varias filas. En cada sepultura puede haber entre 20 y 40 bebés y fetos que eran enterrados a coste del antiguo hospital Zamacola, cuando morían al nacer.

Las familias sospechan que enfermeros, médicos y religiosos urdieron durante décadas una trama para simular las muertes y venderlos niños a otras familias. Una trama que se extiende por toda España.

Contra la desmemoria, Memoria Histórica.

El pasado 31 de Enero, el grupo municipal de Izquierda Unida en San Fernando (Cádiz) presentó ante el Pleno una moción en la que se pedía la aplicación de la Ley 52/2007 en la ciudad, que constaba de cuatro puntos de acuerdo:

1º.- Dar a conocer el dictamen de la Comisión de Memoria Histórica en San Fernando, así como las acciones realizadas encaminadas al cumplimiento de sus conclusiones.

2º.- Para dar cumplimiento a la Ley 52/2007, proceder a la inmediata retirada de los símbolos franquistas, evidentes y notorios, existentes en las calles y plazas de San Fernando, así como instar a otras instituciones como colegios religiosos a la retirada de los que se muestran en sus fachadas.

3º.- Iniciar de inmediato el proceso para anular las distinciones, títulos e insignias concedidas a figuras del régimen franquista que fueron protagonistas de la sublevación militar y represión ejercida sobre los ciudadanos.

4º.- En caso necesario, recabar el apoyo, colaboración técnica y asesoría legal de la Diputación Provincial y de la Junta de Andalucía.

Los puntos 2º y 3º fueron rechazados por el gobierno bipartito PP/PA y fueron aprobados el 1º y el 4º por mayoría, lo que equivalía a que la moción fuera rechazada íntegramente pues de nada servia aprobar dos puntos que no tendrían sentido si se rechazaban los otros dos. Calculado y premeditado para seguir ignorando la Memoria en San Fernando.

Lo curioso y más llamativo fueron los argumentos expuestos tanto por el PP como por el PA para rechazar la moción y permitir que estos hijos de Varela y los herederos de los genocidas que aún controlan socialmente y políticamente nuestra ciudad, puedan seguir rindiendo honores a sus antepasados golpistas, mientras niegan verdad, justicia y reparación a las victimas y represaliados del franquismo:

Francisco Romero (PA) “El gobierno anterior constituyo una Comisión de sabios para que elaboraran una relación de todo tipos de elementos, según establece la Ley, y a partir de dicho informe se establecerían una serie de medidas y consideraciones a tener en cuenta” “y en el Pleno celebrado el 31 de Octubre del 2008, se aprobó dar cumplimiento a las propuestas de dicha Comisión, hemos cumplido y hemos aplicado la Ley…”

Daniel Nieto (PP) ”IU solo pretende reabrir heridas… A los isleños les preocupa el presente y el futuro, existen cosas más importantes para los ciudadanos antes que seguir removiendo el pasado…”

Javier Cano (Ciudadanos por San Fernando, CxSF que fue fundado por el ex juez franquista Zambrano y su hijo, Carlos Zambrano García-Ráez, familiares y descendientes directos del golpista y asesino Francisco García Ráez.) “No es el momento más oportuno para este tipo de mociones…”.

Para refutar sus mentiras, sus olvidos malintencionados y el firme propósito de seguir estando del lado de los golpistas, AMERE les quiere refrescar la desmemoria:

1º.- La Comisión “de sabios” fue designada a dedo por el alcalde andalucista y a causa de las continuas presiones escritas formuladas por AMERE y refrendada por más de una docena de colectivos y partidos políticos para que se retirara la estatua de Varela.

2º.- Como cabía esperar de la “imparcialidad” de la Comisión, el informe emitido “olvidó” todo aquello que a los Hijos de Varela interesaba olvidar, entre otras cosas importantes no mencionó en absoluto a personajes tan sangrientos como Francisco García Ráez.

3º.- El portavoz del partido andalucista y el del PP, afirmaron reiteradamente que “hemos cumplido y hemos aplicado la Ley…”, cuando el 99% del descafeinado Informe de la “Comisión de Sabios” sigue sin aplicarse, incluyendo los “olvidos” intencionados:

El genocida Varela y el asesino García Ráez siguen manteniendo sus títulos de Hijo Predilecto, el primero, e Hijo adoptivo y medalla de oro de la ciudad, el segundo.

El genocida Varela aún preside la plaza del ayuntamiento con su estatua ecuestre y no se han retirado los frisos de exaltación franquista de su peana.

El nomenclátor de las calles sigue intacto y haciendo reconocimiento y homenaje a los delincuentes golpistas y asesinos.

Placas, azulejos y signos de exaltación franquista no han sido retiradas.

Los hijos de Varela, los miembros del gobierno municipal bipartito (Partido Popular y Partido Andalucista) mienten, siguen empecinados en no cumplir la Ley 52/2007 y siguen posicionándose del lado de los golpistas, mientras siguen negándonos Verdad, Justicia y Reparación para las victimas.

La Fiscalía vuelve a denunciar a la monja sor María Gómez Valvuena por el robo de niños

MARÍA JOSÉ ESTESO POVES / REDACCIÓN DIAGONAL

La Fiscalía de Madrid ha denunciado a la monja sor María Gómez Valbuena por su presunta implicación en el robo de niños.

La Fiscalía ya citó a declarar como imputada a la religiosa que se negó a prestar declaración, ahora ha sido denunciada de nuevo, esta vez por detención ilegal en uno de los casos de bebés robados que se investiga, según consta en la demanda interpuesta ante el juzgado de Madrid número 43, según se ha dado conocer hace unas horas.

La Fiscalía investiga un caso de 1982, el de María Luisa Torres, entonces una madre separada, que fue engañada por la monja Gómez Valbuena y que tras dar a luz en la clínica San Ramón, la religiosa le dijo que la recién nacida había fallecido. El parto fue atendido por el doctor de esa clínica, Eduardo Vela Vela, quien está también acusado de tráfico de bebés por decenas de familias. Por lo que es previsible que sea llamado a declarar por la Fiscalía en breve.

Estos hechos se han repetido en muchos más casos, según los testimonios aportados por muchas madres. En los dos últimos años decenas de familias afectadas han señalado públicamente a esta monja como parte de una trama que entregó a los bebés a otros padres no biológicos.
1.500 denuncias en todo el Estado por robo de niños.

La Fiscalía cuenta con más de 200 denuncias por el robo de niños durante el Franquismo y hasta bien entrada la democracia en los años 80. El 50% de los casos se han archivado, pero unos 100 casos están siendo investigados. Sin embargo, son más de 1.500 las denuncias hechas por las familias afectadas por el robo de bebés en todo el Estado Español.

La monja sor María Gómez Valbuena fue durante más de 30 años (entre los años ’60 y los ’80) de los asistente social en la maternidad pública de Santa Cristina, en O’Donnell, allí recibía a los padres que venían ‘recomendados’ por una organización privada, la Asociación Española para la Protección de la Adopción (AEPA), avalada por el Estado, el Tutelar de Menores y por organizaciones católicas como Cáritas o Mensajeros de la Paz. También llegaban hasta Gómez Valbuena familias que eran enviadas por distintas órdenes religiosas para conseguir bebés.

LISTAS PARA ENTREGAR BEBÉS ROBADOS

En el hospital, la monja elaboraba las listas para dar a los niños que supuestamente las madres solteras y otras mujeres abandonaban. Sin embargo, según se ha dado conocer a través de las denuncias y decenas de testimonios de madres e incluso de enfermeras (como publicó DIAGONAL) lo que ocurría en esas maternidades era que una trama de médicos, monjas, abogados, notarios, taxistas, empleados de funerarias, etc. participaban de la entrega de bebés como un negocio que se llevaba a cabo tanto en hospitales públicos, como Santa Cristina, 0’Donnell, y otros del Estado español, desde Bilbao, Granada, Tenerife, Zaragoza, Málaga, etc., y clínicas privadas como San Ramón en Madrid y otras como la Cigüeña en Valencia.

Estos centros, surtían de bebés a la monja a cambio de que los futuros padres adoptivos pagasen una elevada cantidad de dinero y educaran a los hijos en determinados principios religiosos. La monja sor María Gómez Valbuena de la orden de las Hermanas de la Caridad, actuaba en connivencia también con otras monjas de esta misma orden que operaban de la misma manera en otras provincias e intercambiaban bebés desde un extremo a otro del Estado.

EL TRÁFICO DE NIÑOS ROBADOS

Goméz Valbuena era la más activa de la red de supuestas adopciones. Al mismo tiempo, prometía ayudar a las mujeres sin recursos y solteras embarazadas y las acogía en centros regidos por monjas, pisos y pensiones. En otros casos eran los padres de las jóvenes embarazadas las que conducían a sus hijas hasta la monja y daban su consentimiento, de espaldas a la embarazada, para que el niño fuera entregado a otra familia.

Cuando se acercaba la fecha del parto, sor María trataba de convencer a las jóvenes y si no conseguía su objetivo, las mujeres eran dormidas durante el parto y cuando despertaban les decían que el niño había muerto y que el hospital se encargaba de enterrarlo. Mientras, el bebé ya había sido entregado a otra familia, previo pago de importantes cantidades, como han denunciado madres e hijos que ahora buscan su identidad.

La monja era conocida en todo el Estado español e incluso en el extranjero donde fueron a parar muchos bebés . Ahora la Fiscalía ha imputado a la monja, cabecilla de esta trama de robo de bebés que incluso ya en los ’70 presumía de haber dado en adopción a cientos de niños.

Mazazo judicial a la causa de los 'bebés robados' en hospitales de Cádiz

Rechazado el recurso de Fiscalía contra el archivo de una denuncia por prescripción.

La Audiencia, en Pleno, acuerda que han prescrito los casos anteriores a 1.979

Rosa Romero / Diario de Cádiz


La causa de los 'bebés robados' en hospitales de Cádiz acaba de sufrir un mazazo judicial que se antoja prácticamente insalvable. La Audiencia Provincial acaba de rechazar un recurso interpuesto por la Fiscalía contra uno de los autos dictados por el Juzgado de Instrucción 2 de Cádiz que decretó el sobreseimiento de una denuncia por prescripción del delito.

Se trata de un caso que ya fue archivado en primera instancia, y que la Fiscalía recurrió, siendo entonces, en abril de 2011, admitida su apelación por la Audiencia, que ordenó reabrir el asunto al Juzgado. Ahora, en cambio, el auto de la Sección Tercera considera que la nueva resolución del Juzgado que ha decretado otra vez el archivo "realiza una brillante y sistemática exposición de la cuestión". En esencia, la Audiencia sostiene que en estos casos, hay que tener en cuenta la tesis que entonces se mantuvo desde la Fiscalía, que estaríamos ante casos de supuestos delitos de detención ilegal de menores, y que el plazo de prescripción debía empezar a correr a la fecha de cumplimiento de la mayoría de edad. Una tesis que, dice el auto de la Sección Tercera, "hicimos nuestra y que seguimos sosteniendo, tras ser avalada por el Pleno de esta Audiencia celebrado el pasado 10 de febrero de 2012", interpretación que, recoge el auto, ha sido acogida por otras Audiencias como la de Bilbao.

Así las cosas, para la Audiencia el auto recurrido por la Fiscalía "se plantea todas y cada una de las posibilidades que razonadamente va acotando hasta llegar a la conclusión que en el mejor de los escenarios, estaríamos en presencia de un delito de detención ilegal cometido por funcionario público (por poder estar implicado personal de hospitales públicos) sometido a un plazo de prescripción de 15 años, que deberá computarse desde la fecha de la mayoría de edad, plazo transcurrido sobradamente a la fecha de la denuncia, marzo de 2011". De ahí que considere que el archivo debe ser refrendado.

Esto significa que, a tenor de lo acordado por el Pleno de la Audiencia, para que los casos puedan salvarse del sobreseimiento, tiene que tratarse de niños que hoy tengan menos de 33 años, cifra derivada de los 15 años de prescripción y los 18 de mayoría cumplida. O lo que es lo mismo, que los nacimientos se hayan producido en fechas posteriores a 1.979. Y lo cierto es que la mayoría de las denuncias interpuestas en los Juzgados gaditanos son de fechas anteriores.

La posibilidad de que la Fiscalía recurra al Supremo no parece probable. Entre otras cosas, porque la sentencia del Alto Tribunal que ha absuelto al inhabilitado juez Garzón en el caso de la memoria histórica, la jurisprudencia más actual sobre el asunto, ha sentado una tesis sobre la prescripción de la detención ilegal que se aventura que va a deparar el archivo de todos estos procedimientos d bebés robados.

En esa sentencia de Garzón, entre otras cosas, , se dice que el carácter permanente del delito de detención ilegal sin dar razón del paradero, la tesis que ahora habría intentado defender en Cádiz la Fiscalía con los casos de bebés robados, "no deja de ser una ficción contraria a la lógica jurídica". Y sobre el caso concreto de la memoria histórica, además de aludir a que en esa fecha, no existía en el Código vigente este delito con tipo agravado, dice textualmente que "un detenido ilegalmente en 1936, cuyos restos no han sido hallados en 2006, pueda racionalmente pensarse que siguió detenido más allá del plazo de prescripción de 20 años, por señalar el plazo máximo".

REUNIÓN DE SOS BEBÉS ROBADOS

SOS Bebés Robados Cádiz ha convocado para el viernes 16 , a las 16:30 horas, una reunión en la Facultad de Filosofía para centralizar todas las peticiones de exhumaciones en el cementerio de San José. La asociación pide la colaboración de laboratorios que hagan pruebas de ADN en los desenterramientos que efectuará el Ayuntamiento de Cádiz.

El Gobierno del PP suprime la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura

Sus competencias y funciones se diluirán dentro de la genérica División de Derechos de Gracia y otros Derechos.

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La oficina encargada de las víctimas de la guerra civil y la dictadura de Franco, creada en diciembre del 2.008 durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido suprimida por el actual gobierno del Partido Popular.

Según ha comunicado el Consejo de Ministros sus funciones, una de la más importantes era la coordinación de las exhumaciones de los restos de desaparecidos, se traspasan a un departamento más genérico como es el de División de Derechos de Gracia y otros Derechos.

Alguna de las actuaciones más relevantes que ha llevado a cabo hasta ahora dicha oficina han sido: la elaboración de un mapa de fosas, con su localización y otros datos relevantes (se contabilizaron casi 2.300); la elaboración de un protocolo científico para llevar a cabo las exhumaciones y una labor de información y consulta sobre la Ley de Memoria Histórica.

La decisión tomada por el Partido Popular ha sido duramente criticada por el diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares, que ha definido como “burla” esta supresión y ha mostrado su indignación por el modo en que el partido en el gobierno trata a las víctimas del franquismo y en su opinión demostrando que para ellos "Hay víctimas que merecen la verdad, la justicia y la reparación, y otras que no merecen ni una mesa ni un teléfono".

Con igual contundencia se ha expresado Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha mostrado su tristeza por lo que supone en su opinión el cierre de la “única puerta” con la que los represaliados podían contar. Ha añadido a sus críticas la celeridad con que se ha tomado la decisión desde el gobierno y ha señalado la doble moral del mismo partido a la hora de incluir en sus estatutos la solidaridad con las víctimas de cualquier tipo de violencia y tomar decisiones como estas.

Bebés robados en Jerez

La juez ya ha citado a médicos en la trama de los bebés robados

http://www.andaluciainformacion.es
R. A.

El caso de los bebés robados avanza a pasos agigantados en Jerez. Si hace apenas un mes declaraban ante la juez las primeras familias después de que Fiscalía diera traslado de las denuncias, ahora también lo han hecho médicos que formaron parte del equipo de facultativos que asistieron a varios partos sobre los que pesan denuncias por esta trama. Además, a lo largo de esta última semana el juzgado ha dado una vuelta de tuerca más a las investigaciones después de autorizar la exhumación de un cadáver de una niña de tres días que finalmente no se llevó a efecto tras reparar que no se había avisado a los padres de la menor.

La vicepresidenta y representante en Jerez de SOS Bebés Robados de Cádiz, Luisa Fernanda Terrazas, no se explica este episodio que, aunque es fruto de los avances en la investigación, no se llevó a cabo con las garantías que recoge la ley. Ella misma avisó a la madre de la niña cuando le informaron de lo que estaba pasando. Al parecer, se olvidaron de avisar a los padres y hasta la trabajadora del cementerio llegó incluso a quitar la lápida del nicho y fue en ese momento cuando preguntaron por los padres o por algún miembro de la familia y repararon de que no había nadie. La interrupción se hizo prácticamente in extremis, como relata Terrazas.

Se da la circunstancia que en el caso de los padres de esta niña, nacida en 1982 en el Hospital de Jerez, aún no habían pasado ni por Fiscalía ni por el juez, por lo que para Terrazas que vivió “con muchos nervios” lo ocurrido, la diligencia con la que se adoptó esta medida responde a que “lo tienen muy claro” y es un indicio más de que las averiguaciones van por el buen camino. En cualquier caso, de haberse consumado hubiera sido la primera exhumación que realiza en Jerez por este caso, por lo que la representante del colectivo cree que solventada esta incidencia no tardará en llegarse a efecto, pero ya con la presencia de los padres, que al día siguiente de lo ocurrido fueron citados en el juzgado.

Ni la primera ni la última

De hecho, en esta comparecencia, el juzgado informó de lo sucedido al matrimonio y los emplazó a la próxima semana para concretar una fecha para proceder a abrir la tumba en la que presuntamente están los restos de su hija, que ahora tendría 28 años, con lo que Terrazas estima que la exhumación, ahora ya con sus padres presente, no tardará más de un mes en producirse. A la par, en SOS Bebés Robados también están convencidos de que a esta le seguirán más exhumaciones. “También hay un caso de una familia de Arcos que supuestamente también tienen enterrada a su hijo en el cementerio de Jerez y que exhumarán pronto”, añade. Hasta el momento, el abogado de la asociación, Martín de la Herrán, ha contabilizado más de 300 casos entre Jerez y el resto de la provincia, sin sumar los que no han sido denunciados.

La próxima familia declara el 7 de marzo

El Juzgado de Instrucción ha citado para el próximo 7 de marzo a las 10.00 horas a un nuevo matrimonio jerezano afectado por la presunta trama de bebés robados. Con ella será ya la quinta familia que narra ante la juez su testimonio y la lucha de toda una vida por saber qué pasó realmente con el paradero de su hijo. Hasta ahora, el balance que hacen desde el colectivo SOS Bebés Robados es positivo, desde que el pasado 30 de enero acudieran a los juzgados de la avenida Tomás García Figueras los primeros padres para comparecer ante la juez. El mensaje posterior tras narrar uno de los relatos más importantes de su vida era de “muy buenas esperanza”.

Familiares de bebés robados se concentran de nuevo en Cádiz el lunes

La asociación acudirá al Pleno en el que IU solicitará apoyo a su causa a través de varias propuestas.

Familiares de supuestos bebés robados protagonizarán este próximo lunes otra movilización para conseguir una mayor implicación de las autoridades en el respaldo de su causa. Para ello, miembros de la asociación SOS Bebés Robados Cádiz, que preside la isleña Chari Herrera, tienen previsto concentrase ante el Ayuntamiento, en la plaza de San Juan de Dios, al mediodía. Con posterioridad, acudirán al pleno municipal, en el que el grupo de Izquierda Unida elevará varias propuestas de respaldo a su causa.

La formación, por un lado, propondrá que el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz muestre todo su apoyo a las familias que han padecido este problema, así como también a la asociación en las actuaciones que están realizando para esclarecer los casos de desaparición de niños recién nacidos.

También urgirá a la Corporación que preside la popular Teofila Martínez a instar al Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de la Nación a que adopten las medidas necesarias para garantizar el derecho a la verdad exigido por estas familias. En este punto, se pretende además conseguir el respaldo para solicitar al Gobierno andaluz a la creación de una Comisión de Investigación Interdepartamental para conocer la verdad de lo ocurrido.

En paralelo, IU quiere que el Pleno inste a la Empresa Pública Cemabasa (que preside el Ayuntamiento) a colaborar con estas familias para facilitarles los trámites y el apoyo técnico necesarios para la apertura de las sepulturas en el cementerio de San José, donde oficialmente figuran como enterrados muchos de los bebés de los casos denunciados. Y por último, se solicitará apoyo para requerir colaboración tanto al Obispado de Cádiz como a los hospitales para esclarecer los casos.

Conferencia de Alicia Domínguez en Puerto Real

"El valor de La Memoria", 75 años después.
Jueves 23 de Febrero a las 19,30 h. en
La Casa de la Juventud (C/. Soledad)
Puerto Real (Cádiz)

Alicia Domínguez:

Nacida en Madrid en 1966, es doctora en Historia por la Universidad de Cádiz.
Destaca en su actividad el trabajo de investigación que bajo el título “El verano que trajo un largo invierno”, aborda la represión político-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945).

Con éste, que es su primer libro publicado, pretende "desvelar la realidad del alzamiento en Cádiz durante 1936 y la represión de los años posteriores, tomando como centro las leyes represivas más duras que aplicó la Dictadura", según sus propias palabras.

Tras la tormenta de desgracias que dividió a España en dos allá por los años 30, los vencidos hicieron un pacto de silencio ante la cruenta represión de los vencedores, una mordaza que "alcanzó todos los ámbitos de la sociedad, por ello el miedo fue la gran baza que jugó la Dictadura".

"Yo pertenezco a una familia de vencidos y en mi casa se ha preferido no hablar de estos temas. Cuando ya llegó la democracia me decían "no te metas en líos no vaya a ser que de nuevo se le dé la vuelta a la tortilla". Todavía persistía el miedo a los delatores, a los otros. Por fortuna, actualmente se está perdiendo".

Sus palabras hablan de compromiso personal con la memoria y la justicia mientras que con su trabajo de investigación expresa su honestidad intelectual.

La destrucción de la Democracia: Vida y muerte de los alcaldes del Frente Popular en la provincia de Cádiz

La destrucción de la Democracia: Vida y muerte de los alcaldes del Frente Popular en la provincia de Cádiz, es una obra colectiva de diferentes historiadores gaditanos que abordan la vida, obra política realizada y muerte de los últimos alcaldes republicanos de la provincia de Cádiz.

El proyecto de edición de este trabajo de investigación histórica nace a mediados de 2010, para que coincidiera su publicación (en 2011) con el 75 Aniversario del Golpe de Estado de 1936, así como de la Asamblea de alcaldes de la provincia de Cádiz desarrollada unos días antes en Diputación -el 12 de julio de 1936-, para abordar la problemática del paro en la provincia. La principal finalidad de la obra es sacar a la luz las biografías de los últimos alcaldes democráticos gaditanos en la II República y, al mismo tiempo, llevar a cabo un acto Homenaje a dichas personalidades, así como a sus familias.

La obra consta de dos volúmenes con casi 1.200 páginas y fue iniciativa del Servicio de Memoria Histórica de la Diputación de Cádiz. Ha sido coordinada por Santiago Moreno Tello, y editada por la Dirección General de Administración Local de la Junta de Andalucía (Consejería de Presidencia y Justicia), con la colaboración de la Diputación de Cádiz.

ÍNDICE

Vol. I

Introducción,
por Santiago Moreno Tello

Antonio Gallego Visgleiro, ultimo alcalde republicano de Alcalá de los Gazules
por Juan Carlos Perales Pizarro.

Cándido Marín Portales, alcalde socialista de Alcalá del Valle
por Fernando Romero Romero.

Ignacio Girón Romero, último alcalde republicano de Algar
por Santiago Moreno Tello, Jesús Román Román y Fernando Sígler Silvera.

La inestabilidad del Frente Popular: El alcalde de Algeciras Salvador Montesinos
por José Manuel Algarbani Rodríguez.

Antonio Valle Marchena: El último alcalde algodonaleño de la Segunda República
por Juan Carlos Ramírez Sánchez.

Alfonso Arroyal Cañas, último alcalde democrático de Arcos de la Frontera en la Segunda República
por María Jesús Garófano Fernández y Ana Ruiz García.

Francisco Tato Anglada, el farmacéutico y alcalde pedáneo de Barbate en 1936
por Francisco Javier Hernández Navarro y Santiago Moreno Tello.

Los intentos de modernización de la administración municipal republicana en Los Barrios
por José Manuel Algarbani Rodríguez.

La cosa pública en Casas Viejas de 1931 a 1936. Del encanto a la derrota
por Salustiano Gutiérrez Baena.

José Pérez del Puerto. Alcalde de Benaocaz en 1936
por Fernando Sígler Silvera.

Apuntes sobre la biografía de Antonio Garrido Jiménez, alcalde de Bornos
por Hugo Palomares Beltrán.

Manuel Ardila Valenzuela, el último alcalde de la Segunda República en El Bosque
por Jesús Román Román.

Manuel de la Pinta Leal, último alcalde de la Segunda República en Cádiz
por Rubén Benítez Aragón, Santiago Moreno Tello y Jesús Núñez Calvo.

José Ruiz Vázquez, alcalde de Castellar de la Frontera. Caciquismo y lucha campesina
por José Manuel Algarbani Rodríguez.

Javier de la Cruz Cortijo, alcalde de Chiclana
por José Luis Aragón Panés.

Chipiona: Manuel Miranda de Sardi
por Sebastián Guzmán Martín.

Conil de la Frontera: José Camelo Ramírez
por Magdalena González Martín.

Antonio Mancheño Lozano, alcalde de Espera en 1936
por Fernando Sígler Silvera.

Miguel Zambrana Atienza, el alcalde Sindicalista de El Gastor
por Fernando Romero Romero y Pepa Zambrana Atienza

La Segunda República en Grazalema y la figura de Andrés Peña Ruiz, alcalde republicano
por Jesús Román Román.

Antonio Oliver Villanueva (1901-1936), último alcalde republicano de Jerez de la Frontera
por José García Cabrera y Cristóbal Orellana González.

Aquí venían mandando siempre los mismos. “El ayuntamiento de las varas verdes”: Cristobal Vera Saraiba
por José Manuel Algarbani Rodríguez.

Vol. II.

José Agüero Baro, de la alcaldía republicana de La Línea al exilio
por José Manuel Algarbani Rodríguez, Santiago Moreno Tello y Carlos María Porras Castaños.

Medina Sidonia: Angel Ruiz Enciso, un alcalde querido y respetado
por Maria José Dávila Cabañas.

José María Sánchez Reviriego, alcalde de Olvera
por Juan Antonio del Rio Cabrera.

Ramón Dávila Díaz, alcalde de Paterna de Rivera
por José Luis Gutiérrez Molina.

Hilario Gutiérrez García, alcalde republicano de Prado del Rey
por Fernando Romero Romero.

Manuel Fernández Moro, último alcalde republicano de El Puerto de Santa María
por Raquel Bolarín Gilbel y Pilar Peruyera Berros.

José María Fernández Gómez, alcalde del Frente Popular asesinado en Puerto Real
por José Pizarro Fernández.

Miguel Rodríguez Rivera y José Orta Rebollo, alcaldes republicanos de Puerto Serrano
por Santiago Moreno Tello y Fernando Romero Romero.

Carlos González Camoyán, último alcalde republicano en Rota
por Mercedes Rodríguez Izquierdo y Pedro Pablo Santamaría Curtido.

San Fernando: Cayetano Roldán Moreno
por Patricia Fernández Marín.

Antonio Galiardo y Luis Ortega, últimos alcaldes republicanos de San Roque
por Antonio Pérez Girón.

Bienvenido Chamorro Merino. Último alcalde de Sanlúcar de Barrameda en la Segunda República
por José Antonio Viejo Fernández.


La II República, Setenil y Manuel Gómez Benítez
por Santiago Moreno Tello.

Amador Mora Rojas, un defensor de los trabajadores al frente del ayuntamiento de Tarifa
por Antonio Morales Benítez.

Pedro Pérez Álvarez, alcalde socialista de Torre Alháquime
por Fernando Romero Romero.

Juan Galán Barba, último representante de los alcaldes republicanos trebujeneros del siglo XX
por Luis Caro Romero.

Último alcalde republicano de Ubrique, Manuel Arenas Guerrero “el Americano”
por Antonio Morales Benítez.

Francisco Salgueiro, último alcalde republicano de Vejer de la Frontera
por Francisco Javier Hernández Navarro y Santiago Moreno Tello.

Juan Gutiérrez Barea, último alcalde republicano de Villaluenga del Rosario
por Antonio Morales Benítez y Santiago Moreno Tello.

Fernando Redondo Soto y José Morillo Soto, alcaldes socialistas de Villamartín
por Fernando Romero Romero.

Juan Borrego Collado, último alcalde republicano de Zahara de los Membrillos
por Santiago Moreno Tello y Carlos María Porras Castaños.