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miércoles, 5 de mayo de 2010

“Marchena 1936, Memoria de una historia oculta”


Nuestros compañeros y amigos de DIME, (Asociación de MH de Marchena) acaban de presentar durante las V Jornadas el documental “Marchena 1936, Memoria de una historia oculta”. Este magnifico documental, que fue presentado y proyectado en el salón de plenos del ayuntamiento marchenero y al que Amere asistió invitada por los compañeros martienses, no solo tiene el valor de la rigurosidad, la investigación y el testimonio vivo de hijos y nietos de los asesinados y represaliados por los golpistas, sino que bastaría con cambiar los nombres de los muertos, de sus asesinos y de las calles, plazas y cunetas, donde ocurrieron los hechos y serviría para narrar el horror y la barbarie que falangistas, curas, guardias civiles y militares sublevados perpetraron en todos y cada uno de los pueblos y ciudades andaluces por donde no pasó la guerra, ni se cavaron trincheras, por donde solo hubo un exterminio sistemático, un paseo de muerte de cobardes y genocidas.
Nuestras felicitaciones y un abrazo fraternal para los amigos de DIME.

Reproducimos a continuación referencia publicada en La Voz de Marchena.org

El 7 de septiembre de 1936, los maestros Rosendo de la Peña y Santos Ruano, maestros de un pueblo analfabeto y marginado, fueron asesinados después de un escrito del Jefe de la Sección Administrativa de Primera Enseñanza, en el que comunicaba al alcalde, que quedaban definitivamente separados de la enseñanza. "Dios guarde a usted muchos años" decían las cartas con acuse de recibo que nunca pudieron evidentemente firmar "por encontrarse desaparecidos". Es un rotundo ejemplo de un magnífico documental lleno de rigor investigador y testimonios humanos escalofriantes, Marchena 1936, que se presentó én el salón de actos del Ayuntamiento completamente lleno este pasado sábado. El pueblo lo guarde muchos años, pero de verdad.


Después de las órdenes de que la enseñanza correspondiera a "las conveniencias nacionales" dadas un mes después del triunfo del golpe en Marchena, la crueldad con que se procedía a la eliminación de todas aquellas personas que habían contribuido al progreso del pueblo, a educar para formar personas libres, a aquellos que habían cometido el delito de pertenecer a un partido político durante la República, a un sindicato, o simplemente tener amistad o ser familiar de ellos, además de muchos civiles inocentes incluso algunos de ellos nada susceptibles de ser de ideología de izquierda, fueron cruelmente perseguidos, quedando el estigma para sus familiares durante buena parte del franquismo.

Comienza el documental, realizado por Manuel Ramírez y Manuel Bernal con la narración de Manuel Maqueda y la investigación de Javier Gavira, con la aportación de los historiadores José María Díaz Luque y del inglés Richard Barker, contextualizando históricamente un conflicto que se veía venir después de la mala aceptación de la derecha de su derrota electoral de 1936 y los movimientos militares que se estaban produciendo para derrocar a la democracia republicana vigente y que ya habían tenido su primera manifestación en el golpe fallido de Sanjurjo.
El documental abre una puerta de la memoria a personas y familias que han vivido una auténtica represión durante décadas, sumada al ya de por sí inhumano sufrimiento vivido durante la Guerra, y posteriormente aumentado con provocaciones, insultos y humillaciones, más el reconocimiento expreso de golpistas considerados y homenajeados durante tantas décadas con calles, plazas y sus nombres en lo más alto de las esferas públicas.

Con una breve referencia nacional a la importancia de la toma de Sevilla por los golpistas con Queipo de Llano a la cabeza, comienza este documental, que explica cómo el golpe va tomando tintes dramáticos conforme no sólo se intenta derrocar al Gobierno de izquierda elegido, sino a todo el sistema demorático republicano en sí, arrasando desde las clases trabajadoras agrícolas hasta a la mediana burguesía incluso, en su rodillo que imprimió desde aque verano del 36.

Los primeros acontecimientos prebélicos suceden con el nacimiento de la Falange en Marchena, centrándonos ya en nuestra localidad, y el clima tenso que el nacimiento de este partido de extrema derecha propició en nuestro pueblo, produciéndose la tendencia de pasar de ser casi marginal a preponderante con la instauración del régimen. Las amenazas a muchas personas que acuden al entierro de la madre del alcalde socialista Luis Arispón y una brutal paliza al jornalero Enrique Narváez en plena madrugada, son sólo algunos ejemplos del clima que se estaba creando en Marchena y que hicieron que el Partido Socialista y UGT firmaran un escrito reafirmando la importancia de defender los valores democráticos en aquella situación, cuando ya en julio con la llegada de Queipo a Sevilla llega a Marchena propaganda incitando a sublevarse contra el régimen democrático hasta que el 21 de julio y hasta el 1 de noviembre se instaura en Marchena la Comisión Gestora del Golpe con cinco personas, falangistas y militares, a la cabeza como alcalde provisional José Montero y con una mano derecha muy importante, el Brigada de Información Salvador Pérez Palomo, encargado de etiquetar a todo "sospechoso".
Después del rápido cambio de nombre de calles y la eliminación de rastros marxistas de paredes y de calles, que no hizo falta ni tan siquiera que esperara a la carta de la delegación del Gobierno instaurado, se produce el 26 de julio el asesinato del alcalde Luis Arispón, en Alcalá de Guadaira, durante un viaje que realiza a Sevilla para asuntos políticos y también con motivo de teñir de negro unos trajes para guardar luto por la muerte de su madre. La petición vecinal de un día antes del golpe para llamar Luis Arispón a la calle Sevilla, fue fulminantemente rechazada, nombrándose para mayor humillación Primo de Rivera por parte de las nuevas autoridades locales.

Mientras tanto en Marchena se preparaba un Comité de defensa de la República con papel importante de mujeres voluntarias que pusieron todo su empeño en sumar fuerzas, incluso de Paradas llegó un grupo de jóvenes voluntarios de las que muchos fueron asesinadas por el camino, mientras que Ismael del Pozo, teniente de la Guardia Civil de Marchena, y el comandante Juan Sanz Hens, de Écija, más efectivos de Paradas y Arahal acudían a Marchena para reforzar a los falangistas, además de hacerse con el control de edificios claves como la torre de Telefónica, entre otros, y así fueron cayendo personas como el guarda de una de las puertas de Marchena, la de Osuna, en misiones de defensa de la República o el militante comunista Francisco Cañete, así como el propietario del bar de la Puerta de Morón bastión de resistencia republicana, José María Ballesta, con el testimonio de una de sus hijas de cómo se negaron a curarlo en un hospital de Sevilla en su agonía final. Las instrucciones, estaban muy claras.
La resistencia en el Centro Obrero terminó por agonizar y la muerte de Sanz Hens, Del Pozo y el abogado Rojas Lobo en los tiroteos, culminó con el inmediato fusilamiento de 17 personas del Comité de Resistencia en plena vía pública, mientras otros huían a la desesperada hacia la zona de Puebla de Cazalla y Osuna, pues aún el golpe tardaría casi tres años en ganar la batalla en España. Otros como Salvador Sarria, se mantendrían ocultos en sus propias casas sin salir durante 12 años con la fortuna de que en la etapa final de la dictadura lograría libertad de movimientos y ya en democracia fue Presidente de Honor del PSOE de Marchena, hasta que murió en 1984 y otros como el insigne diputado Mariano Moreno se exiliarían a México, aparte de otros muchos, que corrieron peor suerte como "Vaquerito".

Pero más allá de la historia de represión, de paseíllos al cementerio y de explotación incluso a niños huérfanos de las víctimas del franquismo, hay historias de la calle que recoge con una fuerza descomunal este documental Marchena, 1936, Memoria de una historia oculta, con aquella famosa frase que se convirtió en el día a día de cientos de marcheneros con un militar o empleado municipal llamando a la puerta y preguntando por familiares de personas sospechosas de amistad, colaboración o participación en todo cuanto oliera a República: "Oiga... está tal?, dígale que salga, vamos a hacerle una pregunta".

"Una pregunta muy larga", afirma el testimonio aún en vida Adolfo Maqueda, que vio de pequeño cómo se llevaban a su hermano de su casa con sólo 15 años, o de Rosario Jiménez Martín, que recuerda como su pequeño hermano se vino herido de sentimientos y sin recoger el pan de la beneficiencia por una frase cruel y repetida: "no darle el pan, es hijo de un rojo". Es la represión después del golpe que aún tiene cara humana de gente que se va a llevar a la tumba ese recuerdo ya de forma más aliviada que muchos otros que han ido muriendo sin unas jornadas, sin una lucha por recuperar la memoria y conocer lo que verdaderamente ocurrió, de ser dignificada su lucha y aplaudido su coraje de sobrevivir, que no fue poco.

También aparece el caso de José Guisado, un hombre sobre el que los testimonios sólo recuerdan su vocación de “como tenía un don de palabra, que nosotros no tenemos”, afirma su hija Bienvenida, “me han dicho todo el mundo siempre que no dudaba en ayudar a quien lo necesitaba, en ir y hablar con quien hiciera falta”. De hecho, su labor al frente del Sindicato de Obreros Agrícolas y Oficios Varios le hizo tener ese carácter, además de ser maestro del Molino de San Pedro, donde se escondió antes de entregarse a las nuevas autoridades por temor a lo que le sucediera a sus hijas. Bienvenida tenía varios meses en aquel entonces en el que tras su asesinato en la fosa común recién cumplido 38 años, los falangistas tuvieron el “detalle” de devolverle la cartera a su madre con un retrato de su esposo en el interior y que aún conservan. De hecho, su nombre fue inscrito tras muchos años de lucha, en 2005 en el Registro Civil de Marchena. José fue un hombre “de consenso y dialogante” en la época según todos los testimonios y “amante de la cultura y de la lectura”, pero sus libros fueron quemados por si no hubiera sido poco quemar su vida.

Mientras tanto, las familias convivían asustadas ante los terribles discursos de Queipo de Llano, uno de ellos de los que se ha recogido su vídeo en este documental y en el que el General golpista llamaba a los habitantes de pueblos como Morón, Utrera o Puente Genil, aún no tomados, a “matar al enemigo como a un perro, faculto a que a esos idiotas los callen de un tiro, o me lo traigan a mí, que yo se lo pegaré, sabrán quienes son hombres de verdad y no milicianos maricas, los sacaré de debajo de las piedras, y si están muertos, los volveré a matar”. La tumba con el cuerpo de Queipo de Llano se encuentra hoy en día en la basílica de La Macarena, cuya titular luce fajín de gala del general en su procesión a pesar de los títulos honoríficos que el Ayuntamiento de Sevilla en Pleno le retiró en su día.

Aparecen testimonios de mujeres mayores, como Carmela quien recuerda como a su abuela incluso le quitaron el velillo dos falangistas por la calle San Pedro cuando paseaba de su brazo siendo niña. Su abuela renunció a ir al Ayuntamiento nunca más, pues allí estaban quienes habían matado a su esposo, y su nieta, hoy en vida, recuerda aquellos gritos de “criminales” que su valiente abuela descargó sobre los falangistas que se burlaban de ella por la calle. La familia de Enrique Narváez y de su esposa, asesinada por el mero hecho de ser su esposa con aceite de ricino y siendo previamente pelada, recuerda en su testimonio como “estaba prohibido nombrar o llorar a sus familiares”, como comenta su nieto Francisco.

Los expedientes además de por filiación sindicalista, sospecha de colaboración con la República, se extendieron al ámbito de incautaciones económicas a pequeños empresarios de gaseosa o a gente medianamente pudiente de izquierda e incluso de centro, como se expone en un caso estremecedor que conmocionó al pueblo por la calidad humana de la persona en cuestión, Baldomero Herrera Hurtado, totalmente ajeno a la política y del que su empleado por entonces, aún en vida, Sebastián López, que se encargaba de los cobros yendo a los domicilios, se le sale el corazón por la boca hablando de él, como si fuera ayer: “era muy amable, siempre dejaba fiado a todo el que no podía pagar, le debía toda Marchena, todo Dios le lloró, qué buena persona era” no se cansa de repetir Sebastián en el vídeo recordando como su jefe, que tenía una tienda de comestibles, ferretería, droguería…le recomendaba “guíate por los buenos caminos siempre”, mientras exclama “pobrecito, pobrecito”.
Es conmovedor aún más el testimonio de Sebastián sobre el caso de la esposa de su entonces jefe, María José Ruiz: “Le dieron la vuelta por las calles, con la música detrás, por delante de su casa la pasearon y ella se hincó de rodillas, llorando, pobrecita, qué lástima, ¡dónde queda tó lo bueno, y tó lo malo, donde queda tó!”.

Un teniente de la Guardia Civil se quedaría a cargo de la tienda que tantas y tantas ventas tenía, hasta de bases de peroles como recuerda Antonio Cañete entre sus frases de “eran malos, malos, malos” sobre los represores, y que fue objeto de la más ruin de las envidias, cuando su esposa fue intimidada ya asesinado Baldomero para traspasarla por 17.000 pesetas, estando peritada en 100.000 pesetas, como se pudo conocer según informe que condenó a algunos de los culpables posteriormente gracias a la mediación de familiar directo e industrial adepto al Régimen franquista para que el caso se juzgara. De las 17.000 pesetas sólo le entregaron 2.000.El supuesto delito o justificación para matar a Baldomero habría sido vender gasolina, sin saberlo como es lógico, a unas personas que intentarían quemar una Iglesia.

“Cómo eran tan cristianos y no hacían más que matar y matar...” recuerda Nicolás Burgos en el documental con su testimonio junto al de varias personas mayores que narran el panorama de muertes y muertes día tras día y el correrse la voz de varios asesinatos cada mañana.

Así casos y casos como el que cuenta Antonia Parra cuando se sintió discriminada al tener que ir al Corpus sin traje de comunión como tal por las circunstancias económicas que atravesaba después de que su padre, el jornalero, Antonio Parra, también fuera víctima de la purga fascista como otros muchos marcheneros y marcheneras: “Yo estoy seguro de que mi padre no dijo ni como se llamaba”, ya que fue ejecutado como “el hijo de Parra el de la barbería”, relata sobre la dignidad de su padre en la muerte la presidenta de DIME.

Luego llegarían los tiempos de trabajar por una peseta al día, de población ocupada en labores de limpieza y servicios domésticos a franquistas y sus familiares, de huérfanos trabajando antes de tener uso de conciencia y de aquellos pelotones de trabajo que construyeron entre otras grandes obras del régimen, el Canal del Guadalquivir, ese tiempo en que muchos de los supervivientes fueron víctimas en vida y alimento para los vencedores.
Hoy, no sin trabas incomprensibles como las sufridas por el juez Garzón, ampliamente recordado y ovacionado en este acto junto al propio documental en sí durante varios minutos y con más de 200 personas en pie en el salón de actos del Ayuntamiento, donde no cupo un alfiler, se van cumpliendo las expectativas de justicia de quienes fueron tantas décadas los olvidados ante los ojos también de juventud que por primera vez tiene un testimonio inigualable de la historia de su pueblo, pues no solo de moros, cristianos y Ponce de León se surte la historia de Marchena, sino de gente en vida que ha visto este documental con toda la amargura de recuerdos infames, pero como un aroma de resurrección.

lunes, 3 de mayo de 2010

¿Para cuándo la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo?

Por: Miguel A. Rodriguez Arias, para Rebelión

España es el único Estado de la Unión Europea en el que continúan existiendo unos 143.353 desaparecidos en varios cientos de fosas comunes, clandestinas, diseminadas a lo ancho y largo todo su territorio; y ello sin contabilizar, todavía, el caso de los niños robados por el franquismo de los que ni siquiera existen cifras aproximativas fiables.

A diferencia de los casos de los desaparecidos en Guatemala, Perú, Salvador, Chile, Argentina o Colombia, entre otros ejemplos, ningún tipo de Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos, o de Comisión de la Verdad, ha sido puesta en marcha por parte de nuestras autoridades; por mucho que las cifras de los desaparecidos del franquismo en España supere ampliamente a la suma de los desaparecidos de todos esos países juntos. No se trata tan sólo de reconocer que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta encomiable, sí, pero que, "lamentablemente", no nos resulta jurídicamente vinculante a los europeos; al parecer eso tampoco importa mucho en realidad: a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos - que sí que nos vincula como Estado miembro del Consejo de Europa - tampoco le hacemos caso alguno; ni parece que se lo vayamos a hacer, ni siquiera después de que jueces y fiscales de toda Europa agrupados en torno a Magistrats Européens pour la Démocratie et les Libertés (MEDEL) - entre ellos las españolas, emblemáticas, Jueces para la Democracia y Unión Progresista de Fiscales - le acaben de decir a nuestro Gobierno que nuestra ley "de la memoria" viola los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Me ahorraré aquí, en beneficio de la paciencia del lector, toda la larga - a estas alturas ya casi consabida - letanía de dictámenes de órganos internacionales en materia de derechos humanos, de tratados internacionales ratificados por España, de instrumentos aprobados por la Asamblea General de Naciones Unidas en la lucha contra la impunidad de los crímenes internacionales y en materia de desapariciones forzadas, pero también de costumbres y obligaciones jurídicas erga omnes, que vinculan a todo miembro de la comunidad internacional.

No hay ambigüedad: hoy en día constituye una reconocible obligación del Estado, de todo Estado de Derecho, el organizar su aparato a modo de poder abordar una "investigación oficial efectiva e independiente" de todos los casos de desaparecidos de los que se tenga noticia; y dicho deber se ve reforzado de existir - como en el caso español - la evidencia de algún tipo de participación o aquiescencia por parte de las autoridades estatales del momento de los hechos, o de alcanzar las masacres una especial masividad. En modo alguno resulta posible abandonar, sin más, toda la pesada carga del impulso de las actuaciones jurídicas - menos aún la carga de las tareas de localización, exhumación e identificación de los restos mortales de los ejecutados - sobre los familiares o asociaciones, como, precisamente, han acabado haciendo nuestras propias autoridades nacionales.

A partir de ahí poco importa ya todo lo demás; que las subvenciones no terminen de llegar porque a la ley "de la memoria" le cueste despegar del papel, que surjan otro tipo de complejidades en la coordinación de todo ello con las distintas comunidades autónomas, etc. Nuestro "original" modelo, autóctono, de memoria sin derecho, memoria sin verdad, sin justicia y sin reparación para los desaparecidos y sus familias, no sirve, no cumple con los derechos humanos ni con lo que se le ha venido exigiendo a todos los demás Estados democráticos dentro y fuera de Europa. Y nuestro Gobierno lo sabe, o debería saberlo y, sin duda alguna, sus asesores jurídicos lo saben. Como también lo saben, y lo han hecho saber con claridad, en sus distintos comunicados y posicionamientos públicos de denuncia, organizaciones internacionales de derechos humanos de la talla de Amnistía Internacional o el Human Rights Watch.

Y, a decir verdad, la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo sería tan sólo el primero de los varios instrumentos debidos - ausentes en nuestro panorama nacional hasta en su mismo debate público -; nosotros que hemos ido dando lecciones a toda Hispanoamérica, y a medio mundo más, sobre como combatir la impunidad de sus crímenes internacionales, y que nos resistimos a calificar como tales los existentes en nuestra propia casa...Hablar de una complementaria Base Nacional de Datos Genéticos, de las indemnizaciones aún pendientes a sus allegados, de una fiscalia especializada para perseguir crímenes de guerra y de lesa humanidad o de la proclamación, en sede parlamentaria, de un Día de Homenaje y Recuerdo a las víctimas del genocidio franquista y sus familias - o incorporar también el relato de estos crímenes en todos los niveles de la enseñanza, como requiere Naciones Unidas a las sociedades escenario de tales atrocidades - debieran ser varias de esas otras medidas aún por llegar, y de las que, aún, nada se sabe.


De modo que el actual panorama no podría resultar más impactante: cuando no hay un sólo instrumento normativo que ampare lo que se está haciendo con los desaparecidos en España - excepción hecha, claro está, de la Orden de Franco de Mayo de 1940 cuyo modelo se les ocurrió copiar al redactar la actual ley, buen amparo es ese -; cuando la situación de todas estas víctimas en sus fosas clandestinas avergüenza a las piedras y es contraria al derecho internacional y a la misma decencia humana tal y como se concibe desde la Antígona de Sófocles, entonces, hay que empezar a preguntarse también algunas otras cosas: comenzando por el ineludible conflicto de conciencia en el que un tal desentendimiento arbitrario de la legalidad internacional en materia de derechos humanos ha de colocar, en primer lugar, a la propia base política y social del partido que sustenta a nuestros gobernantes, el PSOE.

Simplemente cuesta trabajo entender, cada vez más, que el mismo sistema internacional de Naciones Unidas que había que defender en Irak ante la arbitrariedad del Gobierno Aznar pueda ser ahora tan completamente desatendido en materia de derechos humanos por el Gobierno de Rodríguez Zapatero a muchos menos kilómetros de distancia, en nuestro propio país, en el silencio cotidiano de nuestras propias cunetas y campos: tantas y tantas decenas de miles de desaparecidos son demasiados. Los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos desatendidos a estas alturas por nuestras autoridades en su huida hacia adelante, también lo son. Y más allá de dicha base política y social, el mismo "voto útil" resulta demasiado inútil sin derechos humanos. Nada de toda esta situación tiene sentido.

Y, por eso mismo, se hace ya necesario dar también un paso más allá de lo jurídico y decir públicamente que "no" a esta política, explicar lo mejor que podamos las razones de ello, y pedir la simple y llana observancia de la legalidad internacional de los derechos humanos también para España; también para nuestros propios desaparecidos, que se dejaron el alma defendiendo los valores de libertad y democracia que hoy todos los demás tenemos a nuestro alcance, en una cruenta y desigual contienda perdida palmo a palmo; porque, por encima de todo, cualquiera de tales argumentos jurídicos, políticos, sociales, quedan empequeñecidos, y en un segundo plano, ante la inmensidad del dolor y la larga soledad de estas familias, ante la inmensidad del drama humano del que estamos hablando. Nada de lo que se pueda decir aquí a tal respecto podrá ser suficiente.

En una de las alocuciones más conmovedoras que se puedan recordar Dolores Ibarrurí, Pasionaria, despedía en Barcelona a los brigadistas internacionales, compañeros de armas de muchos de nuestros propios desaparecidos en la defensa de nuestras instituciones democráticas. Era el 1 de noviembre de 1938, la batalla del Ebro se sabía prácticamente perdida y, con ella, la suerte de aquella Segunda República, nacida en otro mes de abril como este quedaba definitivamente sellada: "!Madres!...!Mujeres!...Cuando los años pasen y las heridas de la guerra se vayan restañando; cuando el recuerdo de los días dolorosos y sangrientos se esfumen en un presente de libertad, de paz y de bienestar; cuando los rencores se vayan atenuando y el orgullo de la patria libre sea igualmente sentido por todos los españoles, habladles a vuestros hijos.No os olvidaremos; y cuando el olivo de la paz florezca, entrelazado con los laureles de la victoria de la República Española, ¡volved!".

Y reestablecido un cierto grado de democracia en nuestro país, integrados en Europa, comprometidos con la defensa internacional de los derechos humanos, "nuestros" brigadistas volvieron finalmente, en octubre del año 2006, recibidos por nuestro propio Parlamento.
¿Cuándo podrán volver también a casa, a los seres queridos que aún les esperan, todos esos miles de defensores de nuestra República, y sus pequeños, que continúan desaparecidos?, ¿para cuándo la Comisión Nacional de Búsqueda de los Desaparecidos del Franquismo?

sábado, 24 de abril de 2010

Nacionalcatolicismo



Jaime Richart en Kaos en la Red

¿En dónde y cuándo se ha sabido que los vencedores de un alzamiento armado nieguen, 70 años después, a los hijos, nietos o hermanos de los vencidos el derecho a dar sepultura a sus muertos, padres o abuelos asesinados por aquellos?

La Falange fue brazo armado del franquismo antes, durante y después de la guerra civil; cómplice y ejecutor de los crímenes una vez terminada la guerra. Los más de cien mil “paseados” y asesinados después de 1939 en que la guerra acabó “oficialmente”, están esperando aún digna fosa.

Y ahora resulta que la Falange se querella contra quien se aprestaba a cumplir la Ley (en cuya virtud el tribunal que lo juzga se hace a su vez cómplice de los querellantes) y se erige de esa manera en un “reivindicador” del derecho a sus crímenes, negando a un tiempo a esta generación el suyo a rescatar el cuerpo de los matados por sus ascendientes.
Es como si Franco resucitado volviese con alegaciones a favor de su “Movimiento”. España es un país donde todo puede ocurrir. Cualquier cosa, y si es disparatada, aberrante e inconcebible, con mayor motivo.

Todo esto es herencia del nacionalcatolicismo: una mixtura de golpes de pecho, de burla a las enseñanzas evangélicas impartidas para otros pero irrelevantes para quienes las predican; de conquistas imperiales con la cruz en una mano y el arcabuz en la otra; de sumisión ciega ante quien se le supone “superior” para descargar a continuación todo el horror sobre el “inferior”, y así sucesivamente...

El nacionalcatolicismo está enquistado en la sociedad española de tal manera que sin revolución, cruenta o incruenta, no habrá nada que hacer hasta quién sabe cuándo.
Generación tras generación seguirá portando en sus genes las ínfulas y la bestialidad ladina de sus mayores. Este país tiene atrofiado el sentido de la sensatez colectiva. De ahí que muchos nos radicalicemos: los bárbaros ilustrados españoles no entendieron nunca, ni entienden, de sutilezas... El “caso Garzón” es otro icono de las tantas aberraciones hispanas.

miércoles, 21 de abril de 2010

Chiclana, Recuperando la Memoria


Presentación Monumento a la Dignidad de los fusilados y desaparecidos por el Franquismo.

Martes 27de Abril a las 19 horas.

Conferencia :
JUAN GALLO GONZÁLEZ
(Comisario para la recuperación de la
Memoria Histórica de Andalucía)


Recital del cantautor
FRANCISCO NARVÁEZ
Teatro Moderno

Organiza: ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA SOCIAL
Y POLITICA DE CHICLANA

lunes, 19 de abril de 2010

España rinde tributo a Franco con 26 calles nombradas en su honor

Un mínimo de 26 calles rinden inmerecido homenaje al mayor genocida de la historia de España

Rubén Nieto - www.tercerainformacion.es


Dentro de algunos meses se cumplen 35 años de la muerte el dictador facista Francisco Franco, quién dirigió una sangrienta dictadura que acabó, según sus propios datos, con más de 200.000 opositores a su régimen, mediante pena de muerte sin juicios previos después de finalizar la Guerra Civil.

En la actualidad el gobierno del PSOE ha impulsado una ley de memoria histórica -criticada por el movimiento memorialista y formaciones como Izquierda Unida- que permite que ministros de la dictadura sobre los que pesan acusaciones de asesinatos políticos ejerzan cargos políticos públicos, que impide reparar los crímenes de lesa humanidad efectuados por el fascismo al reconocer su justicia ilegal e ilegítima, que responsabilice a los ciudadanos y no al estado a buscar a los desaparecidos sin proteger a quién pretenda hacerlo de una persecución de la derecha española y, entre otras, que no logra cumplir el objetivo de erradicar la simbología fascista de las calles.

Tanto es así que todavía existen un mínimo de 26 calles, la mayoría de estas en Salamanca, Zamora, León, La Coruña, La Rioja, Extremadura, Aragón, Murcia y Valencia.

El homenajeado en esas vías protagonizó un levantamiento militar que acabó violentamente con el gobierno del Frente Popular, integrado por socialdemócratas, socialistas, comunistas y anarquistas, que había ganado meses atrás las elecciones generales y pretendía profundizar el proceso iniciado en 1931 que entre otras cosas defendía el fin del latifundio, un estado laico y el aumento de los derechos laborales, civiles y sociales entre otros aspectos políticos y sociales.
Ese golpe de estado ultra-derechista iniciado por Franco provocó cientos de miles de muertes al producirse un levantamiento popular que defendió el gobierno legamente elegido. La violencia desatada por Franco continuó hasta su muerte, asesinando impunemente a cualquiera que se posicionase contra sus políticas.


Nota de Amere: Aquí en La Isla, el gobierno municipal bipartito (PA/PP) sigue estando del lado de los golpistas y sistemáticamente se niegan a aplicar la Ley de MH. Aún mantienen honores, placas, nombres de calles y títulos honoríficos a los golpistas y genocidas. La estatua ecuestre del asesino y colaborador del dictador, general Varela sigue presidiendo la plaza del ayuntamiento.

jueves, 15 de abril de 2010

La justicia universal, ahora de Argentina a España



Publicado en: www.foroporlamemoria.info

Hace trece años, Baltasar Garzón hizo lugar a los planteos para juzgar los crímenes de las dictaduras argentina y chilena

El abogado Carlos Slepoy, que motorizó esa causa basado en la jurisdicción universal, impulsa que se devuelva el favor investigando al franquismo.


Elías García Holgado era alcalde y diputado provincial en Salamanca cuando, en 1936, fue encarcelado por el franquismo, que lo fusiló un año más tarde. Severino Rivas era también alcalde, de la localidad de Castro Rei, en Lugo; lo fusilaron en 1936 y su cuerpo permaneció desaparecido hasta el 2005, cuando su hijo, luego de larga búsqueda, consiguió que fuera identificado en una fosa común. Estos dos crímenes serán los casos iniciales con los que mañana, en los tribunales federales de Comodoro Py, se presentará una denuncia para que la justicia argentina, aplicando el principio de jurisdicción universal, investigue el genocidio cometido en España por el régimen de Francisco Franco.

La demanda es la primera que busca que un tribunal argentino aplique el principio de justicia universal. Hasta ahora, la Argentina ha sido beneficiaria de esta herramienta, que permitió que jueces de España –como Baltasar Garzón– e Italia iniciaran investigaciones contra represores argentinos, abriendo allá causas que fueron claves para impedir la impunidad cuando acá los juicios estaban frenados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pero todavía no se ha dado la situación inversa, es decir que en la Argentina se investiguen crímenes cometidos fuera del territorio nacional, pero que por su gravedad, por tratarse de crímenes contra la humanidad, habilitan el uso del principio de la jurisdicción universal.

En apoyo a Garzón

La idea de presentar en Buenos Aires una denuncia contra los crímenes del franquismo nació luego de que sectores de la derecha española lograron frenar la investigación que había iniciado el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes cometidos por la dictadura de Franco. Garzón terminó enfrentando además un proceso por prevaricato, ya que lo acusaron de haber dictado a sabiendas una resolución injusta. El argumento con el que fue acusado es que la amnistía dictada en España en el ’77 exoneró de responsabilidad penal a quienes durante el franquismo cometieron delitos con intencionalidad política. Garzón sostiene que ninguna amnistía puede amparar crímenes contra la humanidad, pero por el momento ha quedado no sólo frenado, sino bajo una ofensiva para destituirlo.
La iniciativa de abrir en la Argentina una causa por los crímenes del franquismo –para evitar su impunidad y como modo de respaldo a Garzón– fue traída a Buenos Aires por el abogado Carlos Slepoy, argentino radicado en España y representante en Madrid de familiares de víctimas de la dictadura.
Slepoy es uno de abogados que ha trabajado en la construcción del razonamiento jurídico que sostiene a la demanda. “Los tribunales de cualquier parte del mundo tienen legitimidad para juzgar a estos criminales”. El abogado da la impresión de esperar que el camino sea fácil y sin tropiezos; sabe que el caso deberá encontrar un juez dispuesto a aplicar el principio de justicia universal. “Necesitamos un Garzón argentino”, sintetizó ante este diario en alusión a que un magistrado le ponga el cuerpo a la causa.

El escrito, que ya está terminado, está caratulado como una denuncia “por genocidio y/o delitos de lesa humanidad” y “por la comisión de delitos de homicidio, torturas, privación ilegal de la libertad calificada y otros”. En su primera parte cuenta cómo sucedieron los crímenes de los alcaldes Rivas y García Holgado. Por estos dos casos, que funcionarán como el puntapié inicial, se presentarán dos familiares como querellantes. Uno es Darío Rivas, hijo del alcalde de Castro Rey. Rivas, que vive en la Argentina, hoy tiene 91 años. La otra querellante es Inés García Holgado, sobrina nieta de Elías García Holgado, que tiene otro tío abuelo fusilado y un tío desaparecido.

Además de estos homicidios puntuales, la demanda pide que se tome como período de investigación a todo el franquismo, desde el 17 de julio de 1936 (un día antes del alzamiento de Franco) hasta el 15 de julio de 1977, cuando se realizaron las primeras elecciones democráticas en España. Es decir que solicita que se investigue el genocidio.

Incluye también un relato sobre el contexto histórico y la interpretación de que ocurrió un genocidio, en el sentido de que la dictadura de Franco tuvo una planificación sistemática para eliminar a determinados grupos de la sociedad.

“Habrá más denuncias”

La pregunta es ¿hay imputados vivos? Eso parece imposible para crímenes cometidos, como con los alcaldes, en 1936. “Si se investiga hasta el ’77 hay criminales vivos. Ex ministros, jefes del ejército y de otras fuerzas armadas”, asegura Slepoy, quien confía en que por esto “mucha gente” va a presentarse “para traer su denuncia”.
El equipo que patrocinará la querella se completa con los abogados locales David Baigún –director del posgrado de Derecho Penal de la UBA–, Máximo Castex, Ricardo Huñis y Beniuz Szmukler.
El trabajo clave de este equipo será el de fundamentar por qué en la Argentina puede aplicarse el principio de la jurisdicción universal. Slepoy señala que “está en la Constitución Nacional, en su artículo 118”. Este artículo habla de los crímenes que se cometan “fuera de los límites de la Nación, contra el Derecho de Gentes”, y establece que el Congreso es quien debe decidir qué tribunal debe juzgarlos. “El Congreso ha establecido que sean los juzgados federales”, apunta Slepoy. También recordó que la Comisión Internacional de Derechos Humanos “dictó resoluciones en el ’98 y 2003 instando a los países de América a que ejerzan la jurisdicción universal”.
“Son crímenes que están impunes, lo que habilita a otra nación que se sienta ofendida o que entienda la necesidad de que se haga justicia a pedir su investigación”, agregó ayer su colega Máximo Castex. “En el caso de Rivas, por ejemplo, es una persona grande que logró recobrar los restos de su padre en el año 2005, a través de una exhumación que hizo él por cuenta propia; él cada vez que viajaba a España sentía esta necesidad de lograr justicia. Hay que pensar que estamos frente a una historia de 110 mil desaparecidos; hay mucha gente que todavía no sabe dónde están los cuerpos de sus familiares”.

Un dato impactante es el interés que mostraron organismos de derechos humanos y organizaciones sociales argentinas para sumarse a la causa como querellantes. Entre los que quieren presentarse a querellar están la Central de Trabajadores Argentinos y la Federación Gallega y la mayoría de los organismos: Abuelas de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la APDH, el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Todavía no está claro si todos van a poder hacerlo, ya que depende de que en sus estatutos tengan un objetivo que los habilite legalmente. Desde España vendrán representantes de la Asociación para la Memoria Histórica de España, considerada la más importante de aquel país trabajando en el tema.

La denuncia se presentara en los tribunales federales en la mañana del miércoles. Ese mismo día, los querellantes darán una conferencia de prensa en la Asociación de Abogados de Buenos Aires que ayer homenajeó a Slepoy (foto). Darío Rivas e Inés García Holgado, los dos primeros querellantes, estarán entre los presentes para contar la historia de sus familiares y pedir justicia, 74 años después.

lunes, 5 de abril de 2010

D. Antonio Álvarez Sánchez, fusilado el 29 de Agosto de 1936 en aplicación de la Ley de Guerra

Gracias a D. José A. Álvarez, hoy recuperamos para la Dignidad y La Memoria los datos personales de otra de esas victimas del genocidio franquista, D. Antonio Álvarez Sánchez, fusilado el 29 de Agosto de 1936 en aplicación de la Ley de Guerra impuesta por los golpistas.

Antonio Álvarez Sánchez

Seamos dignos herederos de tantos hombres y mujeres que dieron sus vidas para legarnos un mundo mejor y más justo. Meditemos sobre si con nuestras acciones somos dignos de tanta sangre derramada y tanto dolor...
Estamos cansados de tantos muertos mal enterrados, pedimos comprensión, no tolerancia, porque ésta última implica superioridad del que la brinda frente al que la recibe, y porque sólo exigimos lo que nos pertenece por derecho: arrancar del olvido a nuestras víctimas, que se les devuelva el reconocimiento que merecieron por su lucha y sacrificio, y que se haga de forma pública e institucional. Sólo pedimos respeto, memoria y dignidad para las víctimas y sus familias.

Carta de José A. Álvarez, (nieto de D. Antonio Álvarez Sánchez), para AMERE.

Después de haber indagado en los Registros Civiles de San Fernando y Puerto Real, en los cuales no tienen constancia de la defunción de mi abuelo. (En el año setenta y tanto no recuerdo ahora, ya estuve en el Registro Civil del Puerto de Santa María, para solicitar la partida de defunción, con motivo de arreglar una ayuda para mi abuela, sin que pudiéramos encontrar nada, seguía desaparecido) Hoy he vuelto a ir después de más de treinta años a consultar en el Registro Civil de mi ciudad.
El funcionario don A. C. dice que es muy complicado, pero que indague en el R.C. de San Fernando que en teoría es donde tendría que estar inscrito, o por el contrario para poder efectuar el expediente de inscripción, tendría que ir al Ayuntamiento de Puerto Real, o a la Plataforma RMHSP de Puerto Real: Listado de los fusilados en Puerto Real”; JOSE PIZARRO FERÁNDEZ: Puerto Real durante la II República. Como referencia.
Me cuenta que ya el ha hecho varias inscripciones de fusilados, contándome que uno de estos expedientes le puso los pelos de punta. Según parece un corredor de coche, muy conocido, le llevó una tarjeta de visita manchada, que le dieron a su madre en el penal cuando fue a llevar algo de ropa y comida para su padre, en la que ponía: “A quien pueda interesar. María mañana me van a fusilar, que no entre ningún hombre en mi casa, cuida mucho de los niños, Un beso muy fuerte.”, que este es el único documento que tenía para iniciar el expediente.
Yo esa tarjeta, no la he visto nunca, pero mi padre me contó que esas fueron las palabras que escribió mi abuelo a mi abuela María antes de ser fusilado y que ese corredor de coches, es mi tío Manolo.
Acta de defunción

En ese instante se levanta de la mesa se acerca a un tomo del R. C. y dice: “aquí está la inscripción de tu abuelo, está registrada con fecha: treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y uno”. Cuarenta y cinco años después del criminal asesinato. Varía la fecha del fallecimiento del Registro Civil que pone 26/08/1936 teniendo constancia de que fue el 29/08/1936 así como que está enterrado en el cementerio de esta ciudad lo único que han puesto bien es causa del fallecimiento : fusilado.
Ficha del listado de Nombres de Fusilados en Puerto Real

“Se practica la presente inscripción en virtud de auto de veintitrés de septiembre de mil novecientos ochenta y uno dictado por el Sr. Juez de Primera Instancia del Partido con expediente tramitado en este Registro Civil bajo el nº 21-81”.



Registro del fusilamiento en el Libro Secreto de la Iglesia Mayor de San Fernando

De los cuatro, hijos mi tía murió al poco tiempo de tuberculosis, mi abuela desde entonce vivió como en otro mundo, con una tristeza y pena durante el resto de su vida. No salía de casa nada más que para trabajar para poder mal comer. Yo nunca la vi sonreír. Mi padre con doce años estuvo trabajando en donde podía: desde trabajar en un puesto en la plaza hasta, en una lechería, como albañil etc. Me contaba que lo llamaban para desatascar posas sépticas y que hacía cualquier trabajo donde ganar unas pesetas para llevárselas a su madre, al igual que sus hermanos, no volvieron más al colegio.
Esto es todo lo que puedo decir, pues en casa se hablaba muy poco de mi abuelo, la pena la llevaban en el corazón. Lo que si puedo decir es que destrozaron la familia y que salvo los gritos de mi padre maldiciendo a los asesinos poco o nada puedo aportar.
Se que trabajaba en Los Astilleros de Puerto Real, que era muy trabajador y que solo vivía para su mujer y sus hijos, no se como lo apresaron ni porqué motivo y si alguien pudiera decirme que ocurrió realmente despejaría la incógnita que siempre he intentado descubrir.

Recibid un abrazo y gracias por todo.

domingo, 4 de abril de 2010

V JORNADAS DE DIGNIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN DE MEMORIA HISTÓRICA. “LUCHA CONTRA EL OLVIDO”


MARCHENA-MAYO DE 2010
ACTOS

DIA 1 DE MAYO:

12 HORAS: Presentación y Proyección del Documental: Marchena, 1936: Memoria de una Historia oculta.

LUGAR: SALÓN DE PLENOS DEL EXCMO AYUNTAMIENTO DE MARCHENA

14,30 HORAS: Aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Cambio de Rótulo de Barriada
Lugar: BARRIADA SENDA ANCHA.
15,00 Horas: Recepción y Reunión de socios y colaboradores de DIME, y realización de graffitis en Sala Akasha
Desde las 17,00 horas: “Encuentro Jóvenes con la Memoria”
Presentación de la revista Mordisco, nº 3. ¡No a las cárceles! Homenaje a Marcos Ana.
Recital de poesía en las voces de Miguel A. Rivero y Carmen Delgado. Guitarra: Paco Narváez. Action Painting de Patricio Hidalgo
Concurso de Murales-Graffitis con el tema de la Memoria Histórica.
Stands de Libros, Revistas, Camisetas, billetes y monedas, música, Cómics… relacionados con la Memoria.
Desde 21 horas ENCUENTRO MUSICAL: “JÓVENES CON LA MEMORIA”
Actuarán:
EXPRESIÓN LÍRICA- MENSAJE EXTREMO-FALSO TESTIMONIO-MICRO ABIERTO-MAILO-LOS CARRETERA Y MANTA-LOS CORSARIOS-LA VOZ DEL MIMO-FARMACOPEA-PACO NARVÁEZ-LUCÍA SOCAM.
LUGAR DEL ENCUENTRO: SALA AKASHA.

V JORNADAS: CICLO DE PONENCIAS:

3 de MAYO:

19,45 HORAS: PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS.

20 HORAS: “LA POLÍTICA DE MEMORIA HISTÓRICA EN LA JUNTA DE ANDALUCÍA”. Por D. JUAN GALLO. Comisario de Memoria Histórica de la Junta de Andalucía.
21 horas: MARIANO MORENO MATEO (MARCHENA, 1895-MÉXICO, 1971): UNA HISTORIA DE LA REPÚBLICA, LA GUERRA CIVIL Y EL EXILIO". Por D. LEANDRO ÁLVAREZ REY. Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla.
Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Marchena.

4 DE MAYO:

20 Horas: “ARTISTAS SEVILLANOS Y SU RELACIÓN CON LA MASONERÍA Y TEOSOFÍA” por TERESA LAFITA GORDILLO. Doctora en Historia del Arte e Investigadora de la Universidad de Sevilla.


21 HORAS: Taller de Memoria: PRESENTACIÓN DEL LIBRO: El olvido está lleno de Memoria por SEP “Manolo Reyes”.
Lugar: Salón de Plenos del Excmo. Ayuntamiento de Marchena.

Coordinador de las Jornadas: Javier Gavira Gil.
La organización expedirá certificados y entregará Actas a los asistentes de las IV Jornadas.
Entrada libre hasta completar aforo

Organiza:
Asociación Dignidad y Memoria. DIME
Colabora: Excmo. Ayuntamiento de Marchena (Comisión Municipal de Recuperación de la Memoria Histórica) Consejería de Justicia y Administración Pública



domingo, 28 de marzo de 2010

"El genocidio fascista español y la historia".



Por Pedro Luis Angosto (La República.es)

El 14 de abril de 1931, el pueblo español, sin un solo disparo, decidió sustituir la monarquía corrupta y felona de Alfonso XIII por una república democrática regida por la ley de las mayorías parlamentarias, la libertad y la aspiración al progreso y la justicia social. La familia real española abandonó el Palacio de Oriente escoltada y protegida por militantes de la Unión General de Trabajadores mientras, a escasos metros, se constituía, en medio de un fervor popular pocas veces visto, el Gobierno Provisional de la Segunda República Española.

La proclamación de la República no fue un hecho casual. Desde finales del siglo XIX, regeneracionistas, institucionistas y noventayochistas venían reclamando un cambio de régimen, de modos políticos, que sacara al país de la decadencia, del infortunio, de la opresión en que vivía desde el siglo XVII. La pérdida de Cuba y Filipinas no fue un desastre nacional, sino el revulsivo para hacer salir del anonimato a la España vital, una España que se oponía con todas sus fuerzas al derrotismo, a vivir de pretendidas glorias pasadas, de las lanzas herrumbrosas, a perpetuar el privilegio: “Cerrad con siete cadenas el sepulcro del Cid –diría Costa- y arrojar las llaves al mar”. Pero no fue solo Costa quien pedía el fin del régimen de la oligarquía, el caciquismo y el militarismo, un militarismo de analfabetos tan crueles como egoístas, en la misma trinchera estaban Pérez Galdós, Altamira, Unamuno, Ganivet, Picabea, Maragall, Corominas, Pompeu i Fabra, Domingo, Iglesias, Castelao, Hurtado, Calderón, los Giner de los Ríos, Posada, Ortega, De Buen, Clarín, “el extravagante ciudadano” –Primo de Rivera dixit- Valle Inclán, Simarro, Pittaluga, Machado, Vicenti, Castrovido y un sin fin de personalidades del mundo de la ciencia, las letras, las artes y la cultura española, a las que se añadiría la amplísima y joven generación del Veintisiete en pleno y la mayoría de un pueblo ahíto de justicia, instrucción pública y libertad, un pueblo sometido, escarnecido hasta lo indecible, humillado e iletrado por voluntad regia que pagaba con su sudor y su sangre las veleidades del régimen para defender sus propios intereses y los de la oligarquía dominante.

En medio de una crisis sin precedentes –nada tiene que ver, por grave que sea, la actual con aquella: Entonces reinaba el hambre-, la República española comenzó su obra, una obra que consistía en dar educación al pueblo y mejorar sus condiciones de vida, hecho este que, necesariamente, habría de chocar con los intereses seculares de la minoría que siempre había mandado en el país. Dos años y medio duró aquella aventura. Los militares africanistas, acostumbrados a matar y a enriquecerse en África sin que nadie controlase sus acciones, siempre en nombre de Dios y del Rey y de acuerdo con la plutocracia financiera, industrial y terrateniente, envueltos en el hedor del vino rancio, del pachulí, del incienso y los perfumes baratos de las casas de lenocinio, del papel moneda bañado en la sangre coagulada de indígenas de uno y otro lado del mar, comenzaron a conspirar desde el mismo día de vida del nuevo régimen, mostrando su indisciplina, altanería, hipocresía y deshonor en cuantas ocasiones pudieron: España era suya y no iba a serlo nunca de los españoles. No podemos negar las convulsiones, por otra parte menores a las de países de nuestro entorno como Francia o Alemania, que rodearon a la República debido a la crisis económica, a las ansias del pueblo por ver hechas realidad inmediata reformas que, indudablemente, necesitaban un tiempo y, sobre todo, a la refracción delictiva de los hombres del antiguo régimen. En cualquier caso, el 17 de julio de 1936, España gozaba de un régimen constitucional y tenía un gobierno legítimo que combatía por igual a los golpistas que a quienes, sin querer, colaboraban con ellos provocando desórdenes que por su mala organización no llevaban a ningún lado: Una democracia parlamentaria que basaba su poder en la fuerza de los votos, en la soberanía popular.

Durante todo el siglo XIX, los militares se habían acostumbrado a inmiscuirse en la política con las armas en la mano. Normalmente del lado liberal. Tres guerras carlistas perdieron los más reaccionarios y ganaron los llamados liberales ofreciendo de inmediato el perdón y la reposición en sus puestos a los “compañeros” derrotados. Luego vinieron las guerras coloniales, la pérdida de Cuba y Filipinas, la inmersión militar y mercantil en el “Avispero de Marruecos”, que diría Alfredo Vicenti, dando lugar a la aparición de una casta militar antigua, retrograda, endogámica, inmoral y sanguinaria que no estaba dispuesta bajo concepto alguno a aceptar la fuerza de la razón. Esa casta, financiada por la oligarquía y con el apoyo de las potencias nazi-fascistas, decidió iniciar la cuarta guerra carlista el 17 de julio de 1936, arremetiendo con mercenarios africanos contra la democracia española, provocando el periodo más triste, cruel y tiránico de nuestra historia: Los tres años de guerra y los cuarenta de posguerra. Muerto el líder de los africanistas, se inició en España un proceso transitivo que algunos llamaron modélico cuando sólo fue posibilista, proceso que consistía en edificar sobre el olvido de la felonía y del genocidio, una democracia amnésica. Bien, quizá en aquel tiempo –no olvidemos que estábamos inmersos de nuevo en una gravísima crisis económica-, no se pudo hacer de otra manera, pero el tiempo ha pasado, ya somos mayorcitos y tenemos derecho a saber la verdad, a dar a conocer la verdad, a reparar las injusticias y cerrar de una vez por todas las heridas abiertas por los salvajes que asaltaron al Estado democrático republicano con las armas que éste les había dado, incendiando España y llenándola de sangre, terror y odio.

Cualquiera que haya visitado un cementerio español, una iglesia española, ha podido ver las placas en las que figuran los “caídos por Dios y por España”, las tumbas de quienes fueron asesinados por turbas descontroladas totalmente ajenas y contrarias a un poder republicano que se había quedado sin su principal instrumento para imponer el orden: Los funcionarios armados sin honor que se sublevaron. Pero no sólo eso, somos muchos todavía los españoles que hemos vivido años, lustros, décadas de homenaje a quienes apoyaron los delitos más graves que se puedan cometer: el delito de lesa patria, el incumplimiento de los juramentos y promesas dadas, el exterminio ideológico, la imposición del terror a generaciones y generaciones de españoles, convertir en presidio a una nación entera, lobotomizar a sus ciudadanos para convertirlos en súbditos… Y todavía, cuando setenta años después, un juez decide abrir un proceso para liquidar ese periodo de ignominia, muchos tertulianos, muchos comentaristas políticos, muchos juristas se dedican a hablar del sexo de los ángeles, que si es jurídico, que si no tiene bases legales, que si también los republicanos cometieron gravísimos delitos, en fin, cosas de ignorantes complacientes que en su maledicencia comparan a quienes defendieron la democracia con quienes provocaron todas las carnicerías.

La Segunda República española no cometió ningún delito por ser República. Cualquier infracción legal cometida contra sus leyes democráticas, habría sido depurada en su seno más bien temprano que tarde, como ocurrió- recurramos al tópico- en Casas Viejas. Al rebelarse los africanistas, hicieron volar por los aires todos los mecanismos de la República para mantener el orden, apareciendo grupos de personas llenas de rencor que se tomaron la justicia por su mano; los sucesivos gobiernos republicanos se dejaron la piel y la vida para cortar la venganza, sometiendo a los tribunales, en cuanto les fue posible, a los criminales. Por su parte, Mola, Yagüe, Queipo y Franco, por citar a los más conocidos, establecieron un plan de exterminio –existen cientos de testimonios de ellos mismos en ese sentido- que requería la eliminación física del disidente. En palabras de Franco, que reproducía otras dichas por Mola y Queipo en el mismo sentido, la guerra no podía ser corta porque el país estaba infectado por una enfermedad terrible y precisaba una curación lenta y dolorosa que pasaba por eliminar del suelo patrio cualquier individuo u organización contagiada: El exterminio ideológico, y el terror que de él se deriva, fue el sistema metódicamente aplicado por los africanistas para “sanar” a un enfermo contaminado de ideas disolutas y extrañas como el liberalismo, el republicanismo, el parlamentarismo o el socialismo.

Y yo me pregunto, al margen de la decisión de Garzón que puede costarle, ante nuestro estupor, la expulsión de la carrera judicial, ¿puede vivir un país en paz sobre la sangre de miles de desaparecidos? ¿Puede una democracia llamarse de tal modo cuando tergiversa, tapa, oculta y hace escarnio de su propia historia? ¿No ha llegado el momento de que sepamos toda la verdad de la represión fascista, de que todo el mundo quede enterado de que el régimen franquista nació de la traición y el crimen organizado, de que el fascismo español ha sido uno de los regímenes más criminales de la historia de Europa, de que vivimos cuarenta años de ignominia que la democracia todavía no ha saldado? Creo que sí, es de justicia y la justicia nada tiene que ver con la venganza, sino con la verdad: Hace unos días han acabado los trabajos en una de las fosas de Málaga. Los estudios preliminares decían que allí yacían 2000 republicanos, la sorpresa ha sido mayúscula: 4700 fusilados y torturados de los que no se ha podido identificar ni siquiera a la mitad, cosas de la cal viva. Es la mayor fosa de sangre excavada en Europa. Quedan cientos, entre otras las de Valencia, dónde se calcula que hay más de veinte mil exterminados. No se puede vivir con el armario lleno de cadáveres, sin restituirles su honor, sin decir a viva voz y condenar a sus verdugos.
Esa es la misión de cualquier historiador honrado, esa la obligación de caulquier ciudadano que se tenga por tal.