“El verano que trajo un largo invierno. La represión político-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945)”

El verano que trajo un largo invierno. La represión político-social durante el primer franquismo en Cádiz (1936-1945). Alicia Domínguez Pérez

El verano que trajo un largo invierno, pretende mostrar el alcance que la cruenta represión político-social practicada por los sublevados tuvo en Cádiz, ciudad “nacional”; inexplicable en razón de la débil resistencia organizada que los defensores del orden republicano pudieron oponer a los golpistas y de la escasa “violencia revolucionaria” que se vivió en los momentos más virulentos del gobierno del Frente Popular. La autora defiende la tesis de que este despliegue de violencia en la localidad gaditana tuvo más una función preventiva que punitiva, tendente a hacer desistir a la población de cualquier intento de oponerse al restablecimiento del viejo orden que la Segunda República pretendió trastocar.

De este modo la represión franquista fue total en vida, bienes, cultura, pensamiento, ocupación laboral… y afectó directa e indirectamente a toda la sociedad gaditana –incluida la derecha moderada-, desvelando este trabajo cómo cualquiera que comulgara mínimamente con las ideas progresistas de laicismo, justicia social, educación o cultura fue sistemáticamente estigmatizado.

Muchos, los más destacados, pagaron con su vida y libertad la defensa de estas ideas, otros, los más anónimos que en algún momento mostraron tibieza a la hora de apoyar la sublevación, fueron investigados y castigados con defenestraciones laborales y apartamiento social. Así, la sensación de control fue tan intensa que los vencidos desde lo más profundo de su miedo y contra su propia dignidad acabaron enterrando a sus muertos y su memoria y sellando un pacto de silencio y olvido con tal de sobrevivir, pacto que duró más de cincuenta años.

Este libro pretende recuperar, en parte, la identidad y la memoria de estos procesados, investigados, depurados, asesinados y encarcelados, mostrando un universo de 13.485 gaditanos sobre los que recayó de algún modo el peso de la “injusticia franquista”, lo que viene a confirmar la idea de que la represión fue desorbitada, arbitraria, total e intencionadamente mantenida para evitar que los vencidos levantaran la cabeza y los que no lucharon desistieran de alzar la voz en un país roto.

Alicia Domínguez Pérez (Madrid, 1966) es doctora en Historia por la Universidad de Cádiz y Master en Conflictología por la Universidad Oberta de Catalunya. Su línea de investigación se ha centrado en el análisis de la violencia política y social de la dictadura franquista, circunscribiendo en ella su trabajo inédito “La Causa 259/45: un ejemplo de represión franquista durante la posguerra en el Campo de Gibraltar”. También es autora de “La superación de la guerra civil española. Una aproximación desde la perspectiva de la conflictología”, así como de otros estudios sobre la represión del contrabando durante el primer franquismo. Este es su primer libro publicado, resultado de su tesis doctoral.

¿Da usted su permiso, Sr. Obispo?

Publicado en KABILA (http://rafa-almazan.blogspot.com/)
Autor: Rafael Almazán


Ya se ha pronunciado la comisión de expertos sobre el Valle de los Caídos. Como era de prever, un dictamen blandito y de muy difícil cumplimiento. De una comisión de expertos nombrada por un gobierno pusilánime y flojo, miedoso de la derecha y supeditado a la Iglesia, no se podía esperar otra cosa. O sea, sin ninguna contundencia y con condiciones imposibles, ha sugerido que Franco sea exhumado. Eso sí, con permiso de la Iglesia y con amplio acuerdo parlamentario. O sea, que no.

Por cierto, en ese alarde de equidistancia inexistente, siguen diciendo que el cadáver de Primo de Rivera, el ideólogo de los rebeldes vencedores, se puede quedar, porque murió durante la guerra. Clara intención de igualar a traidores rebeldes con constitucionalistas republicanos, en su afán de pasar página y borrar la Memoria Histórica, de un plumazo.

Con lo cual queda demostrado que somos un Estado supeditado a la Iglesia, porque, ¿no es Patrimonio Nacional el Valle de los Caídos? ¿qué pinta la Iglesia en la decisión? ¿cuál es el motivo por el que la Iglesia tiene que estar de acuerdo? ¿qué hay detrás de esta prerrogativa? Si no fuera por lo serio del tema, sería para mondarse de risa, ¿dónde se ha visto que para tomar una decisión un Estado soberano, de un bien que es patrimonio nacional, tenga que pedir permiso a la Iglesia?

Lamentablemente tener que pedir permiso a los obispos no hace sino constatar lo lejos que estamos de un Estado laico, además de buscar una rotunda negativa al asunto. Y requerir un acuerdo amplio en el parlamento es dejar el asunto en la vía muerta. Es tratar de confundir, porque, ¿qué significa una mayoría amplia? ¿El 60%, dos tercios, tres quintos, el 80%?
No se debe olvidar que este monumento fue levantado para honor de los rebeldes vencedores, por muchos republicanos presos, que murieron en el intento y, que quedaron allí mal enterrados. Y que hasta hoy, y me temo que en un futuro, ha servido y servirá para celebrar una “Victoria” que supuso una de las dictaduras más férreas y duras del siglo XX. ¿Cómo se puede mantener, si no es para celebrar su gesta, al asesino junto a sus asesinados?

Pero, no nos preocupemos, “la prisa” que se ha dado el PSOE en este asunto, hace que sea el PP quien lo tiene que gestionar, que es lo mismo que decir que aquí no ha pasado nada. Al cajón el informe de la comisión y todo seguirá igual.

Lo del Valle de los Caídos, mientras gobierne el PP, está muerto, sobre todo con un PSOE que no tiene determinación y sí miedo, y que de forma cobarde se somete a la Iglesia, también en este tema.

El PP se olvidará voluntariamente, y todo seguirá igual. El 20-N volverán las celebraciones franquistas, las misas de réquiem en honor del genocida, y aquí paz y allí gloria.

El Valle de los Caídos, puesto que no se puede volar para que desaparezca la afrenta, debería reconvertirse en el Museo del Horror, al igual que ha sucedido con algunos campos de concentración nazi. Ese debería ser su uso. Un uso que mostrara la crueldad del franquismo y que sirviera de ejemplo de lo que no puede volver a pasar. Lo demás, parches que pretenden rectificar la historia y la Memoria Histórica, y que igualan a tirios y troyanos, o sea a asesinos y torturadores con los defensores del orden constitucional.

Carta abierta a los Grupos Parlamentarios y al nuevo Gobierno

Federación Estatal de Foros por la Memoria 26 Noviembre 2011

Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo

Carta abierta a los grupos parlamentarios y al nuevo gobierno salidos de las urnas el día 20 de noviembre de 2011. Verdad, Justicia y Reparación para las víctimas del franquismo.


Estimados señores:

La Federación Estatal de Foros por la Memoria es una organización de carácter social, cultural y político, nacida en el seno de la sociedad civil, para atender a los supervivientes y a las familias de los represaliados, investigar y divulgar de forma rigurosa la historia de la lucha contra el franquismo y de sus protagonistas, recuperar y difundir los valores y pensamientos de estas personas y denunciar su situación, con el objetivo de que se haga justicia, recuperando, al mismo tiempo, referentes para luchar por los derechos humanos, la libertad y la justicia social, articulando y organizando a la sociedad civil alrededor de los valores que se intentan recuperar.

Somos una organización soberana e independiente de cualquier organización política o institución pero no por ello dejamos de ser una organización con profundas convicciones democráticas y antifascistas. Al igual que recuperamos la memoria de los hombres y mujeres que defendieron la democracia republicana frente al fascismo, intentamos forjar la unidad de los demócratas en la lucha por recuperar su memoria y sus ideas. Representamos la continuación de la lucha contra el franquismo sustituyendo el fusil y la bayoneta por los picos y las palas, la cámara de video, las charlas divulgativas, la denuncia, la atención a las familias, los libros, las exposiciones, las propuestas legislativas y un largo etcétera de instrumentos pacíficos de lucha, con el ánimo de lograr la superación del franquismo sociológico que aún pervive para hacer avanzar la democracia hacía mayores cotas de libertad y justicia social.

Al objeto de que los parlamentarios electos el 20 de noviembre de 2011 y el nuevo gobierno, tengan en cuenta la importancia que, para la defensa de la democracia, tiene la memoria democrática y, sobre todo, la aplicación del derecho penal internacional para los graves crímenes contra la humanidad perpetrados por los autores del golpe de estado de 18 de julio de 1936 contra los defensores del régimen democrático de la II República Española, y que, posteriormente, ejercieron una cruel dictadura contra el Pueblo Español, como ciudadanos que desean convivir en una democracia plena, les pedimos que aprueben decretos y presenten iniciativas legislativas conforme exigen las leyes penales internacionales, a las que el Estado Español está obligado y, para ello, le recordamos los siguientes extremos:

1. Pasados más de 30 años desde la muerte del dictador Francisco Franco, nos encontramos con que en nuestro país aún no se ha hecho justicia. La transición supuso la llegada de un régimen parlamentario asentado sobre la injusticia, con una Ley de Amnistía, en 1977, que suponía la impunidad de los crímenes del franquismo y un profundo olvido de lo que representaron el régimen democrático de la II República y la larga lucha contra la dictadura, así como de los hombres y mujeres que protagonizaron e impulsaron estas experiencias y que por ello fueron perseguidos, torturados, encarcelados, exiliados, asesinados, expulsados de su puesto de trabajo y sus bienes y los de sus familias incautados. Al no existir el delito político en el Derecho Internacional, los presos políticos que había en aquellos momentos deberían haber sido puestos en libertad sin más, y haberse investigado y perseguido los crímenes del franquismo al igual que se ha hecho con otras dictaduras cuando ha llegado su final. Esa ley lo que amnistiaba realmente, por tanto, eran los crímenes contra la humanidad perpetrados por el Estado Franquista. De hecho, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha recomendado en varias ocasiones al Gobierno Español que revoque la citada Ley al considerarla una ley de punto final desde el punto de vista del Derecho Penal Internacional sin que se haya oído una sola voz en este sentido desde los distintos poderes del estado.

2. Entre el año 1946 y 1948, las Naciones Unidas condenaron al régimen franquista en numerosas resoluciones declarando que: “En sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a, la ayuda recibida de la Alemania Nazi de Hitler y la Italia Fascista de Mussolini.” Por eso, debe entenderse que los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen franquista deben recibir el mismo tratamiento que los crímenes contra la humanidad perpetrados por el nazismo y es de aplicación la legislación y la jurisprudencia emanada de los juicios de Nüremberg. Está claramente probado por la comunidad académica, y en numerosos documentos, que la represión ejercida por los golpistas de 18 de julio de 1936 fue planificada de antemano, dirigida de forma jerárquica y ejercida de forma organizada y sistemática, por lo que, claramente, estamos ante crímenes contra la humanidad -que no prescriben- y no ante asesinatos –que sí prescriben-, como se quiere hacer creer a la sociedad española y esgrimen la mayor parte de los jueces en los autos de archivo de las denuncias presentadas por las familias.

3. El régimen franquista fue ilegal al imponerse a través de un golpe de estado militar contra un régimen democrático y la represión y exterminio masivo planificado de sus defensores, represión que se extendió en el tiempo incluso más allá de la muerte del dictador. Como consecuencia de ello, todos sus actos jurídicos deben ser considerados ilegales, al estar asentado sobre la ilegalidad más absoluta. Por eso, debe declararse la nulidad de todos los actos jurídicos del franquismo, incluidos todos los procedimientos sumariales (militares y civiles) y administrativos (depuraciones e incautaciones de bienes) instruidos por este régimen contra sus opositores políticos.

4. La legislación internacional de derechos humanos recoge el derecho a saber de las familias y de las sociedades, el derecho a la justicia –y la obligación del Estado a impartirla-, la reparación moral y económica y el respeto a las ideas de los fallecidos. En esta línea debe entenderse que la justicia no es una petición de gracia hacia el Estado, sino una exigencia para garantizar que el Estado Español respeta los derechos humanos y lucha contra la impunidad. Asimismo el respeto a las ideas de las víctimas implica el uso de rituales y elementos políticos (banderas, himnos, etc.) propios de las ideas que defendían y por las que murieron, aunque éstas sean distintas de las fuerzas políticas que gestionen las instituciones democráticas en cada momento y las de sus familiares en la actualidad. Esta es una cuestión fundamental en la reparación moral y más, cuando todas estas personas defendían el régimen democrático existente en aquellos momentos.

5. Los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen franquista nunca fueron perseguidos y los criminales gozan de impunidad. Teniendo en cuenta que el régimen duró hasta 1977, muchos criminales franquistas aún tienen edad suficiente para ser procesados, por lo que, al igual que la Justicia española persigue crímenes contra la humanidad en otros lugares del mundo, debe hacer lo mismo con los criminales del franquismo. Hay que tener en cuenta que se ha perseguido a criminales contra la humanidad por hechos realizados en otros países en épocas en las que todavía existía la dictadura franquista. El caso de Pinochet es buen ejemplo de ello ya que su dictadura coincide en varios años con la dictadura franquista, entre 1973 y 1977.

6. Pero la impunidad no se sustancia sólo en cuestiones jurídicas. El territorio español está lleno de monumentos y calles que hacen apología del franquismo. Erigir un monumento o dar nombre a una calle significa un reconocimiento, por lo que tener centenares de monumentos y calles dedicados al franquismo y a los defensores de su régimen es una garantía para los criminales futuros de que no serán condenados ni siquiera por la Historia. En este sentido debemos indicar que la Ley 52/2007 es demasiado ambigua y poco contundente, ya que no sólo no se está aplicando, sino que hace apología del golpismo y del terrorismo de estado al igualar la simbología democrática del régimen republicano a la de los partidarios del golpe de estado y la dictadura de carácter fascista que se estableció en España a lo largo de cuatro décadas. El Valle de Los Caídos, en Cuelgamuros es el paradigma de esta situación. No existe, en toda Europa, un lugar igual de exaltación del fascismo -en este caso del nacional-catolicismo, ideología del fascismo español- que se ha transformado en lugar de peregrinación de grupos fascistas y nazis de todo el mundo. Su desacralización y transformación en memorial democrático, tal como se ha hecho con lugares similares en otras partes de Europa, es una necesidad básica para transformarlo en un instrumento de fortalecimiento democrático.

7. Tampoco se ha realizado una revisión de los libros de texto de Primaria y Secundaria para que los estudiantes españoles conozcan la verdad de los hechos, ni muchas instituciones han asumido los cambios democráticos en su funcionamiento. Las dificultades de investigación en juzgados, archivos militares y de fuerzas de orden público son la tónica general, al incumplir estas instituciones con la propia legislación española, dependiendo siempre los investigadores de la buena voluntad del responsable del archivo correspondiente.

8. Aún queda mucho para conocer el alcance de la represión franquista, tenemos conocimiento de que existen miles de personas desaparecidas en fosas comunes repartidas por todo el territorio español. Estas personas fueron asesinadas y su asesinato no está demostrado. Se hace necesaria la investigación y exhumación de sus restos para hacerlo. Estos asesinatos deben ser investigados de oficio por los tribunales españoles, por eso, un objetivo primordial, cuando nuestra organización realiza exhumaciones, es denunciar públicamente esta situación y exigir que sea el Estado de Derecho el que las asuma a través de los tribunales de Justicia. Ningún tribunal español ha investigado estos crímenes y mucho menos ha juzgado a los culpables. Queremos recordar que existen protocolos de Naciones Unidas específicos para la exhumación de fosas comunes que deben aplicar los jueces. El protocolo de exhumaciones recientemente aprobado por el Gobierno transforma lo que debería ser una cuestión jurídica en una cuestión administrativa. Esto va en contra de todos los tratados internacionales suscritos por el Estado Español que incumple con sus obligaciones.

9. La devolución de bienes incautados, de las multas derivadas de las leyes represivas y las indemnizaciones por el uso de los presos políticos como mano de obra esclava forma parte la exigencia de justicia integral a la que está obligado el Estado.

10. Se hace necesario un reconocimiento del papel jugado por miles de demócratas españoles en la lucha contra las fuerzas del Eje en diversos escenarios de la II Guerra Mundial, así como de los demócratas exterminados en los campos de concentración nazis.

11. La lucha armada contra la tiranía es un principio reconocido en diversas constituciones de estados democráticos. De hecho, en la actualidad, el propio estado español ha mandado fuerzas expedicionarias de combate a países gobernados por supuestos dictadores. Sin embargo, se sigue calificando de terrorismo las acciones armadas de diversos grupos de la oposición democrática, desde el golpe de estado de 18 de julio hasta el final de la dictadura en 1977. Todas estas personas deben ser reconocidas como luchadores por las libertades democráticas y más, teniendo en cuenta que, muchos de ellos, murieron en esa larga lucha, bien combatiendo a las fuerzas armadas de la dictadura y sus grupos paramilitares o ejecutados tras ser condenados por tribunales ilegales.

12. Numerosas empresas y particulares se beneficiaron de su apoyo a la dictadura, haciéndose cómplices de la misma y de sus crímenes. El apoyo de diversas personas y grupos económicos al golpe de estado debe ser investigado y, al igual que en otros países de nuestro entorno, proceder a indemnizar a las víctimas o sus familiares.

13. La Ley 52/2007 no sólo no ha solucionado el grave déficit que en materia de políticas de Memoria y de aplicación de la legislación penal internacional, sino que, además, ha transformado una cuestión jurídica, al tratarse de crímenes contra la humanidad que no prescriben, en una cuestión administrativa. Por lo que sería deseable su anulación y una apuesta clara por parte del Parlamento y del Gobierno para exigir al poder judicial la aplicación de la legislación penal internacional a la que como estado democrático estamos obligados.

14. El golpe de estado de 18 de julio de 1936 contra un gobierno democrático legalmente constituido fue apoyado por diversos estados gobernados por dictaduras de carácter fascista (Alemania, Italia, Portugal) y por diversas empresas de las llamadas democracias occidentales (General Motors, Texas Oil Co., entre otras). Por eso, debe hacerse una investigación rigurosa al respecto y exigir las indemnizaciones pertinentes a esos estados y empresas.

15. El enorme número de huérfanos que provocó el asesinato masivo de demócratas por parte de los golpistas, provocó la creación de redes de adopción ilegales que se extendieron hasta bien entrado el régimen monárquico parlamentario existente en estos momentos. Es obligación del estado investigar el tráfico de niños derivado de esta situación, poniendo en contacto nuevamente a los familiares separados y juzgando a los culpables.

Esperando que el nuevo parlamento y el nuevo gobierno tengan en cuenta todas estas cuestiones y, de una vez por todas, nuestra democracia se asiente sobre referentes históricos democráticos como fue la II República y avance en la aplicación del Derecho Penal Internacional como instrumento de fortalecimiento de la democracia actual, aprovechamos la ocasión para informarles que, en caso de que los tres poderes del estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial, sigan sin cumplir sus obligaciones de garantizar la justicia para todas y todos aquellos que fueron represaliados por defender la democracia frente a la dictadura, esta organización seguirá actuando en la sociedad civil para denunciar esta injusta situación, luchando con todos los instrumentos pacíficos a su alcance, incluida la desobediencia civil en caso necesario, tal como lleva haciendo casi una década.

¡Rebélate!

Verdad, Justicia y Reparación

o Memoria enterrada en Fosas

Porque, Sin Memoria no hay dignidad


El 20 N, ¡Tú eliges!

El General Varela se queda sin placa en Córdoba

En nuestra ciudad el genocida sigue presidiendo la plaza del ayuntamiento y continúa ostentando el título de hijo predilecto

elPlural.com

La llamada ley de la memoria histórica impide la exhibición de todo tipo de monumentos, placas o similares que tengan como finalidad la exaltación del bando nacional de la Guerra Civil. Diversas entidades públicas y privadas han realizado, desde que la norma entró en vigor, obras para eliminar símbolos de estas características.

El dos veces laureado general José Enrique Varela e Iglesias se quedó sin placa en la retirada de uno de los últimos símbolos relacionados con la dictadura franquista que quedaban en la vía pública tras haberse tapado recientemente el águila del antiguo Rectorado.

Participó en el golpe de estado de los generales contra la República

Según informa “El Día de Córdoba”, el militar, que participó en el golpe de estado de los generales contra la República española, ya no tiene ese recuerdo que ocupaba la fachada de la casa en la que residió, llamada de los Guzmanes, y ubicada en la calle de San Pablo.

Máxima autoridad castrense

El texto de la placa no dejaba lugar a dudas de la intención: se le agradecía “su vigilante defensa de la ciudad amenazada por el enemigo en septiembre de 1936?. El militar fue responsable del avance de las tropas rebeldes hacia el centro de la península, lo que lo convirtió en máxima autoridad castrense de la ciudad. Diversos libros han acreditado el duro grado de represión que se ejerció contra la población civil en Córdoba como consecuencia de aquellos días.

Fue ministro de Franco

A lo largo de la contienda, Varela participaría en episodios como el asedio del Alcázar de Toledo. Fue ministro de Franco hasta los años 40 cuando decidió dimitir por diferencias políticas y tras un atentado. Varela, fallecido en 1951, fue uno de los militares que aparecían en el famoso sumario instruido por Baltasar Garzón en el que se pretendía investigar el alcance de la represión franquista.

Ley de la memoria histórica

La llamada ley de la memoria histórica impide la exhibición de todo tipo de monumentos, placas o similares que tengan como finalidad la exaltación del bando nacional de la Guerra Civil. Diversas entidades públicas y privadas han realizado, desde que la norma entró en vigor, obras para eliminar símbolos de estas características. En este caso, el Consistorio instó en su momento a la propiedad a que se retirara la placa. En otros, se efectuó de oficio. La Subdelegación decidió retirar cualquier símbolo alusivo a la Guerra Civil de la cruz de los caídos que se encuentra en Vallellano.

Símbolos retirados

La placa conmemorativa dedicada al general Varela en la Casa de los Guzmanes, sita en la calle Realejo, ha sido retirada sobre las 9:00 horas de esta misma mañana por operarios contratados por la propiedad del inmueble. La placa, cuya exhibición contravenía la Ley de Memoria Histórica 52/2007, de 26 de diciembre, se une así a otros símbolos franquistas recientemente retirados u ocultados como son el escudo de la sede central de Correos en Cruz Conde o el que coronaba la entrada del Edificio López de Alba, antiguo Rectorado de la Universidad, así como las inscripciones de la Cruz de los Caídos existente frente a la Subdelegación del Gobierno.

Un hotel de lujo

La placa, de cuyo emplazamiento ilegal habían sido advertidos por el Ayuntamiento los propietarios del inmueble, ostentaba la leyenda “En esta casa vivió el general, dos veces laureado, José Enrique Varela e Iglesias, en los días de su mando militar en Córdoba y su vigilante defensa de la ciudad amenazada por el enemigo en septiembre de 1936?. La Casa de los Guzmanes, propiedad que fue de la condesa de Hornachuelos, fue habilitada por el Ayuntamiento para alojar a Varela cuando se hizo cargo de la plaza como Gobernador Militar, en los primeros meses del inicio de la Guerra Civil. Según fuentes consultadas, el inmueble podría pasar a convertirse en hotel de lujo próximamente.

El general Enrique Varela

El general Enrique Varela Iglesias (San Fernando, Cádiz, 17 de abril de 1891 – Tánger, Marruecos, 24 de marzo de 1951), tras sublevarse contra la República el 18 de julio en África, pasó a la ciudad de Cádiz, desde donde prosiguió las operaciones militares de sometimiento y represión en Sevilla, Córdoba, Antequera y Málaga, en un primer momento, tras de lo que continuó la campaña avanzando por Extremadura hasta Madrid. Finalizó la guerra civil como general de división y fue nombrado ministro del Ejército en el primer gobierno de la dictadura del general Francisco Franco.

El caso de los 'niños robados' irá al Comité de DDHH de la ONU

Víctimas del franquismo llevan la actuación del Ministerio del Interior español al Comité Internacional de Derechos Humanos por omitir su deber de búsqueda de los niños desaparecidos.

nuevatribuna.es

La víctimas del franquismo van a acudir al Comité Internacional de Derechos Humanos (DDHH) de la ONU para denunciar la actitud mantenida por el Gobierno y, más concretamente, por el Ministerio del Interior con respecto a los niños desaparecidos durante la dictadura.

Cumplidos ya 3 años este mes de septiembre desde el inicio de las actuaciones de la Audiencia Nacional, en septiembre de 2008, todavía no se ha procedido a medidas efectivas de búsqueda de los niños víctimas de desapariciones forzadas ni de los desaparecidos de las fosas por parte del Estado Español.

En este sentido los artículos 1 y 5.2.b del Protocolo Adicional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que regula el procedimiento ante el Comité de Derechos Humanos establece que no será preciso el agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna “cuando la tramitación se prolongue injustificadamente”, como forma de denegación de justicia para las víctimas.

Así lo confirma Miguel Ángel Rodríguez Arias, experto en Derecho penal internacional que es autor de las primeras investigaciones jurídicas en España sobre las desapariciones del franquismo y autor del libro “El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad” que dió lugar a la apertura de actuaciones por parte de la Audiencia Nacional.

Para el mismo la responsabilidad del Gobierno de España está en primer plano en un doble sentido: “Tenemos un Fiscal General del Estado, nombrado por el Gobierno y jerárquicamente sujeto a éste, que ha negado sistemáticamente la calificación de lesa humanidad, imprescriptible, de desapariciones forzadas sistemáticas y masivas de adultos y niños y que nos dice después que esos supuestos delitos ordinarios han prescrito”.

“Y de otro lado el Ministerio del Interior ha omitido su deber de buscar a esos niños desaparecidos creando las unidades especiales de investigación que resulten precisas como prevé el artículo 30 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y a diferencia de como sí que hizo el Gobierno de argentino con la aprobación del Decreto 715/2004 para el caso de los varios cientos de niños desaparecidos en Argentina cuando en el caso español se estiman cifras mucho más graves que podrían alcanzar los varios miles”.

En cambio el artículo 5 de la Convención de Naciones Unidas para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, define con toda claridad que: “La práctica generalizada o sistemática de la desaparición forzada constituye un crimen de lesa humanidad tal como está definido en el derecho internacional aplicable y entraña las consecuencias previstas por el derecho internacional aplicable”.

Y respecto la actuación debida de los Ministros al frente de las fuerzas policiales de los Gobiernos el Consejo de Europa dejó claro además, desde 2005, que hay una gravísima responsabilidad por parte de los Gobiernos y sus ministros competentes cuando no se toman medidas efectivas para investigar:

“10.3.8. El incumplimiento del deber de investigar efectivamente toda presunta desaparición forzada debe constituir un crimen independiente conminado con una pena adecuada. El ministro y/o el jefe de departamento responsable de las investigaciones deben ser hechos responsables bajo la ley penal por dicho incumplimiento”.

(Resolución 1463 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 3 de octubre de 2005 sobre la cuestión de las desapariciones forzadas)

Al tiempo que el artículo 3 de la citada Convención de Naciones Unidas recoge que “Los Estados Partes tomarán las medidas apropiadas para investigar”, y en ningún caso permite encomendar la búsqueda a las familias” y el artículo 12.1 señala que “ante toda persona que alegue que alguien ha sido sometido a desaparición forzada tenga derecho a denunciar los hechos ante las autoridades competentes, quienes examinarán rápida e imparcialmente la denuncia y, en su caso, procederán sin demora a realizar una investigación exhaustiva e imparcial”; añadiendo todavía el artículo 12.2 que “2. Siempre que haya motivos razonables para creer que una persona ha sido sometida a desaparición forzada, las autoridades a las que hace referencia el párrafo 1 iniciarán una investigación, aun cuando no se haya presentado ninguna denuncia formal”; todo lo cual ha llevado también a la inclusión de la violación del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles por “discriminación” por parte del Gobierno español a la hora de venir dándose contra este colectivo concreto una sistemática omisión del normal cumplimiento de los deberes de Estado más fundamentales.

Así, en concreto, las alegaciones alcanzan a veinte preceptos fundamentales distintos como son: los artículos 2, 6, 7, 14, 17, 23 y 24.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; los artículos 2, 3, 8 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos; y los artículos 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 24 y 25 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.
Y se refieren igualmente a la vulneración de los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobados por la Asamblea general de naciones Unidas por Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005 y el Conjunto de Principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad aprobado por la Comisión de Derechos Humanos de naciones Unidas el 8 de febrero de 2005, en su 61 periodo de sesiones.

“Con tales actuaciones se incurre en dos esferas distintas de graves violaciones de los derechos humanos: los niños desaparecidos tienen derecho a conocer su verdadera identidad como parte de su derecho fundamental al desarrollo de su personalidad y a su libertad personal, y, por supuesto, tienen derecho a conocer a su familia biológica de la que fueron secuestrados por motivos políticos o de trata de personas”

“Pero de otro lado están también los derechos humanos de los familiares que les llevan buscando años y años, siempre solos, y que tienen reconocido el derecho a conocer el paradero y destino, vivos o muertos, de sus desaparecidos, y tienen derecho a que ese sufrimiento inhumano cese y a poder ejercer con normalidad su derecho humano a la vida familiar”.

“Es absolutamente escandaloso. Nuestro Gobierno no ha podido violar gravemente más derechos de las víctimas en materia de desapariciones forzadas, simplemente porque no existen” concluye el jurista.

La ONU pide a España que aclare “dónde y quienes están en las fosas comunes”

“El Estado español debería aclarar dónde están las fosas comunes de la Guerra Civil y la represión franquista y quiénes son las personas que están en esas fosas”, dijo Jeremy Sarkin, presidente del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, en la víspera de la conmemoración del Día Internacional de la Víctimas de Desapariciones Forzadas, que este año se celebraba por primera vez bajo el paraguas de la ONU.

Sarkin declaró que las desapariciones “son una violación continúa de los derechos humanos” y subrayó que, de acuerdo con la doctrina internacional, aquellas que “siguen sin resolverse tienen la consideración de delitos que todavía se están cometiendo”.

Sarkin destacó que “las familias de los desaparecidos tienen derecho a conocer la verdad, aunque las desapariciones ocurrieran hace más de 70 años, porque el derecho a la verdad es crucial”. “Es necesario estar al servicio de estas familias, sin olvidar la importancia de la reconciliación”, agregó.

Según la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, son 113.000 las personas que siguen en fosas comunes sin ser identificadas.

La ARMH denunció “el abandono que sufren por parte del Gobierno español los familiares de los desaparecidos como consecuencia de la represión franquista” y subrayó que la desaparición forzada “es el delito más grave que existe en el Derecho Penal”.

75 años después quieren mantenerlos en las fosas y en las cunetas.

Un alcalde del PP destroza una tumba con restos de represaliados.

Público, - 3 Agosto 2011

El primer edil de Poyales del Hoyo (PP) trasladó los huesos de 10 víctimas sin avisar a las familias.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) denunció ayer que el alcalde de Poyales del Hoyo (Ávila), Antonio Cerro, del PP, acudió el pasado domingo junto con un guardia civil y un juez de paz al cementerio de la localidad para exhumar los restos de 10 víctimas de la represión franquista que habían sido trasladados allí en 2002 por sus descendientes para poder homenajearles. Los huesos, que reposaban bajo una lápida de mármol con una paloma de la paz, fueron arrojados a la fosa común del cementerio.

Los restos de las diez víctimas, entre las que hay cuatro mujeres, fueron llevados por los arqueólogos de la ARMH en 2002 y en 2010 desde dos fosas comunes de Candeleda (Ávila), tras la localización de las fosas donde habían sido fusilados. El Ayuntamiento les otorgó en 2002 un permiso de uso de ese espacio durante un periodo de 10 años. Sin embargo, el actual alcalde del PP decidió por las bravas acabar con el homenaje sin avisar a las familias, según la denuncia.

Las primeras víctimas trasladadas en 2002 al cementerio fueron tres mujeres de 26 43 y 53 años que fueron fusiladas por un grupo de falangistas en diciembre de 1936. Eran, de mayor a menor, Virtudes Punte, Pilar Espinosa y Valeriana Granada. Los otros siete enterrados en Poyales del Hoyo también están identificados.

La familia de una de las víctimas había manifestado su intención de trasladas los restos a otro cementerio junto con el resto de la familia. El alcalde usó esta excusa para desmantelar el homenaje. La ARMH estudia el método seguido por el alcalde y exige al PP que tome medidas por “la falta de humanidad” de su afiliado con las víctimas de la violencia.

PSOE y PP hacen pinza contra la memoria histórica

PSOE y PP suman sus votos para echar por tierra la resolución sobre memoria histórica que pedía declarar "nulas de pleno derecho" las sentencias franquistas contra los demócratas

Publicado en: Tercera Información

PSOE y PP han sumado sus votos ayer en el Pleno del Congreso para rechazar la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario de ERC-IU-ICV para el cumplimiento y desarrollo de la ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. Los socialistas y la derecha parlamentaria –también han votado en contra los nacionalistas de CiU y PNV- han echado por tierra, entre otras cuestiones importantes, la posibilidad de que la Cámara Baja instara al Gobierno a declarar “nulas de pleno derecho, por la ilegitimidad de los tribunales, por vicios de forma y de fondo, y por la ilegitimidad de las normas aplicadas, las sentencias y resoluciones judiciales o administrativas dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia” por los tribunales u órganos penales de la dictadura contra quienes defendieron la legalidad institucional de la República.

La iniciativa pretendía también que el Ejecutivo elaborara “un censo de edificaciones y obras realizadas mediante trabajos forzosos por miembros de batallones disciplinarios de soldados trabajadores, prisioneros de campos de concentración, batallones de trabajadores y prisioneros en Colonias Penitenciarias Militarizadas”.

ERC-IU-ICV solicitaban al Gobierno que fomentara la conservación de la memoria democrática y, en este sentido, pedían que se garantizara “la responsabilidad pública e institucional en las labores de localización, exhumación e identificación de las fosas o enterramientos de víctimas del franquismo”.

La nueva alianza del PSOE con el PP para impedir que se avance en la Ley de memoria Histórica ha impedido también posibilitar que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero tenga que modificar las normas precisas para que puedan ser beneficiarias de las indemnizaciones las víctimas de la dictadura, los familiares directos de todos cuantos fueron condenados a muerte en consejo de guerra y ejecutados entre el 1 de enero de 1968 y la Ley de Amnistía de 6 de octubre de 1977 por actividades de oposición al régimen.

La iniciativa rechazada reclamaba también un “informe sobre las víctimas que hayan padecido violencia política en los años de la Transición con la finalidad de que sean consideradas beneficiarias de las indemnizaciones que pueda otorgar la futura ley de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

La Isla registra casi un centenar de posibles casos de bebés robados

José F. Cabeza/Información-San Fernando

La isleña Chari Herrera saltó a la luz pública hace un par de años al denunciar el posible caso del robo de una hermana suya recién nacida en el 1975, cuando su madre dio a luz en San Rafael, aunque atendida por persona sanitario de lo que antes se llamaba Zamacola (hoy día Puerta del Mar).

Han pasado los meses y hoy día es la portavoz en la provincia de Cádiz de la recién constituida asociación SOS Bebés Robados, donde se trabaja en pro de guiar a aquellas familias gaditanas que podrían tener la sospecha de que sus bebés les fueron robados de la unidad familiar nada más nacer.

Hasta el momento, Herrera tiene conocimiento de que en la provincia de Cádiz se han detectado en torno a 300 casos de posibles robos de niños recién nacidos, llevándose la palma de largo San Fernando con una cifra que ronda el centenar de ellos. Eso sí, reseñar que de esos 300 sólo en torno a 80 han sido denunciados ante la Fiscalía, un “paso clave”, según la portavoz de la entidad, para que realmente las familias puedan esclarecer los hechos.

De hecho, en el caso de Chari Herrera denunció su situación con otras tres familias más ante la Fiscalía de Cádiz en julio de 2010, ésta derivó a la Policía en diciembre de 2010 para que iniciara las diligencias que considerase oportunas y, tras seis meses, la investigación ya ha concluido. Ahora la pelota está en el tejado de la fiscal jefe de Cádiz, que es la que debe de determinar si hay indicios de delito, o bien se archivan las denuncias presentadas.

De distintos periodos

Según los datos que manejan en la asociación SOS Bebés Robados, en el caso de San Fernando, la posible desaparición de los niños se produjo en distintas periodos de tiempo, comenzándose a detectar los primeros casos en el año 1954 y alcanzando prácticamente hasta mediados de los años 80.

Herrera afirma que son aún muchas las familias que no se atreven a dar el paso y denunciar el caso ante la Fiscalía. En este sentido, y a modo de guía de orientación, señala que todas aquellas familias que entiendan que les ha podido pasar una situación similar a la vivida por ella deben de hacer recopilación de documentación en el Registro Civil, el cementerio donde presumiblemente el bebé está enterrado y en el hospital donde se llevó a cabo el alumbramiento.

En el Registro Civil es quizás donde puedan encontrar más problemas, puesto que si el fallecimiento del feto se produjo antes de 24 horas deben de pedir un legajo de aborto, y si se superó esas 24 horas hay que solicitar un legajo de nacimiento y defunción, además de la partida de nacimiento y defunción. En el hospital lo que hay que reclamar es un certificado del parto y en el cementerio del enterramiento.

Una vez que se tenga recabada toda esa información es cuando hay que dar el siguiente paso y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. De todas modos, Chari Herrera ofrece un sitio de encuentro a través del dominio de la web cadiz@sosbebesrobados.es, así como les invita a una reunión que tendrá lugar el próximo 30 de junio en Jerez de la Frontera, donde se dará asesoramiento personalizado a todos los interesados.

Cuando tenía 15 años

Chari es hoy una mujer casada y con hijos, pero recuerda que la curiosidad por saber si su hermana estaba viva se inició cuando cumplió 15 años y se disponía a salir a la calle con sus amigas. Fue entonces cuando su padre le comentó que “si ves a una niña por ahí, pregúntale si tiene un antojo en el muslo, que puede ser tu hermana”. Hasta entonces, ella desconocía que su madre en el año 1975 dio a luz a una hermana mayor que ella y que, “supuestamente”, había fallecido a la madrugada siguiente de nacer.

Desde entonces, le fue dando vueltas hasta que en 2009 se decidió por dar el paso adelante y averiguar si esa historia que le contó su padre era cierta y si, realmente, existía la posibilidad de que su hermana seguía viva.
Recuerda que su madre le contó que en aquel año de 1975 se fue a dar a luz junto a su padre a San Rafael, aunque fue atendida por personal de la antigua Zamacola. “La niña llevaba la cabeza casi fuera”, afirma Chari, quien narra que posteriormente a su madre se la llevaron a la quinta planta y allí les estaba esperando una enfermera, desalojando además de la habitación al hombre que hasta entonces en ella estaba.

Nació la niña y su padre comprobó de primera mano que estaba en perfecto estado de salud, Luego, cuando le tocó el turno a su madre de visitarle sólo le dejaron media hora, cuando lo habitual es que esté con ella entre tres y cuatro. Constantemente dos enfermeras se llevaban de manera alterna a la niña, según Chari, porque les decían que “llamaba la atención por el antojo que tenía en el muslo” y “la querían enseñar a todo el mundo por lo bonita que era”.

Esa misma madrugada, con la niña ya en el nido, despertaron a su madre y le dijeron que ha fallecido por un fallo en el corazón. Poco después su padre, al que mandaron a su casa a dormir, apareció en el hospital y le comunicaron la noticia. Él pidió verla y le llevaron al depósito de cadáveres y le enseñaron un cuerpo pequeño envuelto, pero no le dejaron verle la cara alegando que eso no estaba permitido.

“Mi padre, que sabía escribir lo justo, firmó todo lo que le pusieron por delante”, señala Chari, quien añade que tres días más tarde su madre salió del hospital y ni siquiera la volvieron a llamar para decirle cuándo enterraban a la pequeña. Fue entonces cuando Chari Herrera comenzó a remover en el año 2009 cielo y tierra para buscar un halo de esperanza sobre su hermana y, por el camino, se ha encontrado con muchas incógnitas por resolver.

40 niños en un mes y una muerte con muchas dudas

En los dos años que Chari Herrera lleva volcada en esclarecer qué sucedió exactamente con su hermana en aquel año de 1975 ha hecho un master en investigación privada, y ha recopilado datos muy confusos que han provocado en ella que sus sospechas sobre la posibilidad que su hermana siga viva vayan creciendo.

El primer documento que logró rescatar fue en el Registro Civil con el legajo de aborto (cuando el bebé tiene menos de 24 horas). En el, que aparece firmado por su padre, se recoge que la niña falleció con siete meses y que la causa de la muerte fue por prematuridad. Algo cuando menos extraño, puesto que su padre la asegura que su hermana nació con los nueve meses cumplidos y que además él la tuvo en sus brazos.

El segundo, y quizás más llamativo, es el que consigue del Cementerio de San José de Cádiz, donde presumiblemente está enterrada la niña. En él se dice que hay 35 fetos en la misma sepultura y que en el caso de su hermana que la muerte se produjo por macerado, es decir, dentro de la barriga de la madre.

Además, posee un extracto de ese mismo cementerio en el que se observa que en el período comprendido entre el 1 de enero y el 10 de febrero de 1975 se produjo el entierro de 38 niños recién nacidos, la gran mayoría de ellos procedentes de Zamacola. “Es una media muy alta me parece”, señala Herrera.

Por el camino, y tras saltar su caso a la luz pública hace ya dos años, a esta isleña le han salido dos supuestas hermanas y que están dispuestos a hacerse la prueba del ADN para corroborarlo, aunque ella todavía no tiene decidido qué va a hacer puesto que no lo tiene del todo claro.

Su objetivo

Ahora mismo, lo único que quiere es que cuanto antes se aclare el caso suyo y el de los otros tres que denunciaron junto a ella. A partir de ahí, no parará hasta que no consiga lo que quiere que no es otra cosa que abrir la sepultura donde supuestamente fue enterrada su hermana en el año 1975 y “veríamos llegado el caso qué es lo que haríamos”.

De momento, seguirá adelante con su función como portavoz de la asociación constituida recientemente y ayudando a todas las familias que necesiten información en el que caso de que sospechen que las ha sucedido algo similar.