El General Varela se queda sin placa en Córdoba

En nuestra ciudad el genocida sigue presidiendo la plaza del ayuntamiento y continúa ostentando el título de hijo predilecto

elPlural.com

La llamada ley de la memoria histórica impide la exhibición de todo tipo de monumentos, placas o similares que tengan como finalidad la exaltación del bando nacional de la Guerra Civil. Diversas entidades públicas y privadas han realizado, desde que la norma entró en vigor, obras para eliminar símbolos de estas características.

El dos veces laureado general José Enrique Varela e Iglesias se quedó sin placa en la retirada de uno de los últimos símbolos relacionados con la dictadura franquista que quedaban en la vía pública tras haberse tapado recientemente el águila del antiguo Rectorado.

Participó en el golpe de estado de los generales contra la República

Según informa “El Día de Córdoba”, el militar, que participó en el golpe de estado de los generales contra la República española, ya no tiene ese recuerdo que ocupaba la fachada de la casa en la que residió, llamada de los Guzmanes, y ubicada en la calle de San Pablo.

Máxima autoridad castrense

El texto de la placa no dejaba lugar a dudas de la intención: se le agradecía “su vigilante defensa de la ciudad amenazada por el enemigo en septiembre de 1936?. El militar fue responsable del avance de las tropas rebeldes hacia el centro de la península, lo que lo convirtió en máxima autoridad castrense de la ciudad. Diversos libros han acreditado el duro grado de represión que se ejerció contra la población civil en Córdoba como consecuencia de aquellos días.

Fue ministro de Franco

A lo largo de la contienda, Varela participaría en episodios como el asedio del Alcázar de Toledo. Fue ministro de Franco hasta los años 40 cuando decidió dimitir por diferencias políticas y tras un atentado. Varela, fallecido en 1951, fue uno de los militares que aparecían en el famoso sumario instruido por Baltasar Garzón en el que se pretendía investigar el alcance de la represión franquista.

Ley de la memoria histórica

La llamada ley de la memoria histórica impide la exhibición de todo tipo de monumentos, placas o similares que tengan como finalidad la exaltación del bando nacional de la Guerra Civil. Diversas entidades públicas y privadas han realizado, desde que la norma entró en vigor, obras para eliminar símbolos de estas características. En este caso, el Consistorio instó en su momento a la propiedad a que se retirara la placa. En otros, se efectuó de oficio. La Subdelegación decidió retirar cualquier símbolo alusivo a la Guerra Civil de la cruz de los caídos que se encuentra en Vallellano.

Símbolos retirados

La placa conmemorativa dedicada al general Varela en la Casa de los Guzmanes, sita en la calle Realejo, ha sido retirada sobre las 9:00 horas de esta misma mañana por operarios contratados por la propiedad del inmueble. La placa, cuya exhibición contravenía la Ley de Memoria Histórica 52/2007, de 26 de diciembre, se une así a otros símbolos franquistas recientemente retirados u ocultados como son el escudo de la sede central de Correos en Cruz Conde o el que coronaba la entrada del Edificio López de Alba, antiguo Rectorado de la Universidad, así como las inscripciones de la Cruz de los Caídos existente frente a la Subdelegación del Gobierno.

Un hotel de lujo

La placa, de cuyo emplazamiento ilegal habían sido advertidos por el Ayuntamiento los propietarios del inmueble, ostentaba la leyenda “En esta casa vivió el general, dos veces laureado, José Enrique Varela e Iglesias, en los días de su mando militar en Córdoba y su vigilante defensa de la ciudad amenazada por el enemigo en septiembre de 1936?. La Casa de los Guzmanes, propiedad que fue de la condesa de Hornachuelos, fue habilitada por el Ayuntamiento para alojar a Varela cuando se hizo cargo de la plaza como Gobernador Militar, en los primeros meses del inicio de la Guerra Civil. Según fuentes consultadas, el inmueble podría pasar a convertirse en hotel de lujo próximamente.

El general Enrique Varela

El general Enrique Varela Iglesias (San Fernando, Cádiz, 17 de abril de 1891 – Tánger, Marruecos, 24 de marzo de 1951), tras sublevarse contra la República el 18 de julio en África, pasó a la ciudad de Cádiz, desde donde prosiguió las operaciones militares de sometimiento y represión en Sevilla, Córdoba, Antequera y Málaga, en un primer momento, tras de lo que continuó la campaña avanzando por Extremadura hasta Madrid. Finalizó la guerra civil como general de división y fue nombrado ministro del Ejército en el primer gobierno de la dictadura del general Francisco Franco.

El caso de los 'niños robados' irá al Comité de DDHH de la ONU

Víctimas del franquismo llevan la actuación del Ministerio del Interior español al Comité Internacional de Derechos Humanos por omitir su deber de búsqueda de los niños desaparecidos.

nuevatribuna.es

La víctimas del franquismo van a acudir al Comité Internacional de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU para denunciar la actitud mantenida por el Gobierno y, más concretamente, por el Ministerio del Interior con respecto a los niños desaparecidos durante la dictadura.

Cumplidos ya 3 años este mes de septiembre desde el inicio de las actuaciones de la Audiencia Nacional, en septiembre de 2008, todavía no se ha procedido a medidas efectivas de búsqueda de los niños víctimas de desapariciones forzadas ni de los desaparecidos de las fosas por parte del Estado Español.

En este sentido los artículos 1 y 5.2.b del Protocolo Adicional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que regula el procedimiento ante el Comité de Derechos Humanos establece que no será preciso el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna “cuando la tramitación se prolongue injustificadamente”, como forma de denegación de justicia para las víctimas.

Así lo confirma Miguel Ángel Rodríguez Arias, experto en Derecho penal internacional que es autor de las primeras investigaciones jurídicas en España sobre las desapariciones del franquismo y autor del libro “El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad” que dió lugar a la apertura de actuaciones por parte de la Audiencia Nacional.

Para el mismo la responsabilidad del Gobierno de España está en primer plano en un doble sentido: “Tenemos un Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno y jerárquicamente sujeto a éste, que ha negado sistemáticamente la calificación de lesa humanidad, imprescriptible, de desapariciones forzadas sistemáticas y masivas de adultos y niños y que nos dice después que esos supuestos delitos ordinarios han prescrito”.

“Y de otro lado el Ministerio del Interior ha omitido su deber de buscar a esos niños desaparecidos creando las unidades especiales de investigación que resulten precisas como prevé el artículo 30 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y a diferencia de como sí que hizo el Gobierno de argentino con la aprobación del Decreto 715/2004 para el caso de los varios cientos de niños desaparecidos en Argentina cuando en el caso español se estiman cifras mucho más graves que podrían alcanzar los varios miles”.

En cambio el artículo 5 de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, define con toda claridad que: “La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable”.

Y respecto la actuación debida de los Ministros al frente de las fuerzas policiales de los Gobiernos el Consejo de Europa dejó claro además, desde 2005, que hay una gravísima responsabilidad por parte de los Gobiernos y sus ministros competentes cuando no se toman medidas efectivas para investigar:

“10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El ministro y/o el jefe de departamento responsable de las investigaciones deben ser hechos responsables bajo la ley penal por dicho incumplimiento”.

(Resolución 1463 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 3 de octubre de 2005 sobre la cuestión de las desapariciones forzadas)

Al tiempo que el artículo 3 de la citada Convención de Naciones Unidas recoge que “Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar”, y en ningún caso permite encomendar la búsqueda a las familias” y el artículo 12.1 señala que “ante toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial”; añadiendo todavía el artículo 12.2 que “2. Siempre que haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, las autoridades a las que hace referencia el párrafo 1 iniciarán una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal”; todo lo cual ha llevado también a la inclusión de la violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles por “discriminación” por parte del Gobierno español a la hora de venir dándose contra este colectivo concreto una sistemática omisión del normal cumplimiento de los deberes de Estado más fundamentales.

Así, en concreto, las alegaciones alcanzan a veinte preceptos fundamentales distintos como son: los artículos 2, 6, 7, 14, 17, 23 y 24.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos; y los artículos 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 24 y 25 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Y se refieren igualmente a la vulneración de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por la Asamblea general de naciones Unidas por Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005 y el Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de naciones Unidas el 8 de febrero de 2005, en su 61 periodo de sesiones.

“Con tales actuaciones se incurre en dos esferas distintas de graves violaciones de los derechos humanos: los niños desaparecidos tienen derecho a conocer su verdadera identidad como parte de su derecho fundamental al desarrollo de su personalidad y a su libertad personal, y, por supuesto, tienen derecho a conocer a su familia biológica de la que fueron secuestrados por motivos políticos o de trata de personas”

“Pero de otro lado están también los derechos humanos de los familiares que les llevan buscando años y años, siempre solos, y que tienen reconocido el derecho a conocer el paradero y destino, vivos o muertos, de sus desaparecidos, y tienen derecho a que ese sufrimiento inhumano cese y a poder ejercer con normalidad su derecho humano a la vida familiar”.

“Es absolutamente escandaloso. Nuestro Gobierno no ha podido violar gravemente más derechos de las víctimas en materia de desapariciones forzadas, simplemente porque no existen” concluye el jurista.

La ONU pide a España que aclare “dónde y quienes están en las fosas comunes”

“El Estado español debería aclarar dónde están las fosas comunes de la Guerra Civil y la represión franquista y quiénes son las personas que están en esas fosas”, dijo Jeremy Sarkin, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Víctimas de Desapariciones Forzadas, que este año se celebraba por primera vez bajo el paraguas de la ONU.

Sarkin declaró que las desapariciones “son una violación continúa de los derechos humanos” y subrayó que, de acuerdo con la doctrina internacional, aquellas que “siguen sin resolverse tienen la consideración de delitos que todavía se están cometiendo”.

Sarkin destacó que “las familias de los desaparecidos tienen derecho a conocer la verdad, aunque las desapariciones ocurrieran hace más de 70 años, porque el derecho a la verdad es crucial”. “Es necesario estar al servicio de estas familias, sin olvidar la importancia de la reconciliación”, agregó.

Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, son 113.000 las personas que siguen en fosas comunes sin ser identificadas.

La ARMH denunció “el abandono que sufren por parte del Gobierno español los familiares de los desaparecidos como consecuencia de la represión franquista” y subrayó que la desaparición forzada “es el delito más grave que existe en el Derecho Penal”.

75 años después quieren mantenerlos en las fosas y en las cunetas.

Un alcalde del PP destroza una tumba con restos de represaliados.

Público, - 3 Agosto 2011

El primer edil de Poyales del Hoyo (PP) trasladó los huesos de 10 víctimas sin avisar a las familias.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denunció ayer que el alcalde de Poyales del Hoyo (Ávila), Antonio Cerro, del PP, acudió el pasado domingo junto con un guardia civil y un juez de paz al cementerio de la localidad para exhumar los restos de 10 víctimas de la represión franquista que habían sido trasladados allí en 2002 por sus descendientes para poder homenajearles. Los huesos, que reposaban bajo una lápida de mármol con una paloma de la paz, fueron arrojados a la fosa común del cementerio.

Los restos de las diez víctimas, entre las que hay cuatro mujeres, fueron llevados por los arqueólogos de la ARMH en 2002 y en 2010 desde dos fosas comunes de Candeleda (Ávila), tras la localización de las fosas donde habían sido fusilados. El Ayuntamiento les otorgó en 2002 un permiso de uso de ese espacio durante un periodo de 10 años. Sin embargo, el actual alcalde del PP decidió por las bravas acabar con el homenaje sin avisar a las familias, según la denuncia.

Las primeras víctimas trasladadas en 2002 al cementerio fueron tres mujeres de 26 43 y 53 años que fueron fusiladas por un grupo de falangistas en diciembre de 1936. Eran, de mayor a menor, Virtudes Punte, Pilar Espinosa y Valeriana Granada. Los otros siete enterrados en Poyales del Hoyo también están identificados.

La familia de una de las víctimas había manifestado su intención de trasladas los restos a otro cementerio junto con el resto de la familia. El alcalde usó esta excusa para desmantelar el homenaje. La ARMH estudia el método seguido por el alcalde y exige al PP que tome medidas por “la falta de humanidad” de su afiliado con las víctimas de la violencia.

PSOE y PP hacen pinza contra la memoria histórica

PSOE y PP suman sus votos para echar por tierra la resolución sobre memoria histórica que pedía declarar "nulas de pleno derecho" las sentencias franquistas contra los demócratas

Publicado en: Tercera Información

PSOE y PP han sumado sus votos ayer en el Pleno del Congreso para rechazar la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario de ERC-IU-ICV para el cumplimiento y desarrollo de la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. Los socialistas y la derecha parlamentaria –también han votado en contra los nacionalistas de CiU y PNV- han echado por tierra, entre otras cuestiones importantes, la posibilidad de que la Cámara Baja instara al Gobierno a declarar “nulas de pleno derecho, por la ilegitimidad de los tribunales, por vicios de forma y de fondo, y por la ilegitimidad de las normas aplicadas, las sentencias y resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia” por los tribunales u órganos penales de la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional de la República.

La iniciativa pretendía también que el Ejecutivo elaborara “un censo de edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos por miembros de batallones disciplinarios de soldados trabajadores, prisioneros de campos de concentración, batallones de trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas”.

ERC-IU-ICV solicitaban al Gobierno que fomentara la conservación de la memoria democrática y, en este sentido, pedían que se garantizara “la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de víctimas del franquismo”.

La nueva alianza del PSOE con el PP para impedir que se avance en la Ley de memoria Histórica ha impedido también posibilitar que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tenga que modificar las normas precisas para que puedan ser beneficiarias de las indemnizaciones las víctimas de la dictadura, los familiares directos de todos cuantos fueron condenados a muerte en consejo de guerra y ejecutados entre el 1 de enero de 1968 y la Ley de Amnistía de 6 de octubre de 1977 por actividades de oposición al régimen.

La iniciativa rechazada reclamaba también un “informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política en los años de la Transición con la finalidad de que sean consideradas beneficiarias de las indemnizaciones que pueda otorgar la futura ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

La Isla registra casi un centenar de posibles casos de bebés robados

José F. Cabeza/Información-San Fernando

La isleña Chari Herrera saltó a la luz pública hace un par de años al denunciar el posible caso del robo de una hermana suya recién nacida en el 1975, cuando su madre dio a luz en San Rafael, aunque atendida por persona sanitario de lo que antes se llamaba Zamacola (hoy día Puerta del Mar).

Han pasado los meses y hoy día es la portavoz en la provincia de Cádiz de la recién constituida asociación SOS Bebés Robados, donde se trabaja en pro de guiar a aquellas familias gaditanas que podrían tener la sospecha de que sus bebés les fueron robados de la unidad familiar nada más nacer.

Hasta el momento, Herrera tiene conocimiento de que en la provincia de Cádiz se han detectado en torno a 300 casos de posibles robos de niños recién nacidos, llevándose la palma de largo San Fernando con una cifra que ronda el centenar de ellos. Eso sí, reseñar que de esos 300 sólo en torno a 80 han sido denunciados ante la Fiscalía, un “paso clave”, según la portavoz de la entidad, para que realmente las familias puedan esclarecer los hechos.

De hecho, en el caso de Chari Herrera denunció su situación con otras tres familias más ante la Fiscalía de Cádiz en julio de 2010, ésta derivó a la Policía en diciembre de 2010 para que iniciara las diligencias que considerase oportunas y, tras seis meses, la investigación ya ha concluido. Ahora la pelota está en el tejado de la fiscal jefe de Cádiz, que es la que debe de determinar si hay indicios de delito, o bien se archivan las denuncias presentadas.

De distintos periodos

Según los datos que manejan en la asociación SOS Bebés Robados, en el caso de San Fernando, la posible desaparición de los niños se produjo en distintas periodos de tiempo, comenzándose a detectar los primeros casos en el año 1954 y alcanzando prácticamente hasta mediados de los años 80.

Herrera afirma que son aún muchas las familias que no se atreven a dar el paso y denunciar el caso ante la Fiscalía. En este sentido, y a modo de guía de orientación, señala que todas aquellas familias que entiendan que les ha podido pasar una situación similar a la vivida por ella deben de hacer recopilación de documentación en el Registro Civil, el cementerio donde presumiblemente el bebé está enterrado y en el hospital donde se llevó a cabo el alumbramiento.

En el Registro Civil es quizás donde puedan encontrar más problemas, puesto que si el fallecimiento del feto se produjo antes de 24 horas deben de pedir un legajo de aborto, y si se superó esas 24 horas hay que solicitar un legajo de nacimiento y defunción, además de la partida de nacimiento y defunción. En el hospital lo que hay que reclamar es un certificado del parto y en el cementerio del enterramiento.

Una vez que se tenga recabada toda esa información es cuando hay que dar el siguiente paso y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. De todas modos, Chari Herrera ofrece un sitio de encuentro a través del dominio de la web cadiz@sosbebesrobados.es, así como les invita a una reunión que tendrá lugar el próximo 30 de junio en Jerez de la Frontera, donde se dará asesoramiento personalizado a todos los interesados.

Cuando tenía 15 años

Chari es hoy una mujer casada y con hijos, pero recuerda que la curiosidad por saber si su hermana estaba viva se inició cuando cumplió 15 años y se disponía a salir a la calle con sus amigas. Fue entonces cuando su padre le comentó que “si ves a una niña por ahí, pregúntale si tiene un antojo en el muslo, que puede ser tu hermana”. Hasta entonces, ella desconocía que su madre en el año 1975 dio a luz a una hermana mayor que ella y que, “supuestamente”, había fallecido a la madrugada siguiente de nacer.

Desde entonces, le fue dando vueltas hasta que en 2009 se decidió por dar el paso adelante y averiguar si esa historia que le contó su padre era cierta y si, realmente, existía la posibilidad de que su hermana seguía viva.
Recuerda que su madre le contó que en aquel año de 1975 se fue a dar a luz junto a su padre a San Rafael, aunque fue atendida por personal de la antigua Zamacola. “La niña llevaba la cabeza casi fuera”, afirma Chari, quien narra que posteriormente a su madre se la llevaron a la quinta planta y allí les estaba esperando una enfermera, desalojando además de la habitación al hombre que hasta entonces en ella estaba.

Nació la niña y su padre comprobó de primera mano que estaba en perfecto estado de salud, Luego, cuando le tocó el turno a su madre de visitarle sólo le dejaron media hora, cuando lo habitual es que esté con ella entre tres y cuatro. Constantemente dos enfermeras se llevaban de manera alterna a la niña, según Chari, porque les decían que “llamaba la atención por el antojo que tenía en el muslo” y “la querían enseñar a todo el mundo por lo bonita que era”.

Esa misma madrugada, con la niña ya en el nido, despertaron a su madre y le dijeron que ha fallecido por un fallo en el corazón. Poco después su padre, al que mandaron a su casa a dormir, apareció en el hospital y le comunicaron la noticia. Él pidió verla y le llevaron al depósito de cadáveres y le enseñaron un cuerpo pequeño envuelto, pero no le dejaron verle la cara alegando que eso no estaba permitido.

“Mi padre, que sabía escribir lo justo, firmó todo lo que le pusieron por delante”, señala Chari, quien añade que tres días más tarde su madre salió del hospital y ni siquiera la volvieron a llamar para decirle cuándo enterraban a la pequeña. Fue entonces cuando Chari Herrera comenzó a remover en el año 2009 cielo y tierra para buscar un halo de esperanza sobre su hermana y, por el camino, se ha encontrado con muchas incógnitas por resolver.

40 niños en un mes y una muerte con muchas dudas

En los dos años que Chari Herrera lleva volcada en esclarecer qué sucedió exactamente con su hermana en aquel año de 1975 ha hecho un master en investigación privada, y ha recopilado datos muy confusos que han provocado en ella que sus sospechas sobre la posibilidad que su hermana siga viva vayan creciendo.

El primer documento que logró rescatar fue en el Registro Civil con el legajo de aborto (cuando el bebé tiene menos de 24 horas). En el, que aparece firmado por su padre, se recoge que la niña falleció con siete meses y que la causa de la muerte fue por prematuridad. Algo cuando menos extraño, puesto que su padre la asegura que su hermana nació con los nueve meses cumplidos y que además él la tuvo en sus brazos.

El segundo, y quizás más llamativo, es el que consigue del Cementerio de San José de Cádiz, donde presumiblemente está enterrada la niña. En él se dice que hay 35 fetos en la misma sepultura y que en el caso de su hermana que la muerte se produjo por macerado, es decir, dentro de la barriga de la madre.

Además, posee un extracto de ese mismo cementerio en el que se observa que en el período comprendido entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 1975 se produjo el entierro de 38 niños recién nacidos, la gran mayoría de ellos procedentes de Zamacola. “Es una media muy alta me parece”, señala Herrera.

Por el camino, y tras saltar su caso a la luz pública hace ya dos años, a esta isleña le han salido dos supuestas hermanas y que están dispuestos a hacerse la prueba del ADN para corroborarlo, aunque ella todavía no tiene decidido qué va a hacer puesto que no lo tiene del todo claro.

Su objetivo

Ahora mismo, lo único que quiere es que cuanto antes se aclare el caso suyo y el de los otros tres que denunciaron junto a ella. A partir de ahí, no parará hasta que no consiga lo que quiere que no es otra cosa que abrir la sepultura donde supuestamente fue enterrada su hermana en el año 1975 y “veríamos llegado el caso qué es lo que haríamos”.

De momento, seguirá adelante con su función como portavoz de la asociación constituida recientemente y ayudando a todas las familias que necesiten información en el que caso de que sospechen que las ha sucedido algo similar.

Las 27 rosas andaluzas

Una película reconstruye la matanza de mujeres en Fuentes de Andalucía en 1936.

El episodio da fe de la estrategia de terror aplicada por los fascistas durante la Guerra Civil

JUAN JOSÉ TÉLLEZ . Público.es

Hace 75 años, durante el turbio verano de 1936, 27 mujeres fueron asesinadas en una pequeña localidad de la provincia de Sevilla, Fuentes de Andalucía, a manos del fascismo alzado en armas. Hechos similares se repitieron durante aquel golpe de Estado que tardó en traducirse en guerra civil. Pero José Luis Tirado (Sevilla, 1955) lo ha usado como hilo conductor de su nueva película, Fuentes de la memoria.

"Cuando me planteo este tipo de documentales, me gusta partir de lo local para abarcar lo global", asegura este artista plural, en el amplio sentido de la palabra, que dio sus primeros pasos en la mítica revista La luna de Madrid y que cuenta con un sobrado pedigrí como dibujante, pintor, escultor o diseñador gráfico.

En Fuentes de la Memoria, bajo su sello habitual de ZAP Producciones, con Manuel P. Vargas como responsable del montaje y la banda sonora impactante de Fran M. M. Cabeza de Vaca, Tirado nos receta, a lo largo de 85 minutos, una larga batería de imágenes y palabras contra el olvido: "Hemos conseguido fotografías increíbles, como una portada triunfal llena de esvásticas nazis, o los nuevos amos del lugar, los falangistas, dando discursos a los niños por la calle". "Las torturaban y violaban antes de tirarlas a un pozo", dice José Luis Tirado
"En Fuentes de Andalucía -afirma Tirado-, como en tantos otros lugares de España, no hubo guerra, sino que el golpe de Estado se impuso desde el primer momento con una estrategia clara de terror. No pretendían simplemente vencer, sino aniquilar. Y, en muchos casos, lo lograron".

En el caso de esta pequeña localidad sevillana, las ejecuciones sumarísimas comenzaron nada más proclamarse el autodenominado alzamiento por parte del general Franco, durante el mismo mes de julio. Inmediatamente, más de cien vecinos murieron por supuestos hechos de guerra, aunque ninguno de ellos hubiera apretado gatillo alguno.

"A las mujeres, por haber cobrado cualquier protagonismo durante la República, los falangistas las llevaban hasta el cortijo del Aguaucho, las obligaban a hacerles la comida y luego las violaban, las torturaban y las acababan matando y arrojando a un pozo al que cubrieron de cemento. Volvían al pueblo con sus bragas en la punta de los fusiles. Todo esto se supo porque ellos mismos lo contaron a los cuatro vientos, jactándose de su hazaña", rebusca entre sus recuerdos uno de los testimonios recogidos en la película.

"Mataron a toda la familia"

"A mi padre lo habían matado y después mataron a mi madre. Mataron a mi abuela, mataron a mi tía. Yo es que no comprendo, porque, no es que uno se conforme con la muerte de nadie, pero él estaba defendiendo una cosa, que entre dos siempre unos ganan y otros pierden. Él perdió, pero bueno, lo mataron. Pero lo que no se comprende es que mataran a la suegra, mataran a la cuñada y mataran a mi madre, vamos es que mataron a toda la familia", se duele en una de las secuencias del documental Virtudes Ávila, hija de Francisco Ávila, quien fuera primer teniente de alcalde de Fuentes en 1936 y que también fue asesinado. El mismo final que sufrió su esposa, Carmen Estanislao, que se encontraba embarazada. Su tía Josefa y su abuela Manuela Moreno también fueron fusiladas por los fascistas.

Un monumento rendirá homenaje a las víctimas en el municipio sevillano

Convertida en una escalofriante película de miedo, la película llega a recrear, incluso, aquella masacre, muy parecida a otras que recorren la espina dorsal de toda la península: "La represión cubre un espectro amplísimo que comienza de inmediato. Igual aquí en el suroeste, que en Galicia", explica el historiador Francisco Espinosa.

La criba comienza de inmediato siempre y en todo momento controlada por la autoridad militar", prosigue Espinosa, consciente de que falangistas, requetés o pistoleros de la extrema derecha eran los ejecutores, pero las órdenes procedían de la jerarquía militar, con una voluntad clara de exterminio.

"Estrategia del terror"

"Lo que pretendo es, a partir de este suceso, analizar la estrategia del terror que se llevó a cabo en Andalucía, en Extremadura, en buena parte de Castilla, Galicia, Aragón, Rioja, Navarra, Baleares o Canarias, donde la única guerra que hubo fue la de las tapias y las cunetas", señala José Luis Tirado.

Su director define Fuentes de la memoria como "un relato coral contra el olvido". Algunos testigos de los hechos y familiares de las víctimas, historiadores y numerosos documentos ayudan a reconstruir aquella pesadilla.

Ahora, un monumento rendirá memoria a las víctimas de Fuentes de Andalucía, pero durante la dictadura sólo hubo silencio: "Toda esta matanza del verano y del otoño de 1936 no existe oficialmente. No existe porque no la inscriben en el Registro Civil. No inscriben a nadie, absolutamente a nadie. Y a su vez, las pruebas del delito, que son los cadáveres, los llevan a fosas comunes con paletada de cal. Esa es la constante en toda la provincia de Sevilla", afirma José María García Márquez, uno de los investigadores que participan en esta producción.

Son cómplices

La ley de MH que IU presentó en Andalucía rechazada por PSOE y PP

Los ¿socialistas? alegan que la norma nacional hace inútil una autonómica

ÁNGEL MUNÁRRIZ (Público.es)

La ley de memoria histórica de Izquierda Unida (IU) duerme ya en el cajón de los proyectos frustrados. PSOE y PP tumbaron ayer en el Parlamento autonómico la proposición de Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática de Andalucía, de claro acento republicano y con la que la coalición pretendía adelantar por la izquierda la normativa nacional aprobada en 2007 en el Congreso (con el apoyo de IU). La ley ni siquiera fue admitida a trámite. Hubo cien votos en contra, cinco a favor -los cinco de IU, uno de cuyos seis parlamentarios faltó- y ninguna abstención.

Con un informe contrario del Consejo de Gobierno, la primera ley de memoria histórica debatida en el Parlamento andaluz llegaba a la Cámara condenada a morir antes incluso de nacer. No obstante, el debate tenía el interés político de ver a PSOE y PP votando en el mismo sentido en un tema, la memoria histórica, donde son como el agua y el aceite.

Los noes de ambos grupos fueron de distinto tenor. Teresa Jiménez (PSOE) calificó de "innecesaria" la norma al existir ya una ley española y un desarrollo de las políticas en la materia por parte de la Junta, caso de la figura del comisario de memoria, el protocolo de exhumaciones, la indemnización a 2.500 represaliados por una cuantía superior a 9,5 millones de euros, el mapa autonómico de fosas... "Cualquiera de fuera de Andalucía que leyera su ley pensaría que aquí no se ha hecho nada. Me quedo perpleja", dijo.

Carlos Rojas (PP) no se movió una línea de la tesis de su partido sobre memoria histórica desde que el Gobierno promovió la ley nacional en la primera legislatura de Zapatero: sólo sirve para "reabrir heridas". "No está el horno para esos bollos", añadió. La ley, dijo Rojas, es una "cortina de humo" para no hablar de los "1,2 millones de parados y las 350.000 familias andaluzas sin ingresos". El interés de los andaluces, dijo, no está en la memoria histórica, sino en saber "quién se lleva el dinero público de los andaluces con fines privados", en referencia implícita al escándalo de los ERE. Rojas conminó a IU a preguntar a los andaluces si quieren una ley como esta "o un trabajo".

José Manuel Mariscal (IU) respondió a Rojas que "también" se pondría preguntar a los andaluces "si quieren una derecha tan facha" como la liderada por Javier Arenas, que, según el secretario general del PCA, no se ha desmarcado todavía de la dictadura. Con respecto a los argumentos del PSOE -que la ley es innecesaria-, Mariscal dijo que la norma aporta, entre otros valores, el plus de obligar a una investigación judicial de los crímenes, que al ser actos de "genocidio" son "imprescriptibles".

Una norma exigente

La norma frustrada de IU pretendía obligar a la Junta a localizar las fosas comunes, garantizar su conservación, excavarlas y exhumar los restos si es posible, así como a identificarlos, todo ello con dinero público. Con ello se quería liberar de responsabilidad a familiares y asociaciones y obligar al Gobierno andaluz a asumir directamente y de oficio las tareas.

La norma recoge el "derecho a conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil, la dictadura (...) y la Transición". Una de las medidas para garantizarlo sería la inclusión de la "Memoria Democrática" en el currículo escolar. La norma fija la creación de un Instituto de la Memoria Democrática, de un censo público de desaparecidos y de un banco de ADN. También prevé un Catálogo de Lugares de la Memoria Democrática. La ley impone la retirada de los símbolos franquistas de los edificios privados. IU afirmó el 16 de marzo que la negativa de admisión a trámite de esta ley por parte del PSOE sería considerada casus belli.

A las puertas del Parlamento se manifestaron durante el pleno, convocadas por el Foro por la Memoria, unas veinte personas con banderas republicanas.

IU lleva la recuperación de la Memoria Democrática al parlamento andaluz superando las carencias de la ley de memoria estatal

De salir adelante, la Junta de Andalucía asumiría las competencias que el Estado delegó en asociaciones, según la ley de memoria de 2007

César Pérez Navarro - Tercera Información

“Establecer el régimen jurídico de las tareas de recuperación de la memoria democrática de Andalucía con el fin de garantizar y divulgar su conocimiento, satisfaciendo el derecho de la sociedad a conocer la verdad de los hechos acaecidos durante la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición a la democracia, así como las circunstancias en que, durante estos períodos, se produjeron desapariciones de personas y se cometieron vulneraciones de los derechos humanos”. Con esta finalidad, el pasado 11 de Marzo IU entregó en el parlamento de Andalucía la “Proposición de ley para la recuperación de la memoria democrática en Andalucía”, proposición que será debatida en el pleno del 13 de Abril para su admisión a trámite como ley.

La propuesta pretende suplir las carencias la vigente Ley de Memoria Histórica, de ámbito nacional, pero negociada en 2007 con el actual gobierno del PSOE desde una posición débil, si nos atenemos a la actual composición del Congreso.

La llamada Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, ha sido del todo insuficiente para asociaciones de Memoria Histórica, descendientes de represaliados y otros muchos ciudadanos preocupados por informarse al respecto o sensibilizados con la recuperación de la Memoria Histórica. También para Amnistía Internacional o la ONU, cuyo Comité de Derechos Humanos ha llamado hasta tres veces la atención al gobierno español por no cumplir con la legislación internacional en esta materia.

Aún en 2009, ya aprobada la vigente ley de Memoria Histórica, Naciones Unidas mostró al actual gobierno su "preocupación por el mantenimiento en vigor de la Ley de Amnistía de 1977” y le advertía de que "los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles" y que las amnistías "relativas a las violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el pacto", por lo que sigue pidiendo “la derogación de la ley de Amnistía” y "tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales".

La justicia española sigue siendo un caso excepcional a la hora de dejar impunes los crímenes de una dictadura, la franquista, a pesar de haber firmado en 1992, junto a otras muchas naciones de la Asamblea General de la ONU, que “los Estados actuarán (…) para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas”. Precisamente, en la exposición de motivos de la proposición de IU se cita como punto de partida el principio 2 (“el deber de la memoria”) de la Carta de Naciones Unidas: “preservar del olvido la memoria colectiva, principalmente para prevenir el desarrollo de tesis revisionistas y negacionistas...”. Se trata, entre otras cuestiones, de que la historia no se repita, como -por citar un ejemplo- en el caso de Turquía, su negado exterminio del pueblo armenio, y el reciente y silenciado genocidio de los kurdos.

Entrando a valorar las propuestas concretas de la proposición de ley “(...) fruto de un arduo trabajo de elaboración colectiva junto a un equipo multidisciplinar de gentes ligadas a los movimientos memorialistas de Andalucía (...)”, citando palabras de sus impulsores (IU LV-CA), hay que decir que garantiza el cumplimiento de la legislación internacional y puede suponer un ejemplo para otras comunidades autónomas, a la vez que para el gobierno central. De la misma manera, el protocolo de actuación de los diferentes Foros por la Memoria, aplicado desde hace años en muchas de las recuperaciones de fosas comunes, también ha sido un ejemplo para varios artículos de esta proposición.

En efecto, el protocolo de exhumaciones de esta asociación (a diferencia de otras) incluye la denuncia de los crímenes de lesa humanidad en los juzgados correspondientes (artículo 11) además de otros aspectos contemplados en la propuesta de ley, como el trabajo historiográfico previo y la necesidad de que equipos multidisciplinares se encargen de la tarea: arqueólogos, antropólogos forenses, etc. (artículo 21). Otra de las reivindicaciones menos escuchadas hasta ahora por los diferentes gobiernos, que sea el Estado (en este caso la Junta de Andalucía) el que garantice “el derecho [de la ciudadanía] al conocimiento de la verdad en las materias reguladas en esta ley” queda recogido en el artículo 2 y más específicamente en el artículo 10, al hablar de la exhumación de las fosas: “1. La administración pública andaluza procederá a la localización de las fosas comunes, así como a la identificación y, en su caso, a la exhumación de los restos humanos que contengan, atendiendo a un rigor científico (...)”.

Otras disposiciones van más allá de la ley nacional que regula la recuperación de la memoria en la actualidad, sin entrar en conflicto con ella y superándola en el reconocimiento de los derechos de las víctimas y de todos los ciudadanos a conocer la verdad. Así, la retirada de símbolos fascistas de los edificios públicos se extiende a los privados (artículo 48), siempre atendiendo a su relevancia patrimonial o histórica (artículo 49). Se creará un “Catálogo de Lugares de la Memoria Democrática”, también un “censo de víctimas” para conocer y difundir la magnitud de la represión contra el pueblo andaluz, y se introducirá la Memoria Democrática en la Educación Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato.

Otros artículos novedosos incluyen la creación de varios órganos para el desarrollo de la Memoria Democrática, como un “Centro de Documentación e Interpretación de la Memoria Democrática de Andalucía”, a disposición de investigadores, quienes podrán “difundir la verdad de lo acontecido”. Se velará por el “acceso público de los archivos”, se establecerán “planes de resarcimiento y reconocimiento” a represaliados, se anularán “distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales”, se investigará “la desaparición de fondos documentales del Estado en Andalucía durante la Transición”, se castigarán judicialmente los actos de “apología del fascismo” y se excluirá de subvenciones a “entidades que organicen, programen o promuevan actividades relacionadas con la apología del fascismo”.

Por último, hay que destacar que se impulsarán medidas para “la restitución del patrimonio documental incautado por las fuerzas golpistas desde el 18 de Julio de 1936 en Andalucía” y otra de las cuestiones no resueltas por la ley estatal: se solicitará al Estado central “(...) la nulidad de todos los juicios a ciudadanos/as andaluces/as realizados por tribunales militares y/o civiles por causa de motivos políticos vinculados a la República, Guerra Civil o a la lucha en defensa de la democracia durante la dictadura o la transición (...)” (disposición adicional décima).

Presumiblemente, la Proposición de Ley, prioritaria para IU LV-CA, tendrá más opciones de salir adelante cuando cambie la composición del parlamento andaluz y en el caso de que el PP no obtenga la mayoría absoluta en las próximas elecciones andaluzas de 2012.